Es notoria la urgencia del gobierno mexicano para dar por terminadas las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el acuerdo expreso del propio gobierno de México, investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, […]
Es notoria la urgencia del gobierno mexicano para dar por terminadas las labores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que, por mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el acuerdo expreso del propio gobierno de México, investiga la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, acaecida en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, entre la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014.
Esa urgencia es incomprensible y muy sospechosa. Si de verdad no se trató de un crimen de Estado, el gobierno mexicano debería ser el mayor interesado en que esa extendida versión social sea desechada. Y qué mejor que una instancia internacional en la que está representada el gobierno de México valide la inocencia del Estado mexicano en el horrendo crimen de Iguala.
Pero esa urgencia y ese notorio interés porque el GIEI termine sus labores y salga de México inmediatamente puede explicarse en razón de que hasta ahora y luego de un año de investigaciones del grupo de expertos todo apunta a confirmar la participación de diversas instituciones del Estado en la hecatombe de Ayotzinapa.
Y es que, finalmente, no se puede tapar el sol con un dedo. Véase, a título de ejemplo, lo que dice al respecto la infaltable Wikipedia: «La desaparición forzada de Iguala de 2014 fue una serie de episodios de violencia ocurridos durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, en el que la policía municipal de Iguala (220 km al sur de la ciudad de México) persiguió y atacó a estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. En dicho enfrentamiento habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 41 (sic) estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos».
Pero no sólo participó en el ataque armado la policía municipal de Iguala. También, según diversos testimonios y evidencias, estuvieron involucrados el gobierno del estado de Guerrero, la Policía Federal y diferentes unidades y mandos del ejército, institución de indiscutible carácter federal que se encuentra bajo la autoridad del presidente de la república.
Hasta ahora, más de año y medio después, sólo han sido detenidos y consignados penalmente algunos policías municipales, así como el presidente municipal de Iguala y la esposa de éste. El entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue obligado a separarse del cargo, pero no enfrentó acusación judicial alguna. Ni siquiera por omisiones. Omisiones inexplicables e injustificables tratándose de la mayor autoridad del estado de Guerrero.
Y por lo que toca a la participación de la Policía Federal en el abominable crimen, cosa bien sabida desde el momento de la tragedia, pero negada o soslayada por la Procuraduría General de la República, ha tenido que ser el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, quien ha confirmado sin lugar a dudas la directa participación de esa instancia federal en los criminales hechos.
Si finalmente el gobierno mexicano consigue expulsar a los miembros del GIEI, no podrá sin embargo borrar de la conciencia mexicana y universal que los hechos de Iguala-Ayotzinapa fueron un crimen de Estado. Como en su momento lo fueron los célebres «paseos» de Francisco Franco y los secuestros y desapariciones de miles y miles de personas perpetrados por la dictadura argentina de Carlos Rafael Videla.
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