Veracruz es un muestrario emblemático de las debilidades de la teoría política. El sentido hobbesiano de la política, que es el sentido común de la política, prescribe , por ejemplo, que el Estado es un «mal necesario» sin cuya acción coercitiva las asociaciones humanas estarían condenadas a una barbarie. No obstante, nadie puede objetar seriamente […]
Veracruz es un muestrario emblemático de las debilidades de la teoría política. El sentido hobbesiano de la política, que es el sentido común de la política, prescribe , por ejemplo, que el Estado es un «mal necesario» sin cuya acción coercitiva las asociaciones humanas estarían condenadas a una barbarie. No obstante, nadie puede objetar seriamente que, por lo menos en México, la estatalidad es la barbarie. Por eso es necesario acudir a la realidad empírica, atendiendo el siniestro caso de la gubernatura de Javier Duarte, para desmentir esas elucubraciones ideológicas, acaso una tarea urgente para desarrollar el anticuerpo en México.
Veracruz es una mazmorra. En este estado coexisten formas premodernas del oficio político, fórmulas modernas de control militar, y recetarios posmodernos de administración de la economía. Apoltronados en eso que Fidel Herrera llamó la «plenitud del pinche poder», los gobernantes en turno disponen de un margen amplio para las corruptelas personales, la gobernabilidad a base de sangre y fuego, y la administración delincuencial de la economía, en beneficio de ciertas castas de poder local y no pocos grupúsculos de poder internacional.
En esta cuarta entrega, correspondiente a la saga de artículos publicados bajo el título de «El Archivo del Terror de Javier Duarte», examinamos el comportamiento de la violencia e inseguridad en Veracruz, en el marco de la gestión del prófugo e impopular ex gobernador Javier Duarte de Ochoa.
La violencia e inseguridad
La violencia e inseguridad son preocupaciones de primer orden en Veracruz, que bien se pueden ilustrar con cifras, pero cuya dimensión es sólo posible captar en el contacto directo con las familias de las víctimas de homicidio, secuestro o desaparición, que son tres modalidades de crimen que están especialmente arraigadas en la entidad, y que rutinariamente se efectuaron sin indagatoria o reparación durante la gestión de Javier Duarte.
La inseguridad no es el resultado de una ausencia del Estado. Antes bien, al menos en el caso específico de Veracruz, la inseguridad se presenta con más incidencia allí donde las instituciones estatales intervienen. Decíamos en la entrega anterior («El Frankenstein militarista»), que Veracruz es un laboratorio de las políticas militares que los centros de autoridad impulsan. En la entidad se instrumentó el mando único policial, y se dispuso la ocupación territorial de la Marina y el Ejército en tareas conjuntas de seguridad, con el acompañamiento de las Policías Estatal y Federal. Esta presencia de la fuerza pública contrasta con la creciente inseguridad que estrangula al estado. En noviembre de 2014, el Colectivo por la Paz Xalapa emitió una declaración acerca de esta crisis:
«Los 221 secuestros y 383 desapariciones ocurridos entre los años 2010 y la primera mitad del 2013, las extorsiones y demás crímenes cometidos en contra de la sociedad, nos conducen y nos obligan a establecer un posicionamiento de demanda social a las autoridades en materia de prevención del delito, de seguridad y paz social; así como en la procuración e impartición de justicia y castigo a la delincuencia organizada» ( Animal Político 22-IX-2014).
En una entrevista celebrada en 2013, Anaís Palacios, integrante del Colectivo, explicó la evolución de la inseguridad en el estado tras la aplicación de los modelos militarizados de seguridad que impulsó el gobierno, señaladamente el modelo de mando único policial:
«Muchos de los elementos de la policía son los mismos. Hubo algunos que no tenían un padrinazgo para mantenerse en su puesto y los metieron a la cárcel. Otros estaban vinculados con el crimen organizado o terminaron asesinados o encarcelados o procesados. Pero muchos se mantuvieron en su puesto. Y esto permitió que la situación de corrupción e inseguridad persista. Es un asunto complejo. Nos dicen que se renovó la policía. Pero les cambian el cinturón y ya son otros. No es un cambio real. Muchos de ellos consumen sustancias. Una persona que se ocupaba de hacer controles anti-doping me contó que cuando un elemento policial arrojaba positivo sencillamente cambiaban el resultado por negativo. Estas cosas que parecen sencillas están en todas las corporaciones policiacas. Estas cuestiones no se hacen públicas. Y para la acreditación de las policías sólo firman un papelito y se ahorran un procedimiento transparente. Con todos los señalamientos en Veracruz hacia las corporaciones policiacas, las autoridades optan por guardar silencio durante algún tiempo, y después salen a decir que se ha capacitado a un determinado número de elementos. No hay constancia de esto. Salvo los informes oficiales y conferencias de prensa. Pero no hay una constancia real. Estaría interesante hacer una investigación sobre estos procedimientos. Pero te lo digo muy sentidamente: meterse en Veracruz con un secretario de seguridad pública es poner en juego la vida. Hay señalamientos de desaparición forzada».
Las políticas de seguridad gubernamentales, particularmente esas que refieren a la centralización de comandos, no sólo no consiguieron mitigar el problema de la inseguridad, sino que han contribuido -no pasivamente- al ensanchamiento de la corrupción que propicia esas condiciones de violencia e inseguridad. A Anaís se le preguntó si en opinión del Colectivo por la Paz Xalapa, se podía establecer una relación entre las políticas de seguridad de la última administración (Javier Duarte de Ochoa) y la crisis de inseguridad en la entidad. Lapidariamente respondió:
«El incremento en los recursos destinados por el gobierno a las policías, es sólo para cambiarles el uniforme. Porque en verdad que sean capacitados y acreditados, es algo que todavía está en tela de juicio. Y además están militarizando, y sigue habiendo desapariciones. Y en cambio sí invierte muchos recursos, como aparato de gobierno, para desacreditar y criminalizar a los que denuncian e irse por la tangente. Cuando viene el cambio a policía estatal, y se elimina la policía municipal, se dispara el número de desapariciones forzadas. Donde hay señalamientos de la participación de elementos de la policía estatal. Donde hay investigaciones -que por supuesto no corren acá en Veracruz sino a nivel federal- que sostienen que los elementos policiacos entregan al crimen organizado principalmente a jóvenes».
Las denuncias del Colectivo nunca fueron atendidas. Cabe señalar que no se atendió el reclamo ni se atenuó la dinámica delincuencial por la sencilla de razón de que no era una prioridad del gobierno. Estructuralmente el diseño de la estrategia tenía otros fines. En Veracruz, los agentes ministeriales reconocían que las instituciones abortaban el seguimiento o ignoraban flagrantemente los casos de desaparición forzada. El conocimiento público de esta negligencia inexcusable, obligó al otrora fiscal general de la entidad, Luis Ángel Bravo Contreras, a lanzar una retórica advertencia de sanción a esos fiscales que hubieran «iniciado un expediente y abandonado el caso [de desaparición]» ( Al Calor Político 23-IX-2014). Una advertencia estéril porque el delito de «desaparición forzada» se basa justamente en la complicidad u omisión del Estado.
En materia de secuestro, la administración de Javier Duarte también registró un saldo impresentable. Falsas fueron las comparecencias gubernamentales referentes a la incidencia de esta modalidad de crimen en el estado:
«Aunque el gobernador Javier Duarte señala que Veracruz tiene el séptimo lugar nacional [en secuestro], los números de casos refieren que es el segundo sólo detrás de Tamaulipas… La tendencia al alza de la cifra de secuestros es notable desde el 2010. En ese año, apenas se contabilizaron 17 secuestros, mientras que a partir del año 2011 la cifra comienza a crecer hasta los 60 casos, en 2012 se alcanzan los 91 y en 2013 los 109 delitos… Con los 113 secuestros en Veracruz reportados al mes de agosto de 2014, ya se rebasaron a los 109 que fueron contabilizados durante todo 2013, y representan la cifra más alta desde 1997» ( e-veracruz 24-IX-2014).
El homicidio culposo es otro delito que se extendió virulentamente. De acuerdo con Semáforo Delictivo, desde 2011 hasta agosto de 2016, y durante la gestión de Javier Duarte, murieron por homicidio 3,426 personas (Panorama Noticieros 14-X-2016).
Frente a estas cifras, cabe la conjetura de que fue la acción -no la ausencia- del Estado lo que catalizó la violencia e inseguridad en el estado.
Tratando de hurgar más en esa correlación entre las «estrategias» de gobierno y el aumento de la inseguridad, se le preguntó a Anaís Palacios acerca de las políticas públicas específicas que implementó el duartismo en materia de seguridad pública. Dijo sin rodeos:
«Veracruz Seguro y el blindaje de algunas ciudades. Pero están o bien para proteger el tránsito u operación del crimen, o bien para proteger a las élites políticas y de gobierno».
Las notas de la prensa convalidaron esta lectura. La Jornada Veracruz consignó el doble rasero de las disposiciones gubernamentales. En diciembre de 2013, el periódico registró una declaración omisa del gobierno que puso en evidencia el sesgo elitista de la estrategia de seguridad. Luego de un ciclón de secuestros, extorsiones y otras afectaciones a la población civil, el ahora preso exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, minimizó los signos de la crisis:
«Gran parte de los rumores [sobre la inseguridad] no son ciertos […] estaremos atentos para desmentir o aclarar la información a través de la línea oficial» (Aguirre en La Jornada Veracruz 8-XII-2013).
Tan sólo unos días después de esa negación del clima de inseguridad en el estado, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública sostuvieron una reunión con alcaldes electos, legisladores y altos representantes de las cámaras empresariales, para impulsar operativos coordinados en beneficio de esos grupos aventajados. Los acuerdos de esa reunión confirmaron la parcialidad de la seguridad en Veracruz, y la desatención de los sectores poblacionales más vulnerables.
«La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comparecerá cada mes con el sector empresarial de Veracruz y Boca del Río por la ola de violencia que golpea al sector económico de esa área metropolitana… El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jorge Coffau Kayser, informó que las reuniones se van a celebrar cada mes para revisar los avances en seguridad… El representante de la Coparmex reconoció que, desde la primera reunión, las fuerzas del orden, ‘están haciendo lo justo (sic)'» (Soberanes en La Jornada Veracruz 12-XII-2013).
Estos hechos sugieren que fue acertada la denuncia del Colectivo por la Paz Xalapa: la seguridad en el duartismo consistió en la protección del crimen y ciertas élites y el gobierno. Y la violencia e inseguridad produjo una hemorragia en la población que todavía no cierra.
Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.com.br/2017/02/el-archivo-del-terror-de-javier-duarte_17.html
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