No se debe descartar – puesto que se ha utilizado sistemáticamente- que el último recurso con que cuenta el régimen partidocrático autoritario mexicano encabezado por el PRI-gobierno y el PAN es el fraude electoral recurrente. Prácticamente en todas las anteriores elecciones presidenciales ha ocurrido esto sin obviar, por supuesto, la última que se verificó en […]
No se debe descartar – puesto que se ha utilizado sistemáticamente- que el último recurso con que cuenta el régimen partidocrático autoritario mexicano encabezado por el PRI-gobierno y el PAN es el fraude electoral recurrente. Prácticamente en todas las anteriores elecciones presidenciales ha ocurrido esto sin obviar, por supuesto, la última que se verificó en el Estado de México (4 de junio de 2017) y que le otorgó la gubernatura al primo tercero de Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, con el 33.56% del total de los votos, sin que la ganadora puntera del partido MORENA, Delfina Gómez Álvarez (con 30.78%) hiciera siquiera un gesto para denunciar y movilizar a su electorado que fue el que verdaderamente experimentó sus nefastos efectos. De aquí que el PRI esté acostumbrado a practicar esta ominosa conducta porque sabe que no va a ocurrir absolutamente nada dado el control del poder político que ejerce el Estado en sus diversos niveles: federal, estatal y municipal, sobre todo de los poderes judiciales del país.
Lo anterior, como lo sabe cualquier ciudadano de cualquier clase social (burgués, proletario, campesino, estudiante, profesor o indígena) porque el fraude es casi una ley implantada, incluso en la conciencia social, no escrita, de imposición e impunidad en México que goza de todas las garantías, entre ellas, la impunidad utilizada sistemáticamente por la burocracia política que representa los intereses del capitalismo dependiente y subdesarrollado mexicano para socavar la voluntad popular y garantizar su dominación de clase. Al respecto, es sintomático y significativo que el mismo candidato del régimen neoliberal a la presidencia de la República, el tecnócrata Antonio Meade, ex-secretario de Hacienda en los regímenes del PRIAN y ex-secretario de SEDESOL entre otros cargos burocráticos, además de ser el artífice de los gasolinazos que dispararon la inflación en el país, y de ubicarse en el tercer lugar en el promedio de todas las encuestas levantadas en los últimos seis meses (hasta por 30 puntos respecto al puntero) esté tan seguro de que va a obtener la presidencia para darle continuidad al actual «modelo» de explotación y expoliación social del régimen político mexicano neoliberal.
De este modo no es casual que el actual presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros -nombrado a dedazo por el Presidente de la República y por su candidato a la presidencia- ex-gobernador del Estado de Guerrero y auténtico dinosaurio de ese partido que no hizo nada para combatir al crimen organizado durante su administración en su entidad, declaró sin ambages que seguirán el «modelo» electoral del Estado de México y de Coahuila para afianzar el «triunfo» de su candidato «pepe Meade» como él lo llama.
Nosotros hemos indicado (en: «Las elecciones presidenciales en el México neoliberal: tres (posibles) escenarios», http://www.rebelion.org/noticia.php?id=242261), que no es remoto que en México se aplique el «modelo» de las pasadas elecciones de Honduras (26 de noviembre de 2017) donde operó un golpe de Estado institucional mediado por el estado de sitio y la represión para imponer al impopular y repudiado candidato oficial que era el mismo presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y hacia allá apunta, por ejemplo, la recién aprobada Ley de Seguridad Nacional que faculta al ejecutivo en turno a usar a las fuerzas armadas en caso de que «sea necesario» bajo la justificación de la lucha contra el crimen organizado, de tal manera que los «militares y marinos podrán intervenir en estados y municipios ‘rebasados’ por el crimen organizado». Aquí puede muy bien leerse y sustituir «crimen organizado» por «pueblo organizado» que no es infrecuente en nuestro país.
No existe, por ende, ningún argumento sólido para afirmar que esto no pudiera ocurrir eventualmente en México en un escenario hipotético de triunfo de un candidato y fuerza distintos a las coaliciones que conforman el actual bloque neoliberal encabezado por el PRI, el PAN y el PRD, el llamado PRIANPRD. Y esto sencillamente porque el actual bloque de poder burgués, como lo llama Gramsci, está altamente comprometido con el gran capital trasnacional y con las enormes y gigantescas empresas trasnacionales, principalmente norteamericanas, a quienes prácticamente les ha entregado los recursos naturales del país bajo el comando de sus intereses estratégicos y geopolíticos enclavados hegemónicamente en los del imperialismo norteamericano que es amo y señor del gobierno mexicano y de las diversas fracciones de clase del llamado «empresariado» mexicano que es más bien, en rigor, una auténtica lumpenburguesía (Gunder Frank) completamente alineada y subordinada a dichos intereses y que a ellos obedece tanto su reproducción como clase, como su permanencia dentro del sistema de dominación propio del capitalismo dependiente mexicano.
De este modo el subterfugio del fraude electoral es, pues, el recurso dorado celosamente guardado por el régimen para impedir su desplazamiento de la presidencia de la república y de la (remota) posibilidad de que su «modelo» neoliberal» pueda ser modificado en función de intereses que no sea los propios de la lumpenburguesía y de la burocracia hasta ahora gobernante. En este sentido las llamadas «reformas estructurales» de naturaleza neoliberal del régimen peñanietista impulsadas por el PRIAN y el PRD son santuarios de oro que deben celosamente preservar a cualquier precio.
Es importante aclarar que ninguna de las fuerzas coaligadas y sus candidatos en contienda por el botín de la presidencia representa los intereses del pueblo y de las clases proletarias mayoritarias de la población de México.
El discurso oficial, el de los medios corporativos de comunicación, de los intelectuales orgánicos del sistema y de los partidos políticos registrados solamente utiliza un lenguaje mediático y descriptivo para «analizar» el actual proceso electoral destacando, por ejemplo, que compiten «tres proyectos»: el oficial, el de PAN y el de MORENA que hacen «propuestas» distintas en materia de empleo, salarial, de seguridad pública o en materia de inversiones y corrupción, etcétera, borrando sin embargo, el carácter y naturaleza de clase que esas fuerzas representan en el México neoliberal.
Una primera aproximación que hacemos nosotros en aras de aclarar lo anterior es que en el plano formal, es decir, estatal-institucional, compiten dos fuerzas esencialmente de derecha: el PRI y el PAN al que se agrega el PRD, y a su «izquierda» tercia la coalición de MORENA-PT-PAS encabezada por su candidato Andrés Manuel López Obrador.
En términos sociopolíticos la primera representa los intereses de la «burguesía» dependiente monopolista a la que hasta ahora ha servido desde la época en que se instauró y consolidó el neoliberalismo en México (desde 1982…) y la segunda, a algunas fracciones de esta misma, además de a otros intereses propios de las clases explotadas y dominadas como las empobrecidas clases medias, la pequeña burguesía del campo y la ciudad, pequeños, medianos y microempresarios descontentos agobiados por los altos impuestos que tributan al Estado, masas de trabajadores precarizados y superexplotadas por el capital, jubilados y pensionados con salarios miserables cercanos a la pobreza y sectores populares como pequeños comerciantes y ambulantes informales que la apoyan, ya sea voluntariamente o corporativamente mediante prebendas o dádivas que les permiten sobrevivir en condiciones miserables e insalubres. Por ello estas mayorías sociales han encontrado en el candidato opositor al régimen del PRIAN y de la «mafia del poder» (una especie de contubernio entre empresarios y políticos corruptos) un canal idóneo para manifestar su descontento y hartazgo frente a la corrupción, la impunidad y la miseria en que los ha sumido el régimen de gobierno del PRIAN durante los últimos 18 años, situación ante la cual brillan por su ausencia propuestas siquiera mínimas para intentar solucionarla, si no es mediante más y más recetas neoliberales de naturaleza fondomonetarista de ajuste estructural, reformas infames, alza de impuestos, crecimiento del endeudamiento externo, privatizaciones, desempleo y férrea contención de los salarios de los trabajadores.
No es tanto que esta última opción electoral sea elegida específicamente por tal o cual agrupación política con la que se identifique ideológicamente porque generalmente esas ideologías son difusas y eclécticas; sino por la situación desesperada de no encontrar tregua ante la crisis económica del país, el vendaval de impuestos y alza constante de los precios de primera necesidad que consume la enorme mayoría de la población, en particular la fuerza de trabajo; el crecimiento de la violencia y la inseguridad prácticamente en todo el país y, aún, en la Ciudad de México donde últimamente ha visto incrementarse el número y la actividad de los grupos delictivos, incluso, en instituciones educativas como la UNAM por los cárteles de la droga, conocidos como «narcomenudistas» que, según diversas fuentes, mantienen lazos con los grandes cárteles que operan a nivel nacional y regional; los constantes y multiplicados feminicidios, los secuestros, robos a casas habitación, crímenes del orden común y ante la total complacencia de las autoridades federales, estatales y municipales, muchas de las cuáles están comprometidas con dichos grupos de la delincuencia organizada e interactúan con ellos como muestra fehacientemente el caso de los 43 estudiantes desaparecidos hasta la fecha en Iguala, Guerrero.
Por otro lado, ante el probable triunfo de López Obrador – por supuesto sí y sólo sí esta vez el régimen respeta los resultados de las votaciones del 1º de julio- los neoliberales orgánicos del sistema están proponiendo en los medios corporativos el «voto diferenciado»: te dicen cínicamente que si votas por AMLO como presidente vota por otros candidatos a diputados y senadores de «otros partidos» es decir los del PRIAN, para evitar que el triunfador tenga mayoría en el Congreso de la Unión con el fin de frenar el «presidencialismo autoritario». Bonita manera de inducir el voto y respetar la democracia burguesa representativa que supuestamente garantiza la voluntad popular. Así lo ha hecho en medios de comunicación y en las redes sociales un escritor conservador de derecha, Enrique Krauze (véase Proceso 2171, 14 de junio de 2018) al «convocar-inducir» a la ciudadanía a votar diferenciadamente, «voto dividido» le llama, con el fin, dice, de «limitar el poder absoluto del presidente» como ocurrió, agrega, en el siglo XX donde las cámaras de senadores y de diputados constituían un «órgano servil del presidente». En vez de atribuir dicho poder al carácter de clase del Estado según los clásicos como Marx, Lenin y Gramsci que develan la verdadera naturaleza de esta maquinaria estatal-corporativa-burocrática que sirve esencialmente a la clase dominante, el escritor de marras atribuye «excesos» como «…la matanza de Tlatelolco por Díaz Ordaz, la represión al periódico Excélsior por Luis Echeverría Álvarez, la quiebra del país por José López Portillo y la corrupción impune por Carlos Salinas de Gortari», a un solo hombre. Así, con subterfugios propios del discurso que es incapaz de indagar la esencia de los fenómenos sociales y humanos, evade que los sucesivos gobiernos del PRIAN (PRI-PAN) hasta la actualidad (2018) no sólo son represivos y autoritarios sino que han constituido, en los hechos, y estratégicamente, en el capitalismo neoliberal, una fuerte amalgama típica del «poder absoluto del presidente» como lo prueba la elaboración y posterior aplicación por el dócil Congreso de la Unión de las llamadas «reformas estructurales» que sumieron al país en la crisis y en el callejón sin salida en que actualmente se encuentra. Al respecto, el mecanismo instrumentado por el presidente y por la partidocracia (incluyendo al PRD) fue el llamado Pacto por México creado el 2 de diciembre de 2012 a iniciativa del ejecutivo federal donde se cocinaron y procesaron dichas reformas privatizadoras de corte fondomonetarista.
Y esto no es nuevo. La política populista de los «pactos corporativos», colaboracionista y cupular ha sido una práctica constante en la historia de México, desde el período del llamado nacionalismo revolucionario hasta la actual época neoliberal. Fue ampliamente utilizada por los gobiernos priistas desde por lo menos la década de los setenta del siglo pasado, y también por los dos gobiernos panistas de la década de dos mil (2000-2012) y, finalmente, por el actual de naturaleza priista. Su objetivo general siempre ha sido el de imponer, utilizando todos los medios a su alcance, los intereses del partido en el poder en la sociedad, en la política y en la dinámica de los procesos de acumulación y reproducción del capital afines al incremento de la tasa de ganancia y de los intereses estratégicos de las clases dominantes del país y del capital extranjero.
Por supuesto el intelectual orgánico del régimen neoliberal partidocrático, Enrique Krauze, ignora todo esto y de ello no dice absolutamente nada (si se quiere profundizar en este tema véase mi libro: México (re)cargado. Dependencia, neoliberalismo y crisis, Editorial ITACA-FCPyS-UNAM, México, 2014).
Este dócil y acomodaticio intelectual a modo del sistema capitalista neoliberal esconde que en México nunca hubo transición a la famosa democracia desde que obtuvo el PAN por vez primera la presidencia en el año 2000 durante el período conocido como «la docena trágica» (2000-2012). Por eso insistimos en que, en México, nunca hubo lo que se ha denominado «transición a la democracia», que supuestamente ocurrió cuando la derecha del Partido Acción Nacional (PAN), ganó la elección presidencial, por vez primera después de 71 años de dominación priista, en el año 2000, sencillamente porque no se desmanteló el tradicional sistema político mexicano fundado en el autoritarismo, el presidencialismo y en el corporativismo que domina burocráticamente a las principales organizaciones obreras, campesinas y populares que siguen manteniendo a dicho sistema. Lo que sí ocurrió fue lo que llamamos una transición pactada y negociada entre los miembros y partidos de la partidocracia mexicana, a tal grado de que en la coyuntura electoral del año 2000, fue precisamente el presidente saliente, Ernesto Zedillo, connotado miembro del PRI, quien anunció sin cortapisas el triunfo del candidato presidencial de la derecha, Vicente Fox. A partir de aquí no ocurrió nada más que continuar con las políticas neoliberales inauguradas sistemáticamente, dieciocho años antes, por el presidente, también del PRI, Miguel de la Madrid en 1982. Esta continuidad evidentemente ha sido garantizada por el régimen peñanietista que deja al país con una exorbitante deuda externa, pública y privada, superior al 40% del PIB y que, por supuesto, tendrá que afrontar el próximo gobierno que emerja de la elección presidencial.
Ante el rotundo fracaso de las reformas estructurales instrumentadas por el régimen peñanietista donde difícilmente en su sexenio (2012-2018) el crecimiento económico superará 2% de acuerdo con diversas proyecciones (este tema se puede ver en mi libro: México (des)cargado: del mexico’s moment al mexico’s disaster , ITACA- Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas ( FISYP ) de Argentina -Posgrado en Estudios Latinoamericanos-UNAM, México, 2016), los representantes de las cúpulas empresariales como la COPARMEX y el Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, exigen mantener el actual modelo económico dependiente neoliberal que salvaguarda y reproduce sus intereses de clase y empresariales. No cuestionan en sí las reformas estructurales, sino que plantean que son «perfectibles» debido a que, según ellos, han sido enormemente «benéficas» para México (¿?), sin considerar, por supuesto, el incremento en el país del desempleo abierto, de la pobreza y de la pobreza extrema, la existencia de bajísimos salarios que perciben más de la mitad de la población trabajadora, así como la naturaleza precaria de los empleos que se enorgullecen de haber creado y que evidentemente para el trabajador común de ninguna manera satisfacen sus prerrogativas laborales y sus necesidades básicas.
Sin perder de vista que ninguna de las coaliciones en contienda se plantea modificar la estructura del capitalismo en México – como hemos argumentado en otra ocasión («Las elecciones presidenciales en el México neoliberal: tres (posibles) escenarios», en La Haine, 30 de mayo de 2018: https://www.lahaine.org/las-elecciones-presidenciales-en-el) – y en esto las tres coaliciones tienen un denominador común – sin embargo, en el plano en materia de política económica y social, si se advierten diferencias que vale la pena brevemente señalar.
En primer lugar, es posible distinguir en la actual coyuntura político-electoral dos proyectos o dos propuestas entre las coaliciones: una es la neoliberal, que es más de lo mismo, representada por el PRI y el PAN con los partidos menores que los apoyan. Implica continuidad de las reformas estructurales, los programas de dádivas a los trabajadores, por ejemplo, aumentar 20 pesos a los salarios mínimos, «crear empleos» sin mencionar cuantos ni la naturaleza de su calidad; repartir tabletas a los niños de las escuelas primarias, etcétera, pero obviamente sin modificar la esencia de las políticas privatizadoras, de austeridad social y de fuerte dependencia económica del país al capital internacional, ni mucho menos el sistema capitalista al que se deben.
El proyecto que podemos denominar neo-desarrollista enfatiza una política nacional de desarrollo centrada en el combate radical a la corrupción que, según el candidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, implica el robo de alrededor de 500.000 millones de pesos por año. Esta cantidad, se destinaría al desarrollo de la salud, la educación, los programas de vivienda y otros satisfactores básicos para la vida de las grandes mayorías.
Es decir, se trata de un proyecto que replantea el retorno de la rectoría del Estado como elemento impulsor de proyectos de desarrollo económico-social tales como impulsar el mercado interno a partir de políticas públicas que incrementen los salarios de los trabajadores; desarrollar las refinerías – desmanteladas por el neoliberalismo en beneficio de las importaciones y la privatización de los energéticos – en el país con el objeto de reducir la dependencia de la importación de gasolina (actualmente se importa del exterior alrededor del 70% del consumo nacional).
En un país petrolero como México, paradójicamente cada vez más dependiente de las importaciones energéticas y alimentarias, evidentemente esa coalición plantea revisar los contratos que hasta ahora se han signado con empresarios nacionales y extranjeros, aunque no se plantea anular la reforma privatizadora energética realizada por el actual gobierno neoliberal.
Lo mismo ocurre con la mal llamada «reforma educativa» cuya anulación han demandado los trabajadores de la educación y que impuso a sangre y fuego el régimen peñanietista contra los trabajadores mexicanos de la educación al tratarse, más que de una reforma educativa en stricto sensu encaminada a resolver los grandes y graves problemas nacionales de nuestro país, de una reforma laboral regresiva y punitiva que se ajusta a los cánones neoliberales del mercado, la competitividad capitalista y a los imperativos de la rentabilidad general del capital.
Y así podemos encontrar una serie de propuestas que obviamente, en el eventual caso de que el candidato puntero logre convertirse en presidente electo, no se sabe si realmente se van a cumplir, pero en todo caso ello dependerá ya no tanto del gobierno, sino de la movilización popular y de la lucha social que emprendan los trabajadores y demás clases explotadas y oprimidas de la sociedad mexicana. Nada se va a dar de manera gratuita como muchos esperan de sus «representantes», sobre todo en el entendido, que ya hemos enfatizado en otras ocasiones, de que de ninguna manera dicha coalición (MORENA) ha planteado siquiera transitar o instaurar el socialismo en México – a veces se tilda de traidor a un gobierno o líder que nunca ha hecho semejante planteamiento -; sino apenas impulsar una «cuarta transformación de México» que ocurriría después de la primera que correspondió a la época de la Independencia, de la segunda, correspondiente a la etapa histórica de la Reforma y, por último, a la Revolución, y que en todo caso implicaría recuperar un poco de la soberanía nacional cedida incondicionalmente por los liberales de toda estirpe al imperialismo, pero en el contexto de un capitalismo dependiente neodesarrollista que, como en la época de la industrialización sustitutiva de importaciones, combinó Estado y mercado capitalista que tanto irritó a los neoliberales de entonces.
Alternativas socialistas y anticapitalistas se darán en México desde abajo por la izquierda y el pueblo y la clase obrera organizada fuera de los cánones corporativos del Estado y el capital. Pero por lo pronto dicha izquierda existe desarticulada entre sí y extremadamente fragmentada por todo el territorio nacional, sin condiciones de construir un proyecto estratégico alternativo capaz de rebasar las políticas neoliberales y/o desarrollistas que están vigentes en América Latina, con excepción de Cuba, para construir una nueva formación social con un modo de producción, de vida y de trabajo verdaderamente socialista y humano.
Adrián Sotelo Valencia, Profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
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