El caso de Jhiery Fernandez es un caso que lacera a la sociedad boliviana, no sólo por la impunidad que se ejerce desde la institucionalidad del órgano judicial, sino también por el silencio cómplice de instituciones que deberían ser las responsables de defender los derechos humanos de los ciudadanos, además de la inercia burocrática institucional […]
El caso de Jhiery Fernandez es un caso que lacera a la sociedad boliviana, no sólo por la impunidad que se ejerce desde la institucionalidad del órgano judicial, sino también por el silencio cómplice de instituciones que deberían ser las responsables de defender los derechos humanos de los ciudadanos, además de la inercia burocrática institucional del aparato estatal que permite este accionar. El problema sin embargo no se limita a las mismas instituciones per se si no que lamentablemente involucra al gobierno actual, aún cuando éstas instituciones son autónomas según la constitución, es una verdad de Perogrullo que obedecen a un sistema político de gobierno. Sin embargo que sucede cuando se pretende echarle la culpa a un gobierno de una cultura clientelar y corrupta que ha deslegitimado el Órgano Judicial no solamente los últimos años sino que casi podría decirse, viene desde la misma fundación de la República? y que además el sistema judicial y penal tradicional ha sido cuestionada desde los últimos años no sólo a nivel nacional sino también a nivel mundial? .
Reconocer que es una política de gobierno que viene mostrando falencias, es necesario cuando se trata de hablar de la construcción de un proyecto país que lamentablemente aún debe aprender a construir una nueva institucionalidad que permita sostener en la práctica lo que se dice en el discurso. Sin embargo implicará también reconocer que estas falencias no son exclusivas de este gobierno sino que arrastran toda una tradición y cultura clientelar tradicional del aparato estatal.
El caso de Jhiery Fernandez es sólo uno de los tantos casos denunciados ante la Defensoría del Pueblo sobre consorcios que involucran a importantes autoridades del sistema judicial y ante los cuales la poca eficiencia o la inercia burocrática institucional de ésta y otras instituciones que forman parte del aparato estatal ha permitido acrecentar los niveles de impunidad bajo el cual se ampararon fiscales y otros operadores de justicia que ahora apelan a innumerables razones para no sólo demostrar la decadencia de una dinámica institucional sobre la cual el órgano judicial se habría anquilosado, sino que además justifica en los hechos la subversión del discurso del Vivir Bien bajo la misma dinámica institucional en el Órgano Judicial cada vez más deslegitimada.
Por lo tanto si bien el actual gobierno deberá reconocer esta debilidad del aparato estatal para poder seguir avanzando y construyendo la nueva institucionalidad, también el pueblo debe entender que esta dinámica institucional no sólo se remite al gobierno del MAS sino que deviene de una larga tradición de manejo del aparato estatal. El no hacerlo, desde el gobierno, será permitir a la oposición seguir creciendo y encontrando razones para culpar a su gestión de toda una cultura y dinámica institucional que se ha mantenido desde la fundación de la República y que llevó al país a figurar como el subcampeón de la corrupción a nivel mundial en 1997. Desde el pueblo, significará caer en el juego del discurso de la oposición contra el gobierno, aunque con implicancias de un análisis subjetivo emocional, moral, tal y como sucedió en el caso Zapata, sólo que a diferencia de éste, el caso del Bebé Alexander cuenta con elementos reales de impunidad judicial.
Reconocer esta falencia implica sin embargo, revisar algunos elementos de análisis para entender el objetivo detrás del caso Jhiery Fernández, que actualmente es enarbolado por el Colegio Médico de Bolivia, y que es considerado por los mismos como una injusticia contra los profesionales de la salud, pero también contra la población misma y a la que pretenden sumar a sus medidas de presión, a pesar de que el ejercicio de sus medidas de presión, va contra la misma población; al impedir a los pacientes recibir la debida atención médica con la convocatoria del paro médico a nivel nacional. Todo este accionar va dirigido a detonar su violencia contra el gobierno y contra el sector social más vulnerable, para motivarlo indirectamente también contra el gobierno y así legitimar sus demandas ante el pueblo, así como su ausencia en los encuentros por la salud que impulsa la población a través de las organizaciones sociales, para demandar una justa sanción a la negligencia médica que hoy le toca padecer a la población en su conjunto.
Este fungir como víctimas de un sistema judicial que responde a un gobierno y no como un problema estructural que por años ha mantenido al país en una impunidad total, justificando al mismo tiempo, un accionar institucional totalmente arbitrario; legitimaría así cualquier violencia contra el gobierno y la población. Pero además se debe considerar que el caso es también enarbolado por sectores de oposición que acusan al gobierno de dictadura o fascismo y ahora de corrupción o de ausencia de moral, ante el respaldo que éste tiene por un órgano judicial donde campea la impunidad.
Con ello el caso Jhiery Fernández nos muestra las nuevas estrategias de desestabilización que se vienen ejerciendo ya no sólo contra el gobierno, sino también sobre la población boliviana en tanto los medios de comunicación exacerban el morbo con la revictimización de un menor, además que la población debe escuchar la defensa de lo injustificable por parte de la fiscalía como si de una novela se tratara, y debe tolerar las movilizaciones no exentas de violencia que resulten del paro médico tal cual lo vivimos en días posteriores a la aprobación del código penal que sancionaba la negligencia médica.
Todo esto sumado a la intromisión de grupos de jóvenes formados en ong´s que reciben financiamiento de organizaciones por la democracia bajo una capacitación de «liderazgo y democracia» cuyo único objetivo es formar para sembrar violencia y terror que contribuya a la desestabilización del gobierno que va contra los intereses de la política exterior de EEUU. Nuevamente se siembra el caldo de cultivo para generar confrontación entre los bolivianos y deslegitimación contra el gobierno del MAS y el proceso de cambios que ha permitido a Bolivia tener uno de los más altos crecimientos económicos de la región.
Entonces si bien el 2007 – 2008 el caballito de batalla era una demanda política en medio de una espiral de violencia y especulación, autonomía, capitalía, para impedir la aprobación de la Carta Magna, hoy en día se utiliza el mismo caballito de batalla, como antesala a una elección del Fiscal General y en vísperas de las elecciones primarias de los candidatos a la presidencia, sólo que esta vez la desestabilización es orientada a evidenciar las debilidades de la gestión de gobierno en el manejo del aparato estatal, como si debiera atribuirse toda la culpa al gobierno de cómo ha funcionado el sistema judicial durante todos estos años, y como ha funcionado el sistema penitenciario sin considerar que este ha sido un problema ampliamente discutido no sólo a nivel nacional sino a nivel mundial. Sin ir muy lejos EEUU ha debido repensar su política penitenciaria hacia una justicia restaurativa antes que únicamente punitiva, luego que ésta hubiera quadriplicado el número de privados de libertad además del presupuesto destinado a ésta área durante los últimos 10 años, lo cual habría mermado el presupuesto para otras áreas vinculadas al desarrollo del país, tales como educación y salud entre otras.
El caso Jhiery Fernández enarbolado así por sectores de oposición interpela no sólo al órgano judicial, sino en el trasfondo político toda una gestión de gobierno que debe ser embarrada por la justicia que no es otra cosa que la moral sobre la cual se sostiene. Entender desde el gobierno este problema tan sensible a la ciudadanía pasará por reorganizar la institucionalidad estatal que lo acompaña bajo nuevas dinámicas que permitan construir un mayor control social desde el pueblo, pero también desde las autoridades que deberán dar una solución a sus demandas en los niveles intermedios y de dirección transparentando la gestión estatal y disminuyendo los niveles de autoridad absoluta que se habrían fortalecido, permitiendo estos niveles de impunidad y/o inoperatividad institucional que hoy nos toca presenciar en el Órgano Judicial.
Ciertamente es necesario que las autoridades que no cumplieron con su trabajo por omisión o permisión sean sancionadas y que de una vez se dé solución inmediata al caso Jhiery Fernández que a todas luces deja en evidencia estos visos de corrupción y de podredumbre institucional en el Órgano Judicial, además de los otros casos que no reciben tanto eco mediático. Asimismo es necesario que la institucionalidad estatal recupere su legitimidad haciendo eco de las denuncias presentadas sobre los casos de corrupción y de consorcios que involucran a importantes autoridades del sistema judicial para que la ciudadanía vuelva a creer en su institucionalidad y el proceso de cambios recupere su legitimidad ante el pueblo, pero además para que realmente se efectúe un proceso de cambios en este nivel.
En este sentido tampoco estaría demás reflexionar no sólo en una cumbre para el sistema de salud sino también en otra para el órgano Judicial que permita rearticular la institucionalidad judicial en un sistema donde el ejercicio de la justicia se realice con la mayor transparencia posible y donde la población y los funcionarios tenga la certeza de que existen los medios necesarios para sancionar cualquier conducta institucional arbitraria o que no se ajuste a la normativa vigente.
De lo contrario la percepción del pueblo hacia el gobierno va a ser construida sobre la base de nuevas razones que refuercen la idea de un gobierno dictatorial presidencialista, inoperante y corrupto además de tener una moral ampliamente cuestionada debido a la falta de cambio efectivo a nivel institucional no sólo en el órgano judicial, sino también en un aparato estatal en el que éste debería tener una mayor incidencia de forma articulada. Por lo mismo urge la construcción de una nueva institucionalidad que permita niveles de control social e institucional que disminuyan la cultura de impunidad y corrupción, que si bien antecede a este proceso de cambios, en lugar de haberse erradicado por completo, se habría venido desarrollando como parte de la burocracia institucional.
El no ver el caballito de batalla al que hoy apela la oposición y la construcción de razones que viene tejiéndose bajo un sofisticado manejo de la tecnología mediática además del componente moral y emocional que se le viene dando a las demandas legítimas del pueblo, va a generar una miopía política del gobierno, efectivamente utilizada por estas grandes corporaciones tecnológicas de la comunicación, en la desestabilización de regímenes y en la construcción de la nueva dictadura perfecta mediática que vive Latinoamérica y que viene desestabilizando a los denominados gobiernos progresistas de la región.
Por ello es importante darle al pueblo las herramientas necesarias para que entienda como lidiar con estas nuevas tecnologías de manipulación de las conciencias y desestabilización política, y no caiga en el juego de las consignas sin fundamento o de rumores que solo reafirman viejos prejuicios y confrontan a los mismos bolivianos en favor de los viejos partidos políticos convencionales; sino también para que no se siga justificando un sistema judicial y penal tradicional que ha demostrado su fracaso a todo nivel nacional e internacional y que justifica una cultura punitiva e impune sobre la que reproduce una injusticia social que actualmente padecen los sectores más vulnerables de la población y que por lo mismo la deslegitima ante el pueblo. Por eso también creemos necesario que el caso del bebé Alexander que involucra al doctor Jhiery Fernández debería resolverse no sólo bajo parámetros convencionales judiciales y penales sino también a partir de una nueva visión del sistema judicial y penal en la que el órgano judicial se constituya en el pilar moral fundamental del proceso de cambios que hoy vivimos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.