A Mariana Lima Buendía le asesinó en junio de 2010, cuando tenía 28 años, su marido, un policía judicial en el municipio de Chimalhuacán (Estado de México). Su madre, Irinea Buendía, inició entonces una larga batalla para que se hiciera justicia, razón por la que sufrió amenazas, agresiones y se le forzó al desplazamiento. Tras […]
A Mariana Lima Buendía le asesinó en junio de 2010, cuando tenía 28 años, su marido, un policía judicial en el municipio de Chimalhuacán (Estado de México). Su madre, Irinea Buendía, inició entonces una larga batalla para que se hiciera justicia, razón por la que sufrió amenazas, agresiones y se le forzó al desplazamiento. Tras el sobreseimiento inicial de la causa, una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2015 otorgó amparo a Irinea Buendía y ordenó que se investigara «con perspectiva de género» el asesinato. El alto tribunal consideró asimismo «la especial obligación de prevenir, investigar y, en su caso, sancionar la violencia contra las mujeres». Integrado por 23 organizaciones de 43 estados, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) considera que la sentencia representó un «precedente histórico».
La estudiante de 22 años Lesvy Berlín Rivera Osorio fue hallada muerta en mayo de 2017 en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tras la movilización popular y de la familia, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal ordenó en octubre de 2017 que la investigación y el juicio se centraran en un presunto delito de «feminicidio agravado», por el que está procesado su expareja. La versión oficial sobre la muerte de las dos mujeres fue, en primera instancia, el suicidio.
El OCNF detalla en un informe, a partir de datos oficiales, que al menos 8.904 mujeres fueron asesinadas en México entre 2014 y 2017 (las cifras proceden del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Procuradoría de Justicia, las fiscalías estatales y las Alertas de Violencia de Género); de los cerca de 9.000 crímenes, únicamente el 24,5% (2.188) se investigaron como «feminicidio»; el informe del observatorio agrega que, en el cuatrienio analizado, sólo siete estados proporcionaron la información anual requerida a las fiscalías y procuradurías. A partir de los balances del SENSP, organismo adscrito al Gobierno de México, la plataforma ciudadana concluye que los asesinatos de mujeres aumentaron en 2017 un 52% respecto a 2015.
Además el OCNF establece -de acuerdo con los feminicidios registrados- que la mayoría de las víctimas tenían entre 21 y 30 años, se les asesinó «de manera brutal» y su cadáver fue hallado principalmente en espacios públicos (carreteras, hoteles, terrenos baldíos, bares, entre otros). Por otra parte, la articulación ciudadana señala que 13 entidades federativas (de las 32 que integran México) no establecen un tipo penal adecuado en relación con el feminicidio.
El informe de ONU-Mujeres y el Gobierno de México «La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016» apunta un promedio de 7,5 asesinatos de mujeres diarios (un total de 52.210 en los 30 años analizados). El pasado mes de julio el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas instó al Estado mexicano a que adoptara «medidas urgentes» contra los feminicidios. Asimismo la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016 señala que el 66% de las mujeres mayores de 15 años han sido víctimas de algún tipo de violencia (el 41%, de violencia sexual; y el 34%, física); las mayores tasas de violencia se registran en Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Aguascalientes y Querétaro.
El documento de las organizaciones contabiliza además, a partir de la solicitud de información a los estados, 4.230 mujeres víctimas de trata entre 2008 y 2017, de las que 466 eran menores de edad; el informe señala la impunidad del fenómeno, ya que en este periodo se han producido sólo 488 sentencias condenatorias; el mayor número de víctimas se registró en Ciudad de México, Puebla, Baja California y Estado de México (no se pudo acceder a información sobre Chiapas, Nayarit y Tlaxcala); en el estado de Tlaxcala, la trata vinculada a la explotación sexual se ha enquistado y agravado, en parte «por la vinculación de autoridades municipales y cárteles» con las redes.
El Informe de Amnistía Internacional (AI) 2017-2018 sobre México resume la situación: «La violencia de género contra mujeres y niñas era generalizada; la investigación de la mayoría de los casos deficiente, y los autores de la violencia gozaban de impunidad; no se disponía de suficientes datos actualizados sobre los feminicidios». Activistas y movimientos sociales trabajan en aportar fuentes de información. La geofísica y colaboradora de la página Web de investigación y datos Serendipia, María Salguero, ha elaborado un mapa de los feminicidios en México, con datos entre 2010 y julio de 2018, que incluye categorías como edad de las víctimas, relación con el feminicida, modo en que fueron asesinadas, situación jurídica del criminal y enlaces a informaciones periodísticas; entre enero y julio de 2018 ha documentado 1.649 feminicidios; 2.206 durante 2017 y 2.103 en 2016.
El último de los casos recopilados por María Salguero es el de una mujer cuyos restos en descomposición fueron localizados -el pasado 31 de julio- dentro de un socavón, en el municipio de Fresnillo (Zacatecas). El mismo día fue hallada muerta en el municipio de Genaro Codina (Zacatecas) una mujer de 16 años, después que la familia denunciara su desaparición y la de su hijo de tres meses, que finalmente apareció con vida.
Amnistía Internacional menciona en el informe anual el asesinato de la defensora de derechos humanos Míriam Elizabeth Rodríguez, ocurrido en mayo de 2017 en el estado de Tamaulipas; la activista, amenazada en numerosas ocasiones y a las que unos individuos dispararon en su domicilio, ya perdió a una hija en 2012 (Karen Alejandra Salinas Rodríguez fue asesinada por una banda criminal y localizada por su madre en 2014, en una fosa clandestina del municipio de San Fernando de Tamaulipas). Además, AI-México se hace eco del documento «Gobierno espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México», realizado por las organizaciones Article 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC; la investigación revela ataques a activistas y periodistas mediante el software «malicioso» Pegasus entre enero de 2015 y julio de 2016.
La defensora de los derechos humanos y de las personas desaparecidas y sus familias, Aleida Quintana, está actualmente exiliada en el estado español; la activista mexicana, antropóloga de formación, es una de las personas acogidas al programa para defensoras en riesgo de Amnistía Internacional, que tiene un año de duración. Desde 2013 ha sido víctima de asedio telefónico, vigilancia, amenazas y violencia física, entre cuyos responsables AI señala a grupos criminales y a «medios cercanos a las autoridades de Querétaro», estado en el que Aleida Quintana desarrolla su labor en el grupo T’ek’ei por la equidad y la Red de Feministas en Querétaro, entre otras organizaciones.
Las presiones y hostigamientos se iniciaron hace cinco años, afirma, «cuando empecé a elaborar una base de datos sobre las personas desaparecidas, las víctimas de trata y los feminicidios en Querétaro; la última agresión que sufrí fue el pasado 11 de enero, cuando me dirigía a la organización en la que trabajaba y fui agredida por dos hombres a bordo de un automóvil», explica la defensora, que ha participado en un acto organizado por AI en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València. El grupo T’ek’ei denuncia en las redes sociales que entre 2015 y 2018 se han producido 85 feminicidios en Querétaro, y 762 mujeres han desparecido en el mismo periodo mientras las autoridades «han justificado, legitimado y ocultado tales violencias».
Aleida Quintana recuerda unas declaraciones del Procurador General de Justicia del Estado de Querétaro, Alejandro Echeverría Cornejo, sobre las personas desaparecidas, de las que informaron medios como Rotativo o Ciudad y Poder en febrero de 2016: «Yo pediría la comprensión de los padres para que pongan atención en sus hijos, porque el 92,8% es gente que se va por su voluntad». La defensora agrega que según los registros oficiales el número de desaparecidos en todo el país ronda los 35.000; «pero las cifras reales son mucho mayores y existe una gran impunidad», remata.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.