A un año de «octubre negro», cuando las masivas movilizaciones contra la exportación de gas boliviano a Norteamérica por un puerto chileno desataron la fuerza bruta del gobierno de Sánchez de Lozada dejando 67 muertos y 411 heridos, el Parlamento en pleno ha decidido enviar al entonces presidente y todo su gabinete a juicio por […]
A un año de «octubre negro», cuando las masivas movilizaciones contra la exportación de gas boliviano a Norteamérica por un puerto chileno desataron la fuerza bruta del gobierno de Sánchez de Lozada dejando 67 muertos y 411 heridos, el Parlamento en pleno ha decidido enviar al entonces presidente y todo su gabinete a juicio por genocidio y otros crímenes. Marchas, cabildos abiertos, vigilias, exhumaciones y necropsias, fueron algunas de las medidas de presión asumidas por los afectados de aquella «Guerra del Gas» para evitar que el silencio ganara esta batalla. Una crónica de la semana en la que Bolivia le dijo no a la impunidad
La Paz/El Alto.- Sobre una lápida de concreto, nueve hombres vestidos con overoles de dril de diferentes colores beben cervezas y sodas de variados sabores, cuidándose de regar sobre la tierra seca y polvorienta el primer sorbo para la Pacha Mama. A pocos metros de ellos, sobre el llano que se extiende entre dos colinas cubiertas con tumbas y cruces, ataúdes de idéntico tamaño se esparcen en seguidilla. Junto a ellos, casi una centena de hombres, mujeres y niños, sentados y de pie, vestidos en su mayoría de negro completo, velan a sus muertos por segunda vez.
«Un día como hoy, 12 de octubre, las fuerzas militares han estado disparando contra gente desarmada», le dice a todos los presentes, por un sibilante altavoz, un joven de piel morena y cabellos lisos, «es momento de demostrar como familiares que esto no ha acabado, que estamos otra vez velando a nuestros muertos», concluye Néstor Salinas, el presidente de la asociación de familiares de los muertos caídos durante la denominada «Guerra del Gas» en Bolivia, hace un año en la ciudad de El Alto, vecina y hermana de La Paz, para luego darle paso a un sacerdote que entre castellano y aymara ofició la eucaristía que dio inicio a la ceremonia de exhumación de 21 de los 67 cadáveres de aquel «octubre negro».
De las entrañas
Hace un año, exactamente, una caravana de tanques de guerra, camionetas llenas de soldados y camiones cisterna de gasolina recorrió buena parte de la ciudad de El Alto, de alrededor 900 mil habitantes, dejando a su paso una estela polvorienta de 31 cadáveres y decenas de heridos. Cinco días después de esta incursión militar, y con un país sembrado de protestas, huelgas de hambre e indignación, lo que parecía imposible sucedió: el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, miembro de la elite económica y política que ha gobernado a Bolivia desde su conformación, y uno de los hombres más ricos del país, estaba volando hacia Miami, tras presentar su renuncia a consideración del Parlamento y por exigencia innegociable de la mayor parte de los habitantes del país que no soportaron la brutal respuesta dada por su gobierno a las protestas contra al exportación de gas boliviano a Norteamérica por un puerto chileno.
Ahora, un año después, el centenar de alteños y alteñas agolpados junto a los ataúdes de sus muertos, acopiaban fuerzas y esperanzas para que una vez más lo infactible suceda: Sánchez de Lozada sea extraditado de regreso a Bolivia para purgar el castigo de genocidio, entre otros, que cursaría en caso de que el parlamento nacional, en sesión plena, aprobara el juicio de responsabilidades, y la fiscalía y corte suprema de justicia lo llevaran a término. «Esperamos que senadores y diputados estén a la altura de la situación histórica», manifestó Sacha Llorenti, presidente de la Asamblea Nacional Permanente de Derechos Humanos, minutos después de que el último cuerpo fuera rescatado de las entrañas de la tierra. Mientras familiares y voluntarios de las organizaciones conformadas intentaban lograr que los nueve exhumadores pospusieran el cobro de 80 bolivianos a la viuda de este último hombre desenterrado, Néstor Salinas, le dejaba bien en claro a un grupo de periodistas la posición generalizada de los alteños: «Ahora vamos a ver quiénes están a favor o en contra del pueblo», dijo para referirse a la votación parlamentaria que al día siguiente se llevaría a cabo en la sede de gobierno.
Sin rejas, ni muros, ni letreros, el cementerio del barrio alteño de Villa Ingenio se extiende por una extensa llanura ondulada desde donde se puede divisar, a un lado, la ciudad indígena más populosa de Latinoamérica, y, del otro, la cordillera real de Los Andes con sus picos nevados. Un día antes, el lunes 11 de octubre, la escena se había repetido tal cual en el cementerio de Santiago I, otro barrio de la misma ciudad. Y mientras en el Parlamento los rumores de dineros circulantes para acallar voces y conciencias de diputados y senadores, seguían recorriendo oficinas y pasillos, las familias que perdieron a un miembro durante estas fechas lidiaban, una vez más, con el doloroso proceso de exhumación de los cuerpos y el traslado de ellos a varios mausoleos construidos para los «mártires y héroes del gas».
Por más de doce horas familiares y miembros de las comisiones conformadas por diferentes organizaciones para hacer justicia, esperaron pacientes que la fiscalía cumpliera con la orden del Ministerio Público. En tanto algunos de ellos estaban, por fin, dejando reposar a sus muertos en las criptas dispuestas en los humildes mausoleos construidos; otros, como el propio Néstor Salinas, vieron prolongar su pena ante las trabas puestas por los agentes de la fiscalía, quienes demoraron la exhumación y necropsia de su hermano David hasta las oscuras y frías 2 de la madrugada. «Los médicos han dado certificados incorrectos», explica Marcial Canaviri, el presidente de la asociación de heridos, con el fin de aclarar el objetivo de las cuatro necropsias ordenadas y la urgencia de hacerlas cumplir para incluirlas como pruebas en el esperado juicio.
Aprobación a marcha forzada
Desde comienzos de la segunda semana de octubre, los actos de rememoración de los hechos sangrientos de octubre pasado comenzaron a suceder. Como medidas de presión, las asociaciones constituidas por los afectados y otro tipo de organizaciones sociales, se pusieron en marcha no sólo para exigir una ley de hidrocarburos acorde a lo luchado durante la llamada «Guerra del Gas», sino, también, para hacerle saber a los legisladores del país la fuerza telúrica de su objetivo de evitar que la impunidad campee.
A partir del lunes 11, mientras en Santiago I una decena de cadáveres eran sacados de la tierra polvorienta, tres mil campesinos y trabajadores cocaleros comenzaron su marcha desde los valles hacia las cumbres andinas en donde se extiende la ciudad de La Paz. Encabezados por los líderes del movimiento cocalero, Evo Morales y Román Loayza, hombres y mujeres cargados con apenas lo necesario para el camino, daban los primeros pasos para el ascenso. Mientras el martes 12 se llevaba a cabo la ceremonia de exhumación en Villa Ingenio, la Comisión Mixta de Constitución, con el fin de agilizar el proceso convocado para el día siguiente, aprobó el debate sobre el juicio. «Se ha superado el primer escollo», afirmó el abogado Rogelio Mayta del voluntariado jurídico de la comisión Justicia y Paz, conformada por vecinos y asociaciones de El Alto para evitar que la violencia sufrida quedara impune. «Lo difícil está en la sesión plena, y si no se aprueba allí, hasta ahí llegamos, no hay nada más que hacer», agrega.
De igual modo que Rogelio Mayta y el equipo de abogados de El Alto, la Comisión Mixta Constitucional encargada del debate en primera instancia en el Parlamento, también se mostró temerosa por la maniobra puesta en marcha por el Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, partido de Sánchez de Lozada, al pujar por la opción de juicio a todo el gabinete, esperanzados en que los otros dos partidos de la coalición de aquel gobierno se rehusaran a juzgar a sus propios miembros, negando, también, el juicio a Goni. Por ello, para evitar caer en la trampa del MNR, la comisión recomendó en su informe sólo enjuiciar por genocidio al presidente Sánchez de Lozada y sus dos directos colaboradores, su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín y el de Gobierno, Yerko Kukoc, y así asegurarse los votos de los otros dos partidos mayoritarios.
Es así como el miércoles 13 de octubre el parlamento en pleno inicio el debate discutiendo esta primera propuesta. Desde el comienzo los intentos desesperados del MNR para salvar a su jefe de este juicio, los fue conduciendo a tenderse una trampa. Después de discutir el procedimiento y tras un intermedio para resolver de la mejor manera el asunto, se decidió votar. Tan seguros estaban los parlamentarios del MNR de no lograr los dos tercios a favor del juicio en ninguna de las dos votaciones, que durante la primera propuesta la gran mayoría aseguró públicamente que en la segunda, la propuesta del juicio a todos, iban a votar a favor, argumentando, incluso, que no sólo el MNR era culpable de los hechos sino el gabinete completo, ya fuera directamente o por «responsabilidad solidaria» con todas las decisiones del entonces presidente.
La primera votación terminó con 103 votos por el si, 13 por el no y 25 blancos, es decir, dos votos faltantes dejó en el olvido la recomendación de la Comisión Constitucional. Los miembros del comité impulsor del juicio, conformado en buena medida por las organizaciones alteñas, quienes presenciaban la sesión desde uno de los balcones del hemiciclo, se mostraron muy preocupados por esa primera derrota. Arriba, la autodenominada «bancada de periodistas» se vio invadida por la angustia, pues todos y cada uno de los trabajadores de la prensa, la radio, la televisión e internet, se mostraba a favor del juicio. Abajo, los parlamentarios del MNR caminaban victoriosos sin saber todavía lo que les esperaba. A doce horas de iniciada la sesión la tensión comenzó a llegar a su límite y hasta se presentó un amago de jalones de cabellos entre una diputada del MNR y otra del MIP, fuegos cruzados de insultos y proyectiles de papel.
Una vez iniciada la votación, pública y sustentada, sólo uno de los senadores del MNR votó a favor del juicio, pese a que todos y cada uno de ellos habían comprometido el sí durante la primera votación. Y aunque se temía que los parlamentarios de los partidos Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y Nueva Fuerza Republicana, NFR, votaran por el no ante la opción de juicio al gabinete completo, todos y cada uno de ellos votó a favor. 126 votos determinaron la autorización del Parlamento a la Corte Suprema de Justicia para que ésta dé inicio al proceso judicial, mientras abrió un periodo de calma y tregua momentánea en un país dispuesto a arder si la impunidad es aprobada.
Con el juicio de responsabilidades aprobado, el viernes 15 de octubre, unas 20 mil personas bajaron por las pendientes que del altiplano conducen a la gran hoyada de La Paz. Con la consigna «Goni a Chonchocoro» -nombre de la cárcel de máxima seguridad donde ahora pasa sus días la cúpula de la dictadura narcomilitar que durante finales de los 70 y principios de 80 gobernó a Bolivia- mineros de Huanuni, juntas de vecinos, trabajadores, desocupados, sindicalistas y demás sectores, hicieron su llegada a la plaza San Francisco, el mismo sitio de concentración en donde hace un año tuvieron lugar las protestas masivas que pedían a grito herido la renuncia de Goni, como informalmente se le conoce a Sánchez de Lozada.
El lunes 18 de octubre otro contingente de cocaleros, mineros cooperativistas, la Central Obrera Regional de El Alto, y estudiantes de Warisata -pueblo de la provincia Omasuyus, en donde en las jornadas de hace un año, exactamente el 20 de septiembre, una incursión policial-militar dejó cuatro muertos de bala, entre ellos una niña de ocho años- hicieron su arribo a la misma plaza en donde una inmensa cabeza de un Bolívar sin busto observa pétreo La Paz. Durante los siguientes tres días el centro de la ciudad estuvo totalmente infartado pues la mayoría de los marchantes llegaron para quedarse. Los cooperativistas, por su parte, tras bloquear la carretera a la altura de Caracollo, en la vía que une a La Paz con las ciudades de Cochabamba y Santa Cruz, arribaron a la sede de gobierno para demandar la reactivación del sector minero, prometiendo no abandonarla hasta que la ley de Hidrocarburos fuera aprobada en el parlamento, el cual comenzó a debatirla el 20 de octubre, exactamente 100 años después del infame tratado de paz con Chile, con el cual se ratificaron las conquistas territoriales y comerciales que este país logró sobre Bolivia durante la Guerra del Pacífico (1879-80), y por el cual Bolivia perdió su salida al mar.
Para el 20 de octubre el contraste con el año anterior era aun más que evidente. Mientras los mineros cooperativistas fueron los últimos en llegar en octubre del 2003, este año actuaron como vanguardia, descendiendo por todo el centro de la ciudad hasta la exclusiva Zona Sur, expandiendo así sus puntos de bloqueo, de Caracollo a Acayhuasi y Coral, hasta Calacoto, uno de los barrios residenciales más costosos y de elite de La Paz. Contrario a lo sucedido el año anterior, esta vez las protestas iniciadas por estos sectores populares y rurales no se extendieron a las clases medias urbanas, las cuales apoyan firmemente el gobierno de Carlos Mesa, el cual, por primera vez en su año de gobierno, enfrentó los primeros problemas graves de orden público, muy cerca, incluso, a la propia casa de Mesa, sus familiares y amigos. De igual manera contrastante con los hechos de hace un año, la solución, esta vez, vino rápidamente. Para la noche del mismo 20 de octubre la administración de Mesa ya había logrado un acuerdo con el sector minero, consiguiendo el despeje total de los caminos y demostrando que este gobierno está dispuesto a negociar antes que a asesinar, en tanto que la legitimidad del mismo depende de este rasgo conciliador en su política de gobierno.
Y aunque un cocalero ha sido asesinado recientemente en confrontaciones con las fuerzas de erradicación, el Presidente Mesa, con el apoyo de US AID, alcanzó un acuerdo respecto a la legitimidad de la demanda cocalera de mayor envergadura: el cato (media hectárea) de coca por familia. Pese a que la embajada de Estados Unidos ya puso el grito en el cielo al insistir en el mantenimiento de las erradicaciones forzosas de acuerdo con lo legalmente establecido en la Ley 1008, los lazos que unen a Mesa con el líder cocalero y cabeza del partido de oposición Movimiento AL Socialismo (MAS), Evo Morales, permanecen fuertes y firmes-aunque es posible que el tema de la nacionalización de los hidrocarburos los divida a partir de ahora, en tanto que los movimientos sociales continúen insistiendo sobre ello. Mientras los cooperativistas se retiraban de la sede de gobierno, los cocaleros permanecieron varios días más, para cerciorarse de que la Ley de Hidrocarburos aprobada en el parlamento fuera aquella que apunta hacia una nacionalización de los recursos, revirtiendo con ello el decreto vigente de 1997, dictado dos días antes de finalizar la primera administración de Sánchez de Lozada. Tal como sucedió con el juicio de responsabilidades, la aprobación en primera instancia del proyecto sobre Hidrocarburos emitido por la Comisión de Desarrollo Económico, bajo el liderazgo de uno de los diputados del MAS, el 21 de octubre, la presión popular en las calles tuvo su influencia.
Terreno pantanoso
Ahora el proceso del juicio de responsabilidades ha pasado a manos de la Corte Suprema de Justicia, la cual, mediante su sala penal, dictará el auto inicial del sumario, es decir, la acumulación de pruebas para establecer si existen o no indicios de culpabilidad. Posteriormente, el Ministerio Público determinará cuántas personas serán juzgadas. De este modo, la sala penal tendrá un plazo de 20 días, los cuales pueden ser prorrogables por el principio jurídico del derecho a defensa de los imputados. Una vez esto suceda se dictará el auto de procesamiento y comienza el juicio plenario en otras salas de la misma Corte. La sentencia que emerja de este juicio es inapelable.
Pese a que suena muy simple, el temor entre todos los manifestantes que colmaron las calles del centro de La Paz el viernes al medio día radica en la cantidad de gente comprometida a juzgar. Sentada en las escalas de piedra de la Plaza San Francisco Eulogia Tapia, dirigente de mujeres de El Alto y una de las marchistas, intenta recuperarse de la hinchazón que el asfalto caliente le generó a sus pies. Acomodándose su sombrero sobre sus trenzas, Eulogia manifiesta su preocupación por la posibilidad dilatante y dristactiva del juicio a los 15 miembros del gobierno a juzgar. Al igual que ella, el abogado Rogelio Mayta asegura que a partir de ahora es que se ingresa a la fase más complicada del proceso. «Comenzaremos a andar en terreno pantanoso», explica, puesto que el nuevo código de procedimiento penal no es claro frente a este tipo de casos. Además, al revisar la historia más reciente, se pone en evidencia que en Bolivia las influencias políticas hacen que estos procesos se dilaten y, en muchos casos, se archiven, como sucedió con el juicio de responsabilidades iniciado contra Hugo Banzer Suárez, el dictador que murió impune, elegido como presidente en los años 90, o con el juicio contra García Meza que duró más de 10 años.
Con las heridas aún frescas, y los muertos, de nuevo, recién enterrados, la rabia y el dolor se muestran valientes. «Si no hubieran aprobado el juicio yo estaba dispuesto a volar en mil pedazos dentro del parlamento, agarrado a los congresistas», asegura Luís Villca, un vecino de Villa Ingenio, quien perdió su ojo derecho y quedó incapacitado de una pierna aquel 12 de octubre de 2003. Con un tatuaje en su mano izquierda que le recuerda a diario su servicio militar en la policía hace veinte años, Luís Villca explica por qué estaba dispuesto a inmolarse: «lo de octubre fue doloroso, feo, he quedado con un trauma tremendo, para qué voy a vivir sino para luchar por esto». Y aunque la disposición de Luís Villca no es generalizada, de lo que sí está segura la gente que copó la plaza San Francisco es que lo único que asegurará el regreso de Sánchez de Lozada y su castigo, será el control y la presión popular. Por ello las marchas, los cabildos abiertos, las tribunas libres, las reuniones, los debates, las vigilias. Por ello la penosa necesidad de exhumar los cuerpos de los seres queridos casi hechos polvo, para dejar constancia del tipo de arma que los perforó y les quitó las vidas, para impedir que el olvido se imponga sobre la justicia y que un país que sigue herido arda de nuevo.