En lo que va del año se produjeron 229 asesinatos a manos de las fuerzas policiales y de seguridad en la Argentina. La cifra surge de la presentación efectuada por la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI). Por noveno año consecutivo la CORREPI hizo público su informe sobre los casos de represión policial […]
En lo que va del año se produjeron 229 asesinatos a manos de las fuerzas policiales y de seguridad en la Argentina. La cifra surge de la presentación efectuada por la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI).
Por noveno año consecutivo la CORREPI hizo público su informe sobre los casos de represión policial en la Argentina y los números, que no dejan de crecer en los últimos años, son uno de los indicadores más contundentes que ofrece la realidad en cuanto a quiénes son las víctimas de un Estado que acentúa sus rasgos represivos, mas allá de la administración que esté al frente del Gobierno. Y sobre todo más allá de los discursos oficiales. La CORREPI representa a familiares de víctimas de la represión policial en la Argentina y de acuerdo a declaraciones efectuadas por la abogada María del Carmen Verdú, miembro de la entidad, «las distintas fuerzas de seguridad del Estado asesinaron este año a 229 personas, un promedio de doce personas por mes, tres por semana o una cada 55 horas».
El pasado 10 de diciembre se presentó, en la Plaza de Mayo y luego de un acto en conmemoración del Día de los Derechos Humanos, el archivo con los casos de todas las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad en 2004. Entre los casos denunciados por la CORREPI figuran hechos de gatillo fácil y muertes por torturas en cárceles y comisarías. Una de las investigaciones impulsadas por la CORREPI fue el caso Walter Bulacio, el muchacho asesinado en las adyacencias del estadio de Obras Sanitarias en abril de 1991, antes del recital de Los Redonditos de Ricota. Bulacio había sido detenido por policías de la comisaría 35a. que lo llevaron a esa dependencia, donde lo habrían torturado.
Por este hecho no hubo ningún imputado condenado. Hace diez días, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emplazó al gobierno argentino para que «a más tardar el 31 de enero de 2005 presente un informe detallado sobre las causas por las que el caso Bulacio todavía sigue impune». Otra de las investigaciones impulsadas por la Correpi concluyó hace tres semanas con la condena a 22 y 19 años de cárcel para dos suboficiales de la policía bonaerense acusados de asesinar a Guillermo «Nuny» Ríos, un adolescente de 16 años. En su fallo, el Tribunal Oral Criminal N° 1 de San Isidro estableció que los policías fusilaron a Ríos y le «plantaron» un arma para simular un enfrentamiento. Los jueces ordenaron que se investigue la posible existencia de escuadrones de la muerte compuestos por uniformados de esa fuerza de seguridad y que, según denunció la entidad defensora de los derechos humanos, serían responsables de otros once homicidios.