– El nuevo contrato entre la empresa estatal brasileña Petrobras y su contraparte boliviana asegura a la primera seguir explotando hidrocarburos en Bolivia «con buena rentabilidad», pero están pendientes el precio del gas y la propiedad de dos refinerías, dijo el presidente de la compañía, José Sergio Gabrielli.Petrobras no permanece en Bolivia como simple prestadora […]
– El nuevo contrato entre la empresa estatal brasileña Petrobras y su contraparte boliviana asegura a la primera seguir explotando hidrocarburos en Bolivia «con buena rentabilidad», pero están pendientes el precio del gas y la propiedad de dos refinerías, dijo el presidente de la compañía, José Sergio Gabrielli.
Petrobras no permanece en Bolivia como simple prestadora de servicios, sino que firmó un «contrato de producción compartida», asumiendo riesgos y a cambio de utilidades variables, según los precios del gas natural y los costos operativos en el futuro, sostuvo Gabrielli en rueda de prensa este martes en la sede de la empresa en Río de Janeiro.
Gabrielli trató de suavizar el impacto de las concesiones hechas al gobierno boliviano a cambio de condiciones necesarias para asegurar las inversiones de Petrobras, cifradas en 1.500 millones de dólares, y su permanencia en Bolivia con alguna ventaja.
La reacción del gobierno brasileño ante el decreto boliviano que nacionalizó los hidrocarburos el 1 de mayo es motivo de duras críticas de amplios sectores de este país, que la consideraron demasiado tolerante con la ruptura de los contratos y débil en la «defensa de los intereses nacionales». El asunto fue explotado por la oposición en la campaña electoral que culminó con la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva el domingo.
El nuevo acuerdo, firmado a la medianoche del sábado 28, fija posiciones «intermedias entre los intereses de Bolivia y de Brasil» y permitirá a Petrobras «una rentabilidad atractiva, muy elevada ante las bajas inversiones» requeridas en los dos yacimientos donde extrae gas natural y en tres áreas en exploración, aseguró Gabrielli.
El texto completo del contrato, de 70 páginas, sólo será divulgado cuando el gobierno boliviano lo presente al Congreso legislativo el 20 de noviembre, tras ser firmado cuando vencía el plazo de 180 días impuesto por el decreto nacionalizador de los hidrocarburos para que 10 empresas petroleras extranjeras se adecuaran a las nuevas reglas de juego.
Su plena vigencia, que depende de la aprobación de los parlamentarios de Bolivia, modificará las relaciones de Petrobras en el país, ya que los hidrocarburos pasaron a la propiedad del Estado boliviano.
Sus términos establecen que Petrobras seguirá siendo responsable de las operaciones en los campos de San Alberto y San Antonio, en el sudeste boliviano, de donde sale la mayor parte del gas natural exportado a Brasil. Pero el hidrocarburo extraído será entregado a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB), que se encargará de su transporte y comercialización.
Del valor logrado por la venta, la mitad la retendrá YPFB a título de derechos e impuestos sobre los hidrocarburos. De la otra mitad, una primera parte se destinará a reembolsar a Petrobras por los costos de operación y depreciación de los equipos empleados, y el resto se repartirá entre las dos empresas como utilidades, según criterios determinados por precios logrados, volumen de producción, tributación y otros datos, según explicó Gabrielli.
De esta forma, Petrobras solo recibirá del valor de los hidrocarburos a la salida de los yacimientos lo correspondiente a sus costos más la participación en la rentabilidad. A partir de las privatizaciones bolivianas de 1996, la empresa era propietaria de todo el producto y recibía todo el pago por su venta, destinando sólo 18 por ciento a impuestos al gobierno boliviano, que pasaron a ser de 50 por ciento el año pasado con la nueva Ley de Hidrocarburos.
La empresa brasileña perderá por tanto parcela de la rentabilidad y parte del poder de decisión. Pero su presidente dijo que no se pueden comparar los resultados anteriores y futuros, porque estos dependerán de variables aún no conocidas. Admitió también que YPFB actuará más en la supervisión de las operaciones y asumirá la comercialización.
Pero el acuerdo asegura a Petrobras la «garantía de operación» de los principales campos que suministran gas natural a Brasil, el mantenimiento de su «posición estratégica» en Bolivia y una rentabilidad económica que puede variar de año a año, según la coyuntura del mercado, pero que será de «15 por ciento como mínimo» en términos globales en los 30 años de vigencia del contrato, destacó Gabrielli.
Operar los campos de San Alberto y San Antonio, sin embargo, no asegura ni el suministro ni los precios deseados del gas boliviano que Brasil consume. El contrato que establece la venta de 24 a 30 millones de metros cúbicos diarios hasta 2019 es «totalmente independiente» del acuerdo de producción firmado el sábado, afirmó Gabrielli.
Petrobras podrá seguir explorando y produciendo hidrocarburos en Bolivia aun en la hipótesis, improbable, de que no sean destinados a Brasil, sino a otros mercados, aseguró.
El gobierno boliviano quiere elevar el precio del gas natural exportado a Brasil, fijado en 4,2 dólares por unidad térmica británica (BTU). Es asunto está bajo «negociaciones normales» basadas en el contrato vigente, y la reunión de los negociadores será el próximo lunes, anunció el presidente de Petrobras. La industria brasileña teme un alza que represente costos insoportables para sus actividades.
En relación a las inversiones en exploración y producción, los equipos y otros bienes siguen en propiedad de Petrobras hasta finalizar los 30 años del contrato, cuando serán transferidos a YPFB. Nuevos equipos que sean adquiridos para mantener las operaciones pasarán a la empresa boliviana luego de ser amortizados.
El acuerdo no establece el compromiso de ninguna nueva inversión de Petrobras en otros proyectos, sólo lo necesario a la operación de los campos donde ya actúa.
Respecto de las dos refinerías de Petrobras en Bolivia, vitales para el abastecimiento boliviano de combustibles, el gobierno de Evo Morales quiere estatizarlas adquiriendo 51 por ciento de su participación accionaria. Se están realizando evaluaciones de su valor, incluso por la empresa brasileña, para avanzar en esa negociación.
La Constitución boliviana asegura una «indemnización justa y previa» en estos casos, quiso tranquilizar Gabrielli.
El acuerdo de producción firmado con Bolivia no presenta condiciones desventajosas o muy distintas de las que rigen las operaciones de Petrobras en otros países, como Angola, Colombia y Nigeria, explicó Néstor Cervero, director internacional de la compañía estatal. En México, Petrobrás sí es apenas «prestadora de servicios», a cambio de un pago fijo, en lugar de utilidades variables como en Bolivia y demás naciones, acotó.
En todos los países hay riesgos inherentes a los negocios de hidrocarburos, incluso los políticos de alteraciones de leyes y regulaciones que obligan al cambio de contratos, destacó.(