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¿A quién beneficia el fracaso de la Asamblea Constituyente?

Fuentes: Rebelión

«Hemos sido capaces de volar como las aves, de nadar como los peces pero aún no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos» Martín Luther King Vivimos en tiempos de cambio, es algo innegable como dice el slogan «Bolivia cambia», sin embargo nos hemos preguntado ¿hasta qué punto somos parte de ese cambio? […]

«Hemos sido capaces de volar como las aves, de nadar como los peces pero aún no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos» Martín Luther King

Vivimos en tiempos de cambio, es algo innegable como dice el slogan «Bolivia cambia», sin embargo nos hemos preguntado ¿hasta qué punto somos parte de ese cambio? La crisis que vive La Asamblea Constituyente nos muestra una lucha que siempre estuvo presente, un rostro que siempre estuvo a nuestro lado y nunca le dimos el mismo trato, nos muestra los resultados de una discriminación y una intolerancia exacerbada entre los propios bolivianos que se hace visible en la agresión de los universitarios cruceños a las instalaciones de gobierno durante las últimas manifestaciones; en el cambio de indumentaria de nuestras constituyentes de pollera para evitar la agresión verbal y física de pequeños grupos sucrenses que defienden intereses de unos cuantos, como si fuera un insulto o rebeldía el ser auténtico con sus propias costumbres y llevar con orgullo la vestimenta originaria en la propia casa, en el propio país. La discriminación busca legitimidad nuevamente en discursos que pretenden enmascarar la exacerbada violencia demostrada contra los asambleístas que sesionaban en el Liceo Militar, el día Viernes 24 de Noviembre en un intento de avasallar cualquier proceso de cambio, simplemente porque no se discutió un tema que afecta a una región y no al país en su conjunto, se creó un clima de caos y anarquía con una violencia incontrolable por quienes la promovieron bajo el principio de respeto a la Democracia. ¿De qué se trata entonces cuando hablamos de respeto? ¿Qué es la diversidad sino el reconocer que una sociedad se basa en la agrupación de la diferencia, en el reconocimiento de unos y otros y finalmente en la unidad a pesar de ser distintos?

La declaración sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas emitida por Naciones Unidas es un buen comienzo de respeto a la diferencia, en tanto se repara el daño causado a los pueblos indígenas y en tanto se busca igualdad de condiciones para los pueblos indígenas y no indígenas, en cuanto a la aplicación de los derechos humanos. Si bien este es un tratado normativo, no obligatorio en su ejecución, su aplicación real solo dependerá de la presión social que los pueblos indígenas puedan ejercer sobre su propio Estado bajo el principio moral de reconocimiento y reivindicación de la propia cultura, así como del derecho a la existencia con dignidad y al autogobierno de sus propias comunidades

Actualmente y luego de emitida la Declaración de Naciones Unidas, Bolivia se configura como el primer y único país en el mundo que ha elevado dicha declaración a rango de ley en la Constitución Política del Estado, adicionalmente y como consecuencia de este tratado algunos pueblos indígenas ya se han organizado para exigir al Estado respete su derecho al autogobierno. El pueblo mapuche por ejemplo, que aún no figura en la constitución chilena y cuenta con una población aproximada de 900 mil habitantes, de los cuales 736,00 viven en zonas urbanas, convocó hace algunas semanas a una manifestación a fin de garantizar la posesión de sus tierras y aguas ancestrales. El resultado fue un compromiso desde el gobierno para firmar un proyecto de reforma constitucional que asegura la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas y aunque dicho acuerdo aún debe ser discutido en el Parlamento para su total aprobación, el primer paso esta dado. Sin embargo, la fuerza de los pueblos indígenas y el grado de presión que puedan efectuar sobre sus países para lograr el reconocimiento y el derecho al autogobierno no siempre es suficiente, por ello se debe insistir en una Convención al interior de Naciones Unidas, que permita a los pueblos indígenas poner en práctica la declaración de los derechos humanos de los pueblos indígenas en aquellos países donde la reacción del propio gobierno es negativa hacia los mismos, de manera tal que dicho tratado pueda ser coercitivo en un momento dado; como sugiere el especialista en derecho indígena, Juan León Alvarado, originario maya kiché, quien participó por años en las negociaciones de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas y hasta meses atrás presidió el Grupo de Trabajo sobre la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA. De lo contrario corremos el riesgo de caer en discursos y denuncias que lamentablemente no van a tener amparo legal. Bajo este panorama, la Asamblea Constituyente, como el logro de las grandes mayorías indígenas y no indígenas, a través de sus representantes propone una constitución aprobada en grande el pasado 24 de Noviembre que reconoce a los pueblos indígenas como naciones indígenas originarias y campesinos con derecho de autogobierno en el marco de un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional y Comunitario, una constitución que reconoce su existencia, ciudadanía y derecho de participar no solo individual sino además colectivamente en las decisiones políticas económicas y sociales de su propia comunidad y del país en su conjunto. Respeta el pluralismo jurídico, otorgando la misma validez para la justicia indígena originaria y la justicia ordinaria, en el reconocimiento de la propia comunidad para ejercer gobierno y control social sobre los pobladores en un sistema de ejercicio de poder rotativo, que permite un control mutuo y en armonía con el territorio de acuerdo a nuestras costumbres ancestrales. Además de proponer una autonomía indígena que garantiza la unidad territorial y que se desarrolla bajo el criterio de reciprocidad entre las comunidades lo que implica un mayor control de los mecanismos de poder, no sólo local sino también nacional, fiscalizando directamente el poder a través de la revocatoria de mandato en todos los niveles lo que permite un mayor grado de participación política de los ciudadanos, entonces a quien beneficia este fracaso? Es solo la discriminación racial lo que nos posterga? O es el interés camuflado de una oligarquía que se niega a perder sus privilegios.