El fraude de la celulosaVíctor L. Bacchetta Doble Clic Editoras Montevideo, Uruguay Setiembre de 2008. (228 páginas, 24 ilustraciones a color, 15,5 x 22,5 cm) Presentación La complejidad y la amplitud de los problemas planteados por la implantación en el Uruguay de monocultivos de árboles en gran escala y la instalación de grandes plantas de […]
El fraude de la celulosa
Víctor L. Bacchetta
Doble Clic Editoras
Montevideo, Uruguay Setiembre de 2008.
(228 páginas, 24 ilustraciones a color, 15,5 x 22,5 cm)
Presentación
La complejidad y la amplitud de los problemas planteados por la implantación en el Uruguay de monocultivos de árboles en gran escala y la instalación de grandes plantas de producción de celulosa, así como las dificultades para realizar en la sociedad un debate serio y abierto en torno a estos temas, nos han llevado a intentar este nuevo aporte a la discusión.
Hemos organizado en forma cronológica una exposición de nuestras investigaciones sobre las diferentes facetas de este tema. Más allá de nuestro punto de vista, que no se esconde, presentamos las opiniones de varios actores afectados, sobre todo las de los que han sido menospreciados por las autoridades, las empresas y los medios a su servicio.
En efecto, hasta 2005 habían sido soslayados sistemáticamente por el gobierno los distintos llamados de atención y las evidencias de los efectos de este modelo productivo, pero desde ahí en adelante, cuando el gobierno del Frente Amplio refrendó el camino iniciado por sus antecesores, todo el aparato oficial y oficioso se dedicó a ahogar la disidencia.
El hilo conductor de este proceso es una sucesión de fraudes. El primer fraude es la propia ley Forestal, aprobada en 1987 e implementada por los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle, que justificó el uso de suelos «inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso», algo muy lejos de lo hecho realmente.
Fraude al no asumir que se estaba introduciendo un nuevo modelo productivo en el campo uruguayo y al no investigar y tomar las medidas necesarias cuando comenzaron a sentirse los primeros efectos: concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, expulsión de la familia rural, reducción de las fuentes de agua, aumento de plagas, etc.
Fraude de las evaluaciones de impacto ambiental de las empresas forestales y productoras de celulosa, que no brindan las informaciones apropiadas e ignoran los estudios existentes sobre los impactos de sus actividades. Y fraude de las autoridades ambientales nacionales que deberían obligarlas a rectificarse y a cumplir las disposiciones legales vigentes.
Fraude de las evaluaciones de impacto ambiental y social de instituciones financieras como el BID y el Banco Mundial, que utilizan sus principios de sustentabilidad y de participación social, e incluso sus instancias de consulta con los sectores afectados, sólo como fachada para proseguir sus políticas tradicionales de apoyo a los proyectos del gran capital.
Fraude político del gobierno de Tabaré Vázquez, electo por su oposición a las políticas de los gobiernos anteriores, en particular a la política forestal y a la autorización de plantas de celulosa, que no sólo las mantuvo sino que las profundizó. Un gobierno que se autodefine como progresista y estigmatiza a los movimientos sociales que se le oponen.
Fraude, por fin, al desviar la atención y evitar la discusión de las cuestiones principales en juego mediante la exacerbación nacionalista en el diferendo con Argentina y, sobre todo, con la población de Gualeguaychú por el uso compartido del río Uruguay. Si se evalúan las consecuencias de estos hechos, se puede hablar de irresponsabilidad política.