La violencia desatada en el fronterizo estado de Chihuahua, como parte de la guerra contra el tráfico de drogas declarada por el Estado en México, tiene como «efecto colateral» los abusos contra los derechos humanos de las mujeres por parte de efectivos militares.Así lo denuncian organizaciones humanitarias de México y Estados Unidos, fronterizo con ese […]
La violencia desatada en el fronterizo estado de Chihuahua, como parte de la guerra contra el tráfico de drogas declarada por el Estado en México, tiene como «efecto colateral» los abusos contra los derechos humanos de las mujeres por parte de efectivos militares.
Así lo denuncian organizaciones humanitarias de México y Estados Unidos, fronterizo con ese norteño estado, cuya localidad más poblada es Ciudad Juárez, en la propia línea divisoria y a 1.863 kilómetros al norte de la capital.
«Me tocaron el cuerpo mientras decían ‘qué bien hueles’, se burlaban de mí y me presionaban contra el camión mientras continuaban revisándome como si fuera una delincuente», denunció Claudia al autónomo Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm).
Claudia (nombre ficticio) fue detenida por soldados el 4 de noviembre, cuando se dirigía a su trabajo en Ciudad Juárez. Le pidieron que bajara de su automóvil para inspeccionarlo, ella obedeció y les pidió rapidez porque estaba apurada, ante lo cual le practicaron una exhaustiva revisión física, incluidas sus partes más intimas.
Su caso es uno más de los abusos cotidianos a los derechos humanos atribuidos a las fuerzas armadas, durante las operaciones antinarcóticos que cada vez más se cobran a víctimas femeninas en el estado de Chihuahua, según las denuncias.
«En un estado de guerra cuasi civil, con tres ejércitos combatiendo entre sí, prácticamente viviendo un estado de sitio por las fuerzas armadas, la población es la que sufre», dijo a IPS Gustavo de la Rosa, delegado en Ciudad Juárez de la autónoma Comisión Estatal de Derechos Humanos Chihuahua (Cedh-Chihuahua).
«Los que más sufren son los que quedan vivos, y normalmente a cada muerto lo velan su mujer, su madre y sus hijas y quedan en el más completo desamparo, y con alto impacto psicológico», añadió.
De la Rosa asumió su cargo en abril de 2008 y desde octubre se vio forzado a poner su base en la ciudad estadounidense de El Paso, al otro lado de la frontera, tras denunciar la violencia cometida por los carteles de la droga y los atropellos del ejército, en su combate al narcotráfico en esa región.
En los últimos años se han disparado las denuncias ante la comisión de Chihuahua, un territorio disputado por los carteles de Juárez y de Sinaloa por su ubicación estratégica para el tráfico de sustancias ilícitas al rentable mercado estadounidense.
En 2007, Cedh-Chihuahua recibió tres denuncias de supuestas violaciones a derechos humanos por soldados. Al año siguiente, la cifra saltó a 162, de ellas 88 interpuestas por mujeres.
Detrás del incremento está el inicio en febrero de 2008 del Operativo Conjunto Chihuahua, con el envío de 8.000 soldados y policías a la región.
En los primeros 10 meses de 2009, se reportaron 149 casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, de los cuales 78 provinieron de mujeres.
La Policía Federal Preventiva tampoco quedó libre de señalamientos. De las 886 denuncias acogidas en los últimos 10 meses por el Programa de Quejas del Operativo Conjunto Chihuahua, 400 involucraron a sus efectivos.
Cedehm, Cedh-Chihuahua y la no gubernamental Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) instaron el 27 de enero al Congreso de Estados Unidos a que exprese al gobierno mexicano su preocupación por la violencia, el irrespeto a los derechos humanos y las amenazas a los activistas.
«En las operaciones antinarcóticos, las mujeres son las principales testigos de cómo los soldados entran en sus casas y agarran a sus hijos y esposos sin una orden», detallaron las tres organizaciones al Congreso del vecino país, en un memorando informativo de cinco páginas.
«Son las que buscan desesperadamente a sus familiares y confrontan a los soldados que los han capturado y les piden que los lleven a las autoridades civiles correspondientes», añadieron.
«Las mujeres son particularmente vulnerables en esta situación», sinterizo a IPS Maureen Meyer, coordinadora del Programa sobre México y Centroamérica de Wola y quien sumó el acoso sexual entre los abusos que soportan.
El memorando de las tres organizaciones intenta que los legisladores de Washington actúen, en el marco de la Iniciativa Mérida, también conocida como Plan México, que aprobó en 2008 fondos para este país y otros de América Central para la lucha antidrogas, por un monto de 1.400 millones de dólares, a ser erogados en tres años.
El Congreso estadounidense impuso que 15 por ciento de los fondos del plan sean condicionados a una certificación del Departamento de Estado (cancillería) sobre el respeto a los derechos humanos en los países beneficiarios.
Desde que asumió la presidencia en diciembre de 2006, el conservador Felipe Calderón inició una campaña contra los carteles del narcotráfico, con el despliegue de miles de soldados y policías en las zonas más penetradas por esas mafias, lo que disparó la violencia vinculada al delito.
En 2009 se registraron en México 8.000 muertes violentas vinculadas al tráfico de drogas, según el reporte anual de la oficial pero independiente Comisión Nacional de Derechos Humanos. En Chihuahua se produjeron más de 2.000 de esas muertes.
Ciudad Juárez registró en 2008 una media de 130 homicidios por cada 100.000 habitantes y en 2009 esa media llegó a 191, lo que la convirtió en la urbe más violenta del mundo, según organizaciones independientes.
En 2009, las mujeres asesinadas en el estado fueron 184, según Cedh-Chihuahua.
«A pesar de la masiva presencia de las fuerzas de seguridad, las extorsiones, los asaltos y los asesinatos se incrementaron significativamente» señalaron Cedehm, Cedh-Chihuahua y Wola en su memorando.
El 13 de enero el gobierno mexicano anunció un cambio en el operativo en la región, que rebautizó como Operación Conjunta Chihuhua, puso al mando a un civil e incorporó 2.000 policías federales en sustitución de efectivos castrenses.
Los militares se ocuparán desde ahora del patrullaje de caminos rurales, labores de inteligencia y el montaje de puestos de control. Pero activistas humanitarios y analistas consideran que la medida busca reducir la exposición del estamento militar en la lucha antinarcóticos y no modifica la estrategia.
«El puro cambio de uniforme no garantiza nada», planteó De la Rosa, para quien el operativo ha sido un fracasado.
«Hay que cambiar la estrategia, abandonar la idea de la guerra total y regresar a operativos limpios de combate policiaco a los delincuentes, con la menor afectación a los civiles y mayor respeto a las garantías individuales», insistió.
Amnistía Internacional señaló al ejército, en un informe difundido en diciembre, de incurrir en desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales y malos tratos en sus tareas de seguridad.
El reporte se basó en cinco casos emblemáticos de agresiones, que afectan a 35 personas y sucedieron entre octubre de 2008 y agosto pasado en Chihuahua, el nororiental estado de Tamaulipas y el noroccidental territorio de Baja California.
«El gobierno mexicano no está cumpliendo con los requisitos (de la Iniciativa Mérida), en especial porque no ha habido progreso en la investigación y persecución de los abusos contra derechos humanos cometidos por los soldados mexicanos», señaló Meyer.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, el máximo tribunal continental, con sede en San José de Costa Rica, sentenció en noviembre que el Estado mexicano debe revisar su Código de Justicia Militar, que data de 1933 y fija un fuero especial para los delitos civiles que cometan los efectivos castrenses en el ejercicio de sus funciones.
El fuero militar es reiteradamente criticado por las organizaciones de derechos humanos como falto de transparencia y escudo de impunidad.
El memorando al Congreso de Estados Unidos planteó también que el Departamento de Estado manifieste su preocupación por los riesgos que enfrenten los activistas y pida al gobierno de Calderón seguridad y protección para los miembros de Cedhm y el propio De la Rosa.
El 3 de enero fue asesinada en una localidad de Chihuahua la activista Josefina Reyes, integrante del Frente Nacional contra la Represión. Reyes había denunciado que su hijo fue desaparecido por un grupo de soldados, después que fue sindicado como narcotraficante.
«La manera más efectiva de combatir la violencia en México es mediante instituciones fuertes y rendidoras de cuentas, y Estados Unidos debe dirigir su ayuda hacia esas necesarias reformas de largo plazo en México», concluyó Meyer.