La llamada a una Cumbre Social que elabore una nueva agenda estratégica para Bolivia descartando la «Agenda de Octubre de 2003», convocando solamente a los sectores sociales allegados al gobierno y perdiendo una gran oportunidad de establecer una perspectiva antiimperialista, latinoamericana y de liberación nacional, parece destinada a repetir los pasos de un proceso truncado […]
La llamada a una Cumbre Social que elabore una nueva agenda estratégica para Bolivia descartando la «Agenda de Octubre de 2003», convocando solamente a los sectores sociales allegados al gobierno y perdiendo una gran oportunidad de establecer una perspectiva antiimperialista, latinoamericana y de liberación nacional, parece destinada a repetir los pasos de un proceso truncado y que se aleja cada vez mas del sentimiento y la lucha del pueblo labrados durante los últimos diez años.
Sin duda que las transformaciones sociales y políticas del 2003 al 2008 han sido revolucionarias porque han transformado las estructuras culturales, ideológicas e institucionales, han hecho protagonistas a las clases, grupos y sectores sociales excluidos y discriminados, han cambiado a los actores de la toma de las decisiones públicas y han barrido con las formaciones políticas y partidarias tradicionales que implementaron el plan neoliberal en el país.
Sin embargo, el proceso se ha truncado al haberse canalizado en la nueva Constitución Política del Estado la trampa tendida por el imperialismo, a través de ONGs y Fundaciones, de reconocer a presuntas 36 naciones indígenas con derechos de autodeterminación y de control de los recursos naturales; de haber asegurado la presencia de transnacionales petroleras y mineras que están ya negociando directamente con las «naciones» indígenas y de la ausencia de transparencia en el manejo de la cosa pública.
Parte de esto se manifiesta en el desencadenamiento de múltiples enfrentamientos entre departamentos, regiones, comunidades, municipios y localidades; en la defensa que realizan algunos grupos sobre pretendidos territorios libres donde se realizan actividades vinculadas al contrabando y el tráfico ilegal; y otros donde se impide la construcción de carreteras de integración nacional.
La oportunidad y posibilidades de un diálogo abierto, crítico y autocrítico aun son posibles, siempre y cuando participen del mismo tanto las fuerzas sociales y políticas del oficialismo, como aquellas que, siendo parte y protagonistas del proceso de transformaciones, tienen posiciones críticas frente a las políticas del gobierno, como la Central Obrera Boliviana (COB), las Federaciones de Juntas Vecinales (FEJUVE) y otras organizaciones populares. Asimismo, deberá estar abierto a instituciones como las Universidades Públicas y los Colegios Profesionales que pueden realizar importantes aportes a una propuesta de desarrollo nacional.
La defensa e integración nacional, la recuperación plena para Bolivia de los recursos naturales, la industrialización y masificación del uso del gas, la distribución de tierras en manos de terratenientes, el uso productivo de los excedentes y la vinculación militante con los procesos de unidad latinoamericana son algunos de los puntos de una agenda prioritaria en el país.
Asimismo, el gobierno debe evitar que se repitan las experiencias del «gasolinazo» y su retroceso posterior, los enfrentamientos con los sindicatos y las regiones que tradicionalmente le han apoyado, la desinformación y el autismo que le impiden tomar en cuenta y asimilar las demandas y propuestas que buscan evitar el fracaso total de un proceso que generó esperanza e ilusión populares.
Más aún en un momento en que América Latina y el Caribe están dando pasos importantes para la unidad y la integración con iniciativas como la Comunidad de Estados Latino Americanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) y cuando el capitalismo europeo y norteamericano sufren una crisis de grandes dimensiones.