A partir del año 2003, en la República Argentina los Derechos Humanos adquieren el status de políticas de Estado ya que, a pesar que en la reforma constitucional del año 1994 se incorporan a la Carta Magna los tratados internacionales de derechos humanos, los mismos se comienzan a plasmar con la revisión de la normativa […]
A partir del año 2003, en la República Argentina los Derechos Humanos adquieren el status de políticas de Estado ya que, a pesar que en la reforma constitucional del año 1994 se incorporan a la Carta Magna los tratados internacionales de derechos humanos, los mismos se comienzan a plasmar con la revisión de la normativa interna.
Se llevan a cabo entonces desde los organismos gubernamentales, junto a la sociedad civil, distintos actos que tienen como objetivo visibilizar y sensibilizar acerca de la violencia contra las mujeres por razones de género.
El Congreso Nacional sanciona finalmente el 11 de marzo de 2009, Ley 26.485 de «PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES», que contempla la violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial en sus distintas modalidades: doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática.
Basándose en instrumentos internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Belem do Pará), la ley 26485 convierte al Estado en responsable de garantizar la seguridad y la vida de las mujeres como sujeto de derecho.
Con tal fin dispone que el Consejo Nacional de las Mujeres sea el organismo rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de la ley. Entre sus funciones se encuentra la creación del «Observatorio Nacional de Violencia contra las Mujeres» cuyo objetivo es relevar, registrar, procesar, analizar, publicar y difundir información periódica y sistemática sobre violencia contra las mujeres.
En la actualidad dicho organismo se halla abocado a revisar los indicadores de violencia existentes y proponer otros que contemplen todos los tipos y modalidades de violencia que permita el análisis exhaustivo de datos con la finalidad de poner en marcha un Registro Único de Casos (RUC). Esta instancia está siendo replicada en distintos estamentos del estado nacional y algunas provincias.
A pesar de la vigencia de la ley, en el año 2010 hubo 260 feminicidios en nuestro país siendo la mayoría de ellos perpetrados por sus parejas o exparejas y en muchos casos las víctimas habían realizado la denuncia antes las autoridades pertinentes.
Estos números tienen como fuente los datos registrados por organismos de la sociedad civil a través de los medios de comunicación (radio, televisión y medios gráficos) pues aun no se cuenta con la instancia de establecer estadísticas basadas en relevamiento de datos por organismos públicos.
En el transcurso del presente año se han incrementado las denuncias por violencia contra las mujeres. Esto nos llevaría a dos posibles lecturas; en primer lugar podemos decir que la violencia va en aumento o bien entender que el hecho de la denuncia está más internalizado en la sociedad y más mujeres se atreven a realizarlas.
Basándonos en la segunda hipótesis, podemos concluir que las políticas públicas de prevención, sensibilización y difusión permiten a las mujeres animarse a realizar la denuncia por el mayor conocimiento de sus derechos y la existencia de una ley que las ampara.
Asimismo, la publicación en los medios de comunicación, de casos de violencia ha aumentado debido a la instalación de la temática en la sociedad. Hasta no hace mucho tiempo en la TV se hablaba de crímenes pasionales, indicando claramente la ausencia del tratamiento de la violencia como expresión de poder y opresión sobre las mujeres, situación que nada tiene que ver con el amor.
La desigualdad de género sigue siendo un flagelo en nuestra sociedad que impide el goce pleno de derechos de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. Es por ello que se realizan capacitaciones a funcionarios de los tres poderes del estado (ejecutivo, legislativo y judicial) en procura de herramientas que promuevan el acceso a la justicia, asistencia sanitaria, entre otras.
En marzo del presente año, desde las Organizaciones No Gubernamentales junto al Estado, se lanzó una campaña denominada «260 Hombres contra el Machismo» que tiene por objeto recordar los 260 femicidios perpetrados en el 2010. Dicha campaña está destinada a la firma de un documento donde 260 hombres se comprometen a revisar su propio comportamiento machista y busca multiplicar el mensaje entre hombres y mujeres, teniendo como protagonistas a funcionarios del estado y la sociedad civil.
Asimismo, se encuentra en etapa de ejecución la construcción de casas de acogida para mujeres en situación de violencia ya que ella se produce, en la mayoría de los casos, en el ámbito doméstico y las mujeres deben abandonar sus hogares para proteger sus vidas y la de sus hijas e hijos.
La promulgación de una ley que contempla la violencia contra las mujeres por razones de género es un adelanto fundamental para combatir este flagelo. Sin embargo, sabemos que los esfuerzos realizados hasta el momento no son suficientes. Una ley por sí misma no es efectiva si no se pone en práctica en todas sus dimensiones y se comprometen la totalidad de los actores sociales.
Derribar estereotipos, combatir el lenguaje sexista, la publicidad ofensiva hacia las mujeres es una tarea importante que debe trabajarse desde la escolarización de los niños. Las prácticas de buen trato, los vínculos libres de violencia en el noviazgo nos llevará hacia una sociedad más justa y equitativa entre varones y mujeres.
El acceso de mujeres a lugares de decisión, permitirá el diseño de políticas que incluyan la perspectiva de género. La coordinación y articulación de recursos materiales y humanos posibilitará el desarrollo de una sociedad más justa donde se contemplen los derechos de todas y todos los ciudadanos sin distinción de clase social, etnia, religión, preferencia sexual, entre otras variables que producen un sistema asimétrico que genera exclusión.
Argentina ha entendido que la política de derechos humanos es prioritaria. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner es la primera mujer que accede a ese cargo en elecciones libres por segunda vez consecutiva.
Esto pone en evidencia que en nuestro país se viene gestando un cambio desde hace varios años cuyo resultado es el acceso de una mujer a la presidencia, y la representación femenina en el poder legislativo nacional, provincial y municipal con más del 30% de cargos ocupados.
En el poder ejecutivo el Ministerio de Seguridad es ocupado por una mujer, cargo que tradicionalmente es ocupado por hombres en nuestro país y en el resto del mundo.
La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres y la equidad de género es la única vía posible para combatir este flagelo.
Maria Teresa Mazzorotolo. Historiadora Profesora, Universidad de Buenos Aires
Marcela Gimenez. Psicologa Social. Consejo Nacional de la Mujer
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