El saldo de violencia que dejará la administración de Felipe Calderón en México es siniestro: 90,000 homicidios, 300,000 desplazados y 5,000 desaparecidos. Calderón, quien entregó este primero de septiembre el VI Informe de Gobierno y dejará la silla presidencial el 1 diciembre próximo, ratificó que la estrategia policíaca/militar debe continuar. De su administración, Amnistía Internacional […]
El saldo de violencia que dejará la administración de Felipe Calderón en México es siniestro: 90,000 homicidios, 300,000 desplazados y 5,000 desaparecidos.
Calderón, quien entregó este primero de septiembre el VI Informe de Gobierno y dejará la silla presidencial el 1 diciembre próximo, ratificó que la estrategia policíaca/militar debe continuar.
De su administración, Amnistía Internacional (AI) entregó el 30 de agosto un informe, en el cual denunció que a la violencia sistemática se suma una crisis económica que ha dejado 52 millones de pobres, 34,000 asesinatos de mujeres, 3,000 desaparecidas y un crecimiento de hasta 200 por ciento en las denuncias de violación a los derechos humanos.
En el mismo tono evaluatorio a la administración de la derecha tradicional mexicana, integrantes del Pacto por la Vida y la Libertad de las Mujeres sostienen que continúan encarceladas al menos 30 mujeres por interrumpirse un embarazo.
En este sexenio, adicionalmente, se reactivó la esterilización a mujeres en edad reproductiva. Sólo en Veracruz, en una zona indígena denominada Zongolica, Semlac recogió numerosos testimonios sobre esta práctica ejecutada en hospitales municipales, dependientes de la Secretaría de Salud. Ello lo ratificaron en entrevistas Armando Joel Trinidad, presidente municipal de Rafael Delgado, Veracruz, y la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Guadalupe Romero.
Mientras tanto, la organización La Trenza de Oaxaca documentó, sólo en el último mes, 21 asesinatos de mujeres en siete entidades del país y el Observatorio Nacional de Feminicidios denunció, por primera vez en una década, que cientos de mexicanas emigraron a Estados Unidos y Canadá ante la inoperancia del aparato de justicia nacional para frenar la violencia familiar. El informe de la oficina de AI, dado a conocer el 30 de agosto, sostiene que en México existe una crisis de derechos humanos, sólo comparable con un estado de facto o una situación de guerra. Pidió la inmediata ratificación del tratado internacional de derechos económicos, sociales y culturales.
Protesta callejera y creciente
En la última semana de agosto, hubo protestas en 22 ciudades del país, y AI colocó diversos muñecos frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para llamar la atención sobre esta crisis de derechos humanos y denunció que el gobierno de Calderón «responde a los intereses de empresarios, ignorando a los ciudadanos y a las víctimas».
«Es la mayor crisis de derechos humanos en México», dijo a los medios de comunicación el coordinador de movilización e impacto de AI, Daniel Zapico, quien recordó que de los 112 millones de mexicanos, 52 millones viven en situación de pobreza, según cifras oficiales dadas a conocer en julio de 2011.
A las puertas de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), de la ciudad de México, el jueves 30, a 24 horas de conocerse el fallo del Tribunal Electoral que confirmó a Enrique Peña Nieto como ganador de los comicios, un nutrido grupo estudiantil llamó a desconocer ese resultado.
Los hechos del último mes
Con el asesinato de tres mujeres de Oaxaca, a 209 kilómetros de la capital del estado, por sujetos desconocidos que portaban armas de fuego, suman 54 los feminicidios en 2012, mientras que aún no entra en vigor la tipificación de feminicidio que hace 15 días aprobó la LXI Legislatura de Oaxaca. Y otra mujer, Fidela Jarquín, de 38 años de edad, fue asesinada a golpes en el distrito de Miahuatlán de Porfirio Díaz.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos confirmó que dos fueron las mujeres asesinadas con armas de alto poder el 25 de agosto. Eran estudiantes de preparatoria y enfermería, con edades de 18 y 22 años, a cuyas muerte se suma la de una adolescente de 14 años, que fue ultimada el 27 por la mañana en una colonia al oriente de Cuernavaca, llamada la ciudad de la eterna primavera.
En Guanajuato hallaron a una mujer asesinada dentro de un inmueble. Su cadáver presentaba huellas de violencia y fue localizado en un domicilio situado en la colonia Jacinto López, perteneciente al municipio de Cortázar. El 19 de agosto fueron asesinadas dos mujeres jóvenes en Nuevo León. Los hechos se registraron en el área metropolitana: una fue asesinada en Monterrey y otra más en San Pedro Garza García.
En el norteño estado de Coahuila, fueron halladas cuatro mujeres estranguladas en Torreón. Las autoridades policiales dijeron que los cadáveres presentaban signos de tortura.
Este recuento incluye otras dos asesinadas en agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua; tres en Guerrero, y en la misma semana se denunció una creciente trata de niñas y niños en Chiapas.
Los grupos de mujeres han insistido en los últimos meses en que se necesita una gran cruzada para reavivar los derechos de esa parte de la población. La diputada Elena Tapia dijo a Semlac que la tarea de las nuevas legisladoras, como ella, será crear en el Congreso un mecanismo de vigilancia. Candidata a presidir la Comisión de Equidad y Género, Tapia señaló que las leyes resultan inoperantes porque nadie toma en cuenta a las y los funcionarios públicos y escasea la protesta organizada debido a la pobreza, la desigualdad, el homicidio y las violaciones a los derechos laborales y humanos. Eso sostiene la impunidad, dijo, y nos da las peores cuentas en este sexenio.
Por lo anterior, la exdiputada Teresa Incháustigue, quien realizó la última investigación pormenorizada sobre los homicidios femeninos, consideró que el delito debe ser de carácter federal y bien tipificado, y que en la nueva legislatura debe continuar una comisión que vigile e investigue, tomando en cuenta que en los últimos años se han expedido decenas de leyes que en la práctica son inoperantes.