La Argentina enfrenta una grave crisis cuyas dos principales manifestaciones son la trepada del dólar -que refleja una peculiar anomalía argentina, porque esa moneda se está devaluando en todo el mundo, incluyendo por supuesto América Latina y el Caribe- y la resultante escalada inflacionaria que la insólita revaluación de la divisa estadounidense produce en la […]
La Argentina enfrenta una grave crisis cuyas dos principales manifestaciones son la trepada del dólar -que refleja una peculiar anomalía argentina, porque esa moneda se está devaluando en todo el mundo, incluyendo por supuesto América Latina y el Caribe- y la resultante escalada inflacionaria que la insólita revaluación de la divisa estadounidense produce en la economía argentina. La devaluación del peso y el impulso inflacionario son, en realidad, dos caras de una misma moneda. Pero la gran paradoja es que desplome sufrido por el peso no guarda correspondencia con la situación imperante en la economía real. Esta no tiene la solidez y el dinamismo del período 2003-2008, pero está lejos de verse reflejada en los desquiciantes movimientos que se registran en el tipo de cambio. Veamos: la producción agropecuaria se mantiene en niveles comparativamente muy elevados, aun cuando la «sojización» de la agricultura plantea numerosos problemas (económicos, sociales y ecológicos) que no podemos examinar aquí; algunas ramas del sector industrial (automóviles, motocicletas, electrónicos diversos, etcétera) marcan nuevos records a pesar de las restricciones para la importación de algunos insumos cruciales; la gran minería prosigue su marcha, más allá de lo ocurrido con Pascua Lama producto de un fallo de la justicia chilena; la explotación de hidrocarburos, estimulada por las perspectivas de Vaca Muerta retoma un ritmo ascendente; los bancos y las entidades financieras registran significativas ganancias y según un reciente estudio de la CEPAL las exportaciones argentinas crecen por encima del promedio regional.
Si esto es así, ¿qué es lo que está ocurriendo? Más allá de abrir una discusión seria sobre «el modelo», misma que no hicieron los economistas de la oposición adscriptos férreamente al neoliberalismo de los años noventa, ni tampoco los del oficialismo, para quienes lo único que había que hacer era «profundizar» un esquema económico cuyos límites, inconsistencias y deformaciones eran evidentes por lo menos desde el 2010 y acerca de los cuáles más de una vez nos referimos en nuestro blog. Pero más allá de esta necesaria discusión, decíamos, se impone actuar con urgencia sobre la coyuntura cortando de un tajo el nudo gordiano que está asfixiando a la economía argentina con la estampida del dólar y la peligrosa escalada inflacionaria. Para ello el estado deberá recuperar, sin más dilaciones, el control del comercio exterior, fuente insustituible de las divisas que necesita el país.
Es absurdo, y a estas alturas demencial, que cinco o seis grandes oligopolios manejen el grueso de la divisas que ingresan por la vía de las exportaciones agropecuarias. En una economía tan dolarizada como la Argentina, en donde los componentes importados afectan a casi todas, por no decir todas, las actividades económicas del país, dejar que la disponibilidad de dólares quede en manos de un puñado de oligopolios es un acto de soberana insensatez. En Chile, sin ir más lejos, los ingresos de su riqueza principal, el cobre, los controla exclusivamente el estado. En nuestro país, en cambio, un 80 por ciento de lo producido por las exportaciones cerealeras lo retienen grandes oligopolios transnacionales, y especialmente Cargill y Bunge, seguidos de cerca por Continental y Dreyfus; a su vez un par de grandes empresas controlan los ingresos que producen las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, principalmente aceite de soja; en la gran minería quienes lo hacen son las transnacionales del sector; y en el área de hidrocarburos (petróleo y gas) las propias empresas, con el agregado ahora de YPF pero sin perder de vista que ésta es una sociedad anónima y no una empresa del estado. Todas estas corporaciones están fuertemente articuladas con la banca extranjera, predominante en la Argentina, y mantienen fluidos contactos con los paraísos fiscales que proliferan sobre todo en el capitalismo desarrollado. En suma: un puñado de 100 empresas controlan aproximadamente el 80 por ciento del total de las exportaciones de la Argentina, y son ellas las que retienen los dólares que surgen de este comercio y que son requeridos por distintos sectores de la economía nacional.
De lo anterior se infiere una conclusión tan simple como contundente: quien controla la disponibilidad de dólares termina teniendo la capacidad de fijar su precio en el mercado local, especialmente ante un Banco Central debilitado y cuyas reservas cayeron de 52.190 millones de dólares en el 2010 a 28.700 millones de dólares al finalizar enero del 2014. Esta debilidad del BCRA le impide desbaratar las maniobras de la cúpula empresarial más concentrada, fuertemente orientada hacia los mercados internacionales, y para la cual el dólar «recontra alto» (uno de los pilares del menemismo) significa pingües ganancias porque desvaloriza el salario de los trabajadores y les permite alentar la carrera inflacionaria con la seguridad de que su disponibilidad de dólares la sitúa a refugio de cualquier contingencia. En consecuencia, el control de las divisas por parte de ese puñado de grandes oligopolios le permite ser el verdadero autor de las políticas económicas de un país tan dolarizado como la Argentina y, además, extorsionar a cualquier gobierno que no se someta a sus mandatos. Pueden aterrorizar a la población agitando el fantasma de la hiperinflación, que este país padeció a tan brutal costo en 1989 o el espectro del «corralito» de finales del 2001, y de ese modo desestabilizar a un gobierno que debe jugar partidas simultáneas de ajedrez (en el frente fiscal, tributario, monetario, cambiario, productivo) con enemigos que no sólo procuran derrotarlo en una puja puntual sino sobre todo derrocarlo. Y el gobierno actual comete el error de pensar que con concesiones varias podrá apaciguar el «instinto asesino», como le llaman admirativamente los ideólogos neoliberales, de esos enormes conglomerados para las cuales la ganancia y el ganar -sobre todo el ganar, como recordaba Marx- es una verdadera religión cuyos preceptos son respetados escrupulosamente. Por ejemplo, el carácter sacrosanto de la propiedad privada y, por extraño que parezca, la convicción de que la lucha de clases es algo tan natural y omnipresente como el aire que respiramos, y libra esa batalla con todas sus fuerzas. Ante cada concesión de un gobierno satanizado como su enemigo la única respuesta que tiene es la de atacarlo con más ferocidad que antes, exigiendo, como Shylock a Antonio, más y más concesiones: ¡pague la deuda, acuda al CIADI, arregle con el Club de París, abra Vaca Muerta para empresas fugitivas de la justicia como Chevron, indemnice a Repsol, deje que la gran minería trabaje sin interferencias!, mientras persiste en su ataque en todos los frentes con el apoyo de la prensa hegemónica que maneja a su antojo. La crisis actual demuestra, de paso, lo ilusoria que fueron aquellas expectativas del kirchnerismo de crear una burguesía nacional, patriótica y solidaria con los intereses de las mayorías. Ya lo había dicho el Che, hace cincuenta años, y la historia le volvió a dar la razón por enésima vez: la burguesía nacional no existe.
Ahora bien: ¿cómo debería producirse la estatización del comercio exterior? Primero, no puede ser una medida aislada porque se necesita un enfoque integral que: (a) abarque a toda la cadena de comercialización del sistema agroalimentario, hoy controlado por las multinacionales, lo que debería rematar en la creación de una Junta Nacional Agroalimentaria, con las salvedades que plantearemos más abajo; (b) aumente las alícuotas impositivas a la gran propiedad rural e implemente un eficaz sistema de control que evite las sobre y sub facturaciones de las cerealeras, hoy cómplices necesarias de la corrida cambiaria; y, finalmente, (c) que re-estatice los puertos del sistema de la Hidrovía Paraná-Paraguay, privatizados en los años noventa y que son las puertas de salida de gran parte de las exportaciones agropecuarias. Estas medidas deben ser puestas en práctica con la mayor celeridad, porque el ritmo de la crisis no tolera dilaciones. Segundo, se requiere imaginación y experiencia práctica, porque no se trata de resucitar la antigua Junta Nacional de Granos o al Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, el IAPI de la época del primer peronismo, porque el capital ha creado nuevos instrumentos financieros (compraventa a futuro, swaps, derivativos, etcétera) y la tecnología importantes innovaciones, (como el silo bolsa, que independiza al productor del riesgo que se le arruine la cosecha) lo que le permite postergar su venta hasta que el precio sea aproxime a sus expectativas, todo lo cual torna más difícil el control del comercio exterior por parte de los gobiernos. De lo anterior se desprende la necesidad de concebir una agencia estatal que regule a la totalidad del sistema agroalimentario del país, desde su origen hasta su comercialización minorista, algo bien diferente a la JNG o el IAPI. Tercero, y decisivo, esto solo será viable si se constituye un gran movimiento popular capaz de construir un instrumento político que respalde esas iniciativas y otras más encaminadas a redefinir por izquierda el rumbo de la economía argentina: la largamente demorada reforma tributaria y la elaboración de una efectiva política anti-inflacionaria que resguarde los ingresos de los asalariados, para comenzar. Una convocatoria popular sin sectarismos ni soberbias burocráticas; sin verticalismos ni verdades establecidas, porque de lo contrario la respuesta de las clases y capas populares será una mezcla de impotencia, miedo paralizante ante la clara percepción del escarmiento que se cierne sobre ellas y, en algunos casos, indiferencia, mezcla que mucho tuvo que ver con el funesto desenlace sufrido por los gobiernos peronistas en 1955 y en 1976. Una decisión tan crucial e impostergable como la estatización del comercio exterior, cualquiera que sea su forma legal y jurídica, es antes que nada un hecho político que no puede ser producido por un decreto o una resolución firmada por un funcionario instalado en las «alturas» del aparato estatal. Resta ver si el gobierno es consciente de la gravedad de la situación y decide actuar en consecuencia. La experiencia pasada no permite abrigar demasiadas expectativas pero, como tantas veces lo recordaran las Madres de Plaza de Mayo, no hay peor lucha que la que no se libra.
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