El gobierno del estado mexicano de Puebla, en el centro del país y muy próximo a la capital de la república, ha logrado convertir en ley un viejo anhelo de la oligarquía mexicana: emplear armas de fuego para reprimir y disolver actos y manifestaciones de protesta populares. Si bien la nueva norma es de carácter […]
El gobierno del estado mexicano de Puebla, en el centro del país y muy próximo a la capital de la república, ha logrado convertir en ley un viejo anhelo de la oligarquía mexicana: emplear armas de fuego para reprimir y disolver actos y manifestaciones de protesta populares. Si bien la nueva norma es de carácter local, se puede adivinar el propósito de extender la medida al resto del país.
La medida contiene un evidente subterfugio: la armas de fuego sólo se utilizarían para evitar o repeler ataques violentos y con cualquier tipo de armas por cuenta de los manifestantes contra agentes de la autoridad. En la expresión cualquier tipo de armas pueden ser incluidas piedras, resorteras, palos, tubos, varillas, otros proyectiles, bombas molotov y, desde luego, las llamadas armas blancas (cuchillos, puñales, navajas) y las armas de fuego.
Pero un breve repaso por la historia, en México y en todo el orbe, de las grandes manifestaciones ciudadanas de protesta o para reivindicar derechos conculcados por la autoridades no revelan actos de violencia por cuenta de los manifestantes. Baste recordar las grandes marchas que en Estados Unidos contribuyeron a detener la guerra de Vietnam. O, en México, las nutridas manifestaciones ciudadanas, sobre todo estudiantiles, que lograron derogar leyes de corte fascista que castigaban con largos años de cárcel a opositores al gobierno.
Y lo que se dice para México y Estados Unidos puede decirse para naciones de los cinco continentes. Esa universal expresión de protesta constituye un derecho de los ciudadanos logrado al cabo de innumerables luchas populares. ¿O cómo, por ejemplo, se consiguió establecer en casi todo el orbe la jornada laboral de ocho horas, sino mediante enormes manifestaciones, movilizaciones, marchas y mítines que demandaban la promulgación de esa norma legal, principio básico de justicia social, y hoy derecho consagrado en casi todo el planeta?
¿De dónde entonces saca el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, esa idea descabellada y de indudable corte nazi? La ocurrencia, por supuesto, no es de él. Moreno Valle es sólo el ejecutor de una nueva estrategia represiva destinada, si todo sale bien y no la echa abajo la resistencia popular, al ámbito nacional. Digamos que en Puebla estamos siendo testigos del ensayo general de la nueva política represiva mexicana.
La nueva norma y su ensayo general tienen antecedentes. Y en la creación de éstos tiene un triste y perverso primer lugar el gobierno del Distrito Federal, a cargo desde diciembre de 2012, de un siniestro personaje llamado Miguel Ángel Mancera Espinosa, llegado al poder bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática, alguna vez de izquierda y hoy muy derechizado y entregado completamente al gobierno priista de Enrique Peña Nieto.
Esos antecedentes se encuentran primeramente en las manifestaciones de protesta por la toma de posesión de la Presidencia de la República por Peña Nieto el 1 de diciembre de 2012. Es bien sabido que en esa fecha Mancera, evidentemente siguiendo instrucciones y con el apoyo de los gobiernos federales entrante y saliente, infiltró en los actos de protesta a provocadores profesionales que ejecutaron, planeada y sincronizadamente, diversos actos violentos que incluyeron, naturalmente, agresiones a las fuerzas policiacas.
Así, y con otras acciones posteriores, se fue creando el caldo de cultivo represor que hoy le permite al gobierno federal avanzar en Puebla, mediante la cabeza de turco de Moreno Valle, en este nuevo intento del PRI y de sus subordinados PAN y PRD en el nuevo esfuerzo por reprimir, literalmente a sangre y fuego, los intentos ciudadanos por mejorar sus muy deteriorados nivel y calidad de vida.
Blog del autor: www.miguelangelferrer-mentor.com.mx