Este noviembre marca un momento muy importante para la niñez en el mundo, pues que hoy se conmemora el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo a pesar de los avances normativos y los esfuerzos de los diferentes gobiernos, hoy dista mucho la plena satisfacción y respeto de sus derechos, […]
Este noviembre marca un momento muy importante para la niñez en el mundo, pues que hoy se conmemora el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo a pesar de los avances normativos y los esfuerzos de los diferentes gobiernos, hoy dista mucho la plena satisfacción y respeto de sus derechos, como demuestra el caso de México.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) asesorará jurídicamente a Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tehuatlie, quien murió tras recibir un impacto de bala de goma lanzada por la policía estatal cuando reprimía una manifestación en el municipio de San Bernardino Chalchihuapan, en Puebla.
Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, informó que la agrupación estudiará el expediente judicial del caso ocurrido el pasado 9 de julio. Agregó que buscará reunirse con el nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis González Pérez, para plantear el tema y determinar si es necesario algún pronunciamiento adicional al que hizo el anterior ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva.
En conferencia -a propósito de los resultados del Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia-, recordó el pasado 18 de noviembre que Elia Tamayo tiene tres demandas para exigir justicia tras la muerte de su hijo: La reparación del daño, que incluye castigar a los funcionarios locales responsables; una indemnización económica y una disculpa pública del gobierno de Rafael Moreno Valle. Pérez aseguró que para la madre del menor fallecido la detención de algunos policías municipales no representa el acceso a la justicia.
«Nosotros confiamos y tenemos la expectativa de que el gobierno de Puebla pueda reconsiderar la forma en que ha abordado este asunto», aseguró. A propósito del tema, el director ejecutivo de la Redim acusó que durante el VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia -realizado la semana pasada en Puebla-, el gobierno estatal mostró una actitud de censura y de acciones de intimidación hacia Elia Tamayo y los miembros de la Red.
«No estaba previsto que la señora participara en el congreso, pero cuando se presentó decidimos darle un foro, ya que además tenía contemplada una reunión con el Comité Internacional para exponer el caso del asesinato de su hijo. Sin embargo, se nos prohibió darle voz en el evento argumentando que no estaba previsto y además de ello se nos dio un trato que pensamos fue muy desproporcionado e innecesario, pues nos pusieron vigilancia todo el tiempo», dijo a Proceso (1).
En un comunicado, la Redim narró que el pasado jueves 13, Tamayo y sus defensores llegaron al Centro Expositor en compañía de congresistas de Alemania y Venezuela, pero no se le permitió la entrada. Al día siguiente de este hecho, agregó, el gobierno de Puebla instrumentó un operativo de seguridad que generó inconformidad e indignación.
«La Redim se manifestó consternada porque el gobierno de Puebla desplegó un operativo de seguridad desproporcionado e innecesario, tales como vigilancia personalizada a integrantes de la red y el cierre de los accesos al Centro Expositor. «Esto llevó a realizar una valoración junto con los congresistas de Alemania y Venezuela, para no presentarse el día viernes (14), previendo cualquier tipo de represalias».
Ese día, apuntó, los adolescentes participantes en el encuentro, «indignados por las notas locales que describían lo ocurrido con la señora Tamayo», solicitaron una explicación a los funcionarios de Puebla. En asamblea con adolescentes y funcionarios de la entidad se hicieron varios acuerdos que fueron presentados en las conclusiones del VI Congreso Mundial. Frente a los jóvenes que participaron en el encuentro, la Redim asumió diversos compromisos, como convocar a un próximo evento donde el tema central sea el seguimiento al caso de José Luis y la búsqueda de justicia. Además, se estableció el compromiso de estudiar el caso «paradigmático» en el ámbito jurídico y en lo que corresponde a la política pública, «así como valorar con la defensa llevar el asunto a instancias internacionales si se agotan los recursos nacionales sin lograr el acceso a la justicia». Según la Red, también buscará crear una Comisión Internacional de seguimiento teniendo como base las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 2VG/2014CNDH emitida el 11 de septiembre, que será integrada por adolescentes de varios países, defensores de derechos humanos y por organizaciones internacionales. «Para la Redim, este congreso mundial y este acontecimiento puede ser una oportunidad para reconsiderar la estrategia equivocada que han tenido el gobierno de Puebla en el caso de José Luis, que permita resarcir los daños y sobre todo lograr que se acceda a la justicia», puntualizó Juan Martín Pérez.
Movilización internacional
Por separado, el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños y Niñas (Molacnats (2) denunció ante la opinión pública internacional la actuación del gobierno de Puebla al expulsar a Elia Tamayo del VI Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. En un comunicado, la organización internacional se solidarizó con la demanda de justicia y castigo para los responsables del asesinato de José Luis Tehuatlie. «Nos unimos a la lucha de su madre, la señora Elia Tamayo, quien pide justicia y el castigo a los culpables civiles y policiales», puntualizó la agrupación que integra a niños y adolescentes de México, Venezuela y Bolivia. Al hacer un balance de lo ocurrido durante el Congreso realizado en Puebla del 12 al 14 de noviembre, el Molacnats denunció que la mujer fue sacada del Centro Expositor cuando se disponía a reunirse con miembros de la Comisión de Derechos del Niño de las Naciones Unidas para exponer la situación del asesinato de su hijo. En ese sentido, el movimiento pidió a los miembros del comité organizador hacer una «profunda evaluación» del contenido, invitados, metodologías y la participación de los gobiernos en los lugares donde se realiza el encuentro.
Misraim Hernández, dirigente de Contingente Puebla, relató que el encuentro de los activistas con Tamayo ni siquiera se llevó a cabo en el marco de las actividades del Congreso, sino que era una reunión privada en un salón contiguo, pero aun así los representantes del gobierno poblano llegaron para decirles que la mujer tenía que abandonar el edificio. Incluso dijo que cuando iban saliendo del lugar, en la puerta principal del corredor estaba Martha Erika Alonso de Moreno Valle, esposa del gobernador y directora del DIF estatal, quien ni siquiera hizo el menor intento de acercarse a la humilde mujer que sufrió la pérdida de su hijo por un proyectil que lanzaron policías estatales.
De su lado, Manfred Liebel, coordinador de la Red Europea de Maestrías sobre Derechos de la Infancia, denunció que aparte de que el gobierno poblano trató de prohibirles la reunión con la madre del niño asesinado, pretendía que la mujer saliera por la puerta trasera del edificio para que nadie la viera. «El gobierno de Puebla expresamente nos prohibió reunirnos con la señora (Elia Tamayo) dentro de ese edificio, y quería obligarnos a salir del edificio por detrás para que nadie pueda vernos», detalló. Añadió: «Yo no acepto esta obligación de salir clandestinamente por atrás, tenemos el derecho por lo menos de salir como entramos. Estoy en contra de esa decisión del gobierno del Puebla de que no podemos usar este edificio público para hablar de un asunto público».
Manfred Liebel, director del Instituto de Estudios Internacionales en Niñez y Juventud de la Universidad Libre de Berlín, salió del estado de Puebla ante el acoso de autoridades estatales, todo por apoyar a Elia Tamayo.
Manfred Liebel ha comentado al Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS: «Desde Europa estamos consternados sobre el tratamiento de la señora Elia Tamayo de parte del gobierno del Estado de Puebla (México) en el VI Congreso Mundial sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia realizado del 12 al 14 de noviembre en la ciudad de Puebla. El hijo de la señora Tamayo, José Luís Tehuatlie, 13 años, fue matado atrozmente por la policía del Estado de Puebla el 9 de julio, y la madre tenía todo el derecho de presentar el caso en este Congreso donde la violencia contra niños era un tema principal Protestamos energicamente contra el hecho de que la señora Tamayo fue obligado de parte de la presidenta del DIF Puebla, esposa de gobernador, a salir del Congreso antes de reclamar sus derechos como ciudadana y madre del niño asesinado. Reclamamos que el gobernador de Puebla asuma su responsabilidad de pedir públicamente disculpa a la señora Tamayo, recompensa los daños efectuados por órganos del Estado y garantice la seguridad de la familia del niño matado y de las personas que apoyan a la madre en el reclamo de sus derechos. Como participante, ponente y miembro del Comité Científico del Congreso, fue testigo del tratamiento inaceptable de la señora Tamayo. Al apoyar a la señora Tamayo, me sentí personalmente hostigado por la presidenta del DIF Puebla e integrantes de su cuerpo de «seguridad» y finalmente obligado a irme del Estado de Puebla temiendo por mi propia seguridad».
Piden proteger a jóvenes
Sobre la situación que vive el país por el caso Ayotzinapa, Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Redim, llamó al gobierno federal a realizar verdaderas acciones preventivas contra la violencia y garantizar los derechos de la población, en particular la de los niños, niñas y adolescentes. «Vemos con preocupación los acontecimientos y casos que se están dando y por ello estaremos presentando un llamado y solicitud al gobierno, desde la garantía de los derechos de los niños y adolescentes, para que se lleven acabo acciones preventivas», dijo. Al dar a conocer los resultados del Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, el representante de la organización pro derechos de la infancia recalcó que «la violencia no se resuelve con la violencia». Sería un error fatal por parte del Estado, agregó y manifestó su preocupación «de que ya se está dejando ver esta posibilidad de uso de la fuerza si se ven agotados los diálogos». Pérez comentó que el caso de Ayotzinapa estuvo muy presente en el congreso, y fue mencionado tanto en las conferencias magistrales como por los ponentes nacionales e internacionales. «El tema coloca hoy a México en la mirada internacional y por ello tiene que ser un desafío para lograr nuevas y mejores políticas públicas, pero sobre todo a reconocer que están trastocando a los derechos humanos», dijo. Según su opinión, el gobierno federal no puede responsabilizar al crimen organizado de esto, ya que «es una responsabilidad de Estado, y la mejor forma de corregirlo es primero aceptándolo».
Observatorio Selvas cuestiona Estado de México junto a CIDH y Parlamento Europeo
Es importante mencionar que, gracias al trabajo de lobby, el Observatorio SELVAS en noviembre de 2012 ha logrado la intervención de la Relatora CIDH Rosa Maria Ortiz, con relación a los casos de limpieza social hacia la infancia trabajadora del Chiapas.
Rosa María Ortiz, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre los Derechos de la Niñez, señaló que la presencia de familias enteras -incluso de dos generaciones- en situación de calle en México da cuenta del fracaso de las políticas sociales y de que esta población encuentra ahí las respuestas que las políticas no le han brindado.
En el marco del 146° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se llevó a cabo el pasado 2 de noviembre la Audiencia sobre la «Violencia, discriminación y limpieza social en contra de poblaciones callejeras en México» en la cual representantes de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Alianza Mexicana Poblaciones Callejeras y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) informaron a este organismo internacional sobre las diversas formas de discriminación, violencia y «limpieza social «contra esta población. «Usualmente no se sabe qué hacer con ellos y se les culpa por estar en la calle, lo que hace que los responsables de los servicios de salud y educación se desentiendan, como si fuera un sector que no amerita ser tratado», comentó la funcionaria Rosa María Ortiz (3).
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció el día lunes 20 de octubre de 2014 el «crecimiento alarmante» del número de niños desaparecidos en México, así como de aquellos que son reclutados por criminales, mutilados o asesinados, en momentos en que el gobierno se encuentra en entredicho por la desaparición de 43 estudiantes.
En una visita a México entre el 6 y 14 de octubre de 2014, la relatora sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la CIDH, Rosa María Ortiz, «recibió información que indica que existiría un crecimiento alarmante en el número de niños no localizados (…) y que pese a lo anterior, el Estado no ha proporcionado cifras» al respecto, indica un comunicado de la institución. La funcionaria se reunió con varias familias de víctimas, que «en su mayor parte responsabilizan a fuerzas estatales de dichas desapariciones forzadas» y que denuncian fallas en las investigaciones, añade el parte. La CIDH reiteró su «llamado urgente al Estado mexicano para localizar con la mayor urgencia a los 43 estudiantes (…) e investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial». Por otro lado, la relatoría constató un «aumento de los niveles de violencia» contra los niños, con información de varias organizaciones civiles que dan cuenta de 2 mil niños asesinados o mutilados a veces «con extrema violencia» entre 2006 y 2014, así como «un alto número» de menores que habrían sido reclutados con violencia por la delincuencia organizada en comunidades pobres. De los más de 118 millones de habitantes de México, siete millones viven en situación de extrema pobreza, muchos de ellos en Guerrero y los vecinos Oaxaca y Chiapas. Estos estados, como muchos otros del norte del país, son escenario de disputas entre cárteles por el territorio y las rutas del narcotráfico. En 2006, el gobierno mexicano lanzó una ofensiva militar contra el crimen organizado, y desde entonces se han registrado 80 mil muertos y 22 mil desaparecidos, por choques entre narcotraficantes y operativos para detenerlos, según cifras oficiales (4).
Este trabajo de lobby política que articula el Observatorio SELVAS es relacionado al trabajo en defensa de los derechos humanos que animan los bloques Greens-efa (Verdes) y Gue-Ngl en el Parlamento Europeo.
El grupo de los verdes del Parlamento Europeo (PVE) solicitó el pasado 21 de octubre de 2014 a la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) que analice los hechos de violencia ocurridos en México y que abra una investigación al respecto si acredita que se trata de crímenes de lesa humanidad (5). «(El grupo del PVE) llama a la oficina del fiscal de la CPI a poner una particular atención a las masacres y desapariciones forzadas cometidas en México y, en caso de considerar que recaen dentro de su jurisdicción, solicita a la oficina del fiscal abrir una investigación sobre esos crímenes», señala su propuesta de resolución sobre violaciones a los derechos humanos, la democracia y el Estado de derecho en México que será discutida mañana miércoles 22 junto con cinco más presentadas por otros grupos políticos del Parlamento Europeo. La resolución resultante de esas negociaciones entre grupos políticos, que no es vinculante, será votada por todos los eurodiputados el jueves 23, tras el debate sobre la situación en México que con carácter de «urgente» se llevará a cabo en la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo, convocado la semana pasada a raíz de la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa entre el 26 y 27 de septiembre. La resolución de los verdes europeos también exige a los Estados miembros de la Unión Europea (UE) «suspender o detener cualquier negociación de acuerdos en materia de seguridad» con México, y abstenerse de efectuar cualquier transferencia de armamento, «hasta que no sea restablecido el Estado de derecho en todo el territorio y que el crimen organizado no esté bajo control y desmantelado».
El mismo documento señala que el proceso de modernización del Acuerdo Global México-UE -actualmente en negociación entre las partes- «debe ser postergado», además de que «deben ser revisados sus capítulos y objetivos» y sellar «todas las fisuras» que pueda aprovechar el crimen organizado en materia de servicios financieros o en reglas comerciales.
Por su parte, la propuesta de resolución que presentó el grupo de Izquierda Unitaria Europea/Verdes Nórdicos también apoya la intervención de la CPI y la apertura de una investigación sobre los hechos de violencia en México. Asimismo, exige a la Comisión Europea que abra «un verdadero diálogo sobre derechos humanos» con el país y que rinda cuentas al Parlamento Europeo de sus avances una vez al año. Otras cuatro propuestas de resolución fueron emitidas por los dos grupos mayoritarios: el del Partido Popular Europeo (PPE) y el de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (AS&D), que juntos reúnen 55% de los eurodiputados, y los grupos de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) y el de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Todos ellas coinciden en su apoyo al gobierno de Enrique Peña Nieto y en celebrar acciones para esclarecer los hechos de Ayotzinapa, además de no contemplar ninguna sanción o condición al mantenimiento actual de las relaciones.
El grupo socialista expresa en su propuesta de resolución que «la violencia ligada al crimen organizado permanece como una tema de preocupación», aunque luego sostiene que «el gobierno mexicano ha realizado importantes avances en democracia y derechos humanos y ha demostrado su firme compromiso con el mejoramiento de la seguridad en el país», por lo que solicita a la UE que continúe con sus programas de cooperación en derechos humanos y que aumente sus recursos financieros y técnicos para ello. En otras partes de su documento, el grupo socialista del Parlamento Europeo aplaude «el fuerte compromiso del presidente Peña Nieto y de las autoridades federales para asumir la absoluta responsabilidad de las investigaciones» (punto 2), «apoya al gobierno mexicano en su determinación para combatir el tráfico de drogas» (punto 5) y le pide que investigue la «supuesta» infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales (punto 6).
Notas:
Cristiano Morsolin, investigador italiano y operador de redes internacionales para la defensa de los derechos de los niños/as y adolescentes. Trabaja en Latinoamérica desde 2001. Co-fundador del Observatorio sobre Latinoamérica SELVAS (Milán) y autor de varios libros sobre políticas emancipatorias, movimientos sociales y gobiernos progresistas.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.