Confieso que siempre me llamó la atención la expresión de Martín Guzmán, el Ministro de Economía de la Argentina, cuando enfatizaba que había que “tranquilizar” la economía. Se trata de una expresión que pretende traer calma a un escenario turbulento, e incluso si se quiere tormentoso.
En efecto, sea por lo local o por lo mundial, pero sobre todo por lo que acontece en el país, los niveles de incertidumbre e intranquilidad que devuelve la situación económica, es por lo menos, alarmante.
Basta considerar los efectos económicos y sociales para darse cuenta de la zozobra que supone saberse empobrecida/o, desocupada/o, marginada/o del techo, la alimentación, la salud, la educación, la comunicación, entre muchos derechos constitucionales consagrados por años de histórica lucha social. Aunque también puede considerarse el punto de vista opuesto, del que no encuentra salida a su propósito de obtener ganancia y acumular capital.
Una primera consideración, entonces, es cuál zozobra es la más importante, o, dicho de otra manera, qué es lo que tranquiliza a unos y qué a otros, porque ambos puntos de vista no pueden resolverse en conjunto. Se trata de uno u otro. Me temo que la respuesta no viene de esa contradicción, sino que la tranquilidad remite a la “estabilización de la macro”, como afirma el ministro, lo que supone “ordenar” las cuentas públicas, que como veremos, tampoco resulta imparcial, sino que supone, como siempre en cuestiones económicas, beneficiar a unas/os y perjudicar a otras/os.
Esa fue la razón para señalar al comienzo de la gestión, que la prioridad pasaba por “arreglar la deuda” y entonces, en el inicio aconteció el gran acuerdo en el Congreso para obtener un “aval institucional”. Así, con la Ley de sostenibilidad del pago de la deuda, se lanzó el proceso de renegociación de la deuda pública con acreedores privados, de legislación extranjera y local, como con el FMI. Ese consenso mayoritario en el seno de las instituciones políticas del país, se repitió como imagen, con la presencia del oficialismo y la oposición que gobierna los poderes ejecutivos de las provincias, al momento de anunciar la aceptación del canje de deuda.
Una aceptación elevada, por cierto, de un 93,5% de bonistas, adheridos al canje de deuda en divisas de legislación externa, que por imperio de las cláusulas de acción colectiva se elevó al 99%. Ya se anticipa una aceptación similar para la deuda en divisas de legislación local, cerrando el tema de la negociación con privados y despejando el tema para la discusión en curso con el FMI. Se descuenta que el resto de la deuda, hasta completar los 323.000 millones de dólares no supondría problemas porque el grueso está en manos de la propia gestión estatal.
Luego de los acuerdos, entonces, sí sería tiempo de explicitar el rumbo de política económica para entender la perspectiva de “tranquilidad” anunciada, lo que ocurrirá una vez presentado el proyecto de presupuesto público.
¿Por donde pasará el ajuste?
De hecho, a esta altura, el presupuesto será para el 2021. Este excepcional 2020 transcurre con prórroga de las cuentas del 2019, con ampliación de la asistencia social (IFE, ATP, tarjetas alimentarias) por impacto del coronavirus y la recesión inducida e incluso la arrastrada del gobierno Macri.
Al mismo tiempo de continuidad de las partidas del pasado año, con algunas actualizaciones, se procesó un ajuste que golpea en primerísimo lugar sobre jubilaciones e ingresos de los estatales, que se derrama sobre otros sectores económico-sociales que dependen de la capacidad de gastos de estos sectores. También fueron contenidas las actualizaciones de subsidios sociales, los que perdieron contra la suba de precios y el ritmo de la inflación.
En rigor, también sirven para el ajuste de las cuentas públicas el re-perfilamiento de parte de los vencimientos de la deuda. Un tema que se proyecta para todo el periodo de gobierno ya que se liberan obligaciones de pago que estaban comprometidas bajo los parámetros de una deuda ahora renegociada. Si las obligaciones sumaban unos 30.000 millones de dólares, hasta fin del mandato solo caerán vencimientos por 4.500 millones de dólares.
Un anticipo de lo que viene remite a un objetivo ya anunciado, de un déficit fiscal para el 2021 del -4,5% del PBI. Es una incógnita el resultado fiscal para este 2020, con estimaciones que oscila desde el -7% hacia cifras de dos dígitos. Sea cual sea el resultado, el horizonte es un déficit fiscal menor para el próximo año, lo que supone un ajuste, sea por los ingresos o por los egresos.
Respecto de los ingresos, el Ministro alude a una reforma tributaria en carpeta. Es interesante dirimir quién pagará el presupuesto de gastos y de la inversión pública. Tenemos ya un anticipo de crítica y rechazo en los sectores de mayores ingresos y riqueza a gravámenes que afecten sus ingresos, algo que tiene apoyo en un núcleo social ampliado por imperio del accionar mediático. Lo que sabemos, por ejemplo, son opiniones contrarias al impuesto a las grandes fortunas, aun cuando se lo presenta como aporte solidario por única vez. El falaz argumento que afecta la potencia de las inversiones escamotea la voluntad de no resignar recursos, ni aún ante la emergencia sanitaria en curso.
¿Qué reforma tributaria se impulsará? Puede ser progresiva, para no perpetuar que el principal ingreso tributario sea el IVA. Habrá que ver; o eliminar el impuesto a las ganancias sobre los salarios, ya que por definición el salario no es ganancia, sino la retribución por la venta de la fuerza de trabajo. También puede ser una reforma regresiva y consolidar el régimen actual, más allá de la denominación de los impuestos o las tasas que se establezcan.
¿Por dónde se reestructurarán los egresos? Puede pensarse en el gasto y/o en la inversión. ¿Será con más orientación a satisfacer derechos en contra de la mercantilización, o afirmación de una lógica por la liberalización y el derecho a la ganancia? La liberalización es lo que se impuso como una tendencia que atraviesa toda esta etapa desde 1975/76, con fuerza en la genocida dictadura, en los 90 y en los años recientes del gobierno de Cambiemos (2015-2019).
En definitiva, bajar el déficit implica ajuste fiscal. El interrogante remite a quienes serán los perjudicados. Vamos a insistir que el tema supone discutir los ingresos y los egresos, del mismo modo que debe considerarse el conjunto de la política económica más allá de lo fiscal, es decir, en materia monetaria, crediticia, tanto como la política de ingresos, que interviene en qué tipo de consumo se estimula o que rumbo de la inversión pública y privada.
Tranquilizar la economía trasciende la contabilidad pública
Asistimos entonces a un tiempo de interesantes definiciones sobre el rumbo futuro del orden económico local. Muchos pretendíamos la suspensión de los pagos de la deuda pública y mientras tanto auditar la deuda con participación popular. El rumbo definido fue otro, el del canje. Ahora se habilita la discusión sobre cómo seguir y la palabra parece ser la “tranquilidad”, que sostenemos es algo más que equilibrar cuentas públicas, ya que detrás de los datos existen personas y necesidades, según su inserción en el sistema de relaciones económicas que define la estructura económico social del país.
Los grandes productores y exportadores, parte del poder en el país, quieren un tipo de cambio “competitivo”, que debe llegar al valor que mejor rentabilidad les ofrezca en sus balances, más allá del destino de la acumulación final de sus rentas. Igual sustentan la libertad de mercado para el ahorro en divisas, incluso liberando el cepo de 200 dólares mensuales establecido por el gobierno anterior. El impacto de una orientación en ese sentido tiene carácter regresivo sobre la mayoría de la sociedad vinculada a la producción y circulación de bienes y servicios en el mercado interno.
Otros sectores del poder económico demandan orientaciones de política pública favorable a la lógica de las ganancias de los inversores, locales o externos, lo que presupone cambios estructurales en materia laboral y previsional, los que están contenidos entre los compromisos asumidos con el FMI en 2018 y ahora en proceso de negociación. Lo que demanda el poder económico apunta a disminuir el costo de producción para una mejor rentabilidad del capital.
Un tema destacado es que esta lógica se difunde como “sentido común” de toda la sociedad, lo que se evidencia en la defensa de la “propiedad privada” por encima de cualquier otro derecho consagrado constitucionalmente. Es algo que ´pudimos verificar en el tema Vicentin, en el congelamiento de las tarifas de empresas de la comunicación, y ahora con las “tomas” y el debate sobre el derecho a la vivienda.
Por eso es interesante el debate sobre que lógica debe presidir un rumbo para tranquilizar la economía, ya que se podría pensar en una dinámica de derechos sociales de contenido alternativo, sustentado desde otro ángulo, el de un diverso colectivo de sectores subordinados, trabajadoras y trabajadores, pequeños y medianos productores y empresarios, quienes demandan una lógica centrada más en derechos que en la mercantilización.
Pueden buscarse más argumentos sobre las contradictorias demandas socioeconómicas, que tranquilizan a unos o a otros. Lo que define siempre en esta contradicción es cuál es el rumbo que define la tendencia.
¿Iremos en un rumbo a favor del derecho a la alimentación, a la educación y a la salud pública, a la vivienda digna y para toda la población, entre otros derechos, o el rumbo mantendrá el privilegio de la ganancia del poder económico?
No es un interrogante que solo se debe responder desde la institucionalidad constituida, sino que tiene que involucrar a toda la sociedad para el despliegue de un poder constituyente para “tranquilizar” un horizonte de satisfacción integral en la vida social y en armonía con la Naturaleza.
Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP