Cuando se fundó en agosto de 2016 la Escuela de Comando Antiimperialista (ECA), hubo voces que afirmaban que en la ECA se iban a formar militares para enfrentar el dominio cultural, ideológico, económico, político de los imperios y su estructura capitalista.[1] Sacaba y Senkata nos demostró que no fue así y todo porque el ejército es un poder del Estado y al final ha servido y sirve a la clase que ha diseñado este Estado, y que nunca estuvo en transición hacia el Estado Plurinacional. Zavaleta Mercado señalaba que “el ejército es la síntesis de la sociedad”, donde se puede permitir una estéril lucha ideológica; porque, en última instancia, son los intereses, las creencias, las ideas y las concepciones del mundo de la clase dominante que predominan por jerarquía y verticalidad.
Por esta razón, después de la aprehensión del Gral. Cuéllar, acusado de asesinato en el enfrentamiento entre manifestantes y militares y policías en el puente Huayllani de Sacaba; el Alto Mando Militar, a través de su Cmdte. Zabala fija su posición mediante un comunicado que señala: “Lo sucedido el día de ayer (la detención de Cuéllar) para las Fuerzas Armadas fue desconcertante. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común que es de todos los bolivianos, enmarcados siempre en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad…Estamos seguros que las acciones se enmarcaron en las leyes, decretos supremos y reglamentos en actual vigencia y ejecutaron acciones de apoyo después de que las fuerzas policiales fueran rebasadas, evitando así la confrontación y derramamiento de sangre entre hermanos bolivianos de ideologías divergentes….La organización descansa en su jerarquía y disciplina militar. No realiza acción política ni delibera… Son apolíticas, pero también se deben a principios y valores constitucionales que son de carácter permanente para la defensa de la patria»[2]
He aquí, su ideología y su soporte el ejército, que no ha hecho más que conservar sus tradiciones y sus cosas, aspecto que se refleja en el largo ciclo de dictaduras militares que concluyó el 1982 y cuyo único fin era la ejemplarización política de los movimientos populares. Sin embargo, ahora que tenemos una oficialidad de la democracia, nuevamente se encuentra con el 2003, la Guerra del gas, y con el 2019 las masacres de Senkata y Sacaba, en una actitud de revalidación de su formación represiva y que, por su colocación en los aparatos del Estado, cumple con su rol de la imposición del control del orden interno, dizque en “defensa de la patria” y no la defensa de la frontera, porque es un ejército entrenado en la doctrina norteamericana.
Más aún, cuando los militares afirman que “son apolíticas, pero que se deben a principios y valores permanentes en defensa de la patria”, este punto sobre la politización es importante aclararlo, o una de dos, o los gobiernos militares aparecen en la historia haciendo política debido al fracaso político de su clase dominante, la burguesía; o, por el contrario, se asume el prejuicio de que los militares son seres que sólo se dedican a obedecer lo que los políticos les ordenan. Todo lo contrario, si los militares irrumpen en la política es para ejecutar lo que dice el abc de la doctrina del ejército, “salvar a la patria” con el dogma de su impunidad, que en otros términos significa, que el ejército y sus oficiales deben ser considerados para todo fin intocables, porque ellos son los portadores del espíritu del Estado. Por ello, “la absolución está inmersa en el acto mismo: lo que se hace allá, en el seno de la liturgia militar, está dentro de la razón de Estado” (Zavaleta M.) Solo así podemos comprender el vínculo entre la declaración del Alto Mando militar (que infringe el Art. 120°, inc. a) de la LOFA, el mismo que prohíbe a los militares en Servicio Activo a dictar conferencias o emitir opiniones orales o escritas sobre temas que afecten la moral o la disciplina) y las movilizaciones de militares del sector pasivo que señalaban: “Este es el primer paso que está dando el Gobierno boliviano, lo que quiere hacer es amedrentar a todos los bolivianos para que nadie se anime a protestar… La reserva se moviliza porque al interior de las FFAA están molestos, porque no tienen garantías para ejercer sus funciones”.
Estas dos acciones confirman que hay una conjura de militares activos y pasivos con la intención, de al menos, influir en la coyuntura política de que no hay responsabilidad militar por lo sucedido en Senkata y Sacaba, y buscar una coartada ante la opinión pública. No debemos olvidarnos que los militares en todos los golpes de Estado y masacres que participaron también dijeron alzarse en armas por el bien de la República. Lo único que resta corear junto a los militares: «No es golpismo, es patriotismo»: disculpa no pedida, culpa manifiesta. Sin olvidarnos que algunos militares pasivos fueron parte del entrenamiento de los grupos paramilitares para el golpe de Estado.
Por estas razones cuando el Presidente Luis Arce señala “está en Bolivia la CIDH, que tiene la misión fundamental de investigar y, ante esta situación, quiero decirles de manera muy sincera a las Fuerzas Armadas que no es posible evadir ni eludir la justicia, que como Gobierno y Estado boliviano estamos obligados, por mandato de nuestra Constitución y las leyes, a contribuir proporcionándoles la información para esclarecer los sucesos ocurridos por las muertes en la pasada gestión”.[3] La respuesta la proporciona un exmilitar abogado y dice “(CIDH) no puede hacerse dueña de planes de órdenes que tenemos, tiene que ser a través de una ley especial que salga del Legislativo y no porque (Luis Arce) sea el capitán general de las FFAA puede ordenar que den información”, pues, “cada país tiene soberanía y las FFAA tienen soberanía y hay que respetarla”.[4]
Por lo tanto, lo que estamos problematizando es el espíritu conservador del ejército que es el resultado de la presencia de la extrema derecha en las Fuerzas Armadas, algo que no es nuevo, y el auge ultraderechista se ha intensificado en el seno de los militares con la ascensión a puestos jerárquicos de militares afines al ex ministro de Defensa López, como también a Camacho, todo debido a la espiral de crispación política que venimos arrastrando desde el 2006 cuando Evo Morales asume el gobierno. Entonces, es fundamental llevar a cabo una investigación para determinar el grado de infiltración de los ultras en el Ejército, no sólo como ideología, algo que parece obvio, sino como un movimiento político organizado, por todo lo sucedido desde octubre del año pasado. Más aun tomando en cuenta el rol que jugaron Camacho, Tuto, Doria Medina, Mesa en cuanto a que su papel fue coincidente en tiempo, forma y argumentario con los militares que le pedían a Evo su renuncia para evitar derramamiento de sangre, cuando en realidad después de la renuncia vino el derramamiento de sangre popular. Todo da a entender que hay una infiltración de la ultraderecha como movimiento organizado en las Fuerzas Armadas y esta amenaza debe ser descubierta y desarticulada, porque la derecha política sigue construyéndose en base a la violencia, al racismo, a la conspiración conscientes de que, por un lado, creen tener el derecho natural de gobernar el país y, por otro lado, carecen de un proyecto de país. Tiene la palabra el gobierno: o con voluntad política legítima devela los planes de la derecha reaccionaria o asume la táctica del avestruz.
Lo cierto es que el pueblo exige la desarticulación de los grupos ultras dentro del ejército, así como también de los grupos paramilitares, todo porque el pueblo ofrendo su vida y dejo su piel luchando por la recuperación de la democracia, mientras que una minoría jugaba con fuego para derrocar un Gobierno democráticamente elegido. Esta vez se pide valentía a las autoridades para que no quede impune esas infames acciones, se reclama a los militares demócratas arrojo y patriotismo para enfrentarse a su propia historia y hacer el esfuerzo para que su presente resignifique el pasado, o sea que lo que interesa es reconstruir un ejército más democrático, donde los oficiales hablen en condiciones de igualdad con los suboficiales y la tropa, y que ese diálogo esté enmarcado en base al respeto y el reconocimiento, porque a fin de cuentas los de abajo (suboficiales y tropa) son su corazón, su sangre, su pensamiento y su camino, sólo de esa manera surgirán nuevas prácticas y discursos. Tomando en cuenta que en el pasado inmediato los reclutas de los cuarteles de pueblo intermedios han tenido un proceso acelerado de politización.
El país ha cambiado y sigue cambiando, le pese a quien le pese, más allá incluso del propio Gobierno, lo que provoca esos movimientos desesperados en la derecha; y eso es lo que realmente teme la derecha reaccionaria, con uniforme o con traje: que el pueblo, que construye el país, sea consciente de su verdadero y legítimo poder.
Notas:
Jhonny Peralta Espinoza exmilitante Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka