Era de esperar que, a casi cuatro años del gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador, ya se hubieran resuelto decenas de conflictos laborales heredados de gobiernos anteriores. Lejos de eso, estos conflictos se están agravando, en grave perjuicio de los trabajadores, y estallan nuevos que tampoco encuentran solución.
Es justo reconocer la recuperación del salario mínimo (aunque no de los contractuales), la reforma laboral que permite profundizar la lucha por la democratización de las organizaciones sindicales y erradicar las peores formas del outsourcing o el no obstaculizar recuentos, como es el caso de la planta de General Motors en Silao. Pero ninguno de estos avances justifica eludir la solución de muchos otros conflictos que solo requieren de voluntad política para resolverlos. Veamos algunos de estos casos:
1. Las huelgas mineras de Cananea, Sombrerete y Taxco. Estalladas el 30 de julio de 2007 por graves fallas en materia de seguridad e higiene, entre otras violaciones y por respeto a sus contratos colectivos de trabajo y a su sindicato, se han prolongado por tres lustros, debido a la complicidad de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto con el empresario José Feliciano Larrea Mota Velazco. Larrea contó con su respaldo para declararlas inexistentes las huelgas, romperlas con la entrada de esquiroles e incluso levantar falsas acusaciones en contra del dirigente minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien tuvo que exiliarse en Canadá por casi diez años. El empresario Larrea es conocido por su anti sindicalismo, corrupción y negligencia ambiental. ¿Qué más pruebas se necesita para otorgar la debida justicia a los trabajadores mineros? Al parecer Larrea es un favorito del nuevo régimen a quién se le sigue otorgando jugosos contratos en sus diversas empresas.
2. El conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Originado por el ilegal decreto de extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro por parte del gobierno de Felipe Calderón y resuelto de manera parcial y transitoria con el Memorándum de Entendimiento con el gobierno de Enrique Peña Nieto luego de la Reforma Energética Privatizadora de diciembre de 2013. Este acuerdo garantizó a los integrantes del SME una liquidación justa, superior a lo ofrecido inicialmente; la concesión para explotar, como parte del pasivo laboral, las plantas de generación de la extinta Luz y Fuerza del Centro en sociedad con la empresa portuguesa Mota-Engil; conservar el registro de su sindicato histórico; y la transferencia de fábricas y talleres de LyFC para la creación de una cooperativa.
Desde antes de su investidura como Presidente de la República, López Obrador se comprometió a resolver de fondo el conflicto del SME. Para ello se estableció una mesa de diálogo en donde el SME ofrece dos alternativas de solución: cumplir los compromisos derivados del Memorándum de Entendimiento, cuya legalidad es reconocida por su propio gobierno, o que el SME devuelva la Concesión sobre las plantas de generación a cambio de la reinserción laboral en Comisión Federal de Electricidad, además de otorgar “borrón y cuenta nueva” para los usuarios en huelga de pagos.
El gobierno de la 4T hace como si escuchara, pero no resuelve las justas demandas del SME. En vez de ello, interviene en la vida interna del SME pactando una “Compensación por Justicia Social” para 8 mil ex trabajadores, que es bienvenida, con personas que carecen de toda representatividad sindical. Esta acción viola los artículos 375 y 376 de la Ley Federal del Trabajo, los convenios internacionales sobre Libertad Sindical e incluso la resolución de su propia Secretaría del Trabajo que otorgó la toma de nota al compañero Martín Esparza Flores. Mientras LyFC siga existiendo, aunque sea para efectos de liquidación, el SME sigue siendo su única representación legítima. Es claro que el gobierno intenta socavar a la dirección, democráticamente electa, del compañero Martín Esparza Flores, para intentar imponer una representación a modo. Rechazamos toda injerencia del gobierno en la vida interna de cualquier organización sindical y demandamos una pronta respuesta para resolver el fondo del conflicto.
3. Mexicana de Aviación. El pasado 1 de septiembre elementos de la Marina desalojaron la cafetería en el Aeropuerto de la Ciudad de México, en la que laboraban ex trabajadores de esta empresa para financiar su movimiento. Este fue un claro mensaje de que el actual gobierno no tiene la menor intención de resolver un problema que se inició el 27 de agosto de 2010, cuando Juan Molinar Horcasitas, entonces Secretario de Comunicaciones, ordenó su cierre afectando a 8 mil 650 empleados, entre ellos 700 jubilados. Es increíble que el actual gobierno carezca de una propuesta de solución a un conflicto derivado de la corrupción de la patronal y avalada por los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón.
4. Despidos de Trabajadores. Durante el periodo neoliberal se realizaron decenas de miles de despidos, realizados tanto por patrones como de gobiernos federal o estatales, buena parte de ellos por motivos laborales o políticos. Lamentablemente aún faltan muchos trabajadores pendientes de reinstalar. Este es el caso de la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Colima (SUTUC), despedidos por el delito de denunciar el robo de su fondo de pensiones por parte de las autoridades universitarias. Su despido injustificado lleva ya 10 años y la autoridad laboral aún no ha decretado su reinstalación.
5. Huelga de NOTIMEX. El conflicto de la agencia de prensa del Estado mexicano ya es un escándalo internacional. Es cierto que la anterior dirección sindical, en contubernio con la empresa, operaban como una mafia movida por intereses políticos, pero ahora el sindicato está debidamente representado por la compañera Adriana Urrea, quien nada tiene que ver con ese pasado. Desde su llegada al frente de Notimex, en marzo de 2019, la Directora Sanjuana Martínez, de manera despótica y unilateral, realizó una serie de despidos masivos de personal y cerró todas las corresponsalías en el extranjero. En las pláticas conciliatorias la patronal adopta una postura prepotente y autoritaria (a veces ni se presenta) y ha realizado diversos intentos para romper la huelga. A casi cuatro años de estallada la huelga cabe preguntarse si los caprichos patronales de Sanjuana están por encima de las obligaciones laborales del gobierno con sus trabajadores.
6. Outsourcing gubernamental. A pesar de haber aprobado una reforma a la Ley Federal del Trabajo para eliminar la simulación en la contratación de personal mediante empresas terciarizadas, es el propio gobierno federal e incluso el de la Ciudad de México, quienes se resisten a respetar la ley y continúan practicándola. Ahí está el caso de las preparatorias de la Ciudad de México en donde el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de la Educación Media Superior (SUTIEMS), que ha sido incluso reprimido por tratar de ejercer su derecho de huelga, en demanda de basificación del personal de intendencia.
7. Pensiones y jubilaciones. Ante el masivo rechazo al inconstitucional pago en UMA´s de las pensiones (debido a lo injusto que representa que se nos descuente en veces el salario mínimo las cuotas para el pago de pensiones y se nos quiera pagar con un arbitraria unidad de medida que significa una quita del 40% en las percepciones), de eliminar los regímenes privados de jubilación (Afores) y regresar al régimen solidario de pensiones, el actual gobierno solo ofrece oídos sordos y ha realizado una tímida reforma para reducir el pago por el manejo de cuenta. En lenguaje llano a eso se le llama “patear el bote”.
Aunque suene duro decirlo, la política laboral del gobierno es congruente con el trato suave y cordial con el sindicalismo charro y el trato frío y distante con el sindicalismo independiente y democrático. López Obrador ha asistido a congresos o mítines de la CATEM, CROC, CTM y otras organizaciones charras y a ninguno con los segundos; se les ha concedido una inspección superficial en sus procesos de validación de los contratos colectivos o electorales (en cambio a los independientes se les vigila con lupa); incluso existe una fundada sospecha de un acuerdo tras bambalinas para que el poderoso dirigente petrolero, Carlos Romero Deschamps, aceptara jubilarse a cambio de dejar al frente del sindicato a un incondicional y que no se le juzgue por los desfalcos cometidos en PEMEX. López Obrador tampoco se cansa de lanzar loas a los dirigentes mafiosos del SUTERM (Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana), los mismos que fueron los primeros en reconocer el supuesto triunfo de Calderón en el fraude electoral del 2006 y que en el 2009 se prestaron a realizar labor de esquirolaje en contra del SME.
Esta crítica nada tiene que ver con la de aquellos “izquierdistas de palabra y oportunistas de hecho” que pretenden que el nuevo gobierno los apoye para obtener en tribunales lo que no pueden alcanzar por medio del voto directo y secreto de los trabajadores, como sucede con los grupos putchistas minoritarios del SME. La emancipación de la clase obrera solo será obra de la clase obrera misma o no será. Por eso es necesario demandar que el gobierno juegue limpio. Que no meta las manos en los conflictos internos de las organizaciones sindicales, que no se suba a la cancha de los patrones en las negociaciones contractuales o salariales y que él mismo respete las leyes laborales. Ni más ni menos.
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