Desde la llegada de López Obrador a la Presidencia, su gobierno puso en práctica una modalidad de la llamada renta básica: todas las personas con 65 años cumplidos reciben una asignación monetaria directa y sin contraprestación alguna.
En estos momentos tal asignación es de alrededor de dos mil pesos mensuales, algo así como cien dólares americanos.
La asignación se entrega independientemente de que el anciano o anciana que la recibe tenga empleo o ingresos por cualquier otra razón. Y tampoco importa si posee propiedades o no. O si tiene familia o vive solo. La única condición para recibirla es haber cumplido los dichos 65 años. Por esta última razón a esa entrega se le llama renta universal, ya que el universo poblacional considerado es el de los ancianos de 65 años y más.
Hasta hace poco tiempo, el universo poblacional eran las personas que habían cumplido 68 años, pero una mayor disposición de recursos estatales permitió reducir de 68 a 65 la edad para recibir esa renta. Este último hecho permite vislumbrar nuevas y paulatinas reducciones en la edad de quienes en lo futuro habrán de recibirla.
Actualmente el número de ancianos que reciben la renta básica universal supera los diez millones. Y ese ingreso les permite al menos pagar sus alimentos. Dicho de otro modo, la renta básica universal puede hacer la diferencia entre comer y no comer.
La renta básica universal no sólo es una medida de elemental justicia social. Es, además, un factor de reactivación económica y de crecimiento del consumo y de la producción de los llamados bienes básicos, es decir, alimentos, ropa y calzado.
La experiencia mexicana demuestra que se puede otorgar la pensión básica universal sin necesidad de reducir otros gastos e inversiones públicas. En México ha bastado con haber puesto freno al desbocado robo de los recursos públicos por cuenta de una burocracia corrupta, y haber detenido o limitado la apropiación privada de los recursos de la nación, las tristemente celebres privatizaciones que durante décadas fueron el pan nuestro de cada día.
Como es evidente, la renta básica universal ha implicado y ha sido posible por una distribución más equitativa de la riqueza social, lo que es y debe ser el primer objetivo de un Estado democrático, pues si la riqueza social es producida por todos, entre todos debe ser distribuida y por todos debe ser disfrutada.
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