El estado de Quintana Roo se convirtió el pasado miércoles 25 de octubre en la entidad número 11 en despenalizar el aborto en México, tras reformar el Código Penal, según acordó el Congreso de la entidad, lo que fue considerado un logro por la Red Feminista Quintanarroense en una lucha de más de dos años y de intensas movilizaciones.
Paralelamente, la diputada Alicia Tapia Montejo y el diputado Hugo Alday Nieto, del grupo legislativo del PT, presentaron una iniciativa para borrar de la Constitución el derecho a la vida antes de la concepción, con una propuesta para modificar la Constitución, el Código Penal, la Ley de Salud y el Código Civil.
El aborto es legal en la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y ahora en Quintana Roo. La mayoría, tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia que se pronunció porque en ningún lugar del país se criminalice a las mujeres por esta práctica.
En una sesión que duró hasta las 5:20 de la mañana, se consiguieron 19 votos a favor y tres en contra, y el aborto podrá realizarse por las mujeres hasta las 12 semanas de gestación. Con los votos en contra de dos diputadas: Cinthya Yamilie Millán Estrella, del Partido Acción Nacional (PAN); Candelaria Ayuso, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y un diputado Guillermo Brahms, del Partido Verde Ecologista (PVEM).
La lucha de dos años y la toma del Congreso
El 28 de septiembre de 2021, la Red Feminista Quintanarroense reconoció que la decisión de la Suprema Corte de Justicia de no criminalizar la interrupción del embarazo fue un parteaguas para su lucha iniciada años antes y abrió la posibilidad de que las legislaciones de todas las entidades del país estandarizaran sus marcos normativos para homologar la derogación de las normas penales que criminalizaban el aborto.
En esa fecha hubo manifestaciones en distintos municipios, donde solicitaron al congreso de Quintana Roo la aprobación de la iniciativa, que entonces, ya había sido aprobada en comisiones, pero que insistentemente se tuvo archivada.
Ahora, en sus redes sociales la Red afirmó que su lucha ha rendido sus frutos y anunció que mantendrá sus movilizaciones para ser nombradas como lo que somos: MUJERES. Anunciaron que insistirán en que el aborto no solo sea legal, sino también seguro y gratuito, por lograr educación integral sobre sexualidad y que haya disponibilidad de anticonceptivos.
Muertes por aborto
Según IPAS internacional, en la entidad era ya un problema de salud pública y la persistencia de los embarazos en menores de 20 años. Según el Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC), de la Dirección General de Información en Salud (DGIS), se reportó que en 2019 hubo 28.187 nacimientos en Quintana Roo, de los cuales casi 16 por ciento (4.95) corresponden a mujeres menores de 20 años, entre los que se encuentran 158 nacimientos en niñas de 9 a 14 años.
En cuanto a las muertes por aborto, entre 2002 y 2019 se registraron en Quintana Roo 17 defunciones. En la población adolescente se registraron cinco de estas muertes en 2019, es decir, 29 por ciento del total de muertes por aborto, lo que supera el promedio nacional (10 %) en este grupo etario. Este porcentaje final aumentó seis por ciento frente a 23 por ciento de 2017, lo que justificó la decisión, que el Congreso mantuvo congelada durante un año.
La necesidad de despenalizar el aborto
El aborto inducido es, en gran medida, la respuesta a la necesidad insatisfecha de anticoncepción, la falta de educación sexual integral, a las fallas anticonceptivas, la falta de acceso a servicios de planificación familiar y a la violencia sexual.
Una mujer que está convencida de que no puede continuar su embarazo, lo interrumpirá sea o no sea legal; no obstante, si recurre a métodos clandestinos tiene mayores posibilidades de tener una complicación o emergencia obstétricas, cuya atención requieren personal especializado e intervenciones de urgencia que no se resuelven en servicios de primer nivel.
En México aún 20 entidades no lo han homogeneizado con el mandato de la Suprema Corte de Justicia y, como en el caso de Michoacán, la decisión se retrasa por presiones de los grupos antiaborto como Provida y extraña la postura, en numerosos congresos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La sesión y la modificación favorable
En la sesión 20, presidida por la diputada Mildred Ávila, se dio lectura a la iniciativa que para modificar los artículos 92, 93, 94, 95 y 97, en sus fracciones II, III y IV; adicionar un párrafo segundo y un tercero al artículo 92; y derogar el artículo 96, todos del Código Penal.
La propuesta fue presentada por integrantes del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y se fundamentó un asunto de obvia y urgente resolución.
Millán Estrella reprochó el «madruguete», la ausencia de foros de debate, la premura y que no se turnase a comisiones para dictaminarse. Y los grupos provida estuvieron en las afueras del recinto.
El coordinador de Morena, Humberto Aldana Navarro, afirmó que con las reformas el marco legal local se homologaba con los reiterados criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han declarado inconstitucional de manera definitiva la criminalización del aborto.
El legislador aseguró que además se eliminaban las barreras legislativas que impiden el acceso de las mujeres al reconocimiento pleno de su derecho a decidir sobre su cuerpo, sin ser criminalizadas, «garantizando con ello los derechos humanos a la libertad, a la salud pública y al libre desarrollo de la personalidad que son inherentes a la convicción humana de todas las personas».
Aldana Navarro propuso modificaciones en lo particular a su propia iniciativa, eliminando del texto la palabra «mujer», para sustituirlo por el de «personas gestantes», bajo el argumento erróneo de que mantener ambos implicaría un probable acto de «discriminación».
Finalmente, con 19 votos a favor y tres en contra, la iniciativa fue aprobada a las 5:20 horas y establece en su artículo 92 que el aborto es la interrupción del embarazo «después de la semana 12 de gestación»; que el embarazo es el proceso de la reproducción humana que comienza «con la implantación del embrión» y que se entiende por «persona gestante» a cualquier persona con aparato reproductor femenino y, por ende, con capacidad de gestar, independientemente de su edad, apariencia física u orientación sexual.
Sigue siendo delito después de las 12 semanas
El artículo 93 fue modificado para efectos de castigar con cárcel a quien se procure un aborto o consienta que otro se lo provoque, después de las 12 semanas.
En cuanto al artículo 94, define el aborto forzado como la interrupción del embarazo en cualquier momento, sin el consentimiento de la persona gestante, y se castiga con prisión de cinco a ocho años.
«Si mediare violencia física o moral, se impondrá de ocho a 10 años de prisión y multa de 1.000 a 1.200 días multa», se lee.
El artículo 95 indica que si el aborto es «forzado» por médico/a, partero/a o enfermero/a, será además suspendido de su profesión de dos a cinco años.
El artículo 96 fue derogado y el 97, que versa sobre las causales que permiten el aborto, fue modificado.
En la misma sesión, se dio lectura a la iniciativa mediante la cual se reforma el artículo 13 de la Constitución local y diversas disposiciones del Código Penal, del Código Civil y de la Ley de Salud, presentada por la diputada Alicia Tapia Montejo y el diputado Hugo Alday Nieto, del grupo legislativo del PT.
Alday Nieto solicitó que, en el análisis en comisiones, se omitiese la parte penal, pues ya se había aprobado en la iniciativa acordada en el punto de acuerdo anterior, y que únicamente se entrará a analizar la propuesta de reforma a la Constitución local, al Código Civil y a la Ley de Salud.
Aclaró que la discusión no parte de una perspectiva moral, religiosa, de modas o de tendencias de grupos liberales o asociaciones conservadoras. «Es un tema meramente de orden público, es poner en marcha nuestra obligación como legisladores/as. Esta Soberanía tiene la obligación de actualizar su marco jurídico y renovar el derecho acorde al impulso social y al Pacto Federal», dijo.
Subrayó que las resoluciones de la SCJN han determinado que las mujeres tienen el derecho a decidir si recurren o no a la interrupción legal de su embarazo, mientras que la Corte ha determinado que la vida «no se protege desde la concepción».
«La Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto, y a partir de ello adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes, resulta inconstitucional», citó.
La propuesta fue turnada a Comisiones.
La historia
Un 4 de octubre, en una sesión de solo nueve minutos, el Congreso de Quintana Roo envío a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y de Salud y de Asistencia Social, para su estudio, análisis y dictamen, la iniciativa de decreto que busca reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal de esa entidad, en materia de interrupción del embarazo.
La iniciativa fue presentada por las diputadas Tyara Schleske de Ariño, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, y por Ana Ellamín Pamplona Ramírez, presidenta de la Comisión de Cultura, y está basada en el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acción de inconstitucionalidad 148/2017 del pasado 7 de septiembre.
Por lo que las entidades federativas que criminalizan el aborto deben legislar para cumplir con la resolución de la Corte mexicana, señala la propuesta que sostiene tres objetivos generales:
1. Reconocimiento de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, como titulares del derecho, a decidir la continuación o interrupción del embarazo; 2. La garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria, y 3. La educación sexual como pilar de la política pública estatal en materia de salud reproductiva.
La iniciativa fue enviada a comisiones, aseguró la presidenta de la mesa directiva de la XVI Legislatura de Quintana Roo, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis.
En su turno, la diputada Tyara Schleske afirmó en tribuna que esta era una nueva oportunidad para que el congreso de Quintana Roo hiciera historia, en consideración a que al menos cinco iniciativas habían sido presentadas anteriormente para despenalizar el aborto.
Schleske de Ariño dijo estar convencida de que «para regular tenemos que legalizar» y llamó a las y los integrantes de la XVI Legislatura a no caminar con los ojos cerrados «sin querer ver lo que hoy es una realidad: miles de abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres».
En redes sociales, la Red Feminista Quintanarroense respaldó la iniciativa presentada por las diputadas Schleske de Ariño y Pamplona Ramírez, y consideraron que al haber sido turnada a comisiones «es un paso hacia el logro de los objetivos de la Marea Verde en Quintana Roo».
«Esperamos que las y los demás integrantes de la XVI Legislatura de la Paridad actúen en el marco de los derechos humanos y en observancia del Control Convencional, a fin de dejar de contar con un marco normativo incongruente con la Constitución Política Federal, tal como lo ha argumentado ampliamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación».
El 28 de octubre del año pasado, las mujeres de Quintana Roo salieron por cuarta ocasión a exigir para que su derecho a decidir se garantizara. Fue durante la jornada latinoamericana por la despenalización del aborto. Así, las calles de la entidad se poblaron de pañuelos verdes. Entonces difundieron un pronunciamiento donde exigían la reforma al artículo 97 del Código Penal de Quintana Roo, para hacerlo acorde con los nuevos términos del tipo penal, lo que sucedió ahora, pero desde entonces pidieron garantías proteccionistas para las mujeres y dejar de criminalizarlas.
En el Congreso había dos iniciativas ciudadanas para que la despenalización del aborto en Quintana Roo fuera una realidad legal.
Las colectivas hicieron una toma pacífica e histórica del congreso de más de 96 días, que orilló a la legislatura a llevar el tema al Pleno en marzo de 2021. No obstante, tuvieron que esperar todo un año.