El Estado Plurinacional de Bolivia, con 1.098.581 Km2 y unos 12 millones de habitantes, es cuatro veces más grande que Ecuador, que tiene alrededor de 18 millones/hab. Ambos con milenarias culturas aborígenes, fueron integrados al Tahuantinsuyo Inca, cuyo imperio tuvo inicio en el lago Titicaca. En la segunda década del siglo XVI los españoles sometieron a los indígenas y en Bolivia se estableció un régimen colonial con eje en la producción de plata, saqueada del Cerro Rico de Potosí, región abastecida por las telas de los obrajes de la Audiencia de Quito, hasta las reformas borbónicas del siglo XVIII que, ante el declive minero, fomentaron la servidumbre cuasi esclava de los indígenas bolivianos, tanto como de los Andes quiteños. Durante este último siglo colonial se produjeron en Quito varias sublevaciones indígenas y en Bolivia las que encabezaron (1779 a 1781) Tomás Katari, Túpac Amaru II y Túpac Katari, de enorme repercusión en Sudamérica.
El 25 de mayo de 1809 con el pronunciamiento de Chuquisaca (La Plata), seguido de la Junta Tuitiva de La Paz el 16 de julio, aunque todavía bajo el disfraz de fidelidad al rey, se inició el proceso de independencia del Alto Perú, que en Quito comenzó con la Junta Suprema, igualmente “fidelista”, el 10 de agosto del mismo año. En 1822 Quito alcanzó su libertad y en 1824, con la batalla de Junín dirigida por Simón Bolívar, se logró la del Alto Perú, que el 6 de agosto de 1825 adoptó este nombre, cambiado el día 11 por el de República de Bolívar y el 3 de octubre con el de República de Bolivia; mientras en 1830, al separarse de la República de Colombia, su Departamento del Sur adoptó el nombre Ecuador. En Bolivia la regionalización alimentó posiciones sobre la anexión a Brasil, Argentina o Perú; pero el caudillo Andrés de Santa Cruz (origen indígena) impuso la unidad y las bases del Estado nacional, además de lograr la Confederación Perú-Boliviana (1837-1839), que proyectó la expansión comercial al Pacífico, ocasionando la guerra con Chile, que con su triunfo acabó con aquella unión. Acuerdos posteriores sobre la rica región de Atacama (nitratos de sodio, cobre, salitre y también guano en costas peruanas) no impidieron las disputas económicas, que derivaron en la Guerra del Pacífico (1879-1884) de Chile contra Perú y Bolivia, tras la cual Perú perdió una amplia región y Bolivia su salida al mar. Con el avance del siglo XX, la expansión de los Estados Unidos y los intereses imperialistas sobre la minería boliviana (especialmente estaño y petróleo) condujeron a la Guerra del Chaco (1932-1935) con Paraguay. A los problemas internacionales acompañó la inestabilidad política interna, con recurrentes cambios de gobierno, conflictos entre liberales y conservadores, golpes de Estado y el inevitable desarrollo del caudillismo militar mesiánico, por la potenciación del rol político de las fuerzas armadas ante los conflictos externos e internos.
Algunas políticas sociales avanzaron desde la década de 1920, pero fue la Revolución de 1952 la que impulsó reformas profundas como la agraria, amplios derechos laborales, nacionalización de minas, fortalecimiento del Estado y de los servicios públicos durante los primeros gobiernos de Víctor Paz Estenssoro (1952-1956; 1960-1964) y Hernán Siles Zuazo (1956-1960), bajo respaldo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, 1942) y la fuerte Central Obrera Boliviana (COB, 1952), de obreros, campesinos, profesionales y sectores populares. De todos modos, al comenzar los 60, Bolivia y Ecuador mantenían un cuadro del subdesarrollo alarmante, extendida miseria y atraso, que tomó en cuenta el Pacto Andino (1969) para otorgarles un “régimen especial que les permita alcanzar un ritmo más acelerado de desarrollo económico”. La Guerra Fría determinó las dictaduras militares macartistas en ambos países. La guerrilla de Ernesto Che Guevara en Bolivia (1966-1967) fracasó. La dictadura nacionalista de Juan José Torres (1970-1971) fue derrocada y el general Hugo Banzer (1971-1978) instaló una dictadura seguidora del terrorismo militar de Estado que se generalizó en el Cono Sur, sucedida por otros gobiernos militares.
Tras esa larga historia boliviana, con unos 36 golpes de Estado (https://t.ly/pbhM6), la “democracia” pareció estabilizarse desde 1982 con la sucesión de gobiernos civiles. Pero ganó terreno el neoliberalismo, que estancó el desarrollo y estranguló toda vía de bienestar social. De modo que el presidente indígena Evo Morales (2006-2019) y en Ecuador Rafael Correa (2007-2017) marcaron un nuevo ciclo histórico, al descartar el neoliberalismo, apartarse del FMI, acoger el socialismo del siglo XXI y proclamar Estados plurinacionales mediante las Constituciones de 2008 (Ecuador) y 2009 (Bolivia), que garantizaron amplios derechos, economías de tipo social, el fortalecimiento de las capacidades estatales y la extensión de servicios de beneficio colectivo, logrando desarrollo y disminución de la pobreza, bajo un ambiente latinoamericanista identificado con otros gobiernos del primer ciclo progresista de la región. Bolivia nacionalizó varias empresas particularmente del sector petrolero y, además, fortaleció las organizaciones de trabajadores, campesinos, indígenas y populares, entre las que están: COB, Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS), Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (CSCIOB). En América Latina Bolivia tiene la mayor población indígena (41%) del total de su población y con indudable peso político y cultural.
El nuevo rumbo del país encendió las reacciones de los viejos dueños del poder y del imperialismo. Esas fuerzas convergieron en la crisis política de noviembre 2019, provocando un golpe de Estado que obligó a la renuncia de Morales (debió asilarse en México) y la instauración del régimen de Jeanine Áñez (2019-2020), quien impuso una vía de conflictos internos y tensiones externas, junto a la persecución política y la violación de derechos humanos, como ocurrió con las masacres de Sacaba y Senkata. El ascenso presidencial de Luis Arce Catacora (2020) recuperó la vía de la democracia de tipo popular iniciada por Morales. Áñez fue juzgada y sentenciada. Pero incubó la confrontación entre “evistas” y “arcistas” al interior del Movimiento al Socialismo (MAS), alimentada por quienes anhelan la definitiva reversión del proceso “izquierdista” boliviano.
En esas condiciones el intento de golpe de Estado del pasado 26 de junio (2024) y las declaraciones de quien lo encabezó, el general Juan José Zúñiga, dejan en claro que se pretendía revivir el viejo mesianismo militar, impedir la continuidad del “socialismo” y reivindicar a los golpistas de 2019 (https://t.ly/5S5yl ; https://t.ly/3dKGy). Tras bastidores es imposible dejar de considerar las declaraciones de la comandante del Comando Sur Laura Richardson, quien ha sido clara en subrayar el “triángulo del litio” (Argentina, Bolivia, Chile) así como otros recursos latinoamericanos como asuntos de la “seguridad nacional” de los Estados Unidos (https://t.ly/gdCka). No hay bases para sostener que era un “autogolpe” de Arce o un “golpe” de Morales. Sin embargo, la pugna por el liderazgo político del proceso boliviano al interior del MAS es un riesgo histórico para mantener el camino de los cambios ya conquistados, porque son poderosas y hábiles las fuerzas que desean liquidarlo. Fueron el pueblo y sus organizaciones los que tuvieron una contundente respuesta que detuvo el golpe de Estado. Triunfo, pero con tensa calma, porque Bolivia sigue en la mira de las derechas.
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