No podía ser de otro modo, y se logró. Con el ejercicio electoral realizado el 1 de junio el gobierno cuatroteísta ha logrado lo que se proponía desde que la reforma al Poder Judicial se planteó en febrero de 2024, incluso mucho antes. Una magra votación antecedida de múltiples irregularidades y que muy pocos se atreverían a presumir como dechado de pulcritud, ha permitido, no obstante, aniquilar uno de los fundamentos constitucionales de la República: la división de poderes.
Lo que proclama la presidenta Sheinbaum cuando afirma que su elección judicial fue un éxito es eso: se consumó la apropiación de los órganos federales de justicia por la fuerza política que ya tenía en sus manos los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo que sus turiferarios en los medios de difusión y arrebatados amlólatras celebran es la inauguración de un aparato de administración de justicia marcado indeleblemente por el color partidario guinda. El golpe de Estado contra el Poder Judicial y el estado de derecho finalmente se consumó, satisfaciendo el apetito de control de la congregación de clanes que conforma el núcleo del Morena. Y sobre todo, la Suprema Corte de Justicia quedará casi por completo integrada por personajes directamente vinculados con el partido en el poder y especialmente con López Obrador.
Complementariamente, los acordeones lograron que el grupo actualmente en poder del Ejecutivo y el Legislativo se hiciera también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del novedoso e inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial. Todo en familia. Ninguna impugnación electoral contra el Morena podrá proceder, y serán jueces morenistas los que vigilen y sancionen el desempeño de todos los juzgadores del país. Esta conformación se ha reproducido en las instancias de los poderes judiciales de las entidades federativas, de manera que la captura de la administración del marco legal sea completa.
Para poner una cereza al pastel, quedó como presidente de la Suprema Corte, como candidato más votado, un abogado oaxaqueño, funcionario federal de segundo nivel en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del que hace una semana casi nadie había oído hablar, pero estaba en los acordeones oficiales. El electo tiene señalamientos, desde los propios pueblos indígenas por haber amañado las consultas en sus territorios para facilitar la construcción del Tren Maya en el sureste, y por encubrimiento de actos de acoso sexual contra mujeres indígenas.
Pero no faltan los inconvenientes. El muy alabado pueblo, en cuyo nombre dice gobernar el variopinto grupo que se ha instalado en el poder desde 2018, vino a contradecir la cantaleta del triunfo de la democracia y del éxito de la operación, dándole la espalda. Una operación, debe repetirse, exhibida previamente por las consabidas trampas que otrora esperábamos que fueran erradicadas desde que el PRI fue expulsado del Ejecutivo y de la mayoría de las instancias de gobierno. El voto corporativo del SNTE, de la central sindical que posee el senador morenista Pedro Haces y de otras agrupaciones; el acarreo, el uso político de los programas de asistencia social, la promoción del voto por autoridades y legisladores, prohibida por la ley pero “autorizada” por el siempre obsequioso Tribunal Electoral; y el novedoso recurso de los acordeones distribuidos masivamente por el oficialismo, no lograron conducir a los ciudadanos a los centros de votación y sí deslegitimaron el proceso.
Quedará como marca a hierro candente la del acordeonazo guinda como solución a esta muy cuestionable elección que siempre estuvo lejos de tener un consenso social, lo cual se vio agravado por el descarado trampeo. ¿Cómo, ahora, sostener que la reforma judicial de septiembre pasado fue “pedida” por el pueblo, si éste no acudió a respaldarla? ¿Cómo que por ella votaron en 2024, si no estaba incluida en la plataforma electoral del Morena ni de ningún otro partido? Una reforma ilegítima, que fue aprobada apresuradamente, sin el amplio debate que hubiera merecido una modificación constitucional de esa envergadura, por la mayoría artificialmente abultada en el Congreso y que, como remate, sólo fue respaldada por uno de cada diez posibles votantes. De éstos, más del 22% acudieron a la casilla a anular las boletas, escribiendo consignas o manifestando su desacuerdo con el proceso, o no supieron cómo llenarlas.
Como partido gobernante, Morena no vive ya sus mejores momentos. En las elecciones municipales realizadas simultáneamente a las judiciales en Veracruz y Durango se frenó su crecimiento y sufrió retrocesos importantes. En Durango frente al PRI y PAN; y en Veracruz, donde fue el partido que menos ayuntamientos ganó, a manos de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Al interior del mismo Morena se mantiene soterrada pero creciente la inconformidad por la incorporación en cargos públicos o de elección popular de elementos priistas y panistas. Un inconformismo que puede dar, o está dando ya, lugar a rupturas locales de mayores dimensiones.
El contexto social en el que el proceso se realizó no es tampoco el más favorable al gobierno y el oficialismo. Mientras una minoría acudía a elegir juzgadores, el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se extiende en diversas regiones del país y mantiene desde el 15 de mayo un gigantesco campamento en la plaza principal de la Ciudad de México demandando no solamente un incremento sustancial de salarios sino, sobre todo, la abrogación de la neoliberal ley del ISSSTE impuesta en 2007 por Felipe Calderón Hinojosa. Es una lucha predominantemente laboral y progresista por romper el régimen de retiro con fondos individuales de aportación y tasado en Unidades de Medida y Actualización (UMA), no en unidades salariales. La movilización de los maestros en los cuatro puntos cardinales del país ataca directamente las entrañas de la alianza histórica de los gobiernos nacionales con el caduco aunque actualizado charrismo sindical, y pone al desnudo la protección del gobierno de la autodesignada Cuarta Transformación al sector bancario nacional e internacional que obtiene en México las utilidades más altas en América Latina y superiores a las de sus matrices en otros países. No es una demanda que concierne sólo del sector magisterial, sino a todos los trabajadores del Estado en sus tres órdenes de gobierno.
El otro momento estelar de la lucha de clases en el país es el que se levanta desde el Frente Nacional por las 40 Horas. Si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido que la reducción de la jornada laboral —invariada desde 1917, cuando se estableció en el artículo 123 de la Constitución— es legítima, ha diferido su aprobación legal hasta 2030, después de consultarla con el sector patronal, y ha retrasado la instalación de las mesas para discutir su reglamentación. Paulatinamente, el movimiento ha ido cobrando importancia en regiones como el Valle de México, la frontera norte y otros lugares, así como en las redes sociales.
Aunque aparentemente desconectados, estos hechos hablan del desgaste del consenso que Morena y sus gobiernos han logrado y del agotamiento de su falaz discurso sobre la lucha contra el neoliberalismo y la corrupción. Si bien la presidenta mantiene un alto nivel de aprobación, de 73 por ciento, según la encuesta más reciente de El Universal —diez puntos menos que en febrero pasado—, la imagen pública de su partido, cada vez más poblado por sujetos indeseables provenientes de las derechas del país, el nepotismo rampante que lo domina y sus pugnas interiores, muy adelantadas, tanto por el control de la Cámara de Diputados y un gran número de gobiernos locales en 2027 como por la candidatura presidencial en 2030, configuran un escenario que puede derivar en nuevas crisis del bloque gobernante. Sigue siendo necesario construir desde las luchas sociales un polo político independiente que enfrente la creciente derechización del régimen y sus afanes de centralización autoritaria del poder.
No hace mucho, el lenguaraz Gerardo Fernández Noroña, presidente en turno del Senado, afirmó que el Morena va a seguir en el poder durante los próximos 40 años. Y la senadora también morenista Margarita Valdez Martínez, en una declaración que no puede sino recordarnos las pretensiones de trascendencia del Tercer Reich, afirmó que la “Cuarta Transformación” no saldrá del Palacio Nacional en un milenio. Ominosos y ridículos presagios de aniquilación del Estado moderno como lo ha conocido el mundo occidental, que no se cumplirán. La sociedad mexicana irá reaccionando, y comienza a hacerlo ya, para frenar el completo perjuicio político y social con que nos amenazan.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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