Hace más de 20 meses inició la masacre de población civil en la Franja de Gaza por el ejército israelí. Una operación que ha sido ya calificada por el Tribunal Penal Internacional como genocidio contra el pueblo palestino, que no tiene ejército ni armamento para resistir el ataque de la potencia militar más aventajada del Cercano Oriente y la única en la región que cuenta con armas nucleares. Además de Gaza, Israel ha ocupado por medios castrenses desde 1948 la mayor parte del territorio de Cisjordania y ha atacado y arrebatado territorios a Egipto, Líbano y Siria. Desde la fundación del Estado de Israel, éste se ha convertido en un factor de conflicto permanente con los pueblos árabes a su derredor. Lo peor ha sido su estado de guerra permanente contra los palestinos y su oposición inalterable, siempre respaldada por los Estados Unidos, a reconocer un Estado palestino plenamente constituido. Y ahora, Israel ha bombardeado Teherán y otras ciudades de Irán, justo cuando este país estaba iniciando negociaciones con los Estados Unidos a propósito de su programa de energía nuclear.
A partir de octubre de 2023, con la carnicería desatada en Gaza y otras zonas de Cisjordania y Líbano, diversos grupos de activistas, intelectuales, periodistas y organizaciones de la sociedad civil han demandado al gobierno mexicano romper sus relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno sionista que encabeza Benjamin Netanyahu, sin que la presidencia se manifieste al respecto, más allá de argumentar una supuesta neutralidad ante las hostilidades del Medio Oriente. Una neutralidad que, tratándose de crímenes de guerra, ocupaciones territoriales por la fuerza y operaciones de limpieza étnica como los que los israelitas llevan a cabo se transforma en complicidad.
Antecedentes no faltan en la tradición diplomática mexicana, que sustentarían con suficiencia la suspensión de relaciones con el sionismo rampante de Netanyahu. En 1939 el presidente Cárdenas rompió con el régimen espurio de Francisco Franco y respaldó plenamente al gobierno de la Segunda República Española, que incluso se asentó en México; Luis Echeverría interrumpió los vínculos con el gobierno militar chileno de Augusto Pinochet; José López Portillo hizo lo mismo con la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua, cuando la insurrección sandinista estaba en ascenso; y Andrés Manuel López Obrador canceló los vínculos con el gobierno derechista del presidente ecuatoriano Daniel Noboa cuando éste ordenó el allanamiento de la embajada mexicana en Quito. En todos los casos, con base en la correcta aplicación de la Doctrina Carranza y su corolario, la Doctrina Estrada, establecidas como uno de los fundamentos más consistentes de la política exterior del país.
Ni en España, ni en Chile ni en Nicaragua eran mexicanos a quienes se estaba afectando principalmente en sus derechos, pero esos casos sentaron importantes precedentes de una política realmente humanista en el ámbito externo para los gobiernos mexicanos. Tampoco la neutralidad fue obstáculo para que México reclamara ante la Liga de las naciones por la invasión de la Italia fascista a Abisinia y la anexión de Austria y los Sudetes checoslovacos por la Alemania nazi.
Contrastando, ha habido una actitud de extrema moderación del gobierno mexicano, por no decir tolerancia, a la violencia y ruptura del orden internacional regional por el régimen criminal israelí. La masacre en Gaza se eleva a cerca de 60 mil muertes y 180 mil heridos: No por casualidad, la matanza se ha cebado en los niños y mujeres, configurándose una operación de limpieza étnica que nada envidia al nazismo de hace ocho o nueve décadas. No obstante, la llamada Cuarta Transformación no da señal alguna de asumir una diplomacia activa en defensa de la vida y los derechos humanos.
La razón parece clara. Los intereses económicos entre nuestro país e Israel son muy fuertes, y hacen que el llamado Humanismo Mexicano se repliegue a un segundo o tercer plano. México tiene con el país de Ben Gurion un tratado de libre comercio desde el año 2000; y desde entonces se ha convertido en nuestro principal socio comercial en el Cercano Oriente, con el cual se realiza más del 45% de las transacciones en esa región. La actividad comercial entre ambos países se incrementó en 304.2% entre 1999 y 2020. En 2022, México exportó a Israel 249.85 millones de dólares, e importó 993.47. En 2020 la inversión israelí en México ya era de 2 mil 200 millones de dólares; y tan sólo en 2024 —ya durante la matanza de gazatíes— creció en más de 500 millones. En el primer trimestre de 2025 ingresaron a nuestro país 287 mil dólares estadounidenses como remesas de Israel; y se envió a esa nación 243 mil dólares por el mismo concepto. Desde 1930, con anterioridad a la creación del Estado de Israel, existe la Cámara México-Israel de Comercio e Industria.
Pero hay más. De largo tiempo atrás, los organismos mexicanos de seguridad pública y seguridad nacional han hecho compras importantes de equipo a empresas israelíes y han enviado agentes a capacitarse en Tel Aviv. México adquiere de Israel armas comunes y de asalto, drones, material para la vigilancia de las fronteras y de seguridad pública, así como antimotines. La compra más escabrosa y dañina fue la que el gobierno de Felipe Calderón hizo en 2011 a la empresa NSO Group, a través del intermediario Security Tracking Devices, del sistema de espionaje electrónico Pegasus. Ahora sabemos que ese malware, capaz de intervenir todas las funciones de un teléfono celular, fue usado por la PGR, FGR, Sedena, la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Genaro García Luna, el Cisen y el CNI para espiar a activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores y hasta funcionarios del propio gobierno, como el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, durante los gobiernos de Calderón, Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La opacidad sobre esas operaciones se mantiene a pesar de que, en su momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el ahora desaparecido INAI expidieron disposiciones para que fueran transparentados los contratos correspondientes.
Y la dependencia del gobierno mexicano con respecto de Israel se ha intensificado en los años recientes, los de la autodenominada “Cuarta Transformación”. Una muy reciente investigación de El Universal muestra que entre 2022 y 2025 la Secretaría de la Defensa Nacional ha firmado diversos contratos de compra de armamento a Israel, principalmente a la empresa Israel Weapon Industries, la más importante en la rama de equipo bélico de esa nación. El periodo coincide con la demanda que el gobierno de México interpuso en Boston contra fabricantes estadounidenses como Colt y Barrett, que abastecen de armas a los cárteles mexicanos de narcotráfico. Es decir, la Sedena está reemplazando el abasto de armas de los Estados Unidos por equipo bélico israelí. Hasta octubre de 2023 la importación de armamento del Estado genocida alcanzaba 19 millones de dólares, siendo Israel el segundo abastecedor de armamento al ejército mexicano, después de los Estados Unidos, que habían hecho exportaciones a nuestro país por 35.5 millones de dólares. Y ese negocio no se ha detenido por el genocidio en Gaza, Cisjordania, Siria y Líbano. No es de esperarse que eso ocurra tampoco por el ataque a Irán y la escalada en las tensiones en el Medio Oriente, que podrían involucrar a las fuerzas militares de otros países como Yemén o Pakistán.
Así, mientras diversos grupos en México demandan el alto el fuego en Gaza y el reconocimiento de la comunidad internacional al Estado palestino, con el que México tiene relaciones diplomáticas, nuestras fuerzas armadas se surten en un nivel creciente de armamento de origen israelí. Ocurre, también, mientras Canadá, España, los Países Bajos y otros países han restringido su comercio militar o declarado el embargo a armas israelíes. Lo que cabe preguntar es si esa situación va a continuar por decisión expresa de la presidenta Sheinbaum o si son las fuerzas armadas mismas las que están decidiendo en ese aspecto.
Con el homenaje de la Secretaría de la Defensa al criminal general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de ese ramo en el gobierno de Luis Echeverría y responsable directo de la represión y “vuelos de la muerte” durante el negro periodo de la guerra sucia contra opositores y población civil, el ejército ha empezado a mostrar los colmillos con los que está seguro de defender sus intereses corporativos y ampliar su poder en el conjunto de la sociedad.
Y, en ese sentido, los gobiernos de Morena, con su simbiosis con las FFAA han establecido un régimen cívico-militar no muy distinto del uribismo colombiano y otros en América Latina, incluso los de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría en nuestro país. Sheinbaum parece encontrarse atada, a pesar de sus orígenes en la izquierda, para investigar los crímenes de lesa humanidad, desapariciones y demás, ocurridos en el pasado, pero limitada más aún para hacerlo en los de la actualidad.
El ejército y la marina, por su parte, como los factores reales de poder que ya señalaba Pablo González Casanova hace sesenta años, parecen haber terminado de desprenderse del mando supremo del Ejecutivo y constituir ya un poder autónomo con los intereses propios de corporaciones que establecen sus reglas y mandos.
Y queda claro que entre el ejército de hoy, que ha sido declarado «pueblo uniformado», y el del pasado que masacró a los sinarquistas en 1946, y a la oposición henriquista en 1952, reprimió a los ferrocarrileros en huelga en 1959, asesinó a Rubén Jaramillo y su familia en 1962, masacró estudiantes, y población en general en 1968 y operó la guerra sucia para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar opositores en los años setenta, hay una total continuidad, ninguna ruptura. Los altos mandos militares responsables de esas acciones nunca fueron juzgados en vida, ni condenados oficialmente por los sucesivos gobiernos. Es un único ejército, con las mismas características, desde sus orígenes en la Revolución Mexicana hasta hoy, pero con los nuevos poderes económicos otorgados por López Obrador, constituyéndose en una fracción emergente de la burguesía, como lo fueron los generales y coroneles revolucionarios en los años veinte y treinta del siglo pasado.
Y en una parte no menor del fortalecimiento militar de nuestros días y la militarización de la vida civil aparece la colaboración del ejército genocida de Israel. Es ésta la señal más relevante de nuestra política exterior hacia el Medio Oriente y el por qué el gobierno de Sheinbaum, como los anteriores, no va a romper relaciones con ese país, a pesar de las críticas desde el extranjero y de las voces que crecientemente desde la sociedad mexicana lo demandan.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
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