Como es sabido, la República Oligárquica, vigente en Bolivia antes de la Revolución del 52, basaba su sistema político en la exclusión de los indígenas. Fue la herencia que recibió Bolivia de la colonia. No es desconocido para la opinión publica que al nacer, el Estado Boliviano no reconocía como ciudadanos a los integrantes de las naciones originarias de este territorio, a quienes se sometía a una cruel e inhumana servidumbre que impregnó la sociedad completamente mediante un odioso y racista sistema de castas. Supuestamente, se había tomado conciencia de esa lacerante condición en la que vivían los indígenas cuando el pueblo boliviano llevó adelante la histórica insurrección de abril del 52. En el marco de esa revolución, destacó, en lo político, la introducción del voto universal que, presuntamente, incorporaba a los indígenas a la vida política propiciando su participación en las elecciones. Aunque la medida tuvo sus evidentes limitaciones mediante la práctica del denominado «pongueaje político», con el que el MNR manipuló y utilizó a las dirigencias campesinas, fue indudablemente un gran avance en las luchas de los pueblos indígenas por conquistar sus derechos. Así mismo, el ciclo militar también encontró en el «pacto militar campesino» un instrumento para mantener a los indígenas bajo su tutela. Se tiene entonces que, de modo sistemático, las clases dominantes, mediante sus representantes políticos -sean militares o civiles pseudo nacionalistas o neoliberales-han pretendido siempre restringir la participación auténtica de los pueblos indígenas en la vida política del país.
Pese a esto, la lucha de las naciones originarias tuvo, tiempo después, un gran impulso con la creación de la CSUTCB, con la que el movimiento indígena se sacudió del yugo del militarismo y concibió un desarrollo autónomo en sus luchas reivindicativas y de liberación nacional.
En este marco histórico, el proceso de cambio, fortalecido con las victorias electorales de Evo Morales, constituyó un gran hito en las luchas de liberación del movimiento indígena, pues recién pudo hacer uso auténtico de su derecho al voto, al elegir a un verdadero representante suyo. Así se eligió al primer presidente indígena, en un país predominantemente indígena.
Esa
cúspide de las luchas del movimiento indígena originario fue visto
como una amenaza por los sectores conservadores de la sociedad,
incapaces de concebir una sociedad verdaderamente democrática en la
que todos sean ciudadanos con los mismos derechos.
En
ese momento histórico nos encontramos hoy en día. Las clases
dominantes, y sus subsidiarias racistas de la clase media, aterradas
por la posibilidad de la liberación definitiva de las naciones
originarias, pretenden retrotraer la historia del país a los tiempos
en que los indígenas no tenían influencia alguna en la política
del país. Efectivamente, es eso, exactamente eso, lo que pretenden
lograr con la virtual proscripción del candidato de los indígenas
del país, el compañero Evo Morales. En rigor, cuando se le niega a
una comunidad determinada a postular a su candidato, en realidad se
le está negando el derecho a votar. De este modo, se llega a la
misma situación de la republica oligárquica en la que los indígenas
no tienen el derecho a elegir a su gobernante.
Este contexto es creado con la generación de un ambiente en la que se estigmatiza a los indígenas como “salvajes”, “violentos”, “delincuentes”, «indignos de ser considerados como ciudadanos», como lo dijera explícitamente un dirigente del fascista Comité Cívico cruceño hace un par de años atrás. Asistimos, de este modo, al retorno de una feroz campaña para degradar a Evo Morales, y mediante su figura, a todos los indígenas a la calidad de subhumanos, que carecen de derechos.
Los sucesos acaecidos días pasados en la otrora valiente y revolucionaria Llallagua, hoy convertida en nido de pititas, evoca, en la memoria de los racistas, el cerco de Tupac Katari a La Paz, en la que «ciudadanos» fueron cercados por «indios salvajes» (como si los ayllus nortepotosinos no estuvieran constituidos también por ciudadanos). Los medios apabullaron con declaraciones racistas de los sitiados, sin dar un sólo micrófono a los «del otro lado» para que dieran su versión, simplemente, porque en rigor, se les niega los mismos derechos. Ciertamente las luchas en Llallagua fueron terribles y todos lamentamos las muertes ocurridas de los policías, pero ¿acaso nombraron siquiera las muertes de campesinos? De este modo, atestiguamos el acelerado retorno de la república oligárquica, en la que las muertes de los campesinos, ni siquiera merecen mención. Por esta razón, el contenido profundo de las luchas que hoy vive el país es la tendencia por la profundización del Estado Plurinacional contra la tendencia al retorno a la republica oligárquica racista.
En esta coyuntura, el gobierno de Arce se presenta, ya sin mascara develándose tal como es, un representante más de las clases dominantes, sirviendo su histórico propósito de excluir nuevamente a las naciones originarias, mediante la proscripción de Evo Morales. En rigor, el gobierno de Arce es la continuación del gobierno de Añez. Al final, las cosas caen por su propio peso.
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