¡Pobre México! Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos.
Atribuido a Porfirio Díaz
Como pocas veces, quizá como nunca, en un periodo tan breve como el que lleva Donald Trump en su segundo periodo presidencial, México se ha visto sometido a la presión del gobierno estadounidense para tener sobre su política y economía un control directo a larga distancia. Esa política de supraordenación no ha sido desplegada únicamente contra nuestro país, como es bien conocido; pero las formas en que se da respuesta a esa coerción multidimensional son particulares.
Ya desde su campaña el año pasado, es cierto, el hoy mandatario había anunciado la mayoría de sus políticas hacia México y otras naciones: expulsión de trabajadores indocumentados; elevación de aranceles; combate a las mafias narcotraficantes, a las que ha declarado como terroristas; y otras medidas, ya formaban parte de su programa de gobierno. Pero ha aprovechado agresivamente el cambio de gobierno en México y las grandes debilidades, incluso estructurales, de la economía y el Estado mexicano, para imponer su política de manera incluso extraterritorial.
La fragilidad económica y política frente a la potencia del norte no es nueva, sino histórica, remontándose a los inicios de nuestra vida como nación independiente en el siglo XIX; pero se ha acentuado en las últimas décadas, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993 y su continuador el T-MEC, ya en el primer mandato de Trump y la transición al gobierno de López Obrador.
Tradicionalmente, a esa dispar y asimétrica relación entre las grandes potencias capitalistas y los países periféricos del sistema mundial, se le ha llamado dependencia. Sin entrar a discutir aquí los alcances históricos y estructurales de esa forma de inserción en los mercados de capitales, de productos y de mano de obra, es un hecho que las ataduras de México con los Estados Unidos existen, en los rubros de comercio, inversión, tecnología, finanzas, migración, armamento, y hasta seguridad pública y adiestramiento militar. Sobre esas bases es que la presión del presidente estadounidense ha encontrado un terreno propicio para emprender una política exterior diversificada que asegure, no sin contradicciones y efectos de reversión, una mejor ejecución de sus intereses.
Los aranceles a exportaciones mexicanas ha sido una de las armas de Trump contra nuestro país. Lo hizo desde 2019, recién llegado López Obrador a la presidencia de México, cuando con la amenaza de imponerlos logró modificar radicalmente su política migratoria, convertir a nuestro país en un virtual tercer país seguro y obligar a controlar, con masiva presencia de la Guardia Nacional en las frontera sur y norte, el fujo migratorio proveniente de Centroamérica. Si bien en esa primera administración Trump los aranceles fueron una amenaza, en este año se han concretado, sin respeto al aún vigente T-MEC, contra productos como el jitomate (17%), cobre, acero y aluminio (50%), automóviles (15%) y fentanilo (25%), principalmente. Tan sólo en el primer semestre de 2025, esas tarifas han representado ingresos al gobierno estadounidense por 7,552 millones de dólares, un crecimiento interanual de 1,118%, o 12 veces más, según datos del Departamento de Comercio https://n9.cl/8qexn.
La amenaza arancelaria, empero, persiste. Tras la conversación telefónica que sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum el 31 de julio con Donald Trump, se anunció que nuevas tarifas podrían ser aplicadas unilateralmente en 90 días, en 1 de noviembre, y que la mandataria mexicana aceptó aplicar una tasa 0% y eliminar todas las barreras no arancelarias a las importaciones de los Estados Unidos.
Es cierto que, en no poca medida, esa política comercial se revierte contra la economía del país norteamericano en inflación que pagan los consumidores, y que sus resultados en la reindustrialización y generación de empleos no se perciben en el corto plazo, pero sí tiene un efecto negativo en lo inmediato sobre las exportaciones mexicanas —como a las de otras naciones— y los ingresos de divisas por ese concepto.
También la intervención estadounidense contra los cárteles trasnacionales de origen mexicano se ha venido cumpliendo. Primero, fue la declaración de las organizaciones mexicanas como terroristas, constituyéndose en una amenaza de intervención armada directa de las agencias de seguridad o de las mismas fuerzas armadas estadounidenses. Después, la suspensión de operaciones declarada por el Departamento del Tesoro con los bancos Intercam y CIBanco y la casa de bolsa Vector por presunto lavado de dinero del narcotráfico de fentanilo, del que no se había percatado la Unidad de Inteligencia Financiera que encabezaba el hoy reformador electoral Pablo Gómez, y que obligó a que, en respuesta o control de daños, esas tres instituciones fueran rápidamente intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y se habló de hasta 10 instituciones financieras establecidas en México que podrían ser también señaladas por las autoridades estadounidenses por operaciones similares de blanqueo de capitales.
A eso se ha de agregar la expulsión, anunciada con mucha anticipación, de trabajadores mexicanos y de otras naciones del territorio estadounidense, que ha afectado no sólo a los indocumentados sino también a migrantes ya regularizados y hasta estadounidenses por nacimiento descendientes de mexicanos o latinoamericanos. El traslado a cárceles salvadoreñas convenida con el sádico presidente Nayib Bukele, o la reclusión en el llamado Alcatraz de los Lagartos en los pantanos de Florida, son vistas como las medidas antiinmigratorias más crueles; pero no lo es menos la expulsión fulminante que separa familias, hace perder el empleo y patrimonio y deja en el desamparo a quienes confiaron en encontrar una mejor vida en territorio estadounidense. Muy poco ha podido hacer el gobierno mexicano para auxiliar a los connacionales deportados o bajo amenaza de expulsión, a pesar de una extensa red de consulados que presume ser la más amplia del mundo pero que se encuentra sin recursos y ni suficiente personal capacitado en la defensa jurídica, que ha sido empleada por los gobiernos cuartotransformadores más para el pago de favores políticos que para la atención de los mexicanos en el extranjero.
El magnate hospedado en la Casa Blanca ya presume que en los meses recientes ha habido “cero personas” entrando ilegalmente al territorio de Estados Unidos; y que eso ha sido porque Canadá y México “hacen lo que les decimos que hagan”. Por añadidura, eso ha producido ya una drástica caída de las remesas a familias en México que se calcula podría llegar al 5.8% al cierre de 2025, con sólo un estimado de 61 mil millones de dólares, frente a los 64.7 mil millones de dólares recibidos en 2024 https://n9.cl/o2585.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha tenido que aceptar, entre otras cosas, el traslado de hasta ahora 55 reos que se encontraban en prisiones mexicanas a cárceles estadounidenses. Propagandísticamente, Sheinbaum criticó que el gobierno de Trump estuviera negociando personajes a quienes ha declarado “terroristas” como los hijos de Joaquín Chapo Guzmán, Ismael Mayo Zambada y otros prominentes narcotraficantes. Pero no ha reparado en continuar con esas remisiones de delincuentes que, dicen ella y el fiscal Gertz Manero, se hacen por “decisión soberana”.
La medida en sí es cuestionable y de difícil justificación. El secretario de Seguridad Omar García Harfuch “explicó” que la entrega de 26 prisioneros esta semana (que se suman a 29 en febrero pasado) era necesaria porque éstos seguían delinquiendo desde los centros de reclusión mexicanos, ordenaban secuestros y extorsiones, amenazaban a funcionarios y “extendían redes de corrupción e intimidación”. Varios de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad o tramitaban acuerdos de libertad anticipada Se presenta, así, la expatriación como una medida remedial a lo que se confiesa como incapacidad e ineptitud del sistema carcelario mexicano para mantener la seguridad en sus reclusorios. Una vergüenza. Alejandro Gertz agregó que la medida tomada por el Consejo Nacional de Seguridad fue “para defender a nuestra población y a la soberanía de nuestros países” y que para ello “no va a haber ningún obstáculo legal”. Entre los entregados destacan Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis y cuñado de El Mencho, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); Servando Gómez Martínez, La Tuta, ex dirigente de Los Caballeros Templarios, y Roberto Salazar, acusado del asesinato de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles en 2008. Se agregan a Rafael Caro Quintero, el capo del cártel de Guadalajara perseguido en Estados Unidos por el secuestro tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena en 1985, y otros 28 narcotraficantes entregados el pasado mes de febrero.
Pero además se alega que la transferencia de los presos se realizó sin juicios de extradición (es decir, violando derechos humanos como el debido proceso), pero con apego al artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. La norma mencionada sólo enumera en 13 incisos las consideradas como amenazas a la seguridad nacional; no dice que se puedan omitir juicios de extradición o violentar las normas procesales penales. Y es realmente insólito que se pueda afirmar que una persona ya en reclusión constituya una amenaza a la seguridad nacional.
Para mayor confusión, la presidenta negó que la acción se hubiera realizado en cumplimiento a una solicitud del gobierno estadounidense —que difundió la noticia del traslado antes que el mexicano—, y afirmó que fue por razones de seguridad nacional y por una decisión soberana, aun cuando la SSPC había afirmado que fue “bajo solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, quien se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país”.
Como remate, hasta ahora, está el sobrevuelo por varias horas de un dron militar estadounidense el miércoles 13 de agosto en el sur del Estado de México, particularmente en la región de Tejupilco, donde se ha afianzado el poder del cártel La Familia Michoacana. Aunque en la conferencia matutina el secretario García Harfuch sostuvo que el avión no tripulado no era militar, y que esa acción se realizó “a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano”, no especificó con qué propósito ni cuál institución gubernamental lo había solicitado.
Ya antes, el presidente estadounidense ha lanzado bravatas e incluso ha girado órdenes ejecutivas al Pentágono de preparar acciones directas contra los agrupamientos designados terroristas; y envió dos embarcaciones militares a aguas internacionales muy próximas a las territoriales mexicanas en el Pacífico norte. El general Gregory Guillot, jefe del Comando Norte de Los Estados Unidos, declaró a medios que ese despliegue naval ayudará en la “lucha contra el terrorismo relacionado con el mar, la proliferación de armas, el crimen transnacional, la piratería, la destrucción del medio ambiente y la inmigración ilegal por mar”.
¿Y a qué puede obedecer la declarada neutralidad de México ante el sangriento conflicto en Gaza, si no también a presiones del gobierno estadounidense, el más firme sostén de la masacre y hambruna con que el carnicero Benjamin Netanyahu busca aniquilar o expulsar a los palestinos de ese territorio y de otras regiones donde está promoviendo el asentamiento de colonos israelíes apoyados por el ejército? Totalmente en contra de la tradición diplomática y de solidaridad con las naciones agredidas en el mundo, que trazaron Venustiano Carranza, el canciller Genaro Estrada y el presidente Lázaro Cárdenas, y que fue seguida por gobernantes mexicanos como Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid en diversos conflictos internacionales, Claudia Sheinbaum escuda su timorata posición en una falsa neutralidad que en realidad implica no irritar al gobernante en Washington ni restringir los fuertes vínculos comerciales, de inversión, de seguridad y militares de México con el Estado genocida de Israel.
La dependencia y sumisión de los gobiernos mexicanos a las políticas emanadas desde los Estados Unidos tiene una larga historia, y se han acentuado durante los gobiernos llamados neoliberales; pero también se recrudecieron durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador frente a Donald Trump y Joe Biden. Ahora, en un momento de particular debilidad para negociar con el poder extranjero, con una economía abatida y dependiente, una crisis política y moral en el grupo gobernante en México por sus cada vez más evidentes vinculaciones con el crimen organizado, y con varias de las cabezas de los principales cárteles trasnacionales mexicanos en las tenazas del gobierno trumpista, la capacidad de resistencia frente a los designios y presiones estadounidenses parde haberse reducido a cero.
Es imposible en esas circunstancias pensar en acuerdos de cooperación entre iguales, menos aún de carácter estratégico, cuando lo que Donald Trump busca es sumisión y obediencia de otros países a sus proyectos para hacer grandes otra vez a los Estados Unidos. En su racionalidad fascistoide y su personalidad sociopática, avaladas desde luego por muchos de los grandes capitales de los Estados Unidos y las ultraderechas del mundo, mantiene a nuestro país en condiciones quizás inéditas de incertidumbre y vulnerabilidad.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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