Se cumple ya un año del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, quien se ha reconocido siempre como continuadora de las políticas de su antecesor López Obrador en lo que ha llamado el “Segundo Piso” de la proclamada como Cuarta Transformación en la historia de México. El séptimo año, entonces, de la anunciada redención de la patria de los males históricos que, como la corrupción, la han viciado por tan largo tiempo.
Es ahora, en este séptimo año, que han aparecido en el escenario público los más grandes casos de corrupción que, gestados y desarrollados durante el anterior gobierno, no fueron denunciados, investigados ni, mucho menos castigados. Los ensalmos habituales ante cualquier sospecha de ilícitos desde el gobierno fueron siempre el negador “no somos iguales” y el agitar un pañuelo blanco como prueba de que la corrupción había sido liquidada.
Sólo un caso de deshonestidad reconoció el presidente tabasqueño durante su mandato, el del famoso Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana, en el que la Auditoría Superior de la Federación descubrió posibles desfalcos por alrededor de 16 mil millones de pesos en los que estuvieron involucrados 20 ex funcionarios públicos y 14 empresas contratistas entre 2018 y 2023. Un expediente aún abierto en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y con 20 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), del que se desconocen los alcances últimos, pero que ya ha sido investigado por los periodistas Georgina Zerega y Zedryk Raziel en su libro Permiso para robar (Ed. Grijalbo, 2025). En éste, los autores muestran cómo hubo por parte del presidente una exculpación política al director general de esa empres paraestatal, Ignacio Ovalle, quien fuera jefe y protector del propio López Obrador en los inicios de su carrera como funcionario público. Al menos 3 mil millones de pesos quedan por aclarar en este asunto, aunque la cifra puede ser mucho mayor; y si bien hay ya varios ex servidores públicos procesados, no parece que la mano de la justicia vaya a alcanzar a Ovalle, a quien, al brotar el escándalo, el mandatario removió para colocarlo en un nuevo cargo en la Secretaría de Gobernación.
Pero no fue ese el caso único de descomposición durante el gobierno de AMLO. Ahora, la presidenta Sheinbaum reconoce también —aunque no hay investigaciones conocidas, ni presuntos responsables señalados— el de los 650 ventiladores adquiridos durante la pandemia de Covid-19 a la proveedora Viva Enterprises Limited, que no llegaron a hospitales y permanecieron en la aduana de Manzanillo. Están también los más de 7 mil 900 millones observados por la ASF al ya desaparecido Insabi (Instituto de Salud para el Bienestar), que tuvo que ser liquidado en 2023 por su inoperatividad frente a la crisis del coronavirus e indicios de corrupción en la compra de medicamentos, insumos médicos y equipo por hasta 8 mil millones de pesos. Ahí, precisamente, está Birmex (Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.), organismo al que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), a cargo de Raquel Buenrostro, anuló el proceso de compras de medicamentos y materiales de curación por un potencial desvío de 13 mil millones de pesos. Están también los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos contra dos bancos y la casa de Bolsa Vector, propiedad ésta del ex jefe de la Oficina de la Presidencia de López Obrador Alfonso Romo Garza, por lavado de dinero; una situación en la que podrían verse involucradas otras instituciones financieras en México hasta por un número de diez.
No olvidemos, tampoco, el florecimiento en Tabasco y Chiapas, con extensiones en Veracruz y Tamaulipas, de la ahora famosísima organización criminal La Barredora, encabezada por Hernán Bermúdez Requena, quien fuera secretario de Seguridad Pública en Tabasco durante los gobiernos de Adán Augusto López Hernández —hermano putativo de Andrés Manuel López Obrador, según éste lo declaró muchas veces y quien también lo hizo secretario de Gobernación del gobierno federal. Y ahora, desde luego, el enorme sumario de corrupción que, aunque investigado y denunciado en medios desde 2022 o 2023, sólo ha tenido consecuencias legales muy recientemente por el robo y contrabando de combustibles al que se ha nombrado huachicol fiscal. Involucrados aquí altos mandos de la Marina Armada a cargo, por disposición presidencial de López Obrador, de puertos y aduanas en Tamaulipas, dos de ellos familiares políticos, además, de quien fuera el secretario de Marina de éste, el almirante Rafael Ojeda Durán. Se trata, según se ha mostrado de una amplísima red de enriquecimiento ilícito que tuvo prolongaciones también en Sonora, Colima, Veracruz y Baja California, y de la que se habrían financiado, por medio del capo Sergio Carmona Angulo, El Rey del Huachicol, asesinado en Nuevo León, campañas políticas del gobernante Morena —durante el periodo en que ese partido estuvo encabezado por Mario Delgado Carrillo, el actual secretario de Educación—, entre ellas la del actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
Por otro lado se cuecen las habas de las relaciones señaladas por investigaciones periodísticas entre el gobierno del hombre de Macuspana y el Cártel de Sinaloa, de las que aún falta mucho por revelarse ahora que varias de las cabezas de esa organización criminal están en manos del gobierno de los Estados Unidos. Y la relación de casos podría alargarse con algunos más.
Resulta, así, que el gobierno iniciado en 2018 enarbolando la bandera de la lucha contra la corrupción resultó en un cenáculo que llegó derribando o anulando todos los mecanismos de control y contrapeso —ahora van por limitar la promoción y alcances del juicio de amparo—, para usar el poder en beneficio de sus propios intereses. Se blindó realizando una estrecha alianza con las fuerzas armadas, a las que otorgó no sólo el manejo de la Guardia Nacional y de la seguridad pública, sino la administración de obras con enormes recursos económicos. Sin órganos de control en el ejército y la marina, ni en el ámbito civil, la corrupción alcanzó, y en escala mayor, a esas corporaciones de seguridad. Aunque el actual secretario de Marina ha reconocido el daño que le ha producido a su institución, eso no parece ser suficiente, sobre todo por la anticipada exculpación que tanto la presidenta Sheinbaum como el fiscal Gertz Manero se apresuraron a hacer del ex secretario Ojeda Durán; igual a la que han hecho del senador Adán Augusto López por el caso de La Barredora.
Apenas vamos conociendo, entonces, la profundidad de las estructuras de la corrupción en el subsuelo del aparato de Estado. Pero es seguro que, aunque hasta ahora han tratado de ser protegidos, muchos tendrán que caer de una u otra forma en manos de la justicia. Y no es meramente por la voluntad del gobierno de Claudia Sheinbaum; opera también la fuerte presión del gobierno estadounidense, con el secretario de Estado Marco Rubio presente en el Palacio Nacional. A éste, aunque la presidenta haga sacrificios, como la entrega de decenas de cabezas de los cárteles y una política comercial agresiva contra China, podría no serle suficiente si no se inculpa a políticos del más alto nivel del gobierno anterior y del actual.
El sistema parece haber entrado, de este modo, en esa forma de dispersión y desorden molecular que la física llama entropía, la que puede dar lugar a un cambio sustancial en el estado de la materia.
Es un hecho que no meramente los hasta ahora señalados, sino el partido Morena y el grupo en el poder autodenominado 4a T, atraviesan por una crisis moral y política que pone en cuestión su permanencia en poder en el mediano plazo. Confían en la alta votación que Sheinbaum obtuvo en las elecciones del año pasado, que no fue suficiente por sí misma para obtener la mayoría a la que aspiraban en las cámaras legislativas, por lo que tuvieron que recurrir a retorcer la interpretación de la ley para obtener una sobrerrepresentación sin precedentes, de la cual se han servido para realizar cambios constitucionales a su sola conveniencia. Se fían de la alta popularidad que diversas encuestas le atribuyen a la presidenta, pero que no alcanzó para movilizar a los ciudadanos en la reciente elección de juzgadores: sólo un 10% de los enlistados en el padrón “eligieron”, acordeón en mano al nuevo poder judicial.
Es muy previsible, así, que la acumulación de escándalos de corrupción y la ostentación del rápido enriquecimiento en el círculo morenista de poder, lleven en las próximas elecciones a un a rápida declinación de la legitimidad electoral de la que ahora se vanaglorian.
Ahí está ya, comenzando a salir de sus madrigueras, la ultraderecha fascistoide, replegada pero nunca derrotada que, primero con Eduardo Verastegui, y ahora con Ricardo Salinas Pliego, emprende una acometida para desplazar al centro-populismo hoy en ruta de la derrota moral. No tiene, por ahora, posibilidades de ganar mucho por la vía electoral; pero cuenta gran poder económico —que los gobiernos del Morena no se propusieron nunca disminuir o neutralizar— y vínculos directos con Washington y su embajada en México. El PRI y el Partido Acción Nacional ya no le son funcionales. Va por frenar con la desestabilización cualquier avance de la lucha popular y por el alineamiento total con el gobierno republicano de los Estados Unidos. Su fuerza política no es, hasta hoy, mucha. Pero con un gobierno como el actual, entrampado por cadenas de corrupción y por sus cada vez más evidentes nexos con la acumulación delincuencial, la presencia en el tablero político del ultraderechismo puede modificar los escenarios de la lucha política para 2030.
Es el Movimiento al Socialismo boliviano el espejo en el que Morena y sus aliados deben ver reflejado el anuncio su posible desgracia. Con 20 años en el ejercicio del poder estatal, y contando tras de sí con un potente movimiento social indígena y proletario, mucho más poderoso que la fuerza meramente electoral y clientelar del lopezobradorismo, pudo derrumbarse como un castillo de arena por el agotamiento de su liderazgo carismático, el mal gobierno y sus contradicciones internas, interpersonales incluso.
Hay en México un nuevo auge de los movimientos sociales y populares con múltiples expresiones y por fuera del aparato gubernamental y sus apoyos clientelares y corporativos. Se concreta en el apoyo a la atormentada Palestina frente a las posiciones del gobierno mexicano, alineado en su tibieza “neutral” con los genocidas israelíes y estadounidenses; en la resistencia de las comunidades contra la depredación y saqueo de los megaproyectos privados y estatales; en el clamor de justicia por las desapariciones y la imparable violencia que martiriza a la población en enormes porciones del territorio; en la desatendida demanda por la jornada de 40 horas, lo mínimo que un gobierno que se presume progresista debiera priorizar. Ausente, sin embargo, una alternativa política nacional que recoja y se alinee con los sentimientos más profundos de una nación burlada y ofendida; de esos movimientos de resistencia, y no de otra parte, es que podrá emerger su urgente presencia.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo -UMSNH
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.