El Gobierno publicó el decreto para privatizar el sector nuclear

El gobierno de Javier Milei finalmente publicó el decreto (resolución 1751) para avanzar con la privatización del 49% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la firma que opera Atucha I, Atucha II y Embalse.

La medida fue publicada con fecha del 5 de noviembre en el Boletín Oficial y ya alerta a todo el arco político y al sector científico y tecnológico por las implicancias de una decisión tan crucial sobre un área que muchos consideran “estratégica”.

Según la norma, un 44% se pondrá a la venta en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional, mientras que el 5% restante se les otorgará a los trabajadores a través de la organización de un Programa de Propiedad Participada. De este modo, el Estado Nacional conservará el control de este activo estratégico, aun si la venta finalmente se concreta.

Así, buscan avanzar con la privatización del 49% porque la Ley de Bases 27.742 que declaró a la compañía “sujeta a privatización” en su artículo 8 aclara expresamente que el Estado Nacional debe “mantener el control o la participación mayoritaria del capital social”.

Nucleoeléctrica, sujeta a privatización

Además, la norma aclara que se deberá requerir el voto afirmativo del Estado Nacional para la toma de decisiones que signifiquen:

a) La ampliación de capacidad de una central de generación nucleoeléctrica existente y/o la construcción de una nueva;

b) La salida de servicio por motivos no técnicos, ya sea temporal o definitiva, de una central de generación nucleoeléctrica; y

c) La incorporación de accionistas en la Sociedad que le otorguen el control en los términos del artículo 33 de la ley 19.550, Ley General de Sociedades.

El 79% de las acciones de NA-SA están actualmente en poder del ministerio de Economía, otro 20% lo tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 1% restante pertenece a Enarsa. Por lo tanto, antes de avanzar con la venta el decreto ordena a la CNEA transferirle su 20% a la secretaría de Energía de la Nación y lo mismo le exige a Enarsa con el 1% que tiene en su poder. Además, instruye a NA.SA, conducida por Demián Reidel, a transferir en el plazo de 60 días el 0,01% del capital accionario de Enarsa.

Una vez que se concreten esas transferencias, el ministerio de Economía, en su carácter de autoridad de aplicación, dictará las normas operativas y complementarias para concretar la venta, con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, que conduce Diego Martín Chaher, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, quien llegó al Estado con el mandato explícito de impulsar procesos de privatización, reestructuración y reorganización de empresas estatales.

A diferencia de otras empresas controladas por el Estado, NA-SA no tiene déficit sino superávit. En el primer trimestre de este año declaró ganancias por $17.234 millones de pesos.

La potencia instalada de las tres centrales nucleares que controla NA-SA es de 1763 MW, un 4,1% de la potencia bruta total instalada en el país a diciembre de 2024. No obstante, el año pasado el porcentaje de energía generada por NA-SA trepó al 7,35% del total aportado al Sistema Argentino de Interconexión Eléctrica (SADI). Eso se explica por el factor de capacidad. Las centrales nucleares suelen funcionar de manera más constante y con menos paradas que otras tecnologías, como las centrales hidráulicas, que están sujetas al caudal de los ríos, o las renovables, que dependen del viento y el sol.

Este año el aporte de la energía nuclear será menor porque Atucha I salió de servicio por 20 meses el pasado 29 de septiembre de 2024 para concretar su proyecto de extensión de vida por 20 años. La inversión prevista es de US$ 700 millones e incluirá no solo la extensión de vida sino también la construcción del Almacenamiento en Seco de Elementos Combustibles Gastados de Atucha II.

No es la primera que se intentan privatizar las centrales nucleares. En septiembre de 1994 el presidente Carlos Menem desmembró la CNEA al reducir su tarea a la investigación y el desarrollo, quitándole el manejo de la producción de electricidad y la función de vigilancia y resguardo de la seguridad. A través del decreto 1540/94 constituyó Nucleoléctrica Argentina S.A., la cual quedó a cargo de Atucha I, de Embalse y de la terminación de Atucha II. Al mismo tiempo, inició el proceso de privatización total de dicha sociedad. También creó un Ente Nacional Regulador Nuclear para hacerse cargo de temas sensibles como la seguridad radiológica y nuclear, la protección física y el control de los materiales nucleares, el licenciamiento y fiscalización de instalaciones y las salvaguardias internacionales.

El plan había sido diseñado por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y su secretario de Energía, Carlos Bastos. El objetivo principal era recortar de manera brutal el presupuesto de 1.000 millones de dólares que en aquel momento tenía la CNEA y a la vez hacer caja con la venta de las centrales. Sin embargo, la iniciativa fracasó por la resistencia sindical y política y el escaso interés de los privados, quienes consideraban que la rentabilidad que podían llegar a obtener era baja y los riesgos asociados a la gestión de las centrales muy altos.

Protestas en Atucha por salario y contra la privatización

El miércoles 12, en el predio de las centrales nucleares Atucha I y II, ubicado en la localidad de Zárate, se concentraron cientos de trabajadores de la empresa estatal Nucleoeléctrica Argentina. La empresa se encuentra bajo un proceso de privatización que el gobierno nacional anunció que ejecutará en un plazo no mayor a los 12 meses. Mediante una publicación en el Boletín Oficial y una conferencia de prensa de Manuel Adorni, establecieron el inicio del proceso de tasación de las 3 centrales nucleares que opera la empresa en el país.

La situación de los trabajadores en las centrales es de abrumadora oposición al proceso de venta. En una asamblea convocada por los gremios, ATE y Asociación de Técnicos, se votó el rechazo a la privatización y un reclamo por un aumento salarial del 63,8% al que piden añadir un bono de fin de año. La pérdida salarial de los trabajadores de Nucleoeléctrica y de todo el sector nuclear ha sido muy sensible en estos dos años, ocasionando la pérdida de personal altamente calificado.

Además de la operación de las centrales que abastecen el 7% de la energía que se consume en el país, la empresa se encuentra realizando tareas para la extensión de vida de la central nuclear Atucha I. Un expertise con el que cuentan pocos países en el mundo y que ya cuenta con el antecedente de la extensión de vida de Embalse, en Río Tercero.

El resultado de las elecciones de octubre pasado, aceleró los planes del gobierno que busca congraciarse con el gobierno de Donald Trump, tras el salvataje realizado por parte del Tesoro norteamericano. La privatización de NASA como también de las centrales hidroeléctricas del Comahue, son un avance en la pérdida de soberanía y representan un ataque a todo el pueblo trabajador que sufrirá sus consecuencias con tarifazos y un servicio de peor calidad.

En la asamblea de los trabajadores de Atucha se realizó también un pronunciamiento contra el plan de reforma laboral que busca impulsar Milei desde el Congreso. Las protestas del sector energético se inscriben en un proceso de movilizaciones que también realizan trabajadores de la industria y el Estado como docentes y no docentes de las universidades nacionales, trabajadores de ATE y del Garrahan, de Georgalos, ILVA, Morvillo, Granja Tres Arroyos y Acerías Berisso, a pesar de las negociaciones de la nueva cúpula de la CGT con el gobierno nacional y de la parálisis en la que se encuentran las centrales sindicales.

Milei busca rematar las centrales nucleares

De la mano de Demian Reidel, el gobierno de Milei viene desarrollando una nueva ofensiva privatista sobre el sector. El “ex” asesor del presidente prometió un “plan nuclear” a medida de los intereses del capital privado y el imperialismo norteamericano. La privatización de NASA es una parte de este plan que busca también avanzar con la entrega de la explotación de uranio para la exportación además de atraer inversiones privadas bajo la promesa de desarrollar una línea de reactores modulares pequeños (SMR por su sigla en inglés).

El primer paso de este plan viene siendo el vaciamiento de la CNEA a través de un fuerte ajuste presupuestario y salarios pulverizados en todo el sector, incluida NASA, generando una fuga de personal altamente calificado. En el caso del CAREM, el reactor modular que Argentina viene desarrollando desde hace décadas y que tiene su obra civil avanzada en el predio de Lima, se encuentra completamente paralizado y sus trabajadores realizando medidas de lucha. Por su parte, la empresa IMPSA, que tiene pendiente la fabricación de la vasija de presión del reactor, fue vendida a una empresa norteamericana.

Otra de las empresas que quiere privatizar el gobierno es la de la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) ubicada en Arroyito, Neuquén.

El subsecretario de Reforma del Estado Alejandro Tamer, funcionario de Sturzenegger, desembarcó en la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y en la CNEA para auditar las dotaciones de personal, anticipando más ajustes en los organismos estatales.

La concreción de la privatización de NASA, sería un fuerte golpe para el sector nuclear nacional. Posiblemente el más importante en sus 75 años de existencia. El anuncio despertó críticas y puso en alerta a diversas organizaciones gremiales del sector, ya que es una medida ampliamente repudiada por trabajadores no solo de NASA sino también de CNEA.

Las capacidades desarrolladas en materia de energía nuclear posicionaron a la Argentina entre los selectos países que manejan esta tecnología. Este desarrollo fue motivo de interés para el imperialismo norteamericano en diversos momentos de la historia y sigue siéndolo en la actualidad. Tanto para obstaculizar cualquier desarrollo autónomo como para evitar la expansión de la influencia de China en la región, como sucedió durante la última década y reconoció la Generala Laura Richardson durante el anterior gobierno (cuando consiguió trabar el acuerdo por una cuarta central nuclear). Ya durante el gobierno de Milei, en un reporte de abril de 2025, el staff del FMI ordenó al gobierno nacional avanzar con la privatización del listado de empresas mencionadas en la Ley Bases. Volvió a recordarselo al equipo económico de Caputo antes del último desembolso de 2.000 millones de dólares. En aquel entonces también le ordenó avanzar con la desregulación del mercado eléctrico mayorista.

Hoy, el gobierno quiere rematar NASA mediante un esquema de privatización mixta donde la generación de jugosas ganancias se las queda el privado y el Estado asume el pasivo ambiental (procedimientos para el almacenamiento del combustible gastado y de material radiactivo).
Para avanzar con este plan, deberán imponer a la CNEA la cesión del 20% de sus acciones, implicando un fuerte golpe para la institución.

Respecto a los posibles beneficiarios circulan diversas versiones, pero los actores son siempre los mismos: desde el mismo mentor de Milei, el magnate Eurnekian, que durante el último año jugó todas sus cartas para quedarse con el negocio de la minería de uranio, hasta la empresa norteamericana Meitner Energy.

Enfrentar la privatización de las centrales nucleares es una tarea de primer orden. Junto al sistema científico, constituyen un enorme activo con el que cuenta el país para mejorar las condiciones de vida de las mayorías trabajadoras. La experiencia de las privatizadas en el sector energético, como los casos de Edesur, Edenor y Metrogas ya demostró que solo traen tarifazos para los usuarios, precarización para los trabajadores y ganancias millonarias para los privados. Una empresa estatal única de energía podría integrarse al sistema científico tecnológico (revirtiendo el desmembramiento neoliberal) y ser un enorme aporte en la perspectiva de una planificación democrática y racional de la producción basada en la deliberación de la clase trabajadora y conquistar una verdadera soberanía en ruptura con la decadencia capitalista. Garantizando el acceso de toda la población a un servicio barato y de calidad, en camino hacia el abaratamiento de los costos energéticos en base al desarrollo productivo y llevar adelante una verdadera transición energética.

Nucleoeléctrica, la empresa que quiere privatizar el Gobierno, tiene un superávit de $ 17.234 millones

Por Gustavo Sarmiento

Prevén que al terminar el año el balance financiero escale a $ 23.389 millones. NASA nuclea a las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Y genera soberanía energética. El Congreso busca declarar de interés público el manejo de la energía nuclear.

Amparado en la visión de que todo lo estatal debe ser entregado (o rematado), el Gobierno avanza con la venta de un sector no solo estratégico de la Argentina sino que además le rinde económicamente. Días atrás, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que iniciará el proceso de privatización de la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la compañía encargada de operar las centrales nucleares del país. El dato que omitió es que la firma registró en el primer trimestre de 2025 un superávit de $17.234 millones y prevén que al terminar el año escale a $ 23.389 millones.

En los pasillos del Congreso se afirma que capitales estadounidenses, junto con aliados argentinos cercanos a ex empleadores del presidente Javier Milei, están frotándose las manos pensando en hacerse con NASA, con su potencial financiero y con su know how de especialistas, de avanzada en todo Sudamérica.

Nucleoeléctrica Argentina lleva adelante la operación y mantenimiento de las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Genera superávit y soberanía energética. El martes, en conferencia de prensa, Adorni detalló que, amparado en la Ley Bases, “el proceso consiste en la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública nacional e internacional”.

Remarcó que “todas las empresas públicas están sometidas a un proceso de irremediable privatización”, y sostuvo que esta política “representa el fin del Estado empresario, aquel que se atribuía funciones impropias a costa de despilfarrar recursos de los argentinos”. Sin embargo, ese “Estado empresario” es el que demostró eficiencia y vanguardia, y que le dejará el desarrollo servido en bandeja a capitales privados extranjeros.

NASA es una de las pocas compañías estatales con superávit: en el primer trimestre de 2025 registró un resultado financiero positivo de $17.234 millones. Actualmente sus accionistas son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y luego Energía Argentina (Enarsa). Según estimaciones de analistas del sector, la valuación de la firma supera largamente los 1.000 millones de dólares.

Las tres centrales nucleares bajo su operación aportan el 7% de la generación eléctrica nacional, con una potencia instalada de 1763 MW.

El Congreso avanza por la energía nuclear

Mientras el Gobierno impulsa la privatización, en el Congreso la oposición busca algún tipo de freno. Fue el jefe de bloque de Unión por la Patria en el Senado, José Mayans, el que propuso declarar al sistema nuclear argentino como un bien público y estratégico.

“Ojalá sea así, ojalá nuestros legisladores estén a la altura de las circunstancias y no permitan que una empresa tan estratégica como esta. Me parece que siendo una empresa que puede generar ganancias, sería importantísimo que se pueda conservar en manos del Estado Nacional en su totalidad”, resaltó a Tiempo la ex titular de la CNEA, Adriana Serquis, y candidata a diputada por Río Negro (FP).

En el medio hay un proyecto que sobresale entre el apetito de potencias extranjeras: se trata del CAREM-25. Es el primer reactor nuclear de potencia íntegramente diseñado y construido en nuestro país. Si Argentina lograba desarrollarlo a tiempo estaría liderando un mercado de pequeños reactores que promete ser muy estratégico a nivel mundial compitiendo con grandes actores como Estados Unidos, China y Rusia.

En la actualidad son de suma importancia los Small Modular Reactor (Reactores Modulares pequeños, SMRs): centrales nucleoeléctricas de dimensiones pequeñas y con menos potencia eléctrica, con un desarrollo más simple y mejores formas de seguridad, así como menor tiempo de construcción, costos e inversiones. Una nueva tecnología fundamental para la transición energética, un sector de desarrollo clave.

“Lo que está en riesgo es la soberanía en un sector estratégico. Ponen en riesgo el primer desarrollo real de un reactor de potencia. Cuando uno hace reactores nucleares, hay de investigación y los que generan potencia. El Carem era nuestro primer proyecto de ese estilo, capaz de generar energía eléctrica. Desfinanciar y desmoralizar a los equipos de trabajo hace que sea más difícil de reconstruir”, enfatizó Serquis.

“Es un proyecto que tiene una inversión de 750 millones de dólares y le faltarían 200 más para terminar. Hay un 65% de proyecto hecho. Cuánto tiempo pase y cuánta gente se vaya es lo que puede llevar retomarlo. Tiene que ver más con la gente que con el edificio. Ya teníamos contratos para que un montón de pequeñas y medianas empresas puedan fabricar sus componentes; había más de mil contratos. Eso es lo difícil de reconstruir. Es grave”, acotó.

“Ni la Coca-Cola te vende su fórmula”, graficó Mayans. Cuestionó que la “privatización del sistema nuclear argentino” es “gravísima”, porque el proyecto CAREM es “un bien estratégico” y “hay que tener en cuenta la seguridad nacional”. Florencia Carignano completó: “No sucedió ni siquiera en los ’90”.

Soberanía nuclear

“En un país normal existen políticas de Estado que se sostienen a lo largo de los diferentes gobiernos y nos permiten crecer y desarrollarnos –aporta Serquis–. Sin embargo, tenemos algunas problemitas, como por ejemplo en el sector nuclear, que es un sector estratégico, tanto sea para la generación de energía eléctrica en un mundo que está necesitando mitigar el cambio climático por ser una energía limpia; como desde el punto de vista geopolítico, por poder tener conocimiento muy demandado y poco frecuente en algunos países, y nos da la posibilidad de sentarnos en muchas mesas de negociación por poseer este conocimiento”.

Si bien INVAP hasta ahora es la empresa que exporta reactores, estos reactores no son de potencia, es decir, no son los que se utilizan para generar energía eléctrica. Las centrales nucleares de potencia que sí generan energía eléctrica son Atucha 1, Embalse y Atucha 2, que fueron construidas con tecnología alemana o canadiense, y el Carem-25, que sigue dependiendo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, es el primer desarrollo argentino de un reactor para producir nucleoelectricidad.

En paralelo, hace apenas algunas horas, el titular del proclamado Consejo Nuclear Argentino, Demian Reidel, comunicó más acercamiento con los Estados Unidos: “Argentina es el primer país de América Latina en asociarse con Estados Unidos en su programa FIRST de energía nuclear, que impulsa el desarrollo responsable de reactores modulares pequeños (SMR). El capital humano y la tecnología argentina le devuelven a nuestro país un rol de liderazgo global: vamos a proveer la energía nuclear limpia, estable y escalable que el mundo necesita”.

Serquis se refirió a otro punto de la privatización, que obliga a la CNEA a ceder el 20% de sus acciones: “Es gravísimo, porque significa que quien conoce, quien genera conocimiento, quien genera los profesionales que fueron capaces de reparar a las centrales en estos tiempos, en conjunto con los ingenieros, con los ingenieros de la propia NASA, y trabajando en este ecosistema nuclear, estarían quedando sin la posibilidad de tener injerencia en NASA, facilitando probablemente, a quienes no saben, estar en las decisiones de una empresa como esta, tan estratégica, y que además debe ser controlada y debe ser siempre propiedad del Estado. No tienen idea”.

Fuentes: Tiempo Argentino, La Izquierda Diario, Periferia

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