Recientemente, el Gobierno neerlandés acordó suspender la intervención de Nexperia, una empresa de semiconductores de matriz china (Wingtech Technology), cuyo control había sido asumido en septiembre último por supuestas preocupaciones de seguridad económica, invocando una norma de 1952. Esa decisión provocó una dura reacción de Beijing, que bloqueó las exportaciones de chips de la principal fábrica de Nexperia en China, comprometiendo el abastecimiento europeo de componentes esenciales para ciertos segmentos industriales. La suspensión no anula la intervención. Las espadas siguen en alto.
Pero vayamos por partes.
Nexperia, fabricante neerlandés de semiconductores, se convirtió en foco de controversia internacional tras su adquisición en 2018 por Wingtech, una empresa china. Desde entonces, la nueva propiedad ha realizado inversiones muy cuantiosas -superiores con holgura a los 500 millones de dólares- destinadas a expandir su capacidad productiva. Aunque la operación fue aprobada inicialmente, las tensiones geopolíticas la situaron en el centro del debate.
El conflicto estalló en 2022, cuando el Gobierno del Reino Unido, invocando la nueva Ley de Seguridad Nacional e Inversión, ordenó a Nexperia desinvertir en su fábrica de Newport, Gales (Newport Wafer Fab), previamente adquirida. Las autoridades británicas argumentaron que la propiedad china de una instalación destinada a la fabricación de chips críticos -aunque no de última generación- planteaba un riesgo inaceptable para la seguridad nacional, bien porque la tecnología pudiera desviarse hacia usos militares, bien por el incremento de la dependencia estratégica del Reino Unido.
Nexperia defendió su posición alegando que su producción se limita a componentes estándar para la industria automotriz y de consumo, sin aplicaciones militares sensibles, y que la adquisición constituía una transacción comercial legítima que garantizaba empleo e inversión. La compañía impugnó legalmente la orden, que consideraba políticamente motivada y discriminatoria.
La polémica reflejó el creciente escrutinio occidental sobre las adquisiciones chinas en sectores tecnológicos estratégicos, así como el reto de equilibrar la apertura de la economía con la protección de la seguridad nacional, en un contexto marcado por la rivalidad sino-estadounidense y su impacto en las cadenas de suministro globales.
La disputa escaló con la intervención directa del Gobierno neerlandés. A principios de 2023, bajo una presión creciente de Estados Unidos y en el marco justificativo de una reevaluación de los riesgos para la seguridad nacional, los Países Bajos anunciaron nuevas restricciones a la exportación de tecnología de semiconductores de gama alta. Aunque no se dirigían explícitamente contra Nexperia, contribuyeron a generar un entorno hostil para las empresas de propiedad china en el sector.
La gota que colmó el vaso fue la decisión del Gobierno de La Haya, en el verano de 2023, de bloquear preventivamente la adquisición de Nowi, una pequeña empresa tecnológica neerlandesa, por parte de Nexperia. El Ministerio de Asuntos Económicos argumentó que la compra podría derivar en “transferencias de conocimiento no deseadas y dependencia estratégica” en un sector sensible, comprometiendo la seguridad nacional de los Países Bajos y de la UE.
La reacción de Beijing fue inmediata y contundente. Calificó la decisión de “politización del comercio y las relaciones económicas” y acusó a los Países Bajos de vulnerar los principios de la economía de mercado y las normas internacionales. Consideró el bloqueo una medida discriminatoria basada en una noción ampliada e imprecisa de la seguridad nacional, que dañaría la confianza mutua y desestabilizaría las cadenas globales de suministro.
Este episodio convirtió a Nexperia en un símbolo de la fractura tecnológica entre Occidente y China, ilustrando la disposición de los gobiernos a intervenir para proteger sus intereses estratégicos, incluso a costa de tensiones diplomáticas y de una redefinición de las reglas de la globalización económica.
El affaire CK Hutchison Holdings
El caso de CK Hutchison Holdings -el conglomerado del magnate hongkonés Li Ka-shing- constituye un debate paralelo al de Nexperia, centrado esta vez en la infraestructura crítica más que en los semiconductores. La controversia ejemplifica cómo la competencia entre China y Occidente se ha proyectado también sobre la infraestructura física y logística, con los puertos considerados cada vez más como activos de seguridad nacional.
La empresa, a través de su filial Hutchison Ports, es uno de los mayores operadores portuarios del mundo. Su presencia en puntos estratégicos como Panamá -puertos de Balboa y Cristóbal, a ambos extremos del Canal-, así como en Bahamas, Australia, Reino Unido o Alemania, ha generado alarma creciente en gobiernos occidentales, especialmente en Estados Unidos.
El argumento central de estas inquietudes, encabezadas por agencias de seguridad estadounidenses, es que la infraestructura crítica bajo control operativo de una empresa con sede en Hong Kong -y por tanto sujeta a la legislación de seguridad nacional de China- podría representar un riesgo sistémico. Entre los temores figuran el espionaje, la interrupción deliberada de la cadena logística o usos duales.
Hutchison Ports ha defendido siempre que su actividad es puramente comercial, subrayando su cumplimiento normativo y su independencia respecto del Gobierno chino.
No obstante, la presión ha surtido efecto. En 2021, la empresa vendió su participación en el puerto de San Salvador, en Bahamas, tras las exigencias de Washington. Las secuelas persisten, y el caso se ha convertido en referencia para organismos como el Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos, que promueve revisiones más estrictas de las inversiones chinas en infraestructura que considera “crítica”, reflejando la misma lógica de “desacoplamiento” estratégico observada en el caso Nexperia.
Huawei, conflicto emblemático
El caso Huawei constituye el epítome de la controversia tecnológica y geopolítica entre China y Occidente, y supone un nivel de confrontación superior al de Nexperia o Hutchison.
El gigante de las telecomunicaciones ha sido objeto de una presión intensa liderada por Estados Unidos, que sostiene que su equipamiento de red -en especial el 5G- representa una amenaza para la seguridad nacional. Los gobiernos occidentales argumentan que la compañía mantiene vínculos opacos con el Estado chino y podría verse obligada a incorporar “puertas traseras” en su hardware para facilitar el espionaje o interrumpir servicios críticos. Nunca se han demostrado.
Esta presión se ha concretado en prohibiciones y restricciones de acceso a mercados, sanciones comerciales -como su inclusión desde 2019 en la Lista de Entidades- y limitaciones en la cadena de suministro que impiden a cualquier empresa del mundo usar tecnología estadounidense para fabricar chips destinados a Huawei.
Huawei ha negado categóricamente estas acusaciones, insistiendo en su independencia empresarial. China ha acusado a Estados Unidos de abuso de poder y de “represión injusta” con motivaciones políticas.
El caso se interpreta como un paradigma de la pugna por la supremacía tecnológica global del siglo XXI, en la que Estados Unidos recurre a todas las herramientas disponibles para contener el ascenso chino.
El nuevo frente de TikTok
El caso TikTok comparte la esencia de los anteriores -seguridad nacional y datos-, pero incorpora una dimensión pública y cultural mucho más amplia.
La plataforma de ByteDance se ha convertido en el epicentro de una batalla por la influencia y por los datos de millones de ciudadanos. Gobiernos occidentales, nuevamente con Estados Unidos al frente, aseguran temer que los algoritmos y los volúmenes masivos de datos puedan ser explotados por el Estado chino en virtud de la legislación nacional de seguridad. Entre los riesgos alegados figuran la manipulación, el espionaje de datos o la vulnerabilidad sistémica.
Estados Unidos, la UE, Canadá y otros han prohibido la aplicación en dispositivos oficiales. En paralelo, la administración Trump trató de forzar su venta parcial a una empresa estadounidense. Aunque aquella iniciativa no prosperó, la presión se mantiene.
Para evitar una prohibición total, TikTok ha lanzado un proyecto de enorme coste para aislar los datos de usuarios estadounidenses almacenándolos en servidores de Oracle y sometiéndose a auditorías sobre su algoritmo.
A diferencia de Huawei o Nexperia, TikTok cuenta con un arma poderosa: su base masiva de usuarios y su arraigo cultural. Una prohibición total generaría una fuerte resistencia social. Por ello, el conflicto sigue abierto, encuadrado entre la seguridad nacional y la libertad digital.
Constantes y expectativas
El análisis de los casos de Nexperia, Hutchison Ports, Huawei y TikTok revela una serie de constantes que ilustran un cambio profundo en la geopolítica y la economía global.
La variable dominante ya no es comercial, sino securitaria: activos antes considerados puramente económicos -fábricas de chips, puertos, equipos de telecomunicaciones- pasan a verse como infraestructura crítica y posibles puntos de vulnerabilidad. En este contexto, en Occidente se arguye la percepción de que las empresas chinas operan bajo una jurisdicción última sometida a las leyes de inteligencia y seguridad nacional, lo que genera una desconfianza difícil de sortear.
Los casos citados muestran un esfuerzo deliberado de Occidente -especialmente de Estados Unidos- por contener la expansión de China, “desacoplarse” o reducir la dependencia tecnológica respecto de este país.
En cierto modo, se está produciendo un cambio de paradigma: pasamos de la integración interdependiente de los lustros subsiguientes al fin de la Guerra Fría a una lógica de competencia sistémica y fragmentación, en la que la eficiencia cede terreno ante la soberanía estratégica.
El temor al ascenso chino -y, sobre todo, a su negativa a subordinarse a redes de dependencia estructuradas por Occidente- impulsa una redefinición de las reglas del juego para sus empresas en el exterior. Es previsible, por tanto, que estos conflictos se intensifiquen.
La rivalidad entre Estados Unidos y China ya trasciende lo comercial: se encamina hacia una competencia integral por la supremacía tecnológica, militar y normativa del siglo XXI. Todo apunta a una creciente coordinación occidental y a la formación de “clubes de países afines” orientados a limitar la influencia china.
A corto plazo, esta dinámica puede debilitar a China; a largo plazo, sin embargo, incentiva su autosuficiencia, la búsqueda de mercados alternativos y el fortalecimiento de su proyección geopolítica.
Si esta tendencia no se equilibra o corrige, la hipótesis más probable es la consolidación de dos ecosistemas tecnológicos parcialmente separados: uno liderado por Estados Unidos y sus aliados, y otro centrado en China. Esta última parece cada vez más decidida a no integrarse plenamente en el orden liderado por Occidente, sino a promover un orden paralelo en el que ocuparía la posición central. El conflicto acelera esa doble mentalidad de asedio y determinación.
Xulio Ríos es asesor emérito del Observatorio de la Política China
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