El régimen al que aspira imponer Rodrigo Paz, será recordado por el verdadero desastre que provocarán unas medidas (entre decretos y leyes peregrinas) a medida de sus padrinos y madrinas (domésticos y forasteros). Ya no servirá la muletilla del MAS para imputarle todas las culpas; pero, aun así, las soluciones finales (activadas por los medios), señalando chivos expiatorios ya inexistentes, serán el refugio de los prejuicios oligárquicos, que acaban de desconocer los límites de la democracia y demostrar su carácter envilecido.
El actual gasolinazo es apenas una mula de Troya para incluso la satisfacción de los acéfalos que aplauden inconscientemente semejante revés al país (para quienes la historia empieza hace 20 años y el monstruo que se inventaron –atrincherado en el Chapare– no hace más que revolcarlos en su morbo insano). La subvención a los hidrocarburos, proviene de tiempos de Banzer y Tuto y siempre sirvió para cercar el déficit hasta imaginativo de los gobiernos posteriores, que siempre cayeron en la engañosa incompatibilidad entre subvencionar o no (todas las economías en despegue subvencionan algo, lo cual imaginativa y prudentemente requiere de tratamientos preferenciales de potenciamiento estratégico, además de paliativos que no afecten tanto, al resto de la economía nacional, como a sectores vulnerables que podrían constituirse en afectados).
Pero lo peligroso de este decreto no es precisamente levantar la subvención a los carburantes sino los otros capítulos que no están siendo tomados en cuenta. Se trata de redondear una trampa perfecta: aun derogando el decreto, quedan los otros capítulos que son otro 21060 reactivado para un saqueo mucho más despiadado.
Por ejemplo, el capítulo II del decreto establece un régimen de “promoción y protección de inversiones”; de allí se entiende del por qué del cierre del Ministerio de Justica; porque la activación de este régimen consiste en el desplazamiento de la defensa de los “derechos humanos” como materia estatal (en el nuevo régimen que abre el decreto, al ya no ser reconocidos por el Estado, los derechos son dejados a la propia lógica del mercado, en favor de las “personas jurídicas”, o sea, las empresas).
Otro capítulo donde el Estado (que debe velar por el bien público y los bienes comunes) queda desplazado, es el referente a la “protección contra medidas regulatorias”; lo cual significa que los “derechos” de las empresas estarían por encima del propio Estado. Eso significaba el “Estado tranca” al que se refiere Rodrigo Paz. Se dice: si hay algo más cobarde en este mundo es el capital, que debe gozar de toda la protección posible –incluso a costa de la propia nación y la soberanía estatal– para desplegar sin regulación alguna, su naturaleza depredadora.
Se define como “proyectos estratégicos”, con todo el amparo estatal, aquellos enfocados exclusivamente a la exportación (cuyas ganancias en divisas son protegidos y garantizados por el mismo Estado), los cuales, además, deberán gozar de un tratamiento expedito en sus requerimientos. El Estado boliviano ya no observa conveniencias nacionales, sólo hace de garante. Se promueve 15 años de estabilidad jurídica y tributaria, es decir, aunque el país se venga abajo (previsiblemente por esta medida), el Estado boliviano se compromete a no gravar impuestos, regalías ni penalidades económicas –a estos proyectos definidos como “estratégicos”– que el mismo Estado compromete; como demostración que la soberanía nacional, sólo tiene como fin, amparar al capital transnacional (que es el último beneficiario de toda esta nueva trasferencia de despojo sistemático).
Ya no se trata sólo de hacer más pobres a los pobres sino de rifar el patrimonio nacional, la soberanía estatal y, según la nueva “Doctrina Trump”, demoler toda posible rearticulación de soberanía estratégica (no más Venezuelas que se atrevan a enfrentarnos, dice la “Doctrina Trump” o “Nueva Estrategia de seguridad Nacional”).
Todo esto fue premeditadamente elaborado, incluso al interior del gobierno del Evo, dejando a las logias de casta y de clase burocráticas, reproducirse en lo que siempre consideraron su patrimonio familiar. El Estado republicano persistió en este continuismo, gracias también a la incrustación de estas castas que, ahora las vemos, seguir gozando de los privilegios estatales, con otra bandera, pero con el mismo fin: servirse del poder.
Para tener ahora una perpetuidad acumulada, estas logias políticas trabajaron, desde adentro, desconstituyendo el bloque popular, además, recientemente, bajo auspicio, financiamiento, y logística que brindaron los aparatos de inteligencia, quienes ingresaron, de modo expedito, después del golpe del 2019 y que, al gobierno de Arce, no le interesó frenar, ni siquiera denunciar, lo que la CIA estaba haciendo (hasta en municipios rurales) vía embajada gringa. Las estrategias de infiltración derivaron también en lo errático, personalista y hasta suicida de las movilizaciones evistas. Si hoy por hoy, están completamente desacreditados los métodos de la lucha popular, en gran medida, es gracias al Evo y su dirigencia.
El llamado de la COB a la “huelga general indefinida”, corre el riesgo de ser un mero acto deliberativo, al no haber ni siquiera ya, el “Pacto de Unidad”. Y, con la lectura apresurada y no meditada, de que el decreto 5503, tiene como finalidad sólo levantar la subvención a los carburantes, se pasa por alto que, en realidad, se trata de imponer todo un nuevo régimen de violación de la constitución y la soberanía nacional.
Por eso el régimen de Paz puede negociar separadamente algo que actúa como el anzuelo táctico de desarticulación y división popular (ya lo hizo con el trasporte en Santa Cruz), con el fin de mantener la sustancia del decreto y promover, en el mediano plazo, un nuevo gasolinazo, en medio de la ausencia inevitable de activos que le brinden, al Estado, sobrevivencia progresiva (pues pretenden rifar todo). Los acéfalos “pititas” que veían al Evo como único dictadorzuelo en toda esta historia, ahora que se hagan cargo (como ya vienen diciendo algunos ministrillos) de un régimen que cumplirá sus peores deseos; porque según se ve, no hay predisposición a modificar siquiera el decreto y eso se mostró en el Congreso, cuando la derecha, en bloque, frenó la iniciativa de promover un contra-decreto.
En esas condiciones, esta temprana afrenta al pueblo que hace el régimen de Paz, provocará no sólo un nuevo desastre económico, sino el desastre estatal y nacional, pasándose, por encima, la soberanía del Estado, en favor del capital privado (en boca de Paz se expresa el mercado y el capital: el “Estado tranca”). Los “pititas” estarán felices, sólo por revanchismo y odio racial, pero pronto empezarán a sentir el descalabro político en sus propias narices, pero será tarde para ellos, porque quien ya ha renunciado a la realidad y antepuesto sus propios prejuicios, no hace más que romper su propia cabeza.
Y es lo que acaba de hacer el régimen de Paz: romper más aun la cabeza de la tozuda persistencia de la consciencia social colonizada hasta el tuétano. En una sociedad así, hasta los medios actúan –como lo estamos viendo– como voceros del gobierno, defendiendo el alza de precios de los carburantes y la continua inflación que se viene. Un gobierno con semejante bloque social de legitimación no sobrevive; pero lo peor es que destruye el propio Estado. Rodrigo Paz no tenia ni idea de que iba a ser presidente; al serlo, como de costumbre e idiosincrasia de clase, sólo supo optar por las indulgencias que le ofrecieron para sobrevivir en el poder. Por eso su poder se halla cercado por el círculo inmediato del “k’encha cementero” y bajo la bendición de Washington, a donde se fue a arrodillar primero y donde firmó el restablecimiento diplomático (para acabar de maldecirse) con el Estado genocida del sionismo judeo-cristiano.
Rafael Bautista S., autor de Pensar Bolivia del Estado colonial al Estado plurinacional, vol. I y II, (2009 y 2012). Dirige “el taller de la descolonización”.
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