Como se sabe, el capitalismo ultraliberal que ha dominado el proceso de acumulación en la mayor parte del mundo durante más de cuatro décadas tiene como propósito la reprivatización de la ganancia social y su concentración en el mayor grado posible en las altas esferas del capital. Liberalización y desregulación de los mercados, privatización de empresas públicas y recursos naturales, reducción de los salarios, baja de impuestos a las ganancias del capital, restricción del gasto estatal en servicios a la población como salud, educación y vivienda, ampliación de la jornada de trabajo y del periodo para alcanzar la jubilación, sistema de pensiones basado en las aportaciones del trabajador (con sus limitados ingresos salariales) y no como un derecho general basado en la solidaridad social, flexibilización de la jornada de trabajo son, entre otras, las señales de identidad de lo que ha sido una feroz ofensiva contra el trabajo. Un capitalismo depredador de la naturaleza y de la población trabajadora que no sólo trata de contrarrestar la caída general de la tasa de ganancia sino, en un capitalismo de oligopolios, de concentrar esa ganancia en detrimento de los capitales menores también.
El término precarización refiere la condición del trabajo inestable, por interinatos y contratos que tienen que ser renovados periódicamente, sujeto a contingencias y muchas veces carente de las prestaciones básicas. Tal es el tipo de empleo que ha correspondido a la gran mayoría de los trabajadores de las nuevas generaciones durante el periodo mencionado.
Hasta la saciedad se nos ha dicho que el neoliberalismo, instalado como política económica en nuestro país tras la crisis de 1982 y durante los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, fue superado con la llegada a finales de 2018 de la autodenominada “Cuarta Transformación”. En la nueva etapa el Estado restauraría el equilibrio entre los factores de la producción, mejoraría los salarios y prestaciones para los trabajadores, combatiría la informalidad y daría garantías de estabilidad y prestaciones dignas a la fuerza laboral. Además, ampliaría el gasto social en salud y educación en beneficio de la población mayoritaria y revertiría el saqueo de los bienes públicos y comunes.
Después de siete años y cuatro meses de gobierno morenista, nada, o casi nada, de lo prometido ha encontrado cumplimiento. Veamos el caso de la educación, particularmente de su nivel superior. Para 2026 el Estado mexicano destinó al sector educativo un gasto de 1 billón 120 mil 444 millones de pesos, equivalente al 2.7% del PIB. En relación con el año anterior (2025), representa un incremento de 75 mil 338 millones, un 2.3% real. Aun así, se trata de un indicador muy inferior al promedio de 5% que destinan los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y apenas la mitad del 8% del PIB recomendado por la Unesco y establecido en la Ley General de Educación para garantizar el acceso a este derecho. Es el nivel más bajo en los últimos diez años, que seguirá colocando a México entre los países de América Latina y el Caribe con menor coeficiente de inversión pública en educación.
Pero además esa cifra no se distribuirá equitativamente. La educación básica incrementará su presupuesto en 7.3%, llegando al 61% del total del gasto en el sector, El mayor incremento presupuestal al sector educativo será por el incremento a becas, especialmente por la universalización de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria y secundaria. En cambio, lo dirigido a educación media superior será del 12%, y a educación superior se destinará el 15%: 187 mil 896.2 millones de pesos, que representan 332 mil millones menos que en 2025, -4.7% en términos reales. Incluso las principales instituciones de educación superior han sufrido disminuciones presupuestales: -3% la UNAM y -2% el IPN en términos reales. https://n9.cl/qnall.
El presupuesto de las universidades públicas estatales sólo creció en 1.78%, y el de las nacionales en 3%. Sólamente las novedosas universidades Rosario Castellanos, el proyecto del actual gobierno, como las Universidades del Bienestar “Benito Juárez García” lo fue del anterior, estarán recibiendo en este año un 3.5% de aumento.
Desde luego, es de aplaudirse que existan nuevas ofertas educativas en el nivel superior y se tienda a abatir el rezago en la cobertura para los adolescentes y jóvenes que hoy quedan excluidos. Pero ello no debería ir en detrimento de las instituciones de educación superior ya establecidas. Algunas universidades estatales, como las de Zacatecas, Sinaloa y Morelos, ya están enfrentando insuficiencias presupuestales para cubrir los salarios de los trabajadores y otras obligaciones, según un reportaje del portal Zeta, de Tijuana https://n9.cl/yreuci.
La UNAM está considerando cerrar carreras “de baja demanda”, como la de Desarrollo Territorial en la ENES León, las de Ecología y Estudios Sociales y Gestión Localen la ENES Morelia, la de Desarrollo y Gestión Interculturales en las unidades de León y Mérida, las de Letras Modernas Alemanas, Letras Portuguesas y Letras Francesas en la Facultad de Filosofía y Letras, la de Etnomusicología en la Facultad de Música y la de Historia en la ENES Oaxaca. Lo mismo está sucediendo en las universidades de los Estados, donde diversas licenciaturas, sobre todo de las áreas de Humanidades y Sociales están en riesgo de cancelación.
Hace un mes la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que agrupa alrededor de 200 instituciones públicas y privadas de todo el país, emitió un pronunciamiento en el que señaló la existencia de un déficit acumulado de 50 mil 400 millones de pesos en el sistema de universidades públicas, pues desde 2018 los incrementos presupuestales han estado por debajo de los índices inflacionarios. La mayor cantidad, 46 mil 200 millones, corresponde a las universidades estatales, interculturales y de Apoyo Solidario. Según ese pronunciamiento, los recursos asignados resultan “claramente insuficientes para atender las funciones sustantivas de nuestras instituciones y para cumplir con la meta de cobertura planteada por el gobierno federal”. Por ello, la asociación urgió a las secretarías de Hacienda y de Educación Pública establecer mecanismos «irreductibles» para asignar recursos adicionales extraordinarios en este 2026, a fin de garantizar el pago de salarios y frenar el creciente deterioro de las funciones educativa, de investigación y difusión de la cultura. También el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, manifestó que su institución enfrenta desafíos “tanto estructurales como inéditos” ante la creciente demanda y la insuficiencia de la asignación presupuestal.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la ANUIES diciendo que “no hay reducción de presupuesto” a las universidades, cuando en realidad lo que la agrupación ha sostenido es que los incrementos son insuficientes.
Pero la precarización de la vida universitaria es un hecho. Mientras desde 2019 se ha buscado, con buen éxito, la recuperación de los salarios mínimos, a las instituciones educativas, como a la mayor parte del sector púbico, se les siguen aplicando los neoliberales topes salariales, muchas veces inferiores a las tasas de inflación.
El pasado 7 de febrero, reunidos en la UAM-Xochimilco, profesores de siete instituciones de educación superior resolvieron constituir el nuevo Frente Nacional Interuniversitario Contra la Precarización Laboral (FNICPL). Participan ahí académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Nacional Autónoma de México (UNAM), la Pedagógica Nacional (UPN), del Bienestar Benito Juárez (UBBJ), la Autónoma de la Ciudad de México (UACM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Escuela Normal Superior de México (ENSM). Emitieron un manifiesto dirigido a la presidenta de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Educación Pública en el que señalan la creciente polarización entre los trabajadores académicos: “En México el salario promedio de un profesor universitario ronda los $10,500 mensuales; sin embargo, las élites académicas y las burocracias institucionales perciben ingresos superiores a los $100,000”. Apuntan que entre el 70 y 80 por ciento de los docentes de educación superior son de asignatura y trabajan por contratos por tiempo determinado –—interinatos—, con duración de entre tres y seis meses. Un profesor, en esas condiciones, puede tardar alrededor de 20 años para alcanzar una plaza de tiempo completo.
Los integrantes de este frente denuncian que desde los años ochenta se implantó la lógica mercantil en las instituciones de educación superior del país. Desde entonces se han registrado recortes presupuestales o incrementos insuficientes, y los centros universitarios han quedado “atravesados por la competitividad y el individualismo”. Y concluyen que “a casi ocho años de la llegada al poder de la denominada ‘política progresista’, el profesorado continúa en condiciones de indefensión y vulnerabilidad”.
En las universidades se han instalado —acaso usufructuando la autonomía de la que están investidas— grupos de interés y burocráticos que concentran los recursos, hay preferencias en la asignación de plazas docentes y de investigación y un uso discrecional de los fondos. Los integrantes de este nuevo organismo interinstitucional de docentes reclaman a la Auditoría Superior de la Federación, las fiscalías Anticorrupción y las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados una revisión “integral y exhaustiva” del ejercicio presupuestal de las instituciones de educación superior, así como de sus patronatos asociados, a fin de garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y sancionar posibles actos de corrupción y dispendio https://n9.cl/ddjml.
Todo esto ocurre cuando al frente del Poder Ejecutivo del país se encuentra una reconocida investigadora universitaria de la que se esperaría el mayor impulso al nivel educativo superior para formar los elementos profesionales que el desarrollo nacional requiere. El que se haya integrado esta agrupación de trabajadores académicos de base da cuenta también de la inoperatividad de los sindicatos universitarios, en su mayoría organismos burocratizados y proclives a las autoridades, más que dirigidos a la defensa de los trabajadores.
Se requieren medidas estructurales para superar la crisis por deterioro que viven las instituciones de educación superior, la desprofesionalización de la enseñanza, la insuficiente investigación científica, tecnológica y humanística, las carencias presupuestales, las burocracias doradas que acaparan recursos o los desvían, la creciente diferenciación entre la masa docente instalada en la precariedad y las elites académicas receptoras de estímulos, becas y altos salarios; en otras palabras, para la transformación necesaria del sistema educativo que el ultraliberalismo depredador nos ha determinado en el pasado reciente y que los actuales gobiernos reproducen.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
X: @ednava7
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