Consistente con los patrones trazados por su antecesor, la presidenta Sheinbaum envuelve el regalo de su reforma político-electoral como un “decálogo” y anuncia que, de no contar con la necesaria mayoría calificada en el Congreso, ya tiene un “plan B”. No le ha sido fácil elaborar su iniciativa, y menos aún dotarla de consenso, porque optó desde el inicio por que fuera una comisión presidencial, sin foros de propuesta y debate, sin participación del Congreso y excluyendo hasta a los partidos aliados en la coalición gobernante, quien la elaborara.
Después de retrasar más de una vez la remisión formal de la iniciativa a las cámaras legislativas ante las reservas expresadas desde el mismo bloque gobernante, finalmente el miércoles 4 de marzo por la tarde la envió a la Cámara de Diputados. Pero, asombrosamente, el contenido específico de la iniciativa no se apegó a los diez puntos que esa misma mañana en su habitual conferencia de prensa había anunciado como “Decálogo por la democracia”. Se han omitido puntos como el de facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero, la prohibición del nepotismo y la no reelección. Aun así, menudo trabajo tendrán los coordinadores parlamentarios del Morena, Ricardo Monreal e Ignacio Mier Velazco, para buscar el consenso con sus pares del Partido del Trabajo y el Verde Ecologista. De antemano está anunciado que el PAN y PRI votarán en contra. Por eso, ante el escenario de no lograrse la mayoría calificada necesaria para los cambios constitucionales requeridos, la mandataria habla de un “plan B”, aunque no dice cuál sería.
Ahora habrá que analizar en detalle la muchas veces anunciada iniciativa. Pero me baso al redactar estos comentarios una revisión inicial de esta pretendida reforma electoral, que es también política porque aspira a modificar la representación popular.
Plantea en primer término una “reestructuración” de los legisladores plurinominales, que implicaría dos cambios en la representación legislativa: eliminar las listas partidarias en el Senado para dejar ahí sólo los dos escaños de mayoría relativa y el de primera minoría; y modificar la forma de elección de los diputados de representación proporcional. Se conservarían los 200 de la actualidad, pero ya no emanarían de las listas elaboradas por los dirigentes de los partidos sino de la votación directa de los ciudadanos. 100 de éstos serían los que, sin haber obtenido el triunfo en el distrito en el que participaron, obtengan las mejores votaciones “ordenados porcentualmente de manera decreciente conforme a la votación distrital válida emitida de su propio partido en esa misma elección”, y los otros 100 “por votación directa en las cinco circunscripciones regionales, donde se incluirán las candidaturas electas por los mexicanos residentes en el extranjero”.
Esta modalidad lejos está de asegurar lo que realmente buscaría una iniciativa democrática: ajustar el número de representantes parlamentarios a la votación porcentual que cada partido obtenga en las urnas y eliminar la sobrerrepresentación prevista hasta hoy en la Constitución y que, mediante la abusiva interpretación del Tribunal Electoral, permitió que en la legislatura actual la coalición del gobierno tenga, con el 54 por ciento de los votos, el 75 por ciento de los legisladores. Los 200 diputados de representación proporcional podrían salir, todos, de los candidatos no ganadores en los distritos, asignando a cada partido el número que coincida, al sumarse con sus triunfos de mayoría, exactamente con el porcentaje obtenido en las boletas. Pero no. Al reservar posiciones para que sean votadas en cinco circunscripciones se conduce a que el partido más fuerte (el Morena, ¿cuál otro?) compita en los 300 distritos y también por esas 100 curules y asegure otra vez una abultada sobrerrepresentación. Más aún, de manera contradictoria, en la fracción III del artículo 54 se seguiría estableciendo que a cada partido “le serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados de sus listas que le corresponda” (énfasis mío, ENH).
Del Senado quedarían excluidos los partidos minoritarios —de oposición y de la coalición de gobierno— que no queden al menos en segundo lugar, lo que también de antemano le asegura al partido hoy mayoritario una mayoría holgada. No en vano el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, dice con claridad que se trata de restablecer el régimen de partido de Estado.
La reforma planeada por el muchas veces legislador plurinominal Pablo Gómez y sus acompañantes pretende disminuir también en 25% las asignaciones monetarias a los partidos reduciendo del 68 al 48.75 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) el factor a multiplicarse por el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral para calcular el monto que la Constitución les otorgaría. El financiamiento partidario, así, se mantendrá vinculado al crecimiento del padrón, con lo que seguirá aumentando cada año. Y no se modificaría la distribución desigual de esos recursos, de los que el 30 por ciento se distribuye en forma igualitaria entre los partidos y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la anterior elección de diputados. Poner límites a las prerrogativas a los partidos es necesario, pero el recorte planteado afectará más a los partidos de oposición y a los que obtienen menor votación que al partido oficial.
Se buscará, con mayor intervención de “las instituciones, organismos y organizaciones del sistema financiero”, no con las atribuciones fiscalizadoras del INE, reducir los riesgos de financiamiento ilícito por particulares y la delincuencia organizada. Pero no se retoma la propuesta del PAN de sancionar con la pérdida del registro al partido al que se compruebe recibir recursos de la delincuencia organizada.
Para asegurar el predominio del oficialismo en las campañas electorales se plantea reducir los tiempos en que acceden los partidos la radio y televisión, de 48 a 35 minutos diarios en cada emisora. Esto a pesar de que los tiempos legales (que no reales) de las precampañas y campañas se han acortado y por tanto se han reducido las posibilidades de contacto directo con los ciudadanos. Además, se regularía el uso de la inteligencia artificial, no sólo etiquetando los mensajes generados con esa tecnología sino estableciendo una modalidad de censura previa que haría de las plataformas, televisoras y radiodifusoras autoridades electorales para identificar contenidos, denunciarlos y evitar su difusión.
Aunque inicialmente la presidenta Sheinbaum había planteado eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que ha venido funcionando desde 1994, ahora ha rectificado y se acepta que siga operando en las jornadas electorales. Pero plantea que el cómputo en los distritos se inicie desde la noche de la jornada electoral misma, y no el miércoles siguiente como ha sido hasta ahora. Con ello se limitaría a los partidos la posibilidad de acopiar las copias de las actas que deben entregárseles y preparar, en su caso, los recursos de impugnación. Ahora, los representantes partidarios en los comités no tendrían más documentación que la contenida en el paquete electoral.
Entre los avances que podrían resultar de esta iniciativa está el que se buscará regular con más precisión las consultas y referendos, también en los órdenes estatal y municipal, para propiciar una mayor participación directa de los ciudadanos en los temas en que sea procedente consultar. Pero, al parecer, se decidió no incluir el tema de la no reelección de los legisladores, pues no se modificaría el artículo 59 de la Constitución, que actualmente permite a los senadores ser reelectos por dos periodos consecutivos y a los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos. No hay cambios tampoco a la fracción I del 115 constitucional que permite la reelección por un periodo consecutivo de presidentes municipales, síndicos y regidores.
De la misma manera, se deja de lado en la iniciativa presidencial el tema del nepotismo, que tanto debate ha suscitado, por lo que tienen vía abierta los consabidos clanes y cacicazgos que hoy amenazan reproducirse por consanguineidad o relación matrimonial en Guerrero, Zacatecas y San Luis Potosí.
Después de mucho ruido, en suma, pocas nueces da esta iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Se debilitan, sí, dos de los aspectos que sustentan la partidocracia, como son las listas que permiten a las burocracias de los partidos predeterminar a los legisladores plurinominales y el manejo de cuantiosas prerrogativas monetarias. Pero se conservan, y refuerzan los mecanismos que aseguran el predominio de un partido por sobre los demás, manteniendo la inequidad de la elección. Si esta reforma sale adelante, y de no haber en el corto plazo un cambio drástico en la preferencia de los ciudadanos (y no aparece por ahora algún motivo para que lo haya), es claro que el Morena se consolidará como el nuevo partido de Estado, sucesor directo del PRI depuesto y decadente. ¡El rey ha muerto, viva el rey!
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
X: @ednava7
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