No debe pasar inadvertido para los mexicanos lo que ocurrió el pasado 7 de marzo en el campo de golf Doral —aparentemente, propiedad de Donald J. Trump— en la ciudad de Miami Florida. A convocatoria del presidente estadounidense se reunieron ahí 12 mandatarios de otros tantos países de América para constituir lo que el gobernante ha llamado Escudo de las Américas.
Se trata de una iniciativa de acuerdo internacional para, aparentemente, combatir con fuerzas militares el narcotráfico en el continente. Aparece de manera paralela a la iniciativa de Trump que ya tempranamente ha fracasado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la llamada “Junta de Paz” para Gaza, que pretende el mandatario yanqui, con su presidencia vitalicia, yuxtaponer a las Naciones Unidas para desplazarlas.
Resalta, en primera instancia, tanto por los que asistieron a Miami como por los mandatarios que no fueron invitados. Prácticamente todos los asistentes son políticos de derecha o ultraderecha en sus respectivas naciones, desde el dictatorial violador de derechos humanos Nayib Bukele, de El Salvador, hasta el aún no gobernante pero electo presidente de Chile, hijo de un nazi inmigrado, José Antonio Kast. También Nasry Asfura, de Honduras y Daniel Noboa Azin, electos en procesos señalados con claros indicios de fraude. Todos, en fin, ideológicamente afines al actual morador de la Casa Blanca en Washington. Excluidos, en cambio, los presidentes de Brasil Luiz Da Silva, de Colombia Gustavo Petro y de México Claudia Sheinbaum, que representan a los países más poblados del área latinoamericana y los de mayor peso económico, además claves en el combate al narcotráfico, pero que no encuadran en esa identidad política con Mr. Trump. Tampoco fue invitada la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pese a que señalamientos de narcotráfico han sido la justificación para el secuestro y prisión del presidente Nicolás Maduro, que está en espera de un juicio en Nueva York después de que el propio gobierno estadounidense desacreditó la existencia del ficticio “Cártel de los Soles” que él mismo encabezaría.
La lista de participantes, y los no invitados, patentizan que no se trata, en realidad, de fortalecer la lucha contra los consorcios del narcotráfico declarados por el propio Trump como “narcoterroristas”. México, que tiene una frontera de más de tres mil kilómetros con los Estados Unidos por la que atraviesan, además de miles de migrantes hacia el norte, las cargamentos de narcóticos a los que dice temer el presidente, y no se diga hacia México los armas que nutren a las bandas delincuenciales. Colombia, es sabido, es uno de los grandes productores de cocaína en Sudamérica, y asiento de importantes cárteles. Con ambos países, EUA ha tenido acuerdos de colaboración antinarco como el Plan Colombia, la Iniciativa Mérida y el Entendimiento Bicentenario signado en 2022 con el gobierno mexicano.
Nadie con seriedad cree, a estas alturas, que el gobierno estadounidense esté interesado en combatir a fondo el problema del narcotráfico, cuando su país es, con mucho, el mercado de drogas más grande del mundo y sus instituciones financieras y empresas los grandes lavadores de las ganancias de ese lucrativo negocio. El propio Donald J. Trump otorgó no hace mucho el indulto al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en marzo de 2024 por un tribunal estadounidense a 45 años de prisión por narcotráfico y uso de armas. Hernández fue, desde luego, un gobernante de derecha cercano a Trump en su primera gestión presidencial. Y nada menos ahora, la fiscalía estadounidense se encuentra negociando un acuerdo de cooperación —para convertirlo en testigo protegido, como lo ha hecho con muchos otros peces gordos del narcotráfico antes— con Abigael González Valencia El Cuini, principal operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación y cuñado del hoy extinto Nemesio Oseguera Cervantes Mencho. La categoría de testigo protegido, como se sabe, es una virtual absolución de todos los delitos cometidos con anterioridad, con residencia otorgada en los Estados Unidos y total impunidad.
Por lo demás, si los consorcios dedicados al narcotráfico realizan acciones de violencia extrema contra las fuerzas del orden y la población, es con armamento mayormente adquirido en los Estados Unidos (el 80% en el caso de los cárteles mexicanos), armamento al que el gobierno de ese país se resiste a poner controles que impidan su trasiego a México y a otros países. La poderosa industria armamentista estadounidense es aliada de Trump y protegida por éste.
La retórica de la “lucha contra el terrorismo” es meramente la coartada, ya empleada en múltiples ocasiones con anterioridad, para justificar acciones de fuerza por los Estados Unidos y presionar a otros gobiernos. La probabilidad de que los narcotraficantes realicen acciones de violencia contra la población en ese país es prácticamente nula; y cuando lo hacen en otros países son acciones relativamente aisladas, que corresponde combatir a los gobiernos de éstos. La declaratoria de las mafias narcotraficantes como “narcoterroristas” tiene, entonces, un sentido meramente instrumental, utilitario a los fines del imperio, como lo ha sido el manejo de la democracia o el de los derechos humanos, siempre parcial y selectivo, que se aplica contra los no aliados, pero no a los que sí lo son.
Pero en el concilio de Doral 2026 hay que poner atención. Coordinado originalmente por la secretaria de Seguridad Interior Kristi Noem (luego removida del cargo por Trump), es un proyecto que busca integrar las fuerzas de defensa de las naciones participantes y al Departamento de Guerra estadounidense para coordinar y adiestrar a los ejércitos de esos países. “Nos reunimos para anunciar una nueva coalición militar para erradicar los carteles criminales que asuelan nuestra región”, declaró Trump al arrancar los trabajos.
Como respuesta a la pregunta de por qué su gobierno no fue invitado a la reunión en Miami, la presidenta Sheinbaum adujo que no era necesario, porque México ya tiene acuerdos de cooperación con los Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico; y sostuvo que no se aceptará que las tropas extranjeras actúen directamente en territorio mexicano. Lo primero es cierto. En función de esos convenios, oficiales del ejército y la marina estadounidenses, armados, han estado frecuentemente en México para realizar prácticas y dar adiestramiento a sus homólogos mexicanos; y oficiales mexicanos han viajado a Estados Unidos, también recurrentemente, para los mismos propósitos.
Pero no sabemos con certeza si los agentes de seguridad estadounidenses operan o no con libertad en territorio mexicano. Después de que el ex secretario de la Defensa Salvador Cienfuegos fue detenido en el país vecino bajo cargos de colaboración con el narcotráfico, el presidente López Obrador restringió la presencia de la DEA en nuestro país y obligó a sus agentes a rendir informes periódicos al gobierno mexicano. No es claro cuál es el alcance de esos controles. Concretamente, en el reciente operativo en Jalisco para capturar a Nemesio Oseguera, el secretario de la Defensa, general Trevilla, reconoció que se contó con «información complementaria» del gobierno estadounidense. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt anunció en su cuenta X que “Estados Unidos brindó apoyo de inteligencia al gobierno mexicano para ayudar con una operación en la que fue eliminado Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes». Y agregó: «El gobierno de Trump también elogia y agradece a los militares mexicanos por su cooperación y la exitosa ejecución de esta operación».
Poco después en su informe del Estado de la Unión, Donald Trump se atribuyó la exitosa operación en la que murió el capo narcotraficante.
Así, la llamada “Cumbre” de Miami no fue una reunión para organizar la lucha contra el narcotráfico, algo que el gobierno de Trump no busca realmente. Se propuso, en primer término, acreditar sus alianzas con los gobernantes que le son adictos de manera entreguista, servil, incluso (en lo que el argentino Javier Milei lleva hasta ahora la posición más adelantada), como parte de su proyecto de control hemisférico. Lo hace a través de las fuerzas armadas, como en preparación de un conflicto con una potencia o fuerza externa, y como una demostración de fuerza. Es eso lo que ha venido haciendo desde el inicio de su segundo mandato, al involucrar directamente el ejército y la marina en la destrucción de lanchas y asesinato de sus tripulantes (más de 150 hasta ahora) en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, crímenes impunes bajo el argumento, sin pruebas, de que se trataba de narcotraficantes.
La reunión de lacayos se diseñó también para aislar y presionar a los gobiernos del continente que no están alineados con el ya confeso “dictador” de la Casa Blanca: México, Colombia y Brasil, y para subir las amenazas contra Cuba y Nicaragua. Diplomacia de ablandamiento se llama.
Pero eso sólo cobra pleno sentido cuando se lo ve en la lógica ya anunciada de la revitalización de la Doctrina Monroe como “Donroe” o, con más precisión, actualización de la doctrina del Gran Garrote (Big Stick) de Theodore Roosevelt: conservar América para los Estados Unidos, mediante el uso de la fuerza, en el contexto de la competencia económica y geoestratégica con las potencias adversarias, China y Rusia. La propuesta de Trump es la de las zonas de influencia, con la que nuestro continente queda declarado un espacio vital, el Lebensraum alemán con el que los nazis justificaron sus anexiones y expansionismo sobre el continente europeo. Pero es una perspectiva inaceptable para China, que tiene cuantiosas inversiones en infraestructura en Brasil, Colombia, Venezuela, Nicaragua, y también financieras, incluso en la Argentina, hoy bajo el mando del ridículo Javier Milei. También inaceptable para Rusia, para la cual América ha sido un mercado creciente para sus exportaciones de trigo, cemento, fertilizantes y metales industriales.
En su congregación de Miami, frente a sus servidores incondicionales de otros países, el empresario-presidente afirmó que “debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México”; y señaló que “los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre en este hemisferio”. Pero el gobierno de México no estaba presente. No fue invitado.
Para México, Doral es una presión más, que se agrega a las que en varias formas ha ejercido el criminal gobernante estadounidense. La respuesta de la presidenta Sheinbaum ha sido correcta: guardar mesura, evitar el enfrentamiento y buscar acercamientos con los gobernantes de Brasil —a donde anuncia ya una visita para junio o julio próximos— y, telefónicamente, de Colombia. No se puede renunciar al fortalecimiento y reforma de los organismos institucionales, principalmente la ONU, que ahora Donald Trump desdeña y pretende debilitar. También debe México seguir recurriendo a las instancias multilaterales de desarrollo y cooperación, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), y al reforzamiento de la negociación con diversas áreas económicas y geopolíticas del mundo: la Unión Europea, la región Asia-Pacífico, incluyendo China, Rusia y otras.
Ahora habrá que estar atentos al curso que siga este inaugurado Escudo de las Américas que nada bueno anuncia para México ni para otros países del continente.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.
X: @ednava7
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