Hace algunas semanas se comentó en este espacio la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) de remitir al secretario general y a la Asamblea General de la ONU, con fundamento en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas —suscrita por el Estado mexicano— el caso de las más de 134 mil desapariciones registradas en nuestro país, para que en ese órgano supremo se acuerden medidas de colaboración técnica y apoyo a las víctimas y sus familias (“México ante las naciones Unidas” https://n9.cl/cxape). Ahora, otros dos documentos internacionales publicados casi simultáneamente, insisten en la situación de crisis de derechos humanos que prevalece en México por ese terrible fenómeno y en general la violencia social generada por la extensión de las organizaciones delincuenciales, que se encuentran fuera de control.
Se trata del Informe Desapariciones en México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el balance titulado Procesos en marcha, derechos en riesgo. El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, elaborado por Amnistía Internacional.
El primero de ellos, de la OEA, es un extenso estudio de 237 páginas que contextualiza el fenómeno de la desaparición forzada en México y lo clasifica según el perfil de las personas desaparecidas. Repasa las raíces del fenómeno desde la llamada “guerra sucia” de los años setenta y, desde luego, bajo la creciente presencia de las organizaciones de narcotráfico y crimen organizado en un sentido amplio. Hace un balance del deficiente sistema de justicia frente a las desapariciones forzadas y del aparato, insuficiente, de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y atención a las víctimas indirectas. Contabiliza 128 mil casos y hace 40 recomendaciones para fortalecer la prevención y búsqueda de personas desaparecidas, para mejorar el acceso a la justicia y reparación a las víctimas y para fortalecer la memoria sobre las desapariciones del pasado y el presente.
Es, probablemente, el estudio más completo de que se puede disponer hasta ahora para entender la gravedad del problema social que representa el secuestro y desaparición forzada de distintos tipos de personas, desde hombres jóvenes y mujeres hasta menores de edad. Llama la atención sobre el reclutamiento forzado de menores por las organizaciones criminales. El gobierno mexicano, como signatario de la OEA y de la CIDH está obligado a tomarlo en cuenta y asumir las recomendaciones, dejando de lado su permanente actitud de minimizar la cuestión de las desapariciones, considerarla un tema de pasado o tratar de disminuir las cifras que dan cuenta del inmenso dolor social. Más aún cuando los colectivos de madres y personas buscadoras se encuentran muchas veces bajo ataque de los sicarios y se cuentan ya por decenas los que han sido ejecutados por buscar la verdad y a sus seres queridos en condición de desaparición forzada.
En el acto en que se entregó el documento de la CIDH a los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla y de Relaciones exteriores Enrique Ochoa, Andrea Pochak, vicepresidenta de la CIDH, destacó que, frente a los 128 mil casos de desaparición están también 70 mil cuerpos humanos no identificados en los servicios médicos forenses del país, y no dejó de señalar como “alarmante” el creciente número de casos en que han participado agentes del Estado, principalmente estatales y municipales, y la posible aquiescencia de otras autoridades que resulta imposible que no se dieran cuenta de los operativos de os criminales.
A diferencia del rechazo de la presidenta Sheinbaum y otros voceros del partido oficial al documento del CED hace unas semanas, esta vez los subsecretarios recibieron “con respeto institucional el informe de la CIDH, como lo destacó Mathieu Tourliere, reportero de Proceso https://n9.cl/2850w.
El segundo documento, de Amnistía Internacional, trata de manera más amplia, en 66 páginas, la crisis de derechos humanos que ha vivido México en el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum, en diversos aspectos. Se realzan como retrocesos institucionales la reforma al Poder Judicial que modificó su composición favoreciendo consideraciones políticas; la ampliación de funciones a la militarizada Guardia Nacional, que ahora participa en el control migratorio y la intervención de telecomunicaciones sin orden judicial; la reelección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH, que mantiene a este órgano sin independencia y sin respuestas frente a casos relevantes de violación a derechos humanos; la eliminación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales (INAI) y su sustitución por una instancia Transparencia para el Pueblo, sin autonomía del poder Ejecutivo.
Para AI, la militarización de la seguridad pública ha incrementado los riesgos y violaciones a los derechos humanos, con detenciones arbitrarias, así como con el empleo creciente del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, que los organismos internacionales han recomendado eliminar. Las fuerzas armadas han privado de la vida a migrantes en Chiapas y Tamaulipas. El informe señala también las amenazas, ataques y vigilancia injustificada contra defensores de derechos humanos y periodistas y la ampliación de facultades de vigilancia sin control judicial, como la geolocalización, además del asesinato de 32 defensores de derechos humanos y nueve periodistas en 2024 y 2025. No deja de ocuparse del gran número de feminicidios impunes y en los ataques contra grupos vulnerables, como el de LGBTIQ, que enfrenta discriminación, ataques de odio y al menos 137 asesinatos esos años.
Amnistía Internacional hace también recomendaciones al Estado mexicano, como revertir las reformas al Poder Judicial; reformar la seguridad pública priorizando las instituciones civiles y el respeto a los derechos humanos; fortalecer las fiscalías y eliminar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa; reconocer el derecho a la protesta y dar protección efectiva a los defensores de derechos humanos y personas buscadoras; y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, incluyendo la consulta previa y la protección territorial.
Esta organización no gubernamental, con más de cinco décadas de presencia internacional, registra 133 mil casos de desaparición o no localización de personas, con un 99.6% de casos sin resolver en 2022, y más de 72 mil cuerpos sin identificación desde 2006. Evalúa que la reforma de 2025 a las leyes sobre desaparición no mejoró la capacidad de las instituciones para atender la emergencia, pero sí aumentó los riesgos de violación de derechos y de vigilancia estatal sobre las personas. También señala AI las prácticas contra el espacio cívico y el derecho a la protesta, como el uso excesivo de la fuerza contra manifestaciones públicas, la detención arbitraria de manifestantes, el “encapsulamiento” y uso frecuente de extintores como armas.
Las amenazas y violaciones se extienden al espionaje a ciudadanos desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y con reformas legales en 2025 que atentan contra el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Concluye Amnistía Internacional que México vive una crisis grave de derechos humanos por violencia, impunidad y discriminación sistemática contra grupos vulnerables. Hace recomendaciones, como revertir la reforma al Poder Judicial y garantizar la independencia y derechos laborales de los juzgadores; fortalecer la CNDH; retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, y especialmente del control migratorio; eliminar el delito de aborto en las entidades donde no se ha hecho y garantizarlo como derecho con acceso gratuito y seguro; mejorar la protección a solicitantes de asilo y migrantes y reforzar los mecanismos contra la corrupción y la impunidad; reconocer la gravedad de las desapariciones y feminicidios y garantizar justicia y reparación a las víctimas; garantizar también la protección a los grupos vulnerables, como los LGBTIQ; y adaptar leyes secundarias para la protección de comunidades indígenas y afrodescendientes.
El informe de Amnistía Internacional no tiene para el Estado mexicano carácter vinculatorio, pero es una confirmación más de que la situación de la seguridad y los derechos humanos en México se encuentran en una situación límite que coloca al país en la mira de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales. Y a ello se suma la creciente presión del gobierno estadounidense que solicita la detención y extradición, conforme al tratado correspondiente, de, hasta ahora, nueve funcionarios y ex funcionarios del Estado de Sinaloa, entre ellos el gobernador ahora con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Insunza Cázarez, y acciones más contundentes contra el tráfico de fentanilo y drogas sintéticas hacia su país.
Es claro que las denuncias internacionales y la presión del gobierno estadounidense tienen un mismo origen: la desmesurada expansión de la criminalidad organizada y la multiplicación y fortalecimiento de los grupos delincuenciales en los últimos años, sobre todo bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que, con sus “abrazos, no balazos” impuso una política de tolerancia y complicidad con esos grupos antisociales.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha aceptado también dos denuncias presentadas contra la reforma de 2025 al Poder Judicial de la Federación, una elaborada por 65 jueces y magistrados que fueron desplazados de sus cargos al sustituirse la carrera judicial por un proceso de tómbola y elección popular. Está corriendo desde el pasado mes de marzo el plazo de cuatro meses para que el Estado mexicano responda a los motivos de la denuncia, bajo pena de llevar el caso a la Corte Interamericana, que podría imponer medidas de sanción y reparación al gobierno de México, incluso obligar a modificar la Constitución, si esa reforma atenta contra la Convención Interamericana de Derechos humanos. La otra fue presentada por legisladores del PAN, que también impugnan las reformas recientes a la Ley de Amparo y a la llamada “supremacía constitucional” que impide cualquier recurso contra reformas aprobadas por el Constituyente Permanente (Congreso de la Unión y 17 legislaturas estatales) a la Constitución misma. En última instancia, esta denuncia podría lleva a anular la elección de jueces por voto popular y a reintegrar la carrera judicial como garantía de independencia del Poder Judicial.
Para configurar la tormenta perfecta contra el gobierno mexicano, es también desde Estados Unidos que el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, que se ordena investigar la acción de los 53 consulados mexicanos en ese país por señalamientos de que desde ellos se hace proselitismo político a favor del Partido Demócrata. Las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos están en su peor momento en más de un siglo. Los intentos de autonomía por Claudia Sheinbaum, como su apoyo humanitario a Cuba, la declaración contra el secuestro del presidente Maduro y la asistencia a la cumbre de gobiernos progresistas en Barcelona, el mes pasado, a invitación del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, no han hecho más que colocar bajo mayor presión a su gobierno y a los gobiernos estatales morenistas a los que se han abierto investigaciones por sus relaciones con el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Resultarán inútiles para contrarrestar esta andanada el distractor de las denuncias y el intento de juicio político contra la gobernadora panista de Chihuahua María Eugenia Campos por pretendida “traición a la patria” por haber aceptado la colaboración de agentes de la CIA en un operativo —del que también estaba enterada la Secretaría de la Defensa Nacional, que tendió un cerco de protección— a un narcolaboratorio en la sierra occidental de ese Estado. La exigencia del gobierno mexicano de información sobre las acciones de la Agencia Central de Inteligencia en nuestro territorio, que jamás será satisfecha, provocará más bien una reacción mayor desde los Estados Unidos. La derecha y ultraderecha del país tienen sus esperanzas puestas en una mayor intervención estadounidense y el debilitamiento del Morena y sus gobiernos para recuperar espacios y establecer un régimen no más democrático sino más alineado con los intereses de la superpotencia.
La debilidad de México está también en su estancamiento económico, dependencia de los ingresos por exportaciones a los Estados Unidos y las remesas de los connacionales en ese país, mientras las predicciones indican un muy débil crecimiento para 2026 y la calificadora Standard & Poor’s baja a negativa la calificación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, todo ello en vísperas de la renegociación del tratado de libre comercio de Norteamérica.
En qué parará este laberinto internacional en que se halla embrollado el gobierno de Sheinbaum, es algo muy difícil de prever. Resultados adversos en la CIDH y más demandas de extradición de políticos mexicanos, de Morena y otros partidos colocarán al Estado mexicano en una posición de debilidad que no se elimina con llamados a la unidad nacional y la defensa de la soberanía, que no son los temas en juego. Lo mejor sería reconocer que la política del país, con todo y su “Cuarta Transformación” han resultado en retrocesos en materia de derechos humanos y laborales y garantías sociales, y también el alta corrupción e imbricación de funcionarios y gobernantes con actividades ilegales. Mucho tiene que ser compuesto si se quiere salir bien de esta crisis gubernamental y de lo que está resultando ser un régimen fallido.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
X: @ednava7
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