Como de la chistera de un mago, aparecen desde el Ejecutivo y la bancada del Morena en la Cámara de Diputados nuevas iniciativas de reformas constitucionales y legales que operarán en los procesos electorales y los poderes judiciales del país. Una era exigida, el aplazamiento por un año de la elección de juzgadores inicialmente programada para 2027; otras que nadie esperaba pero que encajan en lo que el partido en el poder podría requerir en escenarios electorales adversos en los próximos años.
Derrotada fue, no por los partidos opositores, sino por los aliados del gobierno, PVEM y PT, en su primer y segundo intentos, una reforma electoral que se proponía inicialmente reducir la representación proporcional y el financiamiento a partidos políticos, eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y regular el voto electrónico, el uso electoral de la inteligencia artificial y los bots en redes sociales. Lo aprobado en definitiva, apenas en marzo pasado, fue una reforma que degrada el régimen federal al regular, desde los poderes nacionales, la composición de las legislaturas locales y ayuntamientos, lo que en apego al federalismo tendría que ser normado desde los propios congresos de los Estados.
Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum presenta una nueva iniciativa que responde a la imposibilidad técnica —señalada por el Instituto Nacional Electoral— e inconveniencia política de realizar la elección de juzgadores locales y estatales en la misma fecha que los comicios federales para renovar la Cámara de Diputados y las locales de 17 gobiernos estatales y miles de ayuntamientos. Pero añade otra, por la que se creará en el Instituto Nacional Electoral (INE) una comisión verificadora que investigará la probidad de quienes aspiren a cualquier cargo de elección popular (presidente, senador, diputado federal o local, gobernador, presidente municipal o regidor; es decir, decenas de miles de postulados) para que no lleguen quienes estén vinculados de cualquier manera con los grupos de criminalidad organizada. Esa comisión tendría el papel de alertar a los partidos, con información solicitada a la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional Bancaria, de las posibles relaciones de sus candidatos con delitos federales. Serán los partidos mismos, se dice, los que decidirán sostener o retirar esas candidaturas. Habrá así un medio para que organismos del Ejecutivo, como la UIF, o la institución a cargo de la fiscal carnal, militante del Morena y ex titular de la Consejería Jurídica con Claudia Sheinbaum Ernestina Godoy intervengan en los procesos electorales señalando a candidatos opositores.
A la iniciativa presidencial se agrega la del coordinador de los diputados morenistas Ricardo Monreal Ávila, avalada también por la presidenta Sheinbaum, para incluir como causal de nulidad de una elección la ambigua figura de “intervención extranjera”. Y por ello se entiende las conductas provenientes del extranjero que impliquen intervención, intromisión, financiamiento, presión, manipulación, coacción o cualquier acto que tenga por objeto influir indebidamente en la organización, desarrollo o resultados de los procesos electorales federales o locales. Y eso se concretaría en caso de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras, o cualquier otro ente con origen fuera del territorio nacional, hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral y su conducta resulte determinante para el resultado de la elección. Es decir, cualquier cosa.
Con esta disposición, el Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación, que siempre resuelve de manera favorable al partido oficial, podrá anular una elección, sobre todo las ganadas por partidos o candidatos opositores, por factores como informaciones difundidas por medios desde el exterior sobre los procesos electivos o candidatos. También la denuncia que un gobierno como el de los Estados Unidos pueda hacer señalando a políticos mexicanos de estar relacionados con la delincuencia organizada, o incluso los señalamientos de organismos multilaterales u organizaciones internacionales de derechos humanos. En fin, por casi cualquier cosa, incluyendo la supuesta “difusión sistemática de desinformación o manipulación digital”, como las publicaciones en redes sociales.
No sería una reforma tan amenazante si no fuese tan amplia y abarcante. Y es que, sí, se ha visto la ostentosa intervención del gobierno estadounidense en procesos electorales recientes en la Argentina, Ecuador, Bolivia y Honduras, chantajeando, amenazando u ofreciendo recursos condicionados al triunfo de un determinado partido. Nadie quiere que eso se replique en México, donde evidentemente Donald Trump y el Departamento de Estado tendrían muchos motivos para favorecer a algún partido o impedir el triunfo de otros. Pero la iniciativa de Monreal habilitará al tribunal electoral para declarar la nulidad por reportajes difundidos desde el extranjero, o por declaraciones de políticos de otros países, o cualquier situación similar que se pueda imaginar.
Por supuesto, una causal como la referida activará en el imaginario colectivo de los mexicanos el espíritu patriótico y antiyanqui que presentará a su gobierno como nacionalista y defensor de la soberanía. Y es que tal iniciativa no se da sin un contexto concreto, sino en medio de las acusaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y un gran jurado de Nueva York contra políticos mexicanos a los que relaciona con el Cártel de Sinaloa, específicamente el gobernador, hoy con licencia, de ese Estado, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares, el presidente municipal de Culiacán y otros siete funcionarios y ex funcionarios que el gobierno mexicano no ha querido detener preventivamente, como lo señala el tratado de extradición suscrito con nuestro vecino del norte.
Se sabe que otras solicitudes iguales vendrán contra otros políticos, del Morena y de otros partidos, y que eso podría incidir en los procesos electorales por venir. El tema es si como “injerencia extranjera” podrían contemplarse o no los señalamientos fundados y apegados a un tratado de extradición, o a otro instrumento jurídico vigente, que afecten a un candidato o partido e incidan en la contienda electoral.
Y de último momento, el diputado también morenista Sergio Gutiérrez Luna —a cuya esposa, la también diputada conocida popularmente como Dato Protegido, favoreció el TEPJF imponiendo un insólito castigo a una ciudadana de Chihuahua que hizo una crítica en redes sociales— presenta una reserva que permitirá a los integrantes de ese tribunal presentarse a la reelección en 20028. En caso de lograrse, los magistrados adictos al Morena y al gobierno Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Alonso Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña podrían permanecer durante el proceso electoral de 2030 y más allá. Pago de favores y garantía de control por Morena del tribunal de última instancia en la calificación de las elecciones.
Las iniciativas de marras a la Constitución, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, aprobadas con premura en maratónica sesión en la Cámara de Diputados, y apenas a tiempo para que puedan aplicarse en el proceso electoral federal 2026-2027, no resultan ser un avance del marco democrático. Son reformas defensivas que buscan blindar al régimen político y al partido actualmente en el poder y sus aliados.
El contexto es el del rápido desgaste de la aprobación al gobierno de Claudia Sheinbaum y del apoyo a su partido y a la coalición gobernante a causa de la imparable inseguridad pública en Sinaloa y otras regiones; la falta de respuesta a la crisis de desapariciones forzadas, que más bien se ha intentado minimizar y ocultar; el incumplimiento de compromisos con grupos sociales como la CNTE, los productores de frijol de Zacatecas; los transportistas azotados por la delincuencia en carreteras; por los megaproyectos privados y del Estado que están devastando la naturaleza, acabando la economía local y desplazando poblados; la desatención a las madres buscadoras; la inacción, incluso protección, frente a los grupos criminales que atacan y desplazan poblados completos, como Los Ardillos en La Montaña de Guerrero, o el CJNG en Chiapas y la Meseta, la Cañada y la Costa-Sierra de Michoacán; los recortes arbitrarios a las pensiones de trabajadores petroleros y de la CFE; y la represión contra grupos movilizados, como la Sección 22 de la SNTE.
A ello hay que sumar tres elementos más que, de manera más amplia, están desgastando el respaldo popular al gobierno y a la presidenta Sheinbaum: los escándalos de corrupción en escala nunca vista, especialmente el de contrabando de combustibles durante todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que involucra a la Marina, el Ejército, el sistema aduanal y empresas de particulares; las ya referidas denuncias desde los Estados Unidos contra políticos de alto nivel del partido oficial; y las evidentes pugnas internas en el partido mayoritario Morena.
En el momento de redactar este artículo están movilizados en las calles los maestros de la CNTE, que el 1 de junio estallarán un paro nacional por la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007 y el pago de prestaciones; los estudiantes del Politécnico que demandan la remoción del director general Arturo Reyes Sandoval, a quien se hacen acusaciones de corrupción, y reformas académicas y administrativas; estudiantes, maestros y trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) por la falta de entrega por la SEP del presupuesto necesario para la nómina de los trabajadores y las actividades educativas; y los maestros de Oaxaca por la agresión sufrida en Villa de Mitla por el presidente municipal morenista Esaú López Quero. Durante el ya inminente Mundial de futbol se anuncian protestas de las madres buscadoras, la CNTE y colonos y pobladores que han padecido la gentrificación, falta de agua y carencia de servicios en las zonas cercanas a los estadios, además del Comité 68, que conmemorará la matanza del 10 de junio de 1971.
Todo eso presenta para el gobierno y su partido un complejo panorama electoral en 2027, en el que difícilmente podrá conservar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y ganar los 17 gobiernos estatales en juego.
Desde antes de la elección de 2018 el movimiento lopezobradorista anunció un “cambio de régimen”, no definido y precisado en sus alcances, que sólo se concretó con las reformas constitucionales y legales de 2024 y 2025, una vez que la coalición oficialista aseguró amañadamente una mayoría calificada en las cámaras, gracias también a la decisión de la mayoría de los consejeros del INE y de los magistrados del TEPJF. Se ha transitado, de ese modo, a un régimen populista-autoritario, que sigue legitimándose en elecciones y mediante programas sociales, pero que ha centralizado el poder en el Ejecutivo, anulado virtualmente la división de poderes, capturado al Poder Judicial y a órganos constitucionalmente autónomos (INE, CNDH) y desaparecido a otros que servían como contrapeso al presidencialismo.
Ahora, ese régimen tiende a perder consenso social por sus propios excesos en el ejercicio del poder, por la corrupción y por ocasionar las amenazas diplomáticas y judiciales del imperio estadounidense. Busca blindarse electoralmente para conservar por mucho tiempo el poder, y sólo la acción masiva organizada de amplios sectores populares puede impedirlo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
X: @ednava7
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