Si no es una situación de crisis política la que se vive en el país, muchos hechos nos indican que estamos muy cerca de ella. El gobierno de Claudia Sheinbaum reacciona, frente a las presiones del gobierno estadounidense y los conflictos internos, con medidas desubicadas e ineficientes, que más agudizan los problemas que resolverlos y evidencian inexperiencia, incapacidad y talante de partido, más que visión de Estado.
El tema de más gravedad es, desde luego, el de los señalamientos por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra diez políticos mexicanos, destacadamente entre ellos el gobernador de Sinaloa, ahora con licencia, Rubén Rocha Moya y el senador por ese Estado Enrique Inzunza Cázares, ambos del Morena. De los señalados, dos, el general en retiro Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad, y el ex secretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, se han entregado a las autoridades estadounidenses en busca de clemencia al ser enjuiciados, a cambio de dar a los fiscales información valiosa sobre las relaciones de la política mexicana con las mafias de la delincuencia organizada.
No hay que especular mucho para captar en estos hechos dos aspectos: que las acusaciones tienen fundamentos sólidos en la información de que dispone el Departamento de Justicia al tener en sus manos a los más altos dirigentes del Cártel de Sinaloa (Ismael Mayo Zambada, los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, además de quien desde hace años es testigo protegido, Vicente Zambada Niebla, hijo del primero, entre otros) y que el gobierno del republicano Donald Trump puede utilizar, y lo hace, como medio de presión política contra el gobierno mexicano.
Es decir, el tema del narcotráfico, siempre presente en las relaciones entre México y los Estados Unidos, está puesto ahora en primer plano y es un recurso de presión, que puede llegar a la desestabilización, contra el gobierno de Sheinbaum. ¿Quién puede dudarlo? La justicia estadounidense ha sido permanentemente un recurso a modo para los fines del imperio, que lo mismo lanza acusaciones contra sus adversarios políticos que perdona, si así conviene, a delincuentes probados y condenados, como recientemente ocurrió con el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, aliado del trumpismo. Este narcotraficante, como se sabe por una grabación difundida, es ahora participante de una conspiración coordinada por Donald Trump y Benjamin Netanyahu para desestabilizar a los gobiernos de Colombia, Brasil y México.
Responder a la solicitud estadounidense de detención con fines de extradición por la vía diplomática, y con el apego posible al tratado vigente para esos efectos, era lo procedente. Pero la presidenta Sheinbaum ha preferido salir a pelear a campo abierto para proteger a los políticos de su partido, primero en las mañaneras con la cantaleta de “no hay pruebas”, y luego con el mitin partidario del 31 de mayo en el que, después de volver a las consabidas denuncias contra los gobiernos de Fox y Calderón, se preguntó si los requerimientos del Departamento de Justicia sirven a “sectores de la ultraderecha estadounidense [que] utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026. ¿O
[si]
acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?”
Denunció como injerencia y atentado al derecho internacional y a la autodeterminación del pueblo las solicitudes de detención con fines de extradición, y rechazó la presión de que desde fuera del país se quiera “decidir” quién es culpable y quién no. “¡México no es piñata de nadie!”, espetó.
La intromisión no la encuentra la presidenta sólo ahí. También en el hecho de que un accidente automovilístico revelara que “dos agentes estadounidenses sin acreditación oficial” se encontraban en Chihuahua. Ya no los acusó de haber participado en la destrucción de un narcolaboratorio —como originalmente se había dicho—, sino de haber participado en “una visita”, porque “el desmantelamiento corrió por parte de la Fiscalía General de la República”. A pesar de eso, la misma FGR abrió una carpeta de investigación por posibles violaciones a las leyes mexicanas, dijo la presidenta.
Con ese discurso, como antes lo había hecho en sus conferencias matutinas, Sheinbaum rompió lanzas contra el gobierno estadounidense y salió a defender la soberanía, depositada, según ella, en que en el extranjero no sean investigados ni detenidos los políticos de su partido. Soberanía que no queda claro si fue defendida cuando entregó a las autoridades estadounidenses, sin juicio de extradición, a 92 prisioneros mexicanos que ahora duermen (y estarán aportando más información) en las cárceles yanquis.
Y aunque el lunes quiso moderar el nivel de su provocador discurso explicando que no cree que sea el presidente Donald J. Trump, sino «la ultraderecha», quien agrede a México, dando a entender que el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado no son parte del gobierno de Trump sino sirven a otros intereses, el guante estaba lanzado.
La respuesta desde el norte no se hizo esperar. El embajador de Washington en México Ronald Johnson, coronel del cuerpo de marines y ex agente de la CIA, puso en sus redes sociales: “La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera […] merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política, es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación y proteger a las personas a las que servimos”. Y ante esa expresión, nuestra presidenta volvió a la carga sugiriendo que lo escrito por el representante diplomático era también injerencia externa: “que el embajador se quede en el tema bilateral y respete nuestros asuntos internos. Los asuntos de México le corresponden a los mexicanos”.
Ahora la situación se complica más. En el diario Los Angeles Times un reportaje de Steve Fisher y Kate Linthicum revela que, más allá de Rocha Moya y demás funcionarios sinaloenses, en los Estados Unidos se investiga a los también gobernadores —morenistas— Alfonso Durazo Montaño (Sonora) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas), a quienes han retirado las visas por sus supuestos vínculos con el crimen organizado. Durazo, priista con Luis Donaldo Colosio y panista con Vicente Fox, fue nada menos que secretario de Seguridad en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el mismo cargo que tuvo Genaro García Luna con Felipe Calderón, y ahora, al igual que Villarreal, gobierna uno de las entidades fronterizas con los Estados Unidos. Es, además, presidente del Consejo Nacional del Morena.
La relación con los Estados Unidos se encuentra, así, en sus peores momentos, cuando inician las negociaciones para revisar el tratado de libre comercio con ese país y con Canadá. Y no vivimos ya con el Espíritu de Houston pactado entre Carlos Salinas y George Bush para que uno de los muchos asuntos bilaterales no afectara los tratos en otros. Donald Trump usa los aranceles para vengarse por desacuerdos políticos, o puede emprender acciones militares directas contra los cárteles del narcotráfico, a los que ha designado como terroristas. También puede ordenar un operativo contra personajes mexicanos como el que aplicó el 3 de enero para secuestrar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, a costa de muertes. Ante su imposible victoria en la guerra contra Irán y los efectos económicos que está generando el conflicto en los Estados Unidos, el presidente republicano necesita dar golpes que pueda presentar como triunfos ante los electores que renovarán la Cámara de Representantes y un tercio del Senado en noviembre próximo. Capturar algunos políticos mexicanos de alto nivel por su complicidad con las mafias narcotraficantes podría darle el efecto electoral deseado en momentos en que su popularidad se ha desplomado entre los ciudadanos norteamericanos.
Es claro que el intervencionismo estadounidense no se fundamenta en el interés por combatir el trasiego de drogas y evitar daños a la salud en su país. No se ataca a los cárteles en su territorio, no se decomisan las grandes fortunas ilegales que alimentan su sistema financiero ni se controla el mercadeo de armas que llegan a las bandas criminales en México. Se trata, en cambio, de un problema de estrategia y geopolítico que Trump ha dejado claro: contar sólo con gobiernos aliados en el hemisferio, especialmente en esta etapa de decadencia económica del imperio y de competencia exacerbada con China.
Pero el hecho de que México no procese a los políticos que se han aliado y se han beneficiado de quienes trafican drogas, secuestran, torturan, asesinan, expolian y hacen reclutamiento forzado a los jóvenes da pretexto para que sean los yanquis quienes actúen.
Por eso México está en la mira. ¿Cuál será el siguiente episodio de este melodrama?
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
X: @ednava7
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.