Las señales pueden ser confusas, cruzadas y contradictorias; pero la línea es muy clara. El domingo 19 de julio Donald Trump recibió a Claudia Sheinbaum en Nueva York para presenciar el juego final del torneo de futbol de la FIFA, la tuvo a su lado y hasta intercambiaron sonrisas y comentarios en un ambiente de afabilidad. También fue invitado el primer ministro canadiense, Mark Carney, por ser su país igualmente sede de algunos de los partidos de la justa futbolera. Y al día siguiente, el presidente estadounidense anunció la imposición de aranceles de 50% a una gran cantidad de exportaciones del país de la hoja de maple, en violación del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).
No le importó al habitante de la Casa Blanca respetar un convenio firmado internacionalmente, ni el efecto inflacionario que la medida puede traer a su propio país. Lo hizo como represalia por haber sido Canadá el país, además de China, que impuso mayores tasas de importación a productos estadounidenses por la guerra comercial que inició el propio Trump desde 2025. Así que, más allá de un trato aparentemente diplomático, es en última instancia la voluntad del presidente estadounidense la que se impone como política exterior, incluso de agresión a otros países.
La medida sigue teniendo repercusiones en otros ámbitos, además del comercial, como que el gobierno canadiense canceló la inauguración prevista para este viernes del puente internacional Gordie Howeque conectará Detroit en los Estados Unidos con Windsor, Ontario. Y es de esperarse una escalada mayor en la rispidez entre ambas naciones. Los canadienses no olvidarán fácilmente que, al inicio de su segundo mandato presidencial, el magnate neoyorkino propuso anexar ese país como Estado 51 de la Unión.
El tema afecta directamente a México por el citado tratado comercial que, justamente en esta semana ha iniciado su tercera ronda de renegociación en medio de las presiones y amenazas estadounidenses de cancelarlo o someterlo a una revisión anual. Si algo ha quedado claro con Trump es su intención de restringir las importaciones agrícolas e industriales, especialmente de China, pero también de otros países, con la supuesta intención de reducir su déficit comercial con México y reindustrializar a su país.
El contexto general es mucho más grave y preocupante. Dentro de la anunciada revitalización de la Doctrina Monroe, como Donroe de Donald, han tenido lugar dos reuniones internacionales con el fin de afianzar el papel dominante de los Estados Unidos bajo el gobierno de Trump. La primera, el llamado “Escudo de las Américas” realizada el pasado mes de marzo, que reunió a unos doce mandatarios mexicanos —no los de Colombia, México y Brasil, que no fueron invitados— bajo el argumento de reforzar la lucha contra el narcotráfico, pero en realidad para uncir a esos países al mando ejercido por el Comando Norte y el Comando Sur, en una nueva modalidad de alianza militar que tienda a aislar a los gobiernos progresistas que subsisten en el continente.
La segunda convocatoria fue la realizada el 15 de julio, por el secretario de Estado Marco Rubio como «Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político» en Washington. Mucho más grotesca que la anterior, a la que se convocó a alrededor de 66 países. No se publicó la lista de asistentes, ni cuántas fueron delegaciones oficiales de los respectivos gobiernos, o cuántas de organismos no gubernamentales; pero el mensaje fue claro: revivir como supuesta amenaza al “terrorismo de izquierda”. El convocante dijo en su discurso: “Pueden llamarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su naturaleza fundamental es siempre la misma: un resentimiento ponzoñoso, disfrazado con el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación”. Es un mensaje con doble destinatario; por una parte, contra los movimientos sociales en los mismos Estados Unidos que se oponen a las políticas racistas, antimigratorias y clasistas del gobierno trumpista, tales como Black Lives Matter, No Kings y los que denuncian los crímenes cometidos por la policía antiinmigrantes ICE; y también contra el ala autodenominada socialista del Partido Demócrata, encabezada por el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York Zohran Mamdani. Por otra parte, claramente contra los países que acepten lazos comerciales o políticos con China y contra los gobiernos progresistas en el continente americano o fuera de él.
Ya en el discurso del 4 de julio, con motivo del 250º aniversario de la Declaración de Independencia, Donald Trump había hecho referencia, como en los tiempos de la Guerra Fría, a la amenaza del comunismo como un cáncer que debe ser extirpado de la sociedad estadounidense y del mundo. Parafraseando a Marx, podemos decir que el fantasma del comunismo recorre no sólo Europa; también a los Estados Unidos, pero como un pretexto para combatir cualquier rasgo o tendencia de progresismo.
Marco Rubio ha puesto una cereza a ese pastel con un informe publicado el 20 de julio bajo el encabezado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI” en el que acusa al gobierno de la isla de promover el terrorismo de izquierda que amenaza a los Estados Unidos mermando su seguridad y de querer imponer la hegemonía ideológica del marxismo. En el paquete de los enemigos internacionales Rubio incluye al ex vicepresidente del gobierno español y fundador del partido Podemos, Pablo Iglesias, y al ex líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbin, entre otros. Más allá de la paranoia del mensaje, se anuncian medidas más drásticas aún contra el gobierno cubano, para promover un cambio de régimen en la isla.
Pero la andanada no ha quedado en el discurso. Es evidente la intervención estadounidense en las elecciones recientes en diversos países, incluso con acciones fraudulentas, para aupar al poder a las opciones de derecha y ultraderecha que han venido a desplazar a gobernantes progresistas o con tintes de izquierda. El fraude y el apoyo estadounidense a sus candidatos preferidos se ha denunciado en Ecuador, Honduras, Perú y ahora en Colombia. En los cuatro países los candidatos afines al trumpismo (Noboa, Asfura, Fujimori y De la Espriella, respectivamente) lograron triunfos muy apretados sobre las candidaturas progresistas. En Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile el triunfo de la derecha ha sido más holgado, pero ha llevado igualmente al alineamiento de esos países con la política estadounidense. Y ahora está por verse qué ocurre en Brasil, donde es claro el apoyo de Washington al candidato Flavio Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro actualmente preso por intento de golpe de Estado, que intentará impedir la reelección del izquierdista Luiz Inazio Lula Da Silva.
México no queda fuera de esa nueva oleada ofensiva contra cualquier atisbo de progresismo y autonomía frente a la dictadura (¿ya la podemos llamar así?) de Donald Trump. Ya durante el primer mandato de éste, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó someter la política migratoria mexicana al mandato del líder imperial sellando la frontera sur con la entonces recién creada Guardia Nacional para impedir el paso de las caravanas migratorias centroamericanas y aceptando con el “Quédate en México” que EUA deportara a nuestro territorio no sólo a nuestros connacionales indocumentados, sino también a los de otras nacionalidades a los que recluyó en centros migratorios, con un episodio trágico como el incendio en el de Ciudad Juárez que cobró 40 víctimas. Claudia Sheinbaum ha intensificado, indudablemente, el combate contra los cárteles de la droga, con más aprehensiones y destrucción de narcolaboratorios, muchas veces en coordinación con las agencias de seguridad estadounidenses. Entregó también, sin juicios de extradición, a 92 mexicanos presos que fueron llevados a cárceles de los Estados Unidos. Pero se ha negado a detener a detener al gobernador sinaloense con licencia Rubén Rocha Moya, al senador de ese Estado Enrique Inzunza Cázerez y a otros coacusados por el Departamento de Justicia y el Juzgado del Distrito Sur de Nueva York acusados de narcotráfico y lavado de dinero.
Ahora, en los inicios de la tercera ronda de negociación del T-MEC, en Ciudad de México, los Estados Unidos han planteado, además de temas como las reglas de origen de los componentes y materias primas, los controles ambientales y las normas laborales, nuevas condiciones no necesariamente vinculadas al comercio. El representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, ha hablado de que México “debe cooperar” en todas las áreas de la relación bilateral, incluyendo los temas de agua y de seguridad.
A nadie sorprende. Desde la perspectiva del gobierno de Trump, el T-MEC es un medio de presión más que puede y debe utilizar para alinear a México en los aspectos que le interesan. En el caso del agua, exige a nuestro país el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944. Éste establece un intercambio en el que los Estados Unidos deben entregar a México 1,850 millones de metros cúbicos anuales del Río Colorado, en tanto que nuestro país está comprometido a dar a la potencia del norte 2,158 millones de metros cúbicos cada 5 años (un promedio de 431.6 millones anuales), provenientes de seis afluentes del Río Bravo en territorio mexicano: los ríos Conchos, San Diego, San Rodrigo, Escondido, Salado y el arroyo Las Vacas. Debido a las cada vez más frecuentes sequías, México ha quedado a deber al no proporcionar las cantidades convenidas.
Trump y sus asesores saben, además, de la dependencia de México en las materias alimentaria y energética, en las que en los últimos años se han incrementado las importaciones. A pesar de la construcción de la refinería Olmeca y la rehabilitación o modernización de las otras plantas de refinación durante el gobierno de López Obrador, no se han podido reducir las importaciones de gasolina, sobre todo de Texas. El persistente robo de combustibles (huachicol) agrava el problema. No se diga la necesidad de gas, también traído de Texas, por cuya penuria en nuestro país Claudia Sheinbaum insiste, pese a todo, a la fractura hidráulica (fracking), muy dañina para el ambiente y para la cual se requerirán tecnologías y capital extranjeros —seguramente de los Estados Unidos, donde hay una amplia experiencia en esa práctica—, agravando la dependencia de nuestro sector energético.
Del mismo modo, pese a los compromisos de López Obrador en 2018, nuestro país no ha logrado la autosuficiencia alimentaria ni reducir su volumen de importaciones de alimentos —sobre todo de maíz amarillo estadounidense, y recientemente también blanco—, que alcanzaron los 23.9 millones de toneladas en el primer semestre de 2026, cuando crecieron un 6.3% con respecto del mismo periodo de 2025 https://n9.cl/1ga0s.
México entra, así, a negociar el T-MEC desde una posición, pese a su superávit actual, de debilidad y dependencia. El conflicto EUA-Israel-Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz, por añadidura, no sólo ha elevado el precio del petróleo y los combustibles que México importa, sino también, entre 46 y 57%, el de los fertilizantes, de los que necesitamos importar el 70% de nuestro consumo. Dependemos también de la importación de productos farmacéuticos y tecnología, que los Estados Unidos proporcionan.
Pero el tema que en este momento más interesa a Donald Trump es el de la seguridad. Como se sabe, desde 2025 declaró a los principales cárteles mexicanos —Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste— como narcoterroristas. Recientemente la lista se ha ampliado, incluyendo a la Nueva Familia Michoacana, Cártel de Juárez, los Viagras y Cárteles Unidos. Eso implica que cualquier persona vinculada de alguna manera a esos grupos delincuenciales puede ser sancionada con medidas como la congelación y confiscación de cuentas y bienes, o el encarcelamiento.
Del mismo modo, no se ha anunciado —y debe ser un secreto de seguridad nacional— qué medidas tomará Washington contra Rubén Rocha Moya, Inzunza Cázarez (desaparecido de la escena pública desde el 29 de abril, cuando el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York reclamó la su detención de junto a la de Rocha y otros ocho coacusados) y los restantes funcionarios y exfuncionarios que aún no están en su poder, como lo están el general Gerardo Mérida y el ex secretario de Finanzas de Sinaloa Enrique Díaz Vega, que se entregaron al gobierno estadounidense. Algunos analistas consideran que el gobernador podría ser sustraído en un operativo similar al empleado para secuestrar al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Se habla también de la “Lista de Rubio” que incluye a muchos otros políticos, funcionarios y empresarios mexicanos detectados como colaboradores de los cárteles ahora declarados narcoterroristas.
Así, es de esperarse una difícil negociación, tanto para México como para Canadá, y nuevas medidas de presión que buscarán alinear con la política exterior estadounidense al gobierno de Sheinbaum, que ha mantenido distancia de las expresiones más reaccionarias de Trump, ha intentado conservar una posición solidaria con Cuba (aunque suspendió sus envíos de petróleo a la isla) y se reputa como progresista. Preparémonos para, como escribió Octavio Paz, un tiempo nublado.
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