Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum anuncia la emisión de lo que ha llamado “Lineamientos Generales sobre el Derecho de las Audiencias”, de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones”, que, según se anuncia, se pondrán a consulta entre los sectores interesados de la sociedad: concesionarios de radio y televisión, youtubers, agencias de noticias, radios comunitarias, y, desde luego, el público que se informa a través de esos medios. No una ley, no un reglamento, sino “lineamientos” que, en la práctica pueden convertirse en una norma legal, pues se prevé que sea el gobierno de México quien, en última instancia, vigile a los medios, a los defensores de las audiencias e incluso aplique sanciones a los comunicadores.
Se trata, según la intención anunciada, de garantizar y proteger los derechos de las audiencias, una materia regulada en su momento por el hoy desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un ente constitucionalmente autónomo del gobierno y cuyas funciones pasaron, al extinguirlo, a la mencionada comisión reguladora, un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Es el mismo organismo del Poder Ejecutivo —por tanto, sin autonomía con respecto de éste— hoy encargado del registro de datos de los usuarios de teléfonos celulares. En el reglamento anterior se contemplaban ya los derechos de las audiencias y sus defensores, pero con un organismo regulador autónomo por disposición constitucional.
La presidenta Sheinbaum, en su conferencia matutina negó que se busque aplicar censura a las transmisiones, sino que se trata de evitar “que haya mentiras” en las estaciones de radio y televisión. Una función de calificación de la información que ya, desde el gobierno de López Obrador, se quiso ejercer en la sección “Quién es quién en las mentiras” de las mañaneras, y que ahora se ha continuado con Sheinbaum, en idéntica tarea a cargo de la consejera jurídica Luisa María Alcalde Luján. Ella misma anunció los “lineamientos” que se aplicarán para vigilar, por dos medios, el contenido de las emisiones por medios electrónicos. Por una parte, las quejas del público contra la información difundida por algún medio, y por otra, un(a) defensor(a) de las audiencias que cada medio deberá designar. Se trata de “autorregularse”, dijo la presidenta, a pesar de que el gobierno emitirá la normatividad y podrá aplicar “en última instancia” multas a los medios que “no se apeguen en nada a lo que piden las audiencias”.
Esa lógica es congruente con la línea que ha mantenido el discurso de la Cuarta Transformación. “Las audiencias” son una advocación al “pueblo”, del que, sabemos, el gobierno del Morena se ha proclamado representante e intérprete único, cuyos intereses tutela. Como lo escribió Yolanda Meyenberg L., “López Obrador parte de un silogismo muy sencillo: la democracia es el poder del pueblo; el elegido por el pueblo para hacer valer su voluntad soy yo; los que me critican son enemigos del pueblo y de la democracia”.1
Escribieron, por su parte, Leonardo Curzio y Aníbal Gutiérrez:
Desde las mañaneras se ha fomentado la centralidad del presidente como fuente de todo el saber y la justificación gubernamental. Desde esa posición de poder ha recurrido, en no pocas ocasiones a una relación desbalanceada y con una inquietante propensión al linchamiento. Tres días después del intercambio de preguntas con [Jorge] Ramos (15 de abril de 2019) [el presidente] dijo que los periodistas “prudentes” no eran reconvenidos por los “ciudadanos”, justificando la avalancha de improperios contra el informador. El presidente decía orondo: “Si se pasan ya saben lo que les sucede. No soy yo, son los ciudadanos, ya no hay ciudadanos imaginarios”. […] Aquellos que desafían el equilibrio cotidiano del ritual presidencial son expuestos a un bombardeo cibernético que no todos resisten.2
Andrés Manuel López Obrador criticaba ya a los medios de información por no ser confiables sino “instrumentos para manipular y controlar al pueblo, proteger privilegios y hacer negocios al amparo del poder público”, según lo expresó en un discurso el 21 de marzo de 2011. Ya en el gobierno, hizo costumbre su descalificación prácticamente cotidiana a las notas de prensa y opiniones que representaran de alguna manera una crítica a su gobierno. Llamaba chayoteros, conservadores, reaccionarios, “pasquín inmundo” y otras expresiones semejantes a los medios, periodistas y comunicadores que no fueran acordes con sus acciones de gobierno o sus opiniones. Desmentir y desacreditar no sólo la información concreta vertida sino a los medios y comunicadores mismos fue el sentido de esa sección de “Quién es quién”.
Pero es con Sheinbaum que se expresó como censura la aversión a la crítica, por fundada y razonada que ésta fuera. Baste mencionar cómo, pocos días antes de que la científica asumiera la primera magistratura del país, se canceló el programa Primer Plano del oficialista Canal Once, con más de veinticinco años de transmitirse y donde cinco de los seis comentaristas que habitualmente participaban tenían, además de un alto nivel académico y amplia experiencia en medios, posiciones críticas hacia el gobierno en turno: Sergio Aguayo, María Amparo Casar, Leonardo Curzio, Francisco José Paoli y José Antonio Crespo; sólo Lorenzo Meyer, amigo personal de Andrés Manuel López Obrador y cuyo hijo, Román Meyer Falcón, era miembro del gabinete de éste, tenía siempre opiniones favorables al gobierno. Unos días antes, Televisa había sacado de sus mesas de opinión en Foro TV a seis colaboradores que mantenían también posiciones críticas frente al gobierno lopezobradorista: Denise Dresser, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda Goutman, Luis de la Calle, Pablo Majluf y Paula Sofía Vázquez. De Univisión, filial de Televisa en los Estados Unidos, salió el muy conocido periodista Jorge Ramos, también un incisivo crítico del gobierno de la Cuarta Transformación.
Con esos antecedentes y la sostenida práctica de revisar y cuestionar las notas y opiniones de los medios en las cotidianas conferencias presidenciales, es de esperarse una vigilancia gubernamental más tajante y directa sobre los medios informativos y de opinión, bajo el argumento de defender los “derechos de las audiencias”.
El hecho es que, a través de la CRT, el gobierno pretende constituirse en calificador de la calidad de la información y establecer una verdad oficial. En materia de opinión, e incluso de información es muy cuestionable que se pueda establecer la verdad, cuando se refiere más bien a hechos que pueden ser interpretados desde distintas perspectivas y de diferentes maneras. La organización Artículo 19 México cuestionó de inmediato, entre otras cosas, que los Lineamientos establezcan que “la información histórica no debe presentarse como actual”, ya que es un criterio muy difícil de establecer y siempre sujeto a la interpretación https://n9.cl/ir6w53. Nuevos descubrimientos o revelaciones sobre hechos del pasado no podrían presentarse como actuales. Y, del mismo modo, si bien es deseable, la obligación que se establecería a los medios de aclarar o anunciar cuándo se trata de información y cuándo de publicidad o propaganda, debería aplicarse en primer lugar a la “información” difundida por el gobierno, que muchas veces busca fortalecer en la sociedad sus posiciones y las de su partido. Más con gobiernos que reclaman como “derecho de réplica” sus críticas y descalificaciones a los medios y comunicadores.
El momento que se vive, para hablar de contextualización, es importante. Nuestro país, tristemente, es considerado como el más peligroso para el ejercicio del trabajo periodístico, de los que no viven una situación de guerra. De acuerdo con los organismos Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, durante el gobierno de Claudia Sheinbaum han sido asesinados o desparecidos 19 periodistas, principalmente en los Estados de Veracruz, Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Puebla https://n9.cl/0inaw. Los comunicadores desaparecidos desde el año 2000 suman más de treinta https://n9.cl/2wt6k. La censura no aparece como prohibición de medios o notas, sino bajo formas criminales. Ahora, con la nueva vigilancia, los medios de difusión podrían preferir no informar ciertos temas controvertibles o polémicos que puedan ser señalados por los defensores de las audiencias o la CRT como “no veraces” o “descontextualizados” y, por tanto, exponerse a cuantiosas multas.
De prosperar los anunciados Lineamientos, incluso después de la anunciada consulta, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones —a cargo actualmente de José Antonio Peña Merino, muy cercano a la presidenta Sheinbaum— y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones se constituirían en un virtual “Ministerio de la Verdad” como el que George Orwell vislumbraba en su novela 1984, que difundía como única la versión oficial de los hechos, pero también los distorsionaba para que se apegaran a ese relato, y borraba el registro de los disidentes y personajes inconvenientes al régimen del Gran Hermano (convertidos en no personas). Ningún gobierno reconocerá abiertamente que ejerce censura o limita la libertad de expresión. Siempre justificará su actuar hablando del interés del pueblo, de los ciudadanos o de “las audiencias”, a los que, al parecer, no reconoce tener criterio suficiente para discernir entre verdad y falsedad, entre información y opinión y entre comunicación, publicidad y propaganda.
Notas:
1 La travesía del redentor. Discurso, propaganda y poder en el lopezobradorismo. Ciudad de México, Ariel, Ediciones Culturales Paidós, 2023.
2 El presidente. Las filias y fobias que definirán el futuro del país. México, Ed. Grijalbo, 2020. Pp. 95-96.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
X: @ednava7
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