El 5 de agosto pasado se dio a conocer que la representación del gobierno de los Estados Unidos suspendía las actividades de los oficiales regulatorios del Departamento de Agricultura (USDA) que inspeccionan las huertas y empacadoras de aguacate, y los envíos del fruto michoacano al mercado estadounidense, a causa de lo que llamaron “amenazas contra los intereses estadounidenses” en el Estado. La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México(APEAM) confirmó luego esa suspensión.
La respuesta del gobierno estatal fue inmediata. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla publicó en un tuit que mantenía comunicación fluida con la Embajada de Estados Unidos y “un trabajo de máxima coordinación entre su área de seguridad”, así como con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal. Desde la capital de la República se anunció el envío de más de nueve mil 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional a Michoacán para blindar las zonas de producción de aguacate y proteger a los inspectores agrícolas. El secretario de la Defensa Nacional Ricardo Trevilla Trejo anunció en la conferencia presidencial matutina el establecimiento de un centro de inteligencia en Uruapan y el despliegue de patrullas y bases de operación en 17 puestos de inspección en Tingüindín Tocumbo y Peribán, donde se ubican las empacadoras, coordinados además en las rutas comerciales y municipios como Zamora, Aguililla y Tancítaro, y 46 puntos de operación en zonas clave para la industria exportadora del fruto https://n9.cl/eovjf.
El hecho es que, en noviembre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en el que participarían el gobierno del Estado, presidentes municipales líderes de distintas iglesias, organizaciones sindicales y empresariales y representantes de otros grupos sociales. En materia de seguridad, se trataba de desplegar fuerzas federales del Ejército y la Guardia Nacional, con un centro regional en Uruapan para proteger vías carreteras y zonas de cultivo, se dijo, y prevenir y combatir la extorsión con operativos para ubicar y detener a las células delictivas que afectan a empacadores, comerciantes y productores. El 1 de noviembre había sido asesinado en la misma ciudad de Uruapan, durante un acto público en que participaban cientos o miles de personas, el presidente municipal Carlos Manzo Rodríguez.
Y había otro antecedente: el secuestro y asesinato diez días antes del dirigente de los limoneros de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez, quien había denunciado repetidamente ante las autoridades y de manera pública la extorsión a la que también estaban sometidos los huerteros de la región. Como consecuencia de este asesinato fue detenido y procesado en enero de este año el conocido como El Bótox, señalado como líder de la banda delincuencial Blancos de Troya, que opera en el Valle de Apatzingán, y a quien también se responsabilizó del homicidio en 2018 de Javier Ureña González, alcalde provisional de Buenavista.
En los meses transcurridos la actividad delictiva no parece haber disminuido mucho en Michoacán. Si bien las investigaciones del crimen contra el alcalde uruapense han avanzado hasta lograrse más de 30 detenciones, las mafias del secuestro y extorsión no han dejado de operar y llegaron hasta los agentes de la agencia estadounidense de verificación de las exportaciones. Esta situación habla de la insuficiencia, quizás el fracaso, del Plan Michoacán anunciado en noviembre, ya que ahora, en agosto, se ha hecho necesario iniciar otro operativo con casi diez mil elementos de seguridad adicionales a los que se desplegaron a finales del año anterior. Pero también muestra la rápida disposición de los gobiernos del Estado y del país para responder con protección a la cadena de producción y exportación aguacatera que, entre enero y junio de este año, representó 1 mil 690 millones de dólares. Esta cifra resulta casi un 25% menor que en igual periodo de 2025, lo que se atribuye a las medidas comerciales adoptadas por el gobierno estadounidense y a la menor demanda del producto en ese país, pero quizás también a la inseguridad en la región productora. La suspensión de las exportaciones, que se han reanudado parcialmente, implicaba la amenaza de una caída mayor de los ingresos de productores, exportadores y transportistas, ya de por sí mermados por la extorsión.
Resalta en este caso la preocupación del gobierno federal y el estatal por atender la emergencia suscitada en las exportaciones aguacateras y el problema de seguridad en la región productora y en las empacadoras. Pero si el llamado Plan Michoacán ha fallado en esos municipios, menos se ha percibido su eficiencia en otras regiones del Estado.
Hasta hoy está desparecido desde el 15 de julio —cuando el despliegue preventivo del Plan Michoacán ya estaba operando— el defensor ambiental José Luis Silva Andrade, de la comunidad de Agua Fría, en la región de Los Azufres en el oriente de Michoacán. El activista ha sido en esa zona promotor de la reforestación y guardián de los bosques contra el saqueo de grupos criminales e intentos de despojo por empresarios que pretenden apropiarse de la riqueza maderera comunal. El caso de su desaparición ha sido denunciado por Amnistía Internacional, que demanda a la Fiscalía General de la República y a las autoridades de Michoacán que activen los recursos necesarios para localizarlo con vida. “La desaparición de una persona defensora del medio ambiente es un ataque contra quienes protegen el territorio y contra el derecho de las comunidades a un medio ambiente sano”, ha dicho la organización.
Otro defensor de los bosques, Roberto Chávez, integrante del Comité de Defensa Ambiental de El Zangarro, municipio de Villa Madero, fue asesinado el 12 de abril por un grupo de hombres en una brecha por la que transitaba con su familia. Chávez y otros ambientalistas ya habían recibido amenazas, y él preparaba una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado. En el municipio de Villa Madero se han presentado ya ataques, amenazas y desplazamientos a quienes denuncian y se han organizado para impedir que su territorio sea apropiado por los grupos del crimen organizado. A pesar de las denuncias, la inacción de las autoridades ha propiciado que se llegue a asesinatos como éste. En esa región forestal en disputa tampoco ha habido presencia del Plan Michoacán desde que sus elementos se retiraron en enero. Ya antes, el 6 de noviembre de 2025, mientras se anunciaba en la capital del país la puesta en marcha de ese plan de seguridad y desarrollo, otro defensor ambiental, Javier Gómez, había sido atacado por sicarios como los que asesinaron a Roberto Chávez.
Y el 10 de abril, tres días antes del asesinato, los comuneros habían avisado a las autoridades el Estado de las amenazas recibidas en El Zangarro, sin que las policías o la Guardia Nacional hicieran acto de presencia en la comunidad https://n9.cl/596un.
De estos hechos, acaecidos con pocas semanas o meses de diferencia, se concluye que la violencia y la inseguridad siguen haciendo presa de la población, los productores y los defensores del territorio, a pesar del anunciado Plan Michoacán; y que no todas las regiones reciben la misma atención que las zonas aguacateras y sus cadenas de producción y transporte.
No olvidemos a Homero Gómez González, el Guardián de las Monarcas, y al guía de turistas Raúl Hernández Romero, que fueron asesinados en el municipio de Ocampo en 2020 sin que hasta la fecha se haya hecho justicia en esos casos. Ni al abogado Ricardo Lagunes Gasca y el líder comunal Antonio Díaz Valencia, opositores a la explotación minera en San Miguel de Aquila, desaparecidos desde el 15 de enero de 2023 cuando, después de una asamblea comunal, se dirigían a Colima. Como ellos, otros defensores de derechos humanos y del ambiente han sido atacados, secuestrados o asesinados o viven amenazados sin recibir la protección suficiente contra los criminales que muchas veces ellos mismos han denunciado. Los ataques a periodistas también han continuado. Los reporteros Lucero Díaz Estrada y Alfredo García, del noticiero radiofónico Enlace Informativo en Uruapan, y Dalia Villegas, reportera de Quadratín han recibido amenazas después del asesinato de Carlos Manzo, por investigar y cubrir la información del caso.
No basta siquiera con desplegar a las fuerzas del orden en campo, si no se captura y lleva ante la justicia a los responsables de esos crímenes; si no se desarticulan las redes de protección política locales y se atacan las fuentes de acumulación de las bandas delincuenciales que aterrorizan a las comunidades y poblaciones, y atentan contra la riqueza ambiental. Sólo así se percibirá la efectividad de los proyectos de pacificación proclamados.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
X: @ednava7
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