Originaria de Corrientes, provincia al noreste de Argentina, Hilda Presman es una militante argentina de los derechos humanos quien acompaña desde hace años las demandas en justicia de casos de crimen a lesa humanidad de la época de la dictadura. En la Argentina gobernada por la derecha de Macri, ¿Qué perspectivas se abren para la […]
Originaria de Corrientes, provincia al noreste de Argentina, Hilda Presman es una militante argentina de los derechos humanos quien acompaña desde hace años las demandas en justicia de casos de crimen a lesa humanidad de la época de la dictadura. En la Argentina gobernada por la derecha de Macri, ¿Qué perspectivas se abren para la continuidad de la reparación de la justicia y la recuperación de la memoria histórica? ¿Qué otras responsabilidades se ocultan detrás de los casos de juicios de militares puestos bajo los focos de los proyectores? ¿A qué responde la visita de Obama y su complicidad con el gobierno de Macri en una fecha tan simbólica para el pueblo argentino?
El camino hasta la anulación de las leyes de amnistía por el gobierno de Cristina Kirchner no fue fácil. ¿Cuál es la historia del avance contra la impunidad en Argentina?
Al iniciar la democracia en el 1983 con el gobierno de Alfonsín, se iniciaron los históricos juicios contra la junta militar, donde se condenó a las tres cúpulas militares. En aquel momento aún había una fuerte presión de los sectores militares. En la semana santa del 86 tuvieron lugar intentos de levantamiento militar. Fue entonces cuando se produjeron las llamadas «Leyes de obediencia debida y punto final», en el 86-87. Eso significaba que todas las demandas judiciales que no se habían iniciado hasta ese momento, en adelante ya no se podrían dar. De hecho significaba una amnistía, o mas bien una imposibilidad de avanzar con las causas.
En el 89 asume la Presidencia de la Nación Carlos Menem, quien termina de cerrar ese vuelco hacia la impunidad, al firmar indultos presidenciales para muchas de las personas que fueron condenadas en los juicios a la Junta y los que habían empezado a avanzar. Estas leyes significaron un fuerte retroceso para la búsqueda de la verdad y la justicia.
Pero los movimientos de derechos humanos lograron encontrar una grieta para demoler el edificio de la impunidad…
Sí, y eso fue a través de los juicios de los robos sistemáticos de bebés. Además de la desaparición de personas y secuestros, la dictadura argentina se caracterizó por una política de robo de los bebés de las mujeres embarazadas que estaban en cautiverio. Si se pudo avanzar en esas investigaciones fue porque ese delito no estaba contemplado dentro de las leyes de amnistía. La creatividad y la búsqueda de herramientas aparecen cuando las situaciones son adversas. Los movimientos y organizaciones de DDHH en Argentina encontraron un mecanismo que era el de los juicios por la verdad, invocando el derecho humano inalienable de conocer qué sucedió, cual fue el destino final de las personas muertas y desaparecidas, aunque no hubiera la posibilidad de castigo penal a los responsables.
En muchos lugares de Argentina se avanzaron con los juicios, con toda la estructura administrativa: jueces, fiscales, testigos, y se avanzó mucho en la reconstrucción de los hechos. Fueron conocidos como los Juicios por la Verdad, donde no podía haber condena, porque las personas pasibles de condena estaban amparadas en esa ley de «obediencia debida y punto final». Pero se avanzaba en la reconstrucción de toda la trama represiva, en la cadena de responsabilidades y en un montón de elementos que eran importantísimos. A pesar del freno de esa ley se avanzó por ese lado. Y a nivel internacional se produjo el juicio en España a Adolfo Scilingo, el marino que reconoció los vuelos de la muerte y fue participe de ellos.
¿Fue entonces cuando se planteó el tema de la justicia internacional?
Sí. Entonces ya hubo algunos fallos de jueces en algunas causas que declararon inconstitucionales las leyes de «obediencia debida y punto final». Así llegamos hasta el año 2000, previamente al gobierno de Néstor Kirchner, cuando se planteó la idea de que si no existía la posibilidad de juzgar a los represores en Argentina, había que empezar a apelar a la justicia internacional. En aquel entonces el represor Ricardo Miguel Cavallo estaba en México, y las organizaciones de derechos humanos apelamos la justicia internacional para que fuera juzgado en los lugares donde se le localizaba. Estaba detenido en México, y el Juez Baltasar Garzón lo extradita a España.
Empiezan a producirse grietas en el esquema de impunidad, con declaraciones de la inconstitucionalidad de estas leyes, por parte de Jueces federales, como el Fallo del 2001, del Juez Gabriel Cavallo. Así llegamos al 2003, cuando el presidente Kirchner presentó una ley al Congreso de la Nación planteando la nulidad de aquellas leyes. Para ello se apoyó en el trabajo de unos jueces que ya habían decretado en hechos puntuales su inconstitucionalidad.
El gobierno de Kirchner tuvo la habilidad política, la responsabilidad y la sensibilidad para tomar todo ese largo camino de lucha y de reclamaciones y trabajar en la misma dirección que su pueblo. Pero esa decisión no podía tomarse si no hubiera habido todo el trabajo acumulado. Antes hubieron avances y retrocesos en función de los vaivenes legislativos. Pero a partir de entonces, la mayoría de los juicios tomaron un verdadero impulso en todo el país. En algunos casos se retomaron las causas paralizadas por la Ley de punto final, y en otros casos se empezó de cero.
¿Qué avances recientes se han dado en la reparación de las víctimas y sus familiares?
Se ha hablado mucho de los derechos humanos como política de estado. Pero seria imposible pensar en la reparación de crímenes de lesa humanidad como política de estado, sin la lucha durante estos cuarenta años de las organizaciones de derechos humanos, de los familiares de las víctimas y del acompañamiento de la sociedad en general. Esto no es una concesión por la gracia de ningún gobierno. No lo fue por parte de los anteriores ni lo será por parte del actual. Su evolución va a depender fundamentalmente, como antes, de la presión, de la movilización de las organizaciones de lucha.
Los organismos de DDHH y los familiares han tenido mucho que ver en los avances importantes que han habido en Argentina en lo que respecta al recuento, procesamiento y en algunos casos la condena, como en los hechos aberrantes relacionados con el terrorismo de estado.
¿En qué situación se encuentran ahora la mayoría de esos casos?
Hay algunos juicios que se han cerrado y que han tenido condena. Unos pocos con sentencia firme, después de las apelaciones a la Suprema Corte de Justicia. Hay alrededor de 500 militares condenados, y quedan 1500-1800 todavía en instancias de proceso. Es una situación a medio camino. No están plenamente concluidos todos los juicios. Se ha avanzado en algunos, otros están en proceso y en otros hay un estancamiento y una parálisis importante.
¿A qué se debe esa parálisis?
Donde se ha avanzado más es en el juicio de militares. Pero nosotros en Argentina decimos que esa fue una dictadura cívico-militar, para imponer un modelo económico de aplicación a rajatabla de las políticas neo liberales impuestas por el imperialismo. De modo que el juicio a militares es sólo un aspecto de la necesidad histórica de reparación y de justicia.
Pero nos queda mucho camino por recorrer sobre la responsabilidad y la complicidad civil. Y en especial la empresarial, que está vinculada a la desaparición de trabajadores rurales. Hay varias causas, como las de Mercedes Benz, de Ford, de Ingenio Azucarero Ledesma, donde se produjo la «Noche del Apagón» (1). Estas son grandes empresas que tuvieron responsabilidad directa sobre la desaparición de sus trabajadores. Hasta ahora no ha habido ninguna condena vinculada a la responsabilidad civil.
¿Como se lleva a cabo el trabajo de recuperación de la memoria histórica en Argentina?
Es importantísimo el trabajo que realiza un equipo argentino de antropología forense en la posibilidad de recuperar los restos de las personas secuestradas, asesinadas y enterradas clandestinamente, y la restitución a sus familias. Con la reparación se cierra un ciclo, pero no han sido tantos los cuerpos restituidos. Es una situación que varia dependiendo de quienes son los imputados y de las regiones. Hay zonas del país que han avanzado en sus causas contra los crímenes de lesa humanidad, otras donde están en proceso y otras donde cuesta un poco más.
¿Como en la zona de Corrientes?
Sí, esta es una zona yerbatera, de producción de yerba mate. En este lugar existe una gran empresa agro industrial que se llama Establecimiento Las Marías, donde se realiza la cosecha de yerba mate y todo su proceso de elaboración. Las Marías depende de una familia Navajas Artaza, que han sido siempre funcionales a todos los gobiernos dictatoriales de turno.
Al inicio de la dictadura, en este lugar, los trabajadores rurales se habían sindicalizado, organizado. Eso les valió que sufrieran secuestros y desapariciones. Algunos estuvieron presos, otros se exiliaron… Iniciamos una causa contra esa empresa, y es una de las que nos está costando bastante avanzar mediante los juicios. (Lean más sobre el caso de Las Marias al final de esta entrevista, NdlR)
Esta empresa es un caso paradigmático en lo que respecta a la impunidad de los grandes empresarios, quienes fueron cómplices, participes e instigadores del golpe de estado. A nivel económico han sido los principales beneficiarios.
El presidente de Estados Unidos Barack Obama acaba de venir a Argentina. La fecha de su visita ha sido desaprobada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Esquivel. ¿Qué significación tiene esta visita?
Para nosotros su visita es una bofetada, un insulto al pueblo argentino. Sobre todo en esta fecha, ver la Casa Rosada con las banderas del imperialismo, y que venga a plantear por su gracia que esta dispuesto a abrir sus archivos… Cuando en realidad es una reclamación de 40 años. Además, cada vez que entregaron archivos tenían partes borradas. Y tampoco va a entregar los archivos de la CIA.
En realidad los gobiernos estadounidenses fueron el principal instigador y responsable de las dictaduras militares en América Latina. En el Sur del continente, algunas de las causas que se están investigando son las llamadas causas del Plan Cóndor (2). Este plan de represión a las organizaciones sociales y populares fue concebido desde Estados Unidos. Hubo secuestrados, presos, desaparecidos de manera interactiva entre Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay.
Los archivos fueron encontrados en Asunción del Paraguay, por el militante de derechos humanos Martín Almada, que gano el Premio Nobel de la Paz alternativo, que es el verdadero premio nobel de la paz. El rescató los llamados Archivos del Terror en una caserna de la policía. Hizo un trabajo importantísimo de documentación (3), donde aparece todo el entre cruzamiento de datos, causas, secuestros, seguimientos, persecuciones, espionaje de profesionales, estudiantes, es decir las distintas estrategias de recortes de libertades y represión.
Todo eso estaba guardado en una casa, y gracias a su descubrimiento se pudo avanzar en muchos juicios relacionados con la interacción a una escala continental, y la participación, la injerencia directa de Estados Unidos. Todos los militares argentinos se entrenaron allí. Así que la visita de Barack Obama estos días es la reafirmación del servilismo de este gobierno rastrero que tenemos actualmente en Argentina, al buscar el alineamiento con Estados Unidos.
¿Cómo explica la relación entre la política económica del actual gobierno y EEUU?
En realidad en el periodo neo liberal todos los beneficios económicos respondían a los intereses de las grandes empresas multinacionales y del imperialismo. Es algo que podemos ver claramente hoy en día. Lo que anteriormente fue la presión al gobierno por parte de las empresas a través de grupos de poder y de empresarios, hoy en día son parte de este gobierno. Los gerentes de los grandes bancos, de las multinacionales, de las grandes compañías telefónicas, de las grandes empresas agro industriales, hoy son directamente nuestros funcionarios.
Ese es el cambio sustancial y cualitativo de Argentina desde el cambio de gobierno con Macri. Es un retroceso grave en calidad institucional. Y la aplicación de esas políticas económicas viene de una fuerte presión de Estados Unidos a través de los endeudamientos, de las negociaciones con los fondos buitres, de la presión económica que se ha ejercido en Argentina en los últimos tiempos.
Una gran manifestación ha reunido a miles de personas en repudio a la continuidad de la actitud injerencista de EEUU en América Latina. ¿Qué papel pueden jugar los movimientos sociales contra la restauración de la derecha?
Tienen un rol fundamental, yo tengo mucha confianza en ellos. Estamos a tres meses del cambio de gobierno, y aún nos estamos recuperando del shock. Tenemos que recuperarnos de la sorpresa y generar más movilizaciones como esta. El tema de los crímenes de lesa humanidad durante las dictaduras son parte de la lucha de nuestro pueblo. Hay que dar la batalla para que no se retroceda en estas cuestiones.
Los juicios no se han suspendido, pero si que está habiendo un avance de la llamada «teoría de los dos demonios». Hay el intento de explicar que aquí hubo una guerra y que hay dos sectores que han tenido víctimas. Con este gobierno se han reunido incluso familiares de militares que están presos, planteando que ellos también quieren una revisión de su causa. Esta es la primera vez que se les escucha desde el gobierno, cuando tuvieron una reunión con el secretario de derechos humanos actual de Macri. Eso ha sido un motivo de alarma y de rechazo por parte de familiares y víctimas.
¿Cómo puede influenciar esa actitud del gobierno de Macri en los juicios de crímenes de la dictadura?
Es una situación de mucha tensión, un tira y afloja, y va a depender mucho del grado de coordinación que vamos a tener las organizaciones populares para exigir que las causas sigan aunque no tengan el respaldo del estado. Eso significa que no se podrá avanzar con los programas de protección de testigos, de investigación del equipo de antropología forense, con el banco genético que es el que identifica la búsqueda de las abuelas de la plaza de mayo, de las personas que fueron robadas siendo bebés…Pretender que el gobierno de Macri va a apoyar esos juicios es no entender nada de la realidad actual. Los juicios se van a sostener con organización y presión popular.
La idea del gobierno de Macri seguramente sea el agotamiento de nuestras fuerzas, y que la mayoría de los represores tengan la impunidad biológica. En hechos sucedidos hace cuarenta años, la mayoría de los represores ya son personas ancianas o con problemas de salud. Es un aspecto de los temas que venimos encontrando en los juicios: el arresto domiciliario por razones humanitarias, personas que declaran tener problemas de salud, etc. Son variantes que están utilizando para frenar esta causa. Nosotros sostenemos que salvo situaciones excepcionales, los genocidas están en condiciones de cumplir con la detención y la cárcel común.
Pero aún nos queda la complicidad empresarial, la complicidad civil. Y hay algunos jueces y fiscales de aquella época están siendo procesados por cerrar los ojos ante la represión de la dictadura. Dos ya fueron condenados. Hoy tenemos la responsabilidad histórica de retomar ese camino de creatividad y lucha. Al igual que hicimos cuando se cerraron los caminos e iniciamos los juicios por la verdad. Estamos en una encrucijada, pero el pueblo argentino tiene historia para ponerse de pie.
¿Cuál ha sido el papel de la mujer en la recuperación de la memoria histórica?
El rol de las mujeres ha sido fundamental. En los juicios, las reparaciones y las condenas fueron posibles por un puñado de mujeres que fueron las Madres de la plaza de mayo, que en realidad simbolizan la lucha de todas y cada una de las madres, hermanas, hijas, que a lo largo y a lo ancho del pais (ya que en todos los lugares se produjeron situaciones similares) salieron a buscar sus hijos, sus maridos, sus hermanos.
El trabajo de las Madres fue inclaudicable: cuidaban a sus hijos y a sus nietos, y al mismo tiempo iban a llamar a las puertas de comisarías, comandancias, iglesias, hospitales, centros clandestinos… las hemos visto en todos lados buscando y reclamando, sin jamás bajar los brazos. Las madres son querellantes en la mayoría de las causas.
No hay un lugar de Argentina donde no haya habido un desaparecido, un secuestrado o un preso y que no haya habido una mujer golpeando a la puerta de los cuarteles, reclamando. Eran mujeres que en muchos casos eran amas de casa, salieron solamente a buscar a sus hijos. Y terminaron siendo un ejemplo de lucha, compromiso y búsqueda de la verdad.
Notas:
1) La Noche del Apagón tuvo lugar el 27 de julio de 1976 en la provincia de Jujuy, cuando la dictadura cortó el suministro eléctrico y secuestró centenares de personas con el apoyo logístico de la empresa Ledesma.
2) Para más información sobre el Plan Cóndor, lean mi entrevista a Martin Almada.
3) Los Archivos del Terror descubiertos por Martín Almada el 22 de diciembre de 1992 contenían más de 700.000 páginas que comprometían a todos los responsables de genocidio en América del Sur. La UNESCO declaró ese archivo Memoria del Mundo. Su actual proyecto de centro de documentación, la Fundación Celestina Pérez tiene una nueva página web. Pueden ayudar a consolidar su trabajo apoyándolo financieramente. Para más información: [email protected]
La otra historia: El Establecimiento de Las Marias en Corrientes, Argentina
En el año 1974, en el establecimiento de Las Marías se produjo por primera vez la sindicalización de sus trabajadores. En los campos se llevaba a cabo la siembra y la cosecha de la yerba mate. Luego se llevaba a la empresa para el proceso de secado de la hoja, corte, almacenamiento, empaquetamiento y comercialización. Toda esta cadena de producción organizó a sus trabajadores en dos sindicatos, uno vinculado a todo el trabajo de campo: el de los trabajadores rurales, y otro vinculado a la industria de la alimentación, que correspondía al proceso de envasado y comercialización.
En el 74 se crearon los dos sindicatos con Ramón Aguirre, que era un correntino quien mas tarde se exilió a Bélgica. Aguirre era el Secretario General de la Federación de Trabajadores Rurales. Y Marcelo Acuña, su compañero, era el Secretario del Sindicato de Industria de la Alimentación. Estos dos sindicatos organizaron a los trabajadores en torno a las reclamaciones contra las pésimas condiciones de vida y de trabajo.
Se iba a buscar a los trabajadores al campo, a las cuatro o cinco de la mañana, y los trasladaban a la empresa en camiones que transportaban troncos de árbol. No tenían ni paredes ni techo, hiciera frio o calor, lloviera, etc. Mientras que los oficinistas entraban a trabajar a las ocho, a los trabajadores les iban a buscar a las cuatro de la mañana para llevarlos. Tampoco había seguridad social, el salario era bajísimo. Todas estas cuestiones formaban parte de la concientización y el trabajo de estos dos sindicatos vinculados a la mejora de las condiciones de vida del trabajador rural.
En el año 75 se produjo una huelga muy importante que fue la primera y única huelga que paralizó absolutamente toda la cadena de producción: no se movió ningún trabajador de las cosechas en el campo, no se produjo nada. Y esto la patronal lo sintió como una gran afrenta. Nosotros trabajamos mucho en la reconstrucción histórica de lo que sucedió en Las Marías, y todo el mundo nos refiere que eso significó «la condena de muerte de los sindicalistas», que la empresa no iba a perdonar jamás el agravio de semejante insubordinación de sus trabajadores.
Cuando llega la dictadura militar, en marzo de 76, el delegado militar del pueblo se presentó especialmente al Establecimiento de Las Marías. Fue él quien anunció que estaban prohibidas todas las actividades sindicales por mandato del jefe de la empresa. Entre marzo del 76 y junio del 77 fueron detenidos los principales dirigentes, toda la comisión directiva de los dos sindicatos, el Fatre (trabajadores rurales) y el STIA (trabajadores del sector de la alimentación). Alrededor de una docena de trabajadores rurales estuvieron presos. Hubo dos desaparecidos: Neris Pérez y Marcelo Peralta.
Marcelo Peralta era delegado del sindicato Fatre. El testimonio de su hermano mellizo cuenta que fueron a buscarle al campo y le agarraron primero a él, confundiéndolo con su hermano. Luego le molieron a golpes, le soltaron y fueron a buscar a Marcelo Peralta. Según el testimonio, Marcelo trató de escapar de la comitiva militar y fue fusilado allí mismo. Nunca se encontró su cuerpo.
A Neris Pérez, conductor de tractor que también era secretario adjunto del sindicato de trabajadores rurales, lo fueron a buscar a su casa, lo secuestraron metiéndolo dentro de un baúl de un automóvil y lo llevaron a un centro clandestino de detención en la zona. Según testimonios que comparecieron en la causa judicial, el capitán del ejército retiraba todas las tardes una lista de personas a quienes iban a buscar en la oficina del empresario Navajas Artaza.
«Cuando esta causa judicial se inició, el juez presentó la excusa de una relación de parentesco lejana con el empresario, y se inhibió de participar en la causa. A partir de entonces hubo una larga lista de 14 jueces de la zona que se excusaron de intervenir en esta causa porque tenían vínculos familiares, de amistad, compromiso, lo que fuera. Esos 14 jueces se negaron a tomar esta causa mediante excusas. Terminó tomándola el juez n°15, Tomas Chalup, quien planteó avanzar en la causa y la investigación de los secuestros y detenciones y desapariciones… pero de entrada desvinculando al empresario. Fue así como la primera decisión judicial que tomó este juez, fue primero decretar la falta de perito, y segundo sobreseer al empresario Navajas Artaza.»
Este último aún no ha podido ser juzgado. Actualmente la causa está suspendida «bajo el pretexto de que se trata de personas mayores, con problemas de salud física y mental. Se establece únicamente la responsabilidad militar». Sin embargo, para Hilda Presman, «la responsabilidad principal fue la instigación a cometer estos hechos por parte del empresario.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.