En este año se estará cumpliendo una década de las llamadas reformas estructurales realizadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto con el respaldo parlamentario del PAN y —excepto la energética— del PRD.
También, obviamente, del Partido Verde Ecologista, PVEM, a la sazón apéndice priista y hoy parte del bloque oficialista “Cuarta Transformación”. En su momento, el gobierno peñista logró el respaldo legislativo a 11 iniciativas de modificación constitucional y legal que establecieron, en más de un sentido, nuevas condiciones a la acumulación del capital y a la vida pública de la nación.
Promovidas y aprobadas en el marco del “pacto por México” firmado en diciembre de 2012, fueron la reforma hacendaria, la de competencia económica, la de telecomunicaciones, la laboral que flexibilizó el empleo, la de amparo, la política-electoral, la de transparencia, la e procedimientos penales, la financiera, la fiscal, la de competencia económica y, desde luego la llamada “educativa”, en realidad laboral para el magisterio, y la energética que abrió ese campo de inversión a la iniciativa privada.
En su gran mayoría, esas reformas peñanietistas se mantienen vigentes. Sólo la educativa, gracias a la constante movilización de los maestros de la CNTE en varios Estados del país y en la capital, fue parcialmente revertida. Hoy no pone en riesgo, como lo hacía la reforma del sexenio anterior, la permanencia de los docentes en su fuente de trabajo, pero se conserva el proceso de evaluación que no se aplica a ningún otro segmento de los trabajadores del sector público. Las reformas laborales del actual sexenio han modificado las del anterior, regulando la terciarización del trabajo o out surcing, sin eliminarlo de manera completa. La reforma energética quiso ser también parcialmente modificada con la iniciativa presidencial de López Obrador para el sector eléctrico, que, como es de todos conocidos, fue frenada en el Congreso por las bancadas de la oposición, al no tener el oficialismo la mayoría calificada necesaria para hacer cambios a la Constitución.
Recordando lo que ocurrió hace diez años, el movimiento lopezobradorista, ya escindido el PRD pero aún no reconocido como partido, ofreció una débil oposición a las reformas de Peña Nieto. El dirigente ex perredista dio indicaciones de reservar sus fuerzas para cuando se fuera a presentar la iniciativa de reforma energética; pero cuando eso ocurrió, Andrés Manuel sufrió un infarto cardiaco que lo tuvo imposibilitado para encabezar las protestas. Su hijo mayor y otras personas del movimiento no tuvieron la convocatoria que se esperaba para oponerse a la mayor y más lesiva de las reformas de Peña Nieto. El PRD y Cuauhtémoc Cárdenas, que se manifestaron por su lado, tampoco lograron una movilización importante contra la entrega de los recursos petroleros y de generación eléctrica a la iniciativa privada, incluso extranjera.
Esas reformas constitucionales fueron complementadas en 2018, con la firma del nuevo tratado comercial con los Estados Unidos y Canadá, ahora llamado TMEC, que fue avalado por el ya presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
En su libro 2018 la salida —publicado en 2017—, un virtual programa de gobierno publicado antes de la elección de ese año, el hoy presidente de la República ofrecía: “En lo específico, expongo la postura que mantendremos en cuanto a las llamadas reformas estructurales (laboral, educativa, fiscal, energética, entre otras). admito de entrada que soy partidario de revertirlas; tengo suficientes razones para sostener que no benefician al pueblo sino que lo perjudican: Pero no responderemos a una imposición con otra imposición; en cambio se consultará a la gente si tales reformas se mantienen o se cancelan y, lo más importante, se garantizará la libre expresión ciudadana y se respetará la decisión de la mayoría”.
Y ya entrado el gobierno cuatroteísta, en su publicación Hacia una economía moral, López Obrador planteaba en relación con la reforma energética de Peña: “Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no sólo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que, cuando llegamos al Gobierno, se estaba comprando petróleo crudo ara abastecer las únicas seis refinerías que a duras penas sobrevivieron”.
A la fecha, la ofrecida consulta no se ha realizado, aunque, como se dijo más arriba, se han hecho una reforma laboral y se intentó modificar el marco constitucional de la electricidad. También se han invertido recursos en la refinería Dos Bocas en Tabasco y en la compra de la de Deer Park en Texas con vistas a lograr la autosuficiencia en gasolinas.
En realidad, el momento para hacer cualquier reforma que revirtiera las de Peña Nieto era el primer trienio del gobierno de López Obrador, cuando la coalición gobernante tenía mayoría en ambas cámaras del Legislativo y más fuerza popular-electoral. La elección federal de 2021 modificó sustancialmente esa situación e hizo virtualmente imposible cualquier cambio constitucional a favor de la llamada Cuarta Transformación que no fuera pactado con las bancadas de oposición. La última reforma constitucional que pudo sacar adelante el gobernante tabasqueño fue la que amplió la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, y no se ve que ninguna otra pueda ser acordada con las oposiciones en lo que resta de este sexenio.
Las reformas de Peña Nieto, en su mayoría no revertidas ni anuladas, representaron una verdadera transformación para el país. Sobre todo, la energética, que no pudieron realizar sus antecesores Vicente Fox y Felipe Calderón porque no tenían la mayoría calificada en el Legislativo y porque el PRI establecía en sus estatutos la defensa el sector energético nacionalizado. No quiso el tricolor dar al panismo el cambio constitucional hasta que recuperó, con Peña, el mando de los poderes federales. Pero la proclamada Cuarta Transformación no ha logrado, o no se propuso, alterar de fondo el orden legal establecido por el peñanietismo con sus reformas estructurales. Vivimos, pues, mayormente, en al país diseñado por el priismo gobernante hace una década, con el apoyo legislativo del PAN y el PRD.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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