Partamos de dos hechos incuestionables. El primero, es que los únicos gobiernos que pudieron reformar estructuralmente la policía y las fuerzas armadas, fueron los cubanos y venezolanos; y, el segundo, se remite a la reapertura democrática de los años 82, cuando la policía en abril de 1985 captura el primer narcoavión, da comienzo a su proceso de desinstitucionalización, donde los únicos afectados son el Estado y la sociedad.
Ya desde esa época, los fiscales afirmaban que el comité de lucha contra el narcotráfico, ahora FELCN, se había convertido en un “super Estado”; un poder pequeño pero temible, que provoca que en 1995, el diputado, Ramiro Barrenechea, denuncie la existencia de un «comando de ajusticiamiento» en el corazón de la FELCN, con el que los narcos se protegían de delatores, asegurando que desde 1990 un total de 25 oficiales habrían sido «eliminados en forma casual y sospechosa».
Por tanto, como no contamos con la fuerza revolucionaria de Cuba y Venezuela para hacer una reforma estructural, podemos comenzar reflexionando sobre las causas para tener una policía como la que cuenta el país, para después ir viendo los caminos de la reforma policial.
Ese proceso de desinstitucionalización iniciado en 1985, nos permite afirmar que la policía después de cuatro décadas de democracia, en lugar de estar a la altura de los cambios políticos, profundizó sus rasgos autoritarios, corruptos, antidemocráticos, y criminales (léase narcotráfico, secuestro, violencia de género, etc.), entonces estos rasgos no pueden explicarse por el legado dictatorial que vivió el país, sino por el desinterés y desidia de los distintos gobiernos democráticos que tuvimos desde 1982.
Que la policía actúe de forma autoritaria, corrupta, antidemocrática y criminal, tiene que ver porque los policías ejercen su función de una forma política, es decir, que la función policial la usan para servir sus intereses más que para asegurar la protección de la ciudadanía; y entre los distintos factores que explican esta conducta policial, está en que los MNR, MIR, ADN, NFR, MAS en gobierno, y a través del Estado, no le prestaron suficiente atención a la policía desde el momento de transición a la democracia, donde había que lidiar con los militares, que era el principal riesgo a la democracia. Esto se confirma cuando leemos las constituciones de 1967 y la del 2009, donde no hay ninguna diferencia, y por lo tanto ningún cambio radical sobre el rol, el sentido que debía tener la policía, así en esos dos textos constitucionales se repite lo siguiente: “defensa de la sociedad, conservación del orden público, garantía del cumplimiento de las leyes y no deliberación ni intervención en política”.
Entonces, lo que pretendemos demostrar es que la policía desde las funciones ambiguas, laxas, imprecisas que les señalaba las constituciones, se dedicaron a distorsionar esas funciones para construir un poder estructural, que lo ha ejercido y ejerce con vehemencia en contra del orden constituido (léase secuestro de Siles Suazo y motín en el golpe de Estado de 2019) y la seguridad ciudadana (léase altos jefes policiales involucrados en narcotráfico); por esto, es que en su momento se habló hasta de una élite policial que dependía directamente de la embajada norteamericana y no rendía cuentas al Gobierno de turno.
Frente a esta realidad, las preguntas pertinentes son ¿la ley del plan de carreras de la policía, la ley de evaluación y desempeño al interior de la policía y una nueva ley de régimen disciplinario, propuestas por el actual ministro de gobierno, serán suficientes para la tarea encomendada por el Presidente de una reforma estructural? ¿Si esta conducta policial autoritaria, corrupta, antidemocrática y criminal, se ha parido al menos desde 1982, no será necesario repensar los modelos de seguridad y los modelos de policía? ¿A la pregunta qué se va a hacer con la policía, las respuestas correctas serán nuevas leyes y más capacitaciones? ¿Sí la policía tiene un poder estructural que resiste hasta las presiones más fuertes para el cambio, qué métodos utilizar para vencer esas presiones?
Hoy producto de los escándalos en los que está enlodada la policía, hay más de una expectativa, pero también hay una total, o quizás mucha desconfianza respecto de la policía, sea la clase social que sea; pero si la policía aparece como una institución corrupta, en la que no se puede confiar, y ante un incremento de la inseguridad, el crimen, etc. será correcto darle más poder, más autoridad, tener más policías en las calles, y qué pasará con las restricciones que imponen los derechos humanos. Creemos que las soluciones no están en las decisiones que toma un ministro junto a un grupo de policías, pasa por construir un consenso entre varios sectores políticos, sociales y económicos, junto al pueblo; porque la policía ejerce su poder estructural con el apoyo de esos sectores que detentan el mayor poder social, económico y político y son los que habitualmente defienden a la policía. Si esos sectores poderosos toman conciencia del problema, es un paso importante que posibilita la reforma, porque son quienes tienen capacidad de contrapesar el poder estructural de la policía.
Cuál puede ser el rol que juegue el pueblo. Si la función policial es proteger a la ciudadanía, esto se lo hace con la participación de la ciudadanía, porque frente a las voces que piden mano dura a la policía, que haga detenciones de delincuentes, esto supone tomar en cuenta solo a una parte de la sociedad; es indispensable escuchar la voz de toda la ciudadanía, en especial de los que más sufren de abusos, extorsiones, robos, y estas personas no son escuchadas. Aquí estamos hablando de otro modelo de seguridad, porque damos voz a quienes han perdido seres queridos en manos de la policía, de los feminicidas, de las mafias, como también a las personas que han padecido la violencia policial, que tienen derecho a la seguridad y se les debe escuchar.
Si deseamos construir una policía democrática, es fundamental la existencia de un control civil externo, algo que la policía se resistirá porque creen que su labor no debe tener ninguna restricción para brindar seguridad y que solo ellos “saben lo que es seguridad”; por tanto, es importante quitarle tanta centralidad a la policía en el manejo de la seguridad, porque ese control civil no va a permitir que los policías se regulen a sí mismos, y decidirá cómo debe actuar y cómo abordar los casos de abuso policial.
Si los sectores poderosos toman conciencia del problema de la policía, y el pueblo asume protagonismo en el tema de seguridad, habrá más posibilidades de disminuir las fuentes de poder estructural de la policía, donde una de esas fuentes de poder estructural tiene que ver con que la policía se caracteriza por su homogeneidad, y a pesar de la presencia de mujeres policías, esta institución ha sido pensada, dirigida y organizada por hombres. Las políticas públicas de seguridad no tienen perspectiva de género, ni participación de las mujeres policías, más aún dentro de la policía se abusa de las mujeres.
Esta democratización de la reforma de la policía con seguridad incluirá diversas y nuevas voces, más allá de los “expertos de siempre”, que, en cuestiones de seguridad, tienden a ser en su mayoría hombres. Así, el camino de la institucionalización de la policía y su democratización implicará despojarle de poder, transfiriendo ese poder a la sociedad civil organizada; este cambio de poder significa tener una visión más inclusiva de las posibles formas en que el Estado puede promover la seguridad ciudadana, una visión que tenga en cuenta las voces e ideas que tradicionalmente han sido excluidas del discurso político, todo para curarnos del trauma de cómo y por qué habíamos decidido darle la tarea de “seguridad” a la policía, con sus métodos y formas de trabajar, que como lo demuestra no ha dado resultados. Sabemos que los procesos de reforma policial son largos y profundos, por esto debemos comenzar cuanto antes, el pueblo boliviano lo exige.
Jhonny Peralta Espinoza, exmilitante Fuerzas Armadas de Liberación Zárate Willka
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