Un año después de que la Suprema Corte declaró inconstitucional prohibir el aborto, en México continúa la criminalización en algunas entidades; hay avances en legislaciones estatales y en la agenda del Senado de la República está pendiente una iniciativa para que el aborto sea accesible en todo el país.
Eliminar la resistencia en algunas entidades de viejos resabios conservadores, depende de la movilización femenina. Por otro lado, habría que promover los derechos reproductivos de las mujeres, según especialistas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el 7 de septiembre de 2021 el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que castigaba el aborto con penas de hasta tres años de prisión, lo que significó que el acuerdo de la Corte fuera aplicable en todo el país y sentó un precedente para impedir encarcelar a las mujeres que abortan.
Sin embargo, los avances desde entonces han sido pocos, dijo Yunuen Castillo Menchaca, especialista en género y derechos Humanos de Coahuila.
«Quisiera decir que ha habido muchos cambios, que vivimos en una sociedad más abierta, que ya son más estados en los que ya se despenaliza el aborto y que no exista la criminalización de las mujeres que decidimos sobre nuestros cuerpos y que decidimos tener una interrupción legal del embarazo, pero desafortunadamente no es así», lamentó.
En Coahuila ha sido muy lento el proceso
En 2021, Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima aprobaron la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, mientras que Ciudad de México lo hizo en 2007 y Oaxaca en 2019, y a ellos se unió este año Sinaloa, donde no se reglamentó que fuera hasta la semana 13, según el dictamen; con dificultades se aprobó en Guerrero en mayo y Baja California Sur en junio. Apenas menos de la tercera parte de las entidades del país, para una población reducida.
Hasta ahora «no son más de 10 entidades todavía en el país en donde está despenalizado el aborto, es decir, todavía hay 23 entidades en donde las compañeras siguen luchando para que ya no se criminalice», como el caso de Michoacán, añadió la también integrante de las Constituyentes MX y Red Púrpura Sororidad para Trascender.
Cárcel y criminalización
Según la entrevistada, pese la resolución de la SCJN, en la realidad directa o simbólicamente las mujeres siguen siendo criminalizadas, juzgadas cuando buscan la interrupción legal de su embarazo, cualquiera que sea el motivo de su decisión.
«Las mujeres vamos a la cárcel por decidir sobre nuestros cuerpos, mientras que hay violadores, acosadores, agresores que andan libres; feminicidas sin recibir absolutamente ningún castigo», explicó. Además, muchas todavía se enfrentan a trabas como la objeción de conciencia de los médicos, asunto que se discute ahora mismo en la Suprema Corte de Justicia, de nueva cuenta.
«Las mujeres vamos a la cárcel por decidir sobre nuestros cuerpos», dijo Castillo Menchaca. «Mientras no logremos esta transformación de fondo y que se abra, integral, holística y transversal, que implique este cambio de conciencia de la sociedad, las mujeres vamos a seguir siendo juzgadas y criminalizadas», manifestó.
La Red de Aborto Seguro de Saltillo (RASS) afirmó que en 2021 el colectivo ayudó a 284 mujeres a abortar y, actualmente, afrontan incluso las negativas de las farmacias de vender fármacos como la píldora del día después.
El impacto de lo que sucede en EEUU
El histórico fallo de la SCJN de México se conmemora este septiembre, mientras el acceso al aborto en EEUU porque el Supremo eliminó en julio el derecho constitucional al aborto.
Para Castillo Menchaca esto es una barrera más para las mujeres. «A las mujeres nos orillan a tener que emigrar, movernos, siempre tenemos que ir buscando la manera para realmente continuar con nuestros proyectos de vida a pesar de todos los obstáculos», precisó.
Araceli López Nava, directora general de la Fundación Marie Stopes México, calificó la medida de Estados Unidos de una regresión, aunque precisó que, desde antes de eso, las mujeres estadounidenses optaban por venir a México.
«Mujeres de EEUU viniendo a México por este tipo de servicios siempre han existido. Para nosotros es súper lamentable esta decisión de EEUU, (pues) mal que bien son un ejemplo a seguir y eran la punta de lanza en términos de derechos», indicó.
Falta de información
La legalización del aborto está rodeada de muchos mitos, como pensar que su disponibilidad lleva a más mujeres a abortar, lo que «no es verdad», señaló López Nava.
«Honestamente no lo hemos notado (un incremento). Sin embargo, las mujeres cuando necesitan el servicio acuden, no importa la religión, no importa si son abiertas o no abiertas, acuden», destacó. Reconoció que todavía existen muchas barreras para que las mujeres se practiquen abortos seguros y legales.
«El estigma social es muy grande, falta información, falta educación sexual, falta entendimiento de lo que son mis derechos sexuales y reproductivos, y de lo que yo puedo exigir, aún en los estados penalizados», lamentó López Nava.
Castillo Menchaca refirió que la despenalización del aborto es apenas el primer paso y no genera de inmediato la prestación de los servicios, mientras que López Nava pidió capacitar y sensibilizar a los profesionales de la salud.
«Todavía hay muchos que se niegan a realizar abortos, es un tema muy triste porque nosotros hablamos aquí de la doble y la triple moral, porque si están en el sector público tienen objeción de conciencia, pero sabemos que ese mismo doctor en su práctica privada hace el servicio y lo hace unos precios exorbitantes», apuntó López Nava.