Uno de los propósitos fundamentales de la ciencia económica ha sido desde mediados del siglo XVIII la redistribución de la renta nacional, es decir, de la riqueza social. Y desde esos lejanos ayeres la tarea quedó a cargo de la política fiscal.
El mecanismo es más o menos el siguiente. El Estado se encarga de recaudar una parte de la riqueza social, título de impuestos, para dedicarla a realizar gastos que redunden en beneficio de la misma sociedad.
Es el caso de la educación y de la salud públicas. Y también de las obras de infraestructura, como los caminos, las presas y la redes de agua potable y alcantarillado. Y también, entre muchas otras de una lista casi infinita, la dotación de electricidad.
Hasta ahí más o menos todas las escuelas económicas están de acuerdo. Pero es claro que en una economía esencialmente dineraria, como lo es la economía moderna, la redistribución de la riqueza social debe contemplar igualmente la redistribución de dinero en efectivo.
Este es el caso de ciertas asignaciones en metálico, como las gratificaciones a los trabajadores hacia el fin del año, los aguinaldos, los mecanismos legales de reparto de utilidades y otros con el mismo propósito.
Y en las sociedades modernas, igualmente, este tipo de acciones encuentra universal aceptación excepto, desde luego, en los segmentos sociales más conservadores y de pensamiento más retrógrado.
La experiencia enseña, sin embargo, que por plausibles que sean, este tipo de medidas de reparto social (salud y educación públicas) y de reparto monetario son insuficientes si de lo que se trata es de lograr una mejor, más amplia y más equitativa redistribución de la riqueza social.
Por eso es que desde hace al menos medio siglo el pensamiento económico ha planteado la creación de un sistema de redistribución de la riqueza social denominado renta básica universal. Este sistema plantea entregar a toda persona, desde el nacimiento hasta la muerte, una asignación monetaria que le garantice su sobrevivencia.
Se trata de un objetivo todavía lejano. Pero ya existen muchos ejemplos y casos de renta básica que si bien todavía no es universal, si puede ser catalogada como cuasi universal.
Es el caso en México de la pensión para adultos mayores y para personas discapacitadas. Un acercamiento palpable al ideal de una más eficaz y justiciera política de redistribución de la riqueza social.
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