Organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se alistan a exhibir a los Estados que violan los derechos de los emigrantes que pasan por sus territorios, especialmente Estados Unidos y México, en dos encuentros internacionales a realizarse en este último país. El primero es el Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento, […]
Organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo se alistan a exhibir a los Estados que violan los derechos de los emigrantes que pasan por sus territorios, especialmente Estados Unidos y México, en dos encuentros internacionales a realizarse en este último país.
El primero es el Foro Mundial Alternativo de los Pueblos en Movimiento, que se realizará del 2 al 5 de noviembre en la capital de México para exponer la situación de las migraciones en el planeta y plantear propuestas respecto de esos flujos.
Casi simultáneamente sesionará la Acción Global de los Pueblos sobre Migración, Desarrollo y Derechos Humanos (AGP), en el marco del IV Foro Mundial de Desarrollo y Migración, que irá del 3 al 5 de noviembre en la localidad turística de Puerto Vallarta, 890 kilómetros al noroeste de la capital mexicana.
«Es clave la respuesta estatal a las migraciones. Hablamos de obligaciones contraídas en las convenciones de derechos humanos», dijo a IPS Camilo Pérez, integrante del Comité Promotor del Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento.
El IV Foro, que preside México, es una actividad fuera del seno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aunque emanó en 2006 de una recomendación del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo, a cargo de la Asamblea General de esa instancia. Las delegaciones oficiales se reunirán del 8 al 11 de noviembre en Puerto Vallarta.
«Vamos a hacer un planteamiento global alrededor de la necesidad de reformas legales bajo la perspectiva de derechos para los inmigrantes», indicó a IPS Jorge Romero, secretario de Organización de AGP.
La agenda general del IV Foro, cuyo lema es «Alianzas para la migración y el desarrollo humano: prosperidad compartida – responsabilidad compartida», se detiene en las políticas sociales al respecto y la movilidad de las poblaciones.
Mientras, la AGP abordará asuntos como indicadores estratégicos sobre las migraciones, derechos humanos, cambio climático, políticas públicas y redes y organizaciones.
El Diálogo de Alto Nivel concertó la organización de un foro que presente medidas voluntarias para discutir entre los Estados, sin compromisos asumidos. La primera versión data de 2007 en Bruselas, al año siguiente se escenificó en Manila y en 2009 en Atenas.
En todo el mundo hay 214 millones de personas inmigrantes, según la ONU. Por México pasan anualmente unos 500.000 latinoamericanos en ruta hacia Estados Unidos, según organizaciones no gubernamentales y expertos.
En Estados Unidos viven unos 12 millones de extranjeros de habla hispana indocumentados, la mitad de los cuales es de origen mexicano.
«Insistimos en el derecho a migrar. Queremos un proceso eficaz, tenemos que vencer la resistencia de los Estados receptores y expulsores de inmigrantes», señaló a IPS Christian Ramírez, coordinador de Construcción de Base de la no gubernamental American Friends Service Committee de Estados Unidos, y quien asistirá al IV Foro.
La matanza de 72 inmigrantes en el oriental estado de Tamaulipas, descubierta el pasado 24 de agosto, ha calentado el debate en torno al fenómeno migratorio, especialmente en torno a los derechos de los centro y sudamericanos que atraviesan México sin papeles y los riesgos a los que se exponen, como secuestros y agresiones.
Al homicidio colectivo sobrevivieron al menos el ecuatoriano Freddy Lala, un hondureño que permanece en México bajo resguardo de las autoridades y un salvadoreño que habría llegado ya a Estados Unidos. En el convoy interceptado por miembros de la banda criminal Los Zetas viajaban 76 personas, según el testimonio de Lala, bajo protección en Ecuador.
Al IV Foro se prevé la asistencia de más de 1.000 funcionarios, académicos y delegados de ONG de todo el mundo, mientras que las jornadas de la AGP convocarán a unas 1.500 personas de entre 120 y 150 organizaciones de todo el planeta.
Una de las actividades estelares será el Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, cuyos primeros casos son el de la Ley SB 1070, conocida también como Ley Arizona, y el de la ex emigrante mexicana Elvira Arellano.
La Ley Arizona, en el estado estadounidense del mismo nombre fronterizo con México y que entró en vigencia en julio, penaliza la inmigración irregular, lo cual ha suscitado un rechazo generalizado de los gobiernos y ONG latinoamericanas.
«Vamos a seguir luchando porque se respete los derechos de los migrantes. Vamos a seguir demandándolo en los espacios internacionales y vamos a llevar el caso de los 72 asesinados al tribunal de conciencia», anticipó a IPS Arellano, adscrita a la no gubernamental Familia Latina Unida Sin Fronteras, surgida en 1987.
Esta mexicana de 34 años de edad, quien radica en el noroccidental estado de Michoacán, se ha convertido en un icono de las migraciones luego de permanecer refugiada durante un año en la Iglesia Metodista Adalberto, en la norteña ciudad estadounidense de Chicago, hasta su deportación a México en 2007.
La primera sesión del Tribunal de Conciencia tendrá lugar en Quito del 7 al 9 de octubre y proseguirá esas labores del 4 al 6 de noviembre en la Ciudad de México.
«En el foro vamos a presentar la situación en la frontera entre México y Estados Unidos, a favor de regularizar el flujo migratorio y garantizar la portabilidad de los derechos», explicó Ramírez, cuya organización trabaja en pos de la ayuda humanitaria, la paz, los derechos humanos y la reconciliación.
Antes de la matanza de Tamaulipas, «el gobierno mexicano había afrontado la organización del foro con poca atención sobre los retos que representa el paso de personas en condiciones de inseguridad y falta de acceso a la justicia. Ahora no va a poder seguir marginando ese tema dentro de las discusiones centrales», señaló Romero.
En el límite fronterizo muere un promedio anual de 500 mexicanos en su intento por llegar a suelo estadounidense, según datos gubernamentales y de las organizaciones sociales. Este año han perdido la vida más de 200 personas.
Mientras, el Senado mexicano ya aprobó reformas a la Ley General de Población para que los inmigrantes, independientemente de su estatus legal, puedan presentar denuncias por abusos en su contra y acceder a la procuración de justicia. La internación sin documentos y la cesión de ayuda a los inmigrantes irregulares ya no son delitos en este país.