Bolsonaro afirmó que conversó con el ex mandatario George W. Bush en Dallas, Texas, sobre la importancia de «evitar» la posibilidad de un regreso de Cristina Kirchner a la jefatura de Estado en Argentina (Diario Popular, 16/5). Mientras tanto, el embajador de EE UU en Argentina, Edward Prado, durante el seminario anual de la Cámara […]
Bolsonaro afirmó que conversó con el ex mandatario George W. Bush en Dallas, Texas, sobre la importancia de «evitar» la posibilidad de un regreso de Cristina Kirchner a la jefatura de Estado en Argentina (Diario Popular, 16/5).
Mientras tanto, el embajador de EE UU en Argentina, Edward Prado, durante el seminario anual de la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana en Puerto Madero, remarcó que el camino emprendido por la Administración de Macri es «el correcto» porque apunta al «largo plazo» (La Nación, 16/5).
Motivos de preocupación no les faltan, como a Trump, ya que con el de La Pampa este domingo registra 9 elecciones perdidas sobre 9 en lo que va del año. Récord perfectamente negativo. Mientras, Mauricio Macri acumula 99 causas judiciales pendientes de resolución.
En medio continúa el brutal ajuste de la economía que explica el festejado superávit primario de $ 10.846 millones en el primer cuatrimestre. Que contrasta con el déficit financiero de $ 180.855 millones, casi 17 veces el monto del superávit primario. Se trata de los intereses que genera el pago de la deuda externa.
Sobre el particular, uno de los primeros pronunciamientos de Alberto Fernández, ungido por Cristina Kirchner, como pre-candidato presidencial en la fórmula que comparten, fue: […] las deudas con el FMI están protegidas: uno no puede hacer quitas o esperas. Lo único que puede hacer es refinanciar en el tiempo pagando más intereses (Página 12, 19/5).
Al respecto, Axel Kicillof, el economista estrella del kirchnerismo y probable pre-candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, dio garantías en Washington para garantizar el pago de la deuda: «Nadie quiere un default en Argentina», afirmó.
De lo cual dio pruebas durante su gestión. Le pagó U$S 10.000 millones a Repsol por su expropiación y elevó el monto a pagar al Club de París en U$S 4.400 millones incluyendo «deuda nueva» que benefició a varios grupos privados que tenían obligaciones propias con el organismo. Había que renegociar U$S 5.300 millones y se pactó un acuerdo por U$S 9.700 millones. Los términos del acuerdo nunca fueron dados a conocer por la anterior administración ni la actual. Permanece guardado bajo siete llaves.
Lo mismo pretende el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, respecto de los negocios financieros. Pidió a los banqueros que no publiciten las siderales utilidades que dejan las Leliq (Letras de Liquidez), porque perjudican políticamente al Gobierno.
Tarifas
Si bien el Gobierno anunció que se suspenden por este año los aumentos de tarifas, algunos de los incrementos que estaban planificados en 2018 y a principio de este año se terminarán concretando salvo los de transporte y telefonía celular.
Sobre este tema, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), explicó que «los anuncios del gobierno en materia de tarifas son falsos. La electricidad tenía un aumento del 48% para el año y ya se aplicó el 40%. Sólo suspende el 4% de mayo y el 4% de agosto. Y sólo para los residenciales».
«El gas: igual se aplicará todo el tarifazo aprobado el 1º de abril, prevé tres tramos: 10% abril, 9,1% mayo y 8% junio. Anunciaron que en octubre no habrá aumento. También sólo para residenciales. Excluye a clubes y Pymes. Una quinta parte de la factura del invierno te la van a cobrar en verano (pos elecciones)», agregó.
En relación al agua, «se mantiene el tarifazo de Aysa, que el mes que viene aumentará la tarifa un 27% (se suma al 17% de enero)». También expresaron que esas suspensiones de incrementos sólo son válidos para el precio de generación y transporte, la distribución (que depende de provincias y municipios) sí puede aumentar.
Lo que expresó el Gobierno solo tiene competencia a nivel nacional por lo que administraciones provinciales y municipales a cargo de servicios públicos están en condiciones de aplicar las alzas que crean convenientes.
Más malas noticias
El 23 de julio próximo se termina lo que quedaba del sistema de moratorias previsionales. Desde diciembre de 2004, quienes adeudaban aportes, tenían más de 60 años las mujeres, o más de 65 años los varones y les faltaban años de aportes para poder jubilarse en forma regular, podían inscribirse para una moratoria que la iban cancelando con lo que cobraban, hasta que no debieran más y pasaran a cobrar la jubilación completa.
En esa primera etapa ingresaron 2,7 millones de personas, de las cuales más del 80% fueron mujeres por lo que ahora se la conoce como la «Jubilación de Amas de Casa», aunque no es sólo para ellas. En el 2014 se incluyeron 1.000.000 de personas más.
Al ser consultada por próximas medidas de fuerzas para frenar la eliminación de las ‘jubilaciones de amas de casa’, la secretaria de prensa del sindicato de ANSES, SCASFPI, respondió: «Nuestro secretario General, Carlos Ortega estuvo a la vanguardia de este tema. El lunes hay una reunión de secretarios generales de la Corriente para charlar sobre el paro del 29 y, junto con la compañera Vanesa Siley, este tema va a ser tratado. Muchos parece que se están enterando ahora pero esto es algo que viene desde la ley ‘ómnibus’ de 2016 (se refiere a la ley de blanqueo de capitales y de «reparación histórica»), tiene 3 años ya, lo hemos denunciado y lo hemos enfrentamos en la calle».
Pedro Ávalos, Vicepresidente de la Confederación de Jubilados, Pensionados, Retirados y Adultos Mayores del País (Conjub), consideró: «El Gobierno toma una medida patriarcal al impedir que las mujeres que trabajan en hogares puedan jubilarse y debemos impedirlo con unidad y con lucha».
El dirigente de la organización que nuclea a más de 8.000 Centros de jubilados de todo el país añadió: «Si no lo impedimos a partir del próximo 23 de julio dejará de estar vigente la Ley que otorga el derecho a jubilarse a las mujeres trabajadoras de su hogar, que tienen entre 60 y 65 años, con menos de 30 años de aportes».
«La Ley N° 24.476, de 1995, originariamente pensada para empresarios, reconoció en 2006 la labor de mujeres que trabajan en las casas, como cuidadoras, o en tareas informales, y permitió en ese momento que 4 millones de personas sean incluidas en el régimen previsional como trabajadores», añadió.
Y concluyó: «La moratoria es la decisión política de reconocer a la jubilación como un derecho, porque la persona que trabajó, independientemente de la regularidad o no, con la moratoria pueden concretar sus aportes».
Las calles de Buenos Aires se inundaron de universitarios como en Brasil
Docentes, estudiantes y no docentes exigieron recomposición salarial y más presupuesto para educación, ciencia y tecnología.
Miles participaron de la marcha Federal Educativa, convocada por el conjunto de federaciones docentes universitarias, trabajadores de Ciencia y Tecnología y del Conicet, en la ciudad de Buenos Aires.
La movilización se trasladó desde Congreso hasta Plaza de Mayo, donde finalizó con un acto. Esto se dio en el marco del paro nacional de 48 horas convocado por Conadu Histórica para el jueves y viernes pasados.
El miércoles secundarios del Carlos Pellegrini tomaron su colegio contra la designación de autoridades por violencia a los estudiantes y la aplicación de la ESI. El jueves lo hicieron los estudiantes del Nacional de Buenos Aires contra el nombramiento de un docente.
La movilización se dio en un contexto particular, al día siguiente de la imponente movilización que inundó las calles de Brasil contra los recortes y el ajuste que intenta llevar adelante Bolsonaro. Más de un millón de manifestantes levantaron consignas como «no resignamos nuestro futuro».
Discapacitados marcharon a la quinta presidencial de Olivos
Miles de personas marcharon a la Quinta de Olivos en pedido de que el gobierno nacional no desfinancie el programa Incluir Salud que atiende unas 30.000 personas con discapacidad en distintos servicios de educación, rehabilitación, centros de día, inclusión educativa, centros educativos terapéuticos y transporte a dichos servicios. Las diferentes organizaciones que marcharon denunciaron que el gobierno adeuda a algunas instituciones que dan servicios a estas personas pagos atrasados de los años 2017 y 2018. A su vez alertan que el Estado luego de más de un año sin dar aumento en los aranceles de las prestaciones para personas con discapacidad otorgó sólo 13% para casi todos los servicios a partir del mes de mayo de 2019. «Esto no llega a cubrir los aumentos ya dados por diversos sindicatos para este año y se suma a los desfasajes del año anterior», sostiene el comunicado, que también advierte que los afectados son los profesionales de la salud que tienen en riesgo sus puestos de trabajo.
El Programa Federal Incluir Salud -anteriormente llamado PROFE- a partir del año 2018 pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad. Es un Sistema de Aseguramiento Público de Salud que garantiza el acceso a los servicios de salud a madres de siete o más hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
Paro general de la CGT
El titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, confirmó que esa central se unirá a la medida de fuerza de la CGT porque «el paro del 29 de mayo tiene los mismos motivos que el paro del 30 de abril» .
Los movimientos sociales conocidos como «Los Cayetanos» saldrán a la calle el 29, a pesar de que la CGT convocó a un paro sin movilización, y realizarán ollas populares en distintos centro neurálgicos del país para «visibilizar la situación de hambre y exclusión que se vive» , confirmó la CTEP.
Héctor Daer, uno de los titulares de la CGT, encabezó la reunión durante la cual la central obrera recibió el respaldo del triunvirato de San Cayetano. El martes próximo, en la biblioteca del Sindicato de Camioneros, confluirán los referentes del Frente Sindical por el Modelo Nacional, lo que completará el respaldo de todas las organizaciones gremiales al paro del 29.
El triunvirato de San Cayetano calentará motores el próximo martes 21, cuando se movilizarán a las oficinas de la ANSES y del Ministerio de Desarrollo Social para repudiar la suspensión de programas de trabajo, denunciar el incumplimiento de los pagos de las obras de infraestructura y exigir la declaración urgente de la Emergencia alimentaria , reclamo que se viene repitiendo mes a mes con el acompañamiento de las organizaciones de base nucleadas en el FOL y el Frente Popular Darío Santillán.
ATE paró el miércoles y exigió la reapertura de paritarias en todo el país, en una huelga realizada y protagonizada en conjunto con la CTA Autónoma. En ese contexto confirmaron que se sumarán al paro nacional del 29 de mayo, pero con su propia modalidad: parará por 36 horas, desde las 12:00 del 28 de mayo, día en el que movilizarán en conjunto con otras organizaciones sindicales y sociales.
Transporte
El sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que h abrá paro nacional de colectivos durante el feriado del sábado 25 de mayo , tal como lo hicieron el primero de este mes. El gremio del transporte rechaza la implementación del Impuesto a las Ganancias que afectan los ingresos de los trabajadores del sector. También adherirá al paro general del 29 de mayo.
Más de 400 trabajadores de Expreso Lomas protagonizaron un corte frente a los Tribunales de Lomas de Zamora para exigir una resolución judicial que ponga fin a un conflicto que ya lleva cerca de 70 días y afecta a más de 50.000 usuarios.
La situación de la firma de transporte -que incluye las líneas 112, 165 y 243- es de quiebra, con una deuda multimillonaria pese a los cuantiosos subsidios recibidos tanto en tiempos kirchneristas como macristas.
Según trascendió, en la actualidad Expreso Lomas cuenta con sólo 20 de las 139 unidades necesarias para cubrir los recorridos. Tras limitar el servicio a un solo ramal de la 165, finalmente dejaron de salir unidades a las calles el 12 de marzo pasado.
«Creo que el organismo de la mujer no está preparado para ciertas cosas como, por ejemplo, para manejar un colectivo», sostuvo Manuel Cornejo, titular de la UTA rosarina. Y agregó: «El físico de la mujer es más débil que el del hombre, es un trabajo duro el del colectivo, me pueden decir que hay muchas mujeres manejando taxis y autos, pero no es lo mismo que un colectivo que tiene chasis y carrocería de camión».
Tras las declaraciones, el Concejo Municipal rosarino recibió a un grupo de choferes mujeres que impulsa un amparo judicial por discriminación, tras haber quedado afuera de una empresa pública de transporte en la que realizaron reemplazos durante las vacaciones.
Según explicó la abogada de las choferes, Romina Perea, una vez terminado el reemplazo la empresa estatal Movi las desafectó y tomó a conductores varones.
El conjunto de las fuerzas políticas expresó durante el encuentro «el repudio unánime» a las declaraciones del dirigente sindical por «machistas y misóginas».
Por la tarde, durante la sesión, se aprobó una declaración en sentido similar que repudia los dichos por «retrógrados y en contra de la igualdad y de los derechos adquiridos de las trabajadoras del transporte».
Por la repercusión que tuvo el caso, el Concejo también aprobó en su sesión una resolución que convoca a las autoridades de las tres empresas que operan en el servicio de colectivos urbanos para «abordar la problemática de la inclusión de mujeres al plantel de choferes del transporte urbano de pasajeros».
Rosario posee desde 2006 una ordenanza que promueve la inclusión de mujeres como choferes de las empresas de transporte, que fue citada por la abogada Perea en la acción de amparo que presentó el 2 de mayo pasado.
La misma procura que la justicia laboral haga lugar al planteo de cuatro mujeres que tras realizar reemplazos de vacaciones en la empresa Movi, fueron desafectadas de sus tareas por razones consistentes en «discriminación de género».
Una jueza admitió el planteo amparista pero aún no adoptó una resolución sobre la medida cautelar solicitada, que es la reincorporación de las trabajadoras, explicó Perea.
En tanto, las distintas expresiones políticas del Concejo acordaron comenzar a discutir, a partir del lunes, un proyecto que establezca sanciones económicas a las empresas que no cumplan la ordenanza de 2006 sobre la inclusión de choferes mujeres.
Fuentes legislativas informaron que también existe una propuesta para que en la próxima licitación del servicio de transporte se incluya de manera expresa en los pliegos la inclusión femenina.
Erica Borda fue la precursora que emprendió una batalla judicial contra tres empresas que no contrataban conductoras. Con el patrocinio jurídico de la Defensoría General de la Nación presentó un amparo contra el Estado nacional y tres empresas de colectivos. El proceso duró seis años. En octubre pasado, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le dio la razón: determinó que esas compañías deben contratar mujeres hasta alcanzar el 30% de su planta de choferes. Y la Secretaría de Trabajo de la Nación tuvo que crear un registro de mujeres aspirantes a choferes.
El 5 de febrero pasado, la Comisión de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Trabajo elaboró un listado con el nombre de las mujeres que aspiran a conducir un colectivo. Aunque aún no están obligadas, todas las empresas de transporte que quieran incorporar conductoras podrán hacerlo a partir de ese registro.
Voceros de la Secretaría de Trabajo informan que, desde que se abrió el registro, unas 12 mujeres se inscribieron: la primera fue Érica Borda. La segunda fue Sabrina Gutiérrez, que también por estos días comienza a conducir un colectivo de la línea 130. Aunque, según señala Borda, las interesadas serían muchas más.
La diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres con licencia profesional en el país es elocuente: 925 mujeres contra 376.246 varones, según los datos que aporta la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Del total de ellas, 454 son conductoras de transportes de pasajeros; 359, de cargas generales, y 112, de mercancías peligrosas.
«Para manejar un colectivo en la Ciudad de Buenos Aires o distintas jurisdicciones se necesita, además del registro profesional, un registro que se saca ante la CNRT, y que cuesta unos 14.000 pesos. Como es un requisito que se pide para inscribirse en el registro de aspirantes, creemos que hay muchas choferes que no pueden anotarse. Entonces, estamos trabajando con la Secretaría de Trabajo, la CNRT y también con la representación gremial femenina de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) para que se vuelva más accesible el trámite de ese registro, porque si no, va a seguir subsistiendo una gran disparidad de género», indicó Borda.
Salarios
La Federación Gráfica Bonaerense acordó con la Cámara empresaria la nueva escala salarial para el período abril 2019/marzo 2020. La misma va en línea con lo que promociona el Gobierno a través de Dante Sica para esta ronda salarial y consiste en un 28% con cláusula de revisión a los 6 meses.
En el Hospital Posadas, el gobierno nacional se niega a pagar las guardias a trabajadores monotrobutistas. Aducen que los fondos estipulados para tales pagos están excedidos y pretenden que lo trabajado no se cobre. Más allá que el monto que se paga por guardia es miserable, acorde a los bajísimos sueldos que reciben el resto de los trabajadores del Hospital.
«De concretarse la falta de presentación de los profesionales involucrados en sus guardias habituales, se van a generar gravísimas carencias en la atención, situación que puede llegar a determinar incluso el cierre de Emergencias, y debe quedar claro que las autoridades serán las únicas responsables de esta situación. Los pacientes y los compañeros monotributistas son víctimas de señores sin la mínima sensibilidad y humanidad necesarias para conducir un Hospital. Con los despidos y el maltrato a los trabajadores, estas autoridades han dado sobradas muestras de su insoportable autoritarismo», advirtieron los trabajadores.
En este marco el pasado viernes se realizó una masiva asamblea donde se decidió el rechazo total y absoluto a las actuales autoridades, la plena solidaridad con los profesionales agredidos y la realización este lunes 20 de mayo de una nueva ronda alrededor del mástil del hospital a las 11:30.
«La Comisión Directiva de la Seccional Posadas de la CICOP-Asociación de Profesionales se pone en alerta máximo y convoca al resto de los profesionales, en particular, y de los trabajadores del Hospital en general, a mantenerse alertas y dispuestos a la solidaridad concreta. Nuestros compañeros necesitan solidaridad y estas autoridades sentir el rechazo de la comunidad hospitalaria», finalizaron.
El jueves, trabajadores del Molino Minetti cortaron la calle y paralizaron la actividad para pedir que les paguen los sueldos atrasados. Hay deudas de hasta tres meses. La empresa tiene 120 empleados de planta y la actividad está paralizada desde el miércoles.
Una medida de quite de colaboración implicó el martes 14 la paralización de las actividades del Ingenio La Esperanza (Jujuy) debido a la falta de pago de salarios.
Además de un nuevo retraso en el pago de salarios, los trabajadores se encuentran en una situación de incertidumbre respecto al futuro del Ingenio. Según había anunciado el gobernador Gerardo Morales en el inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura, el grupo inversor de la familia Boudeguer, dueños el Ingenio Leales en Tucumán, se deberían haber hecho cargo del mismo el pasado 30 de Abril, decisión que se habría postergado hasta el 10 de Junio, un día después de las elecciones provinciales.
Dicha postergación, el retrasado e incierto inicio de zafra, junto con el injustificado no pago de salarios mantiene en vilo a las más de 600 familias azucareras que quedan en el Ingenio.
Luego de que el Ministerio de Transporte reconociera errores en la facturación y buscara sumar un «factor de congestión» en las tarifas prefijadas en los taxis de aeropuertos, puertos y Retiro, el jueves los choferes decidieron no prestar servicio. Aseguran que los tótems que emiten los tickets funcionan mal, no estipulan los recorridos reales y salen con diferencias sustanciales unos y otros.
«El último año pasaron por Aeroparque unos 22.000 taxis. Acá no hay parada ni hay mafias. Esto les afecta a todos los choferes por igual e implica una reducción de sus salarios de aproximadamente el 20%», remarcaron los taxistas.
En medio de la protesta, que tiene a los pasajeros con problemas para llegar y salir del Aeroparque, la policía intentó llevarse autos con grúas y reprimió a los choferes. Hubo empujones y los efectivos tiraron gas pimienta.
Trabajadores de la CABA
Durante dos semanas del mes de abril miles de enfermeras y enfermeros que se desempeñan en los hospitales públicos porteños participaron de un plebiscito auto organizado para manifestar su opinión acerca de la creación de una carrera especial para Enfermería impulsada por Horacio Rodríguez Larreta con el sólo propósito de impedir su ingreso a la carrera profesional a la que habían accedido el resto de los profesionales de la salud.
Sin embargo, la nueva carrera, considerada «trucha» por los trabajadores afectados, consolida una diferencia salarial de hasta $15.000 con relación a los beneficios que hubieran obtenido si, como corresponde, hubieran sido incorporados a la nueva estructura aprobada por la Legislatura porteña.
La iniciativa del plebiscito surgió en las asambleas de los Hospitales de Niños Ricardo Gutiérrez y la ex Casa Cuna y se extendió rápidamente a 16 establecimientos. Participaron, durante dos semanas, 2.549 trabajadores que votaron masivamente en rechazo a la carrera acordada por el jefe de gobierno porteño y el SUTECBA. El conteo realizado el 13 de mayo, Día mundial del enfermero, arrojó como resultado que el 98,5% de los trabajadores repudian la carrera creada para Enfermería y exigen su integración plena en la carrera profesional.
La Unión de Trabajadores de la Educación rechazó «la propuesta del gobierno porteño de realizar una reforma educativa» y sostuvo que la iniciativa del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se inscribe solo en «la necesidad de comenzar la campaña electoral».
También señalaron que es preciso recuperar la inversión, que «se redujo del 30 al 17 % en los últimos 13 años, lo que permitiría que haya vacantes para quienes eligen la escuela pública y revertir la situación de aislamiento de decenas de miles de menores».
La UTE realzó «la lucha de los docentes» de la Ciudad, que impidió «el cierre de escuelas, que no hubiese alimentos en los establecimientos, la aplicación de una reforma que procuraba eliminar el 5º año de la secundaria para enviar a los jóvenes a las empresas como mano de obra gratis y la liquidación de los 29 profesorados», concluyó.
El pasado miércoles, los trabajadores del Hospital Garrahan se movilizaron, en el marco del paro de ATE Nacional, marchando alrededor del hospital. Hicieron visible la pelea salarial, tomando también en sus manos la exigencia por una salud pública de calidad, que haya plata para los insumos y que no se le niegue la vianda de comida a los pacientes ambulatorios, porque a muchas familias se les hace cada vez más difícil poder sostener las condiciones de internación o tratamiento de sus hijos.
Medios
Se profundiza el conflicto en Página 12 por el incumplimiento de la empresa de la paritaria de 2018. La semana pasada los trabajadores llevaron adelante cuatro «paros sorpresa», como continuidad de un plan de lucha que incluyó «ruidazos» en la redacción y quite de firmas en las ediciones web y papel.
Los trabajadores del diario reclaman que se cumpla con la paritaria 2018 y también cerrar las negociaciones actuales, ya que dicho acuerdo, más allá que no se implementó como correspondía, venció el último 1º de mayo y determinó sólo 21% de aumento, «más de 30 puntos por debajo de la inflación».
Además del reclamo paritario, se exige también una «cláusula de enganche para colaboradores», que escriben desde fuera de la redacción en una situación de absoluta precarización. En ese sentido, el miércoles pasado se realizó una asamblea conjunta con los colaboradores permanentes para demandar «condiciones dignas de trabajo».
La difícil situación de los trabajadores de Página 12 no es la única en los medios por estos días. Semanas atrás Clarín despidió a más de 50 trabajadores y por estas horas también se denunció una gravísima situación en el Diario Popular, que está en concurso de acreedores. En este caso, los trabajadores del diario denuncian que «se deben feriados, horas extras y un bono de $5.000 en cuatro cuotas firmado en diciembre».
Télam
La Cámara del Trabajo resuelve este lunes la suerte de los trabajadores despedidos de la agencia oficial de noticias Télam.
Leonardo Jesús Ambesi juró este miércoles como juez de la Sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Este lunes 20 se cruzará por primera vez con sus pares en Lavalle 1554 para celebrar un «Acuerdo General», el encuentro mensual donde todos los camaristas de la Justicia Nacional supervisan la conflictividad laboral sin que nadie se entere. En su primer día de trabajo será el encargado de plantear la posición afín a la Casa Rosada destinada a despojar definitivamente a los jueces naturales asignados -por sorteo- a los expedientes de los trabajadores de Télam.
Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, dos antiguos jueces de la Sala V, resolvieron en agosto de 2018, en favor de los trabajadores, las primeras cinco reincorporaciones. El gobierno busca impedir ahora que ese fallo se irradie a la totalidad de los despedidos. Y para esa tarea, nada mejor que un recién llegado.
Télam despidió a 357 trabajadores, el 40,35 % de su planta. Más de 200 medidas cautelares prosperaron en la Justicia y ordenaron las reincorporaciones. No por razones políticas ni por sensibilidad. Por violar una ley, la 24.013, que ordena un procedimiento cuando una empresa, pública o privada, dispone despidos masivos. El gobierno no cumplió en Télam ni un solo punto de ese protocolo.
Este lunes 20 de mayo los trabajadores se movilizan hasta la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para decirle a los jueces basta de vueltas y exigir JUSTICIA.
Despidos
Siete personas fueron despedidas de la empresa Verduras Pro, ubicada en el barrio San Vicente en la ciudad de Córdoba, lo que dio origen a una manifestación que se desarrolló en la puerta de la empresa.
En un escrito dirigido al Ministerio de Trabajo y al Gobierno de Santa Fe, reconocidos abogados laboralistas y referentes de los Derechos Humanos peticionaron que se declare la nulidad de los despidos y se proceda a la reinstalación conforme a lo establecido en la legislación correspondiente de los trabajadores de Electrolux por ser ilegales.
La presentación se realizó este viernes en el Ministerio de Trabajo y fue dirigida al Ministro Julio Genesini con el fin de que intervenga para anular los despidos en la empresa, junto con la reincorporación de los 22 despedidos y despedidas.
En las últimas horas se conocieron nuevos despidos en la cadena de Supermercados de la familia del Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña.
La familia Peña Braun cesanteó otros dos trabajadores de la sucursal que poseen en Río Grande, Tierra del Fuego, siguiendo con el plan de achique.
A principios de mes el secretario Adjunto del Centro de Empleados de Comercio de Tierra del Fuego, Daniel Rivarola, había dado a conocer que se produjeron cuatro despidos en el supermercado La Anónima.
Benito Juárez, uno de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, a 400 km de la Capital Federal, está afectado por 450 despidos, cuando su población total no supera los 21.000 habitantes.
Esa alarmante cifra de nuevos desocupados es el resultado de que en las últimas semanas cerró la sucursal local de supermercados CLC. También está a punto de bajar las persianas una fábrica textil de pantalones de jean que abastece a las primeras marcas como Levis o Wrangler. Por último, la planta de Loma Negra, de la cual depende la vida laboral de la mayoría de los habitantes, está en proceso de un inminente cierre.
La empresa es actualmente propiedad de la brasileña Camargo Correa, se excusa en que desarrolla un plan de reordenamiento de sus operaciones en la Argentina por la caída de la producción. Esto implica, según fuentes del sector, el cierre de algunas plantas y el traslado de actividades a otras localidades.
La empresa Roucomar, dedicada a la manufactura de productos alimenticios en base a pescados de mar, crustáceos y productos marinos de la localidad de Ingeniero White, Bahía Blanca, solicitó un Concurso Preventivo de Crisis y hay temor en su plantel de trabajadores por el futuro laboral.
Petroleros
Luego de 8 muertes en los últimos meses, e l secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Guillermo Pereyra, anunció que «los operarios de mantenimiento no pernoctarán más» en los yacimientos hidrocarburíferos neuquinos.
El gremialista señaló que la medida abarca a «los operarios de mantenimiento que hacían 12 horas de trabajo por 12 de descanso y pernoctaban en los trailers».
Asimismo, explicó que «cuando ocurría algo, los despertaban y tenían que salir a trabajar. Entonces no estaban concentrados para trabajar, estaban cansados , y allí es donde están los riesgos de accidente».
«Desde ahora deberán ir a un hotel o a la ciudad más cercana», indicó Pereyra. El gremialista señaló que «esto tendrá un impacto en los costos de las compañías que deberán disponer de gastos para transporte y alojamiento, pero la seguridad de los trabajadores está mucho más por arriba» de los costos.
Pereyra aseguró que las empresas fueron notificadas de la medida que entró en vigencia el jueves a las 20:00 y abarca a todos los equipos de perforación y de workover. «La decisión se tomó ahora porque ya lo veníamos planteando hace tiempo. Vamos a parar a las empresas que no acaten la medida», concluyó.
La Federación de Petroleros convocó a un paro en todas las refinerías del país para exigir el pago de la cláusula gatillo del 2018. Según destacan desde el gremio, las empresas están desconociendo la diferencia entre la inflación y la paritaria pasada, a pesar de lo acordado.
Se trata de un 15,8%, sin el cual se niegan a discutir la nueva paritaria del 2019, donde ya estaba casi arreglado un aumento del 28% con revisión en septiembre y febrero ante la certeza de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) arrojará una cifra mayor.
La medida fue suspendida transitoriamente por el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica al decretar la conciliación obligatoria, pero de no solucionarse el diferendo tendría un impacto sustantivo en el procesamiento de crudos.
La huelga afectaría las plantas de Luján de Cuyo (YPF), Ensenada (YPF), Campana (Axion), Dock Sud (Shell), Tartagal (Refinor) y Bahía Blanca (Trafigura), por lo que paralizaría por completo la actividad.
Cabe recordar que la Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FASPGyBio) ya se había negado a firmar la paritaria de yacimientos tal como se había acordado entre las empresas y Guillermo Pereyra, el senador del MPN que lidera el otro gran sindicato sectorial.
Empresas metalúrgicas
La industria metalúrgica sigue en retroceso. Eso lo confirmó un nuevo informe estadístico de la cámara de la actividad, ADIMRA, que comprobó que en marzo de 2019 la producción disminuyó un 8,7% interanual.
Esa retracción impactó en el nivel de utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en torno al 50,1% y en el nivel de empleo que se redujo un 2,1% en relación a marzo de 2018.
Además, el trabajo relevó que el 50% de los empresarios indicó haber reducido su plantilla de personal, mientras que durante el tercer mes del año el 45% de las empresas redujeron las horas extras y un 18% también encaró una reducción en la jornada laboral.
Tanto o más preocupante es que el 14% de los empresarios solicitó el Programa de Recuperación Productiva (REPRO) o abrió un proceso preventivo de crisis.
En cuanto a las perspectivas futuras los números no son mucho más alentadores. El 40% de las empresas indicaron que prevén una disminución en su producción para el trimestre marzo-mayo 2019, mientras que, respecto de las expectativas de empleo, el 25% de los empresarios espera una caída en la plantilla del personal.
La empresa fantasma que visitó Macri
Mauricio Macri visitó en septiembre de 2018 una empresa del barrio porteño de Nueva Pompeya, dedicada a «fabricar electrodomésticos». Sacó fotos, las subió a las redes y vendió prosperidad. Pero todo era un montaje.
El gobierno de Tierra del Fuego aseguró que es una fábrica «ficticia» que no produce nada y el empresario en cuestión, que prometía inversiones, de la noche a la mañana entró en bancarrota. «Macri visitó un galpón de almacenamiento y Noroghi no tiene línea de producción», afirmaron. Luego de dos meses de recibir al Presidente, la empresa despidió al 70% de su personal.
En base a afirmaciones de sus trabajadores, Noroghi no pagó los tres meses de salario que adeudaba y no cumplió con el pago de las indemnizaciones comprometidas.
Los empleados sindicalizados en la UOM cobraron la primera cuota de un plan que prometía poner a Noroghi a derecho, pero nunca más recibieron un peso. Los no sindicalizados tuvieron una respuesta todavía peor. No recibieron ni la primera cuota del plan de pagos.
La semana pasada, a cinco meses de bicicletear a los despedidos, la firma volvió a ausentarse de una audiencia para regularizar la situación.
Tribunal rechaza nuevamente liberación del preso político Daniel Ruiz
El Tribunal Oral N° 3 rechazó el recurso presentado por la defensa del preso político Daniel Ruiz solicitando su liberación, fundamentado en el artículo 317 del Código Penal donde se indica que nadie puede estar privado de su libertad en forma preventiva por más de un tercio de lo que sería la pena más benévola de su imputación. Ruiz, trabajador petrolero y militante del PSTU (Partido Socialista de los Trabajadores Unificado), lleva ya ocho meses en prisión, por su participación en la masiva movilización popular de diciembre de 2017 contra la Reforma Previsional.
La acusación que se le imputa es «Resistencia a la autoridad e intimidación pública», basada en una única «prueba»: un video donde se lo ve arrojando pirotecnia hacia arriba. Su abogado, Martín Alderete, explicó que en caso de que fuera efectivamente condenado por este hecho (cuya pena mínima es de dos años) en un procesamiento normal, a los ocho meses de prisión preventiva debería ser inmediatamente excarcelado. Todo esto demuestra que no se trata justamente de un procesamiento «normal» y que hay un claro ensañamiento político y judicial contra Daniel Ruiz.
Al respecto, el sábado 18 a las 20:00 se realizó un Festival solidario en el Centro Cultural y Social Ferroviario de Haedo (Av. Rivadavia 16.591), organizado por la Agrupación Negra de los y las trabajadores del Ferrocarril Sarmiento.
Fuentes: Minutouno, Inforgremiales, Diario Popular, Página12, Tiempo Argentino, Clarín, La Nación, APU, Red Eco Alternativo, Anred, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, marcha.org.ar, RedacciónEDA, Canal Abierto.
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