En el cierre de su gobierno, las reformas que ha decidido y concretado Andrés Manuel López Obrador en materia castrense, una verdadera militarización de la vida civil, se presentan como la síntesis de lo que este periodo sexenal ha sido. No se trata sólo de la muy cuestionada e impugnada integración de hecho y de derecho de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Son reformas que consolidan y consagran el militarismo como forma de gobernabilidad en un país que hasta no hace mucho se preciaba de encontrarse inmune a ese tipo de gestión del Estado.
Las reformas constitucionales presentadas el pasado 5 de febrero por López Obrador implican, al menos, tres componentes: 1) hacer permanente la intervención directa de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública o ciudadana, que se había establecido como temporal; 2) la asimilación de la GN por el ejército y las nuevas funciones que las fuerzas armadas con esa integración asumirán; y 3) el cambio funcional de las propias corporaciones, fortalecidas y cada vez más imbricadas de diversas maneras en la sociedad, con lo que se consolida el proceso de militarización puesto en marcha hace 18 años. En suma, una reforma de las fuerzas armadas inédita en los 107 años de vigencia de la Constitución, que transforma uno de los componentes sustanciales del Estado.
Con la perpetuación de la actuación del Ejército y la Armada, desde luego, López Obrador se presenta como un continuador directo de la política de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que en su momento fue criticada y acremente combatida por el hoy presidente y sus seguidores, sobre todo cuando el segundo intentó expedir su Ley de Seguridad Interior. Como antecedente de la reforma con marca Cuarta Transformación está no sólo el siempre recordado inicio de la Operación Conjunta Michoacán por Felipe Calderón en Apatzingán, en diciembre de 2006, sino también la declaración del entonces secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos ante la Conferencia Nacional de Gobernadores en agosto de 2017: “las fuerzas armadas seguiremos en las calles, con o sin marco jurídico”.
Ya esa declaración daba cuenta de que el ejército y la marina estaban dispuestos a desbordar las leyes establecidas, y ya lo habían hecho a sabiendas de su violación. Naturalmente, son corporaciones que desarrollan una lógica propia, no necesariamente ceñida a la legalidad, aun cuando en ese caso, como en el actual, obedecieran un mandato de su superior el presidente de la República. Hoy, lo que era excepcional y limitado, de acuerdo con la reforma de hace dos años que extendió a 2028 la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, se hará permanente.
Ahora, además se ha modificado el artículo 21 para eliminar el carácter civil de la GN, a la cual se ha pasado a definir como “integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente del ramo de defensa nacional”. Si ya con anterioridad ese cuerpo estaba integrado en un 80% o más por elementos militares, lo estará en lo sucesivo en su totalidad; si ya estaba a cargo de mandos militares, eso será hasta constitucional. El ejército, al asumir enteramente a la Guardia Nacional como parte de su estructura operativa, podrá realizar tareas de inteligencia no tan sólo en materia de seguridad nacional sino en la de seguridad ciudadana. Podrá efectuar detenciones, como si fuese una policía preventiva o de investigación, y hasta constituirse en coadyuvante —así lo señala la nueva norma— en la investigación de delitos. Con ello, se incurre en una paradoja jurídica y en injerencia del Poder Ejecutivo en tareas que corresponden de manera exclusiva a las fiscalías, dotadas de autonomía constitucional. Ya hemos visto que no es algo nuevo en lo absoluto. Por ejemplo, desde el gobierno de Peña Nieto el ejército adquirió la aplicación Pegasus para intervenir dispositivos móviles, y lo ha usado no sólo para espiar de presuntos delincuentes, sino a periodistas, organismos defensores de derechos humanos, académicos y hasta al subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas en este gobierno. Por el hackeo del colectivo Guacamaya a los archivos digitales de la Sedena sabemos con certeza que existe el Centro Militar de Inteligencia (CMI) dedicado a vigilar a determinados objetivos civiles como los mencionados (https://www.proceso.com.mx/reportajes/2023/3/11/centro-militar-de-inteligencia-el-bunker-de-la-4t-para-espiar-303474.html), sin solicitar la autorización judicial correspondiente.
Pero la transformación más relevante en este cambio de régimen militar es la reforma al artículo 129 de la Constitución. Junto con la recientemente aplicada al Poder Judicial, y complementada con la desaparición que vendrá de los organismos autónomos desagradables para López Obrador, representa la columna vertebral de un cambio de régimen regresivo en el Estado mexicano. El texto original, redactado por los constituyentes de 1917 y hasta antes de esta reforma sin cambios, que decía: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”, ha sido sustituido por “en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Esto es, en concreto, que a través de leyes secundarias expedidas por un congreso con mayoría simple del oficialismo se podrá atribuir a las fuerzas armadas cualquier tipo de tareas. Es la instauración plena de la militarización de la vida civil a criterio del jefe de gobierno y la fuerza política dominante.
Como se ha visto, el manejo por el Ejército y la Marina de los grandes proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la refinería en Dos Bocas, y de aeropuertos, aduanas y otras áreas de la administración pública se ha traducido en opacidad, insuficiente o nula fiscalización sobre los recursos invertidos. Ésa fue la intención probablemente esencial del decreto del 18 de mayo de 2023, que declaró de seguridad nacional las obras emblemáticas del sexenio, que por cierto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.
Pero el militarismo ha tenido también repercusiones en el presupuesto de egresos. Ya en 2023 la Secretaría de la Defensa Nacional sobrepasó el presupuesto anual que se le aprobó,de 112 mil millones de pesos, llegando a144 mil millones de pesos, 29 por ciento más, Y el presupuesto militar creció en 150 por ciento desde 2018 en que inició el gobierno lopezobradorista (Reforma, 3 de mayo de 2024 https://www.reforma.com/rebasa-sedena-29-su-presupuesto/ar2801410?utm_source=bcm_nl_noticias_reforma&utm_medium=email&utm_campaign=nl_noticias_reforma_20240503&utm_term=usr_registrado). Esos incrementos, que implican concentrar el gasto en proporción creciente en manos de las fuerzas armadas, han sido efecto de la transferencia a éstas de las ya mencionadas obras de infraestructura (Tren Maya, originalmente a cargo del Fonatur) y dependencias antes civiles, así como de la nueva aerolínea Mexicana de Aviación. Si eso no es militarización, como lo declara el oficialismo, habrá que redefinir qué sí lo es.
Durante el sexenio ya en consunción se ha ocultado y encubierto, por lo que no sólo no hay estadísticas sino es difícil conocer incluso casos aislados, la corrupción de las fuerzas armadas, al igual que sus violaciones a derechos humanos. Pero es claro que el acrecentamiento de los recursos que administran, y los obstáculos al control y fiscalización en ese sector ha dado lugar, por un lado, a la conformación de un nuevo sector empoderado de la burocracia estatal, e incluso como fracción de la clase dominante, la militar. El manejo de una masa de trabajadores a disposición de los altos mandos para funciones productivas y de comercialización (Mexicana, Tren Maya), con salarios y objetos de trabajo pagados por el erario traerá como resultado una modalidad específica de acumulación de capital quizás inédita p en una dimensión no conocida. El mito del “pueblo con uniforme”, el de la incorruptibilidad del ejército y el de su aptitud para la administración caerán por tierra a la vuelta de pocos años, mermando incluso la credibilidad de la que hoy disfruta.
El ejército al que ahora se fortifica es el mismo que, durante los gobiernos del priismo asesinó a Rubén Jaramillo en mayo de 1962, reprimió movimientos sindicales como los de ferrocarrileros electricistas y maestros, movimientos campesinos y, desde luego, el estudiantil de 1968, asesinando estudiantes desde el bazucazo contra el portón de San Ildefonso hasta la matanza de Tlatelolco. En el periodo siguiente, desplegó la conocida guerra sucia contra los movimientos civiles armados y contra la población, con detenciones, torturas, desapariciones y asesinatos, uno de cuyos capítulos, recientemente develado, fue el de los vuelos de la muerte en Guerrero, por el que no hubo ni hay ningún militar sancionado. Felipe Calderón empleó a la milicia para ocupar la Compañía de Luz y Fuerza y desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. Con esa corporación es que el lopezobradorismo se encuentra cogobernando y ha conformado el nuevo régimen que quedará para las próximas administraciones por un largo periodo.
Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH
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