El reciente cambio de gobierno y el inicio de un nuevo año, son buena oportunidad para analizar hacia dónde va la Argentina. Tres grandes alternativas se presentan como desafíos: cambios profundos, una generalizada rebeldía o el riesgo de una continuidad que conduce a la desintegración. Para comenzar hay un par de datos fácilmente constatables: Argentina […]
El reciente cambio de gobierno y el inicio de un nuevo año, son buena oportunidad para analizar hacia dónde va la Argentina. Tres grandes alternativas se presentan como desafíos: cambios profundos, una generalizada rebeldía o el riesgo de una continuidad que conduce a la desintegración.
Para comenzar hay un par de datos fácilmente constatables: Argentina es un país en decadencia. Esta dura afirmación escapa a las visiones ideológico-políticas de cada lector y es una de las pocas cuestiones compartidas por la inmensa mayoría de los argentinos.
La Argentina de fines del siglo XIX y comienzos del XX fue una especie de «tierra prometida»: los inmigrantes llegaban por millones atraídos por las posibilidades que se le ofrecían, éra el futuro. Los que llegaban para «hacerse la América» venían escapando de la hambruna y persecución europea. Medio siglo más tarde cuando el monstruo de la II Guerra Mundial o la guerra civil española había devastado a esa misma Europa nuevamente la corriente de inmigración se inclinaba por estas tierras.
Esos no son los tiempos actuales. Ya sea por la trágica dictadura padecida o por una situación socio-económica donde no se ve claro el futuro, lo cierto es que a pesar de tener grandes territorios casi vacíos, el país sigue expulsando compatriotas. Lo cierto es que ni siquiera el fin de aquella dictadura y estas casi cuatro décadas de ininterrumpida «democracia» permitieron revertir esa tendencia.
Está claro que las perspectivas económicas y la experiencia concreta de muchas familias que no consiguen construir su futuro en este territorio -su casa-, están en la raíz de esas decisiones. Todo ello viene ocurriendo sin haberse modificado, en lo más mínimo, la característica de ser parte de la cultura europea en la que fuimos formados y a la que seguimos perteneciendo, desde la conquista y colonización.
La continuidad de la inserción en ese modelo cultural tal vez sea una de las explicaciones de esa persistente decadencia. En estas breves reflexiones apenas enunciaremos las perspectivas que se tienen por delante, de acuerdo a la realidad de la propia historia y lo que viene ocurriendo en nuestra región y el mundo. Así planteadas las cosas aparecen tres caminos o rumbos posibles que le ponen marco a la novedad de un año y gobierno que recién se inician.
Una de esas posibilidades es producir un cambio profundo, repensar al país y sus instituciones, «dar vuelta la media» y dejar de guiarse por las categorías que se heredaron y construir otras a la medida de los problemas que se padecen. Es posible que no haya consenso inmediato sobre los cambios necesarios pero, por lo menos, ese debería ser el debate para encontrar los caminos de superación. El gobierno que se inicia tiene la oportunidad de hacerlo.
Si se sigue transitando esta decadencia sin fin, si se naturaliza la idea del genial escritor y humorista Roberto Fontanarrosa -cuando Inodoro Pereyra responde a la pregunta ¿cómo está?- con aquello de «mal pero acostumbráu», entonces la cosa viene mal. En ese caso, como el cansancio del pueblo tiene límites, brotará la rebeldía. Lo que está ocurriendo en varios pueblos de Nuestra América, con Chile a la cabeza, es una respuesta que despierta esperanzas.
Una tercera alternativa es seguir como estamos, continuar con el declive y la caída que caracteriza a las últimas décadas. Y en ese caso el futuro irá adquiriendo mayor previsibilidad y nos encaminaremos hacia la profundización del doloroso destino de la desintegración nacional. Las riquezas naturales y la amplitud de un territorio con varias regiones casi vacías son una tentación para aquellas potencias que siguen demandando espacios para albergar sueños imperiales. La extranjerización y desapoderamiento de tierras que se viene produciendo y acelerando, bajo la cobertura de ONGs internacionales, es uno de los caminos practicados.
Su sentido, bajo fraudulentos objetivos ambientalistas, es constituir medidas previas para la descomposición de nuestra soberanía y pérdida del control territorial de nuestro especio.
Avances y contradicciones del nuevo gobierno
Es rigurosamente cierto que el recién asumido gobierno de Alberto Fernández no tiene responsabilidad sobre lo acontecido anteriormente. De todos modos es importante señalar algunas cuestiones de las que usualmente «no se habla» y que constituyen gigantescas hipocresías que demuestran acerca de cómo se oculta la realidad.
En el reciente debate sobre el presupuesto de la Provincia de Santa Fe, el diputado Carlos del Frade (de un modesto bloque provincial) dio algunos números que delatan la trampa a las que nos someten y se pretenden mantener en la oscuridad. Denunció que las 16 principales empresas exportadoras de Santa Fe lo hacen por un monto de 628 mil millones de pesos, por lo cual de aplicársele los ingresos brutos (4,5%) éstos deberían ascender a la suma de 26 mil millones.
El nuevo gobierno de esa provincia anunció que este año -haciendo justicia- se les cobraría dicho impuesto. Cuando se vieron los números de lo que realmente se cobraría se observó que esa cifra se reducía a 700 millones de pesos (37 veces menos).
Otro ejemplo, en estos días Enrique Martínez, ex decano de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y ex director del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), hizo referencia a la posibilidad de una explotación minera de un modo sustentable. En ese sentido demolió algunos mitos generados a partir de los intereses trasnacionales a favor de la megaminería a cielo abierto.
Sostiene Martínez que es falso que las plantas pequeñas no son económicamente viables; y afirmó que también es de toda falsedad que sea inexorable que la minería deba generar daños ambientales. Ambas falsedades se corresponden con la realidad de beneficiar al poder, es decir a los grandes intereses internacionales a los cuales los diferentes gobiernos se vienen sometiendo.
Por último también destaca que las ventajas por los ingresos por nuestras exportaciones mineras luego se pierden con la compra de productos terminados que adquirimos tras haber dado trabajo en otros países y ganancias fabulosas a empresas trasnacionales.
Se citan estos dos casos ejemplificativos porque ambos (presupuesto y minería) están en la discusión de estos días y en ellos se puede comprobar la complicidad de políticos y comunicadores en mantener el ocultamiento en temas de fuerte repercusión en nuestra vida económica.
Dicho ésto ¿qué pasa con el gobierno? Hasta ahora ha sido coherente en el principio de «empezar por los últimos». Diversas medidas lo corroboran, entre ellas no se pueden olvidar los dos bonos por 5 mil pesos para los jubilados que perciben menos de 19 mil pesos, el bono para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos (AUH), la rebaja del 8% en los remedios, la tarjeta del Plan Alimentar, las ayudas a las Pymes, las principales generadoras de empleo.
Pero tampoco se pueden dejar de mencionar medidas que van en una dirección contraria, como la suspensión de la movilidad jubilatoria que afecta a todos aquellos que perciben más de 19 mil pesos y los aplausos oficiales a la megaminería, cuestiones difíciles de explicar para un gobierno que aspira a modificar sustancialmente la realidad.
La «deuda» en el centro de otra oportunidad histórica
Lo que los acreedores llaman deuda es un gigantesco cepo que acogota a cuarenta y pico millones de argentinos. Esa es una verdad que nadie discute. Las dudas son otras y ellas giran sobre dos cuestiones: su legitimidad y su pago.
Sobre lo segundo: el pago, el gobierno ha dicho su verdad. Ha sido reiterativo en el sentido que bajo las actuales condiciones no se la puede pagar y que solo podrá hacerlo cuando el país crezca. En ese sentido promueve un urgente debate que no se podría extender más allá del próximo 31 de marzo. Ya después se indicará el porqué se asume esa «espada de Damocles» con un plazo fijo de solo 85 días por delante.
Las medidas tomadas por la nueva administración y sus principales actos de gobierno tienen que ver con este tema de la «deuda» y aquella voluntad de «empezar por los últimos». En esa dirección están la meganorma conocida como «Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica» y el «Compromiso Argentino para el Desarrollo y la Solidaridad», una antesala para el futuro Consejo Económico y Social.
El gobierno aspira a tener un acuerdo con el FMI antes del 31 de marzo ante la inminencia de los vencimientos que se avecinan: los recursos no alcanzan para cubrir las necesidades más allá de esa fecha. Por eso el acuerdo con el FMI resulta imprescindible para evitar que lo que hoy es «default virtual» se transforme en «default real» y se compliquen los planes que tiene el gobierno.
La negociación con el Fondo reconoce la posibilidad de un pago diferido por 2 ó 3 años. En ese caso ese período puede suponer un simple aplazamiento de la fecha de pago o puede incluir la condición de investigación que determinar el monto que legítimamente debe pagar el país. Esa es la «oportunidad» que se tiene.
Las razones para esa investigación están más que justificadas porque el endeudamiento producido no ha sido a favor del pueblo y se hizo violando las propias normas del FMI. Es lo que se conoce en la jurisprudencia internacional como «deuda odiosa». Renunciar a esa posibilidad es renunciar a la perspectiva de ejercer la soberanía nacional.
Si el gobierno renuncia a esa potestad, más temprano que tarde el sacrificio y los compromisos del pueblo argentino serán vanos y constituirán un aporte más a la decadencia que se viene transitando.
Juan Guahán. Analista político y dirigente social argentino, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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