El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador señaló que las sentencias con las cuales el Poder Judicial paraliza o retrasa las acciones de su gobierno se orientan a dar un golpe de Estado técnico, neutralizando al Poder Ejecutivo para que no pueda desempeñar sus funciones.
El Poder Judicial pretende neutralizar al Ejecutivo con fallos como el que frena la tala y desmonte para construir el Tren Maya, indicó el presidente. Es cancelar un poder, sería un golpe de Estado técnico, señaló. Una cosa es que violen la Constitución y otra es querer dar un golpe de Estado, que ya no ejecutemos nada.
La interferencia judicial en el ejercicio del gobierno arrancó a la par del inicio del sexenio de López Obrador: la derecha se organizó e invirtió ingentes recursos para obtener en tribunales lo que no consigue en las urnas, empeño en el que ha contado con un apoyo regular de jueces y magistrados.
El primer ejemplo de una campaña a gran escala para judicializar la política se presentó en 2019, cuando el organismo empresarial #NoMásDerroches logró frenar por meses la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles gracias a la obsecuencia de los tribunales.
Con el liderazgo del empresario y orquestador de la oposición política, Claudio X. González, promovió 147 amparos en decenas de juzgados federales de ocho estados del país, con lo que no sólo frenó la construcción de infraestructura vital para el desarrollo nacional, sino que saturó dichas instancias en el intento de imponer sus intereses de grupo.
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En referencia a una nueva suspensión definitiva otorgada contra los trabajos del Tren Maya, el mandatario aseguró que no podrán frenarlos porque la Constitución le da la facultad de impulsar obras en beneficio del pueblo, y afirmó que no puede quedarse callado cuando se trata de defender el proyecto de transformación que encabeza.
Un escenario semejante se vivió en México en todo lo relativo a la política energética, donde el Poder Judicial operó para acotar de forma severa la prerrogativa gubernamental de establecer y aplicar políticas públicas, dictando resoluciones que van en detrimento del país para favorecer a los grandes capitales locales y foráneos.
La sistematicidad de los ataques a la Presidencia y, cada vez más, al Poder Legislativo, permite hablar de una ofensiva judicial denominada lawfare, es decir, una guerra que se hace en nombre de la ley aunque sus métodos y su espíritu sean claramente ilegales.
Si bien hasta ahora el lawfare contra la Cuarta Transformación no ha llegado al extremo de buscar el derrocamiento del Presidente, es manifiesto que se dirige a desgastar la autoridad del gobierno e impedirle que cumpla el mandato popular para el que fue elegido, señala La Jornada en su editorial.
Frente a estos embates, debe recordarse que en la campaña que lo llevó a la Presidencia, López Obrador se comprometió a liderar un cambio de rumbo en lo político, administrativo, económico, social, así como en las estrategias de desarrollo, y fue por ese programa por el que los ciudadanos votaron de manera masiva. Pero muchos jueces han decidido convertirse en el mayor obstáculo a la realización de la voluntad popular, con lo que se ponen abiertamente en contra de la Constitución que afirman proteger.
El Presidente criticó el papel del Poder Judicial y a quienes participaron el domingo en la marcha de apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que derivó en violencia.
“Se actuó, de parte de los que marcharon, con prepotencia. Pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose frente a la Corte, pero no debieron ir a provocar y quitarles las mantas. Hay que evitar la confrontación, la violencia. Cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón, el que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer”, señaló.
“Los conservadores son muy autoritarios, no diría fascistas. Puede haber algunos dirigentes fascistas, pero los opositores a nuestro movimiento son más que nada conservadores, pero también con tendencia autoritaria”, indicó.
López Obrador estimó que debe ser complicado defender a los ministros de la Suprema Corte, cuando violan la Constitución porque devengan un salario cuatro o cinco veces superior al del Presidente, aun cuando la norma constitucional establece que ningún funcionario podrá ganar más que el mandatario.
Al impedirle al gobierno que cumpla sus obligaciones, los jueces (que no fueron elegidos por el pueblo) desestabilizan la vida institucional, instalando un golpismo lento que, sin pretender por ahora derrocar al Ejecutivo, obstaculiza su trabajo de manera sistemática. Ese sabotaje al proyecto respaldado por una amplia mayoría de la sociedad es motivo real de polarización y genera malestar creciente hacia una institución cuyos integrantes fallan de manera sospechosamente habitual contra los intereses mexicanos.
Gerardo Villagrán. Antropólogo y economista mexicano, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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